DESAPARICIÓN FORZADA TRANSFRONTERIZA EN NORTE DE SANTANDER EN EL PERÍODO ACCIONES DE DOCUMENTACIÓN, DENUNCIA Y CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA

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1 1 DESAPARICIÓN FORZADA TRANSFRONTERIZA EN NORTE DE SANTANDER EN EL PERÍODO ACCIONES DE DOCUMENTACIÓN, DENUNCIA Y CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA SANDRA ELIANA PATIÑO IDÁRRAGA SANDRA MILENA PÁEZ MEZA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS Y CULTURA DE PAZ SANTIAGO DE CALI, ENERO DE 2019

2 2 DESAPARICIÓN FORZADA TRANSFRONTERIZA EN NORTE DE SANTANDER EN EL PERÍODO ACCIONES DE DOCUMENTACIÓN, DENUNCIA Y CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA SANDRA ELIANA PATIÑO IDÁRRAGA SANDRA MILENA PÁEZ MEZA FREDDY A. GUERRERO DIRECTOR PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS Y CULTURA DE PAZ SANTIAGO DE CALI, ENERO DE 2019

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4 4 ARTICULO 23 de la Resolución No. 13 del 6 de Julio de 1946, del Reglamento de la Pontificia Universidad Javeriana. La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus trabajos de Tesis. Solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católica y porque las Tesis no contengan ataques o polémicas puramente personales; antes bien, se vea en ellas el anhelo de buscar la Verdad y la Justicia.

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6 6 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN Planteamiento del Problema Objetivos Objetivo General Objetivos Específicos Estado del Arte Desaparición forzada en contextos de frontera Documentación y denuncia de la desaparición forzada Desaparición forzada, memoria y reparación Marco Conceptual Recuento de una práctica del horror: la desaparición forzada La desaparición forzada en el marco del sistema universal e interamericano de los Derechos Humanos Una mirada crítica del concepto de desaparición forzada Denuncia pública: una mirada desde la sociología de la acción La lucha contra el olvido: algunas aproximaciones a la noción de memoria Muerte hermenéutica Memoria colectiva Diseño Metodológico Tipo de Investigación Lugar de la investigación e instrumentos Etapas de la investigación Fase 1: Recolección de información de fuentes primarias y secundarias Fase 2: Organización y sistematización de información obtenida a partir de fuentes primarias y secundarias Fase 3: Triangulación y análisis de la información Consideraciones éticas Resultados La desaparición forzada transfronteriza: contexto, víctimas y victimarios Particularidades del contexto Las regiones fronterizas en contexto Desmovilización y denominación de nuevas estructuras Génesis neoparamilitar en Norte de Santander posterior a la desmovilización Dinámicas propias de los grupos neoparamilitares Acciones de documentación y denuncia Las víctimas y el aporte en la documentación de los casos de desaparición forzada Documentación de casos de desaparición forzada en Norte de Santander

7 Las acciones de denuncia desde el modelo de Boltanski Acciones de documentación desde el ámbito estatal Acciones de documentación de desaparición forzada transfronteriza en el contexto internacional El tránsito de la denuncia: de lo privado a lo público Las acciones de documentación y denuncia como herramientas para la búsqueda de justicia y memoria Denuncia, memoria y reparación desde la perspectiva de las víctimas Denuncia como una demanda de justicia Denuncia pública en el contexto fronterizo Denuncia pública, como expresión de la memoria y como repertorio de acción colectiva Memoria y denuncia: una apuesta por la justicia La configuración de la memoria colectiva El lenguaje y el recuerdo como estrategias de memoria La justicia como elemento articulador de la reparación y la memoria Conclusiones y limitaciones metodológicas Lo transfronterizo de los conceptos Limitaciones metodológicas Anexos Consentimiento informado expedientes Consentimiento informado entrevistas

8 8 Índice de tablas Tabla 1. Matriz de casos de desaparición forzada transfronteriza, periodo Tabla 2. Matriz de casos de desaparición forzada en Norte de Santander, documentados por el CINEP, periodo Índice de figuras Figura No. 1. Línea de tiempo con los antecedentes más emblemáticos de desaparición forzada en el contexto mundial y latinoamericano Figura No. 2. Línea de tiempo de antecedentes desaparición forzada en Colombia 13 Figura No. 3. Hitos de la desaparición forzada en Norte de Santander.17 Figura 4. Casos de desaparición forzada transfronteriza documentados por la Organización Verdad y Justicia de Cúcuta durante el periodo Figura 5. Número de casos de desaparición forzada transfronteriza según lugar de ocurrencia, documentados por la Organización Verdad y Justicia durante la temporalidad Figura 6. Autores señalados como responsables en las denuncias presentadas por los familiares de las víctimas de desaparición forzada transfronteriza en los 43 casos documentados por la Organización Verdad y Justicia Figura 7. Este esquema ilustra, de manera resumida, los pasos que se siguen dentro de la Organización Verdad y Justicia para atender un proceso de denuncia y documentación de casos de desaparición forzada ocurridos en Norte de Santander.. 95 Figura 8. Diagrama con cifras de estadísticas de casos de desaparición forzada en Norte de Santander atendidos por la Unidad de Víctimas de esta seccional. (Red Nacional de Información Unidad de Víctimas) Figura 9. Fotografía de plantón con víctimas de desaparición forzada, frente a la Fiscalía General, seccional Cúcuta Figura 10. Artículo publicado por periódico local de Cúcuta, el 14 de mayo de 2018, sobre la desaparición de un joven cucuteño en la frontera con San Antonio del Táchira (Venezuela).106 Figura 11. Fotografía de pendón con información de joven desaparecido, el 8 de mayo de 2018, en la zona de frontera con San Antonio del Táchira, ubicada en el puente internacional Simón Bolívar. Este caso evidencia que el problema está vigente..106

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10 10 AGRADECIMIENTOS Quiero dedicarles este trabajo a mis padres y a mi hermano, quienes me enseñaron a caminar siempre con determinación y me han permitido experimentar a lo largo de la vida, el amor más puro que un ser humano pueda recibir. A mi compañero de vida, quien con su apoyo, confianza, paciencia y amor, absolutamente incondicional, inspira cada uno de mis días y me motiva a avanzar en todo momento en dirección a mis sueños, que son también los de él. A mi amiga Sandra Milena, toda mi admiración, cariño y gratitud, pues su disciplina y compromiso, me impulsaron día a día para que juntas lográramos la culminación de este trabajo. Al profesor Freddy Guerrero, quien iluminó nuestro trasegar investigativo, con su acompañamiento, reflexiones y críticas. A Celene, Lina, Alexandra, Carolina y Marilin, con quienes viví este importante proceso de formación y quienes, con su sincera amistad, nos alentaron en momentos de incertidumbre. A ellos Gracias! Sandra Eliana Patiño Idárraga Dedico este trabajo principalmente a mi esposo y a mi hija Isabella, por haber soportado mis ausencias y por apoyarme en los momentos en los que creí no poder. A mi familia, por su ayuda incondicional durante todo este proceso. A mi amiga Sandra Eliana, por su sensibilidad y humanismo, además del enorme compromiso, responsabilidad y entrega para la consolidación de este trabajo. Al profesor Freddy Guerrero, por su compromiso al orientarnos para hacer de este un trabajo de rigor y calidad. Sandra Milena Páez Meza

11 11 INTRODUCCIÓN La presente investigación se lleva a cabo en el marco del programa de Maestría de Derechos Humanos y Cultura de Paz de la Pontificia Universidad Javeriana, de Cali, inscrita en la línea de investigación cultura, memorias y convivencia social, la cual busca reflexionar sobre los principales desafíos de pensar los nuevos escenarios de la violencia en el país y el papel que juega la memoria en la reconstrucción del pasado. El trabajo tiene como objetivo profundizar sobre el fenómeno de la desaparición forzada transfronteriza en Norte de Santander y establecer cómo las acciones de documentación y denuncia han contribuido a la construcción de memoria como medida de reparación a las víctimas de este delito, considerando que es una práctica vigente en esta zona del país, caracterizada por las dinámicas de la violencia asociadas a tráfico de drogas, economía ilegal y contrabando, propias de zonas fronterizas. La metodología empleada tuvo como fundamento la investigación cualitativa, que busca mayor comprensión de los fenómenos desde la perspectiva, los significados y las subjetividades de los participantes en relación con un contexto particular como la zona fronteriza de Norte de Santander (Colombia) y el Estado Táchira (Venezuela). Así pues, el enfoque fenomenológico tuvo gran relevancia para lograr el objetivo propuesto. Se acudió a las técnicas de revisión documental y entrevista semiestructurada como instrumentos esenciales de recolección de información que permiten reconocer la voz de quienes han sufrido el drama de la desaparición forzada. El trabajo se desarrolló partiendo del ejercicio de documentación de casos, adelantado por la ONG Justicia y Verdad, de Cúcuta, que ha trabajado durante los últimos años con víctimas de desaparición forzada. La revisión de la literatura sobre las categorías, desaparición forzada, denuncia, memoria y reparación, impone un gran desafío teórico para pensar las nuevas formas que adquiere la práctica de este delito en una zona fronteriza, pero también la manera en la que las víctimas han decidido poner en el escenario público sus demandas de justicia y la reivindicación de sus derechos.

12 12 1. Planteamiento del Problema La desaparición forzada ha sido una práctica empleada contra la humanidad en la historia reciente. El convulso siglo XX dejó ver, entre las diferentes maneras de violencia dirigidas contra individuos o colectivos en el contexto de las guerras mundiales y la instauración de regímenes totalitaristas (nacionalsocialismo alemán y régimen soviético de las décadas de los 30 y los 40), la desaparición forzada como instrumento de guerra. Para el caso soviético se tiene el registro de retenciones y desapariciones que durante la temporalidad marcada ocurrieron sin siquiera haber llegado a un proceso de juzgamiento por los hechos cometidos (Ambos, y otros, 2009). Caso contrario sucedió con el nacionalsocialismo alemán, en el que se llevaron a cabo los juicios de Núremberg, donde se produjo el primer fallo contra un oficial Nazi por su responsabilidad en la ejecución de desaparecidos (CNMH, 2014, pág. 69). En el contexto latinoamericano se consideró en principio- como una práctica de represión asociada a las dictaduras militares en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Perú, Guatemala y El Salvador, que a su vez fue auspiciada en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional, una macroteoría militar del Estado y del funcionamiento de la sociedad, que explica la importancia de la "ocupación" de las instituciones estatales por parte de los militares (Leal Buitrago, 2003, p.75). El registro de los hechos relacionados con la desaparición forzada en Latinoamérica da cuenta de la magnitud y la gravedad de este crimen y de la manera en que fue justificado no sólo por agentes del Estado, sino también -para el caso colombiano- por grupos de autodefensas. En el caso de Argentina, la Comisión de la Verdad en el informe Nunca Más, publicado en 1984, estima que el número de desaparecidos ascendía a 8960; sin embargo, es una cifra parcial puesto que muchas personas no denunciaron los hechos. (Kai Ambos, 2009). Para el caso de Chile, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación relacionó en su informe 3178 desaparecidos. Brasil, por su parte, estableció 434 casos (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2014); mientras que Uruguay, 168 (United States Institute of Peace, 2003); Perú, entre y (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2015); Guatemala, más de , incluyendo niños (CEH., 1999); en El Salvador se denunciaron 5000 casos, pero grupos organizados de la sociedad civil refieren que este número asciende a (Comisión de la Verdad, 1993). En México, la Comisión Nacional

13 13 de Derechos Humanos, en un primer informe, en el 2001, entregó como cifra de desaparecidos durante el periodo de la Guerra Sucia casos. La organización Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas a los Derechos Humanos en México (AFADEM), reportó 1200 víctimas durante ese mismo periodo. De esta manera, y con el ánimo de ilustrar cronológicamente los hitos que dieron lugar a la desaparición forzada en Latinoamérica, se presenta la siguiente línea de tiempo: 1 En México, la denominada Guerra sucia se conoce como el periodo comprendido entre las décadas del 70 y 80 en las que el Estado intentó frenar el avance de movimientos sociales, políticos y estudiantiles con tendencias de izquierda, mediante una serie de prácticas que rebasaron los límites de la legalidad. Las detenciones masivas e ilegales, el enclaustramiento en cárceles clandestinas, el destierro, la persecución, la tortura y las desapariciones forzadas fueron el denominador común de las acciones estatales.

14 Figura No. 1. Línea de tiempo con los antecedentes emblemáticos de desaparición forzada en el contexto mundial y latinoamericano. Fuente: Elaboración propia 14

15 15 En Colombia el delito de la desaparición forzada, cuyo primer registro formal se da en 1977, ha tenido una genealogía determinada por los acontecimientos políticos y sociales propios de diferentes épocas del país. El CNMH en su informe Hasta encontrarlos, describe las tendencias que ha tenido este delito en el contexto colombiano y la relación con las trasformaciones del conflicto armado, a través de la evolución en cinco periodos de tiempo: De 1970 a 1981; de 1982 a 1990; de 1991 a 1995; de 1996 a 2005 y de 2006 a : la desaparición forzada en este periodo transitó de la marginalidad a la regularidad, pues se incrementó entre los años 1978 y Esa práctica coincide con la aplicación del Estatuto de Seguridad Nacional como mecanismo de represión siendo campesinos, líderes sociales y políticas, las principales víctimas. La desaparición forzada se desarrolló como respuesta contrainsurgente del Estado y los paramilitares ante la conformación de las guerrillas las cuales seguían acudiendo a la extorsión y secuestro de grandes hacendados, lo cual justificaba aún más el accionar paramilitar : esta práctica aumenta y se extiende a lo largo del territorio nacional. El mayor impacto se presenta en las zonas de movilización social o donde la izquierda en el marco de los acuerdos de La Uribe en logra ascender políticamente. De esta manera, esta práctica se efectuaba con el ánimo de detener la popularidad de sectores de izquierda : en el periodo de se registró un decrecimiento en el nivel de ocurrencia de la desaparición forzada en comparación con la coyuntura crítica del periodo anterior (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016, p. 118). Esta etapa corresponde a un reacomodo de los distintos actores del conflicto para quienes la estrategia del ocultamiento pierde fuerza, lo cual no significa una disminuación de la violencia pues aunque se redujo el número de víctimas de desaparición forzada aumentaron otras acciones como los asesinatos selectivos. Se destaca la disminución de la participación del Estado y grupos paramilitares 2 En 1984 el gobierno firmó un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC-EP, donde se pactó un cese bilateral al fuego. En el marco de este proceso se conformó el partido político Unión Patriótica, liderado no solo por ex combatientes, sino por líderes y dirigentes de diferentes vertientes ideológicas del Partido Comunista Colombiano y el MOIR. Esto fue parte de lo acordado, pues las FARC, tenían un brazo político, tal como en su momento lo fue Batasuna el brazo sociopolítico de ETA o Sinn Fein que constituía el partido político del grupo armado IRA.

16 16 como perpetradores de esta práctica y el aumento de este delito por parte de las guerrillas, quienes se preparaban para continuar con la confrontación armada : este periodo se constituye como el más crítico de la generalización de la desaparición forzada en el conflicto armado (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016, p. 118) lo cual tiene una estrecha relación con la consolidación paramilitar en el país - bajo la aquiescencia del Estado- cuya finalidad era sembrar terror y ejercer pleno control sobre el territorio. Esto, sin desconocer que la guerrilla, mediante el secuestro y el reclutamiento forzado también adoptó este tipo de violencia. En este contexto, esta práctica estuvo dirigida a las organizaciones sociales y campesinas que se oponían al despojo de tierras para la instauración de proyectos económicos de envergadura. Así, se registraron masacres precedidas por actos de desaparición forzada y tortura, relacionadas con la disputa de tierras y la lucha contrainsurgente. De esta manera la expansión territorial de las AUC no se disocia de la territorialización de la Política de Seguridad Democrática del gobierno Uribe, en particular el Plan Patriota, en el suroriente del país. (CNMH, 2016, p.132) : en este contexto destaca la participación de los grupos posdesmovilización en la práctica de la desaparición forzada, la continuidad de la Política de Seguridad Democrática y los incentivos expresados en los falsos positivos 3, así como el debilitamiento de la guerrilla de las FARC-EP. En este escenario se observa una perversa privatización de la práctica de desaparición forzada ejecutada con participación o no del Estado, que ha llevado a que las fuerzas paramilitares y las bandas criminales posdesmovilización terminen haciendo suya esta forma de violencia (CNMH, 2016). Para el 2015, la Fiscalía General de la Nación estimó que en Colombia personas iniciaron un camino sin regreso. Un drama que se naturalizó entre los pobladores 3 La connotación de Falsos Positivos se le atribuyó al asesinato de inocentes para que las fuerzas militares, y en su defecto el Gobierno, las mostrara como guerrilleros caídos en combate. Así, el decreto 029 de 2005 firmado por el ministro de Defensa y el embajador de Colombia ante la OEA, Camilo Ospina, el 17 de noviembre de 2005 tuvo como objetivo, reglamentar el pago de las recompensas y evitar equivocaciones por parte de la Fuerza Pública lo cual trajo como consecuencia alianzas entre grupos criminales y militares con el fin de cobrar dichas recompensas. Asimismo, el decreto 1400 de 2006 crea la Bonificación por Operaciones de Importancia Nacional BOINA el cual en su artículo No 1 establece la creación de la Bonificación por Operaciones de Importancia Nacional - BOINA, para los Miembros de la Fuerza Pública y funcionarios del Departamento Administrativo de Segundad - DAS, que participen en una operación de importancia nacional, la cual se otorgará por cada ocasión. Estos decretos incentivaron las operaciones militares lo cual redundó en asesinatos de personas inocentes..

17 17 que vieron sucumbir cuerpos en los ríos, cementerios, fosas comunes y en el caso particular de Norte de Santander, en hornos crematorios 4 construidos por los paramilitares en el corregimiento de Juan Frio del municipio de Villa del Rosario y en la finca Pacolandia ubicada en Puerto Santander. La dimensión de la desaparición forzada en el país está estrechamente relacionada con la intención de los perpetradores de ocultar los crímenes, generar terror e intimidar a la población, aunado a las pocas o nulas prácticas sobre el trato digno a los cuerpos en morgues y cementerios del país. La siguiente línea de tiempo, refleja una aproximación a la historia de la desaparición forzada en Colombia: 4 Los hornos crematorios fueron construidos en el 2001 por Iván Laverde alias Iguano y Armando Mejía, alias Hernán, bajo las órdenes de Salvatore Mancuso. El objetivo con estos lugares era desaparecer los cadáveres de las personas asesinadas con el fin de minimizar las tasas de homicidios y desapariciones en la región. Se estima que en el horno de Juan Frio fueron incineradas alrededor de 200 personas y en el de la finca Pacolandia, alrededor de 70. Además en una de las sentencias proferidas contra Salvatore Mancuso, este paramilitar reconoció que no solo los hornos fueron los lugares para la ejecución de esta práctica ya que la incineración de las víctimas se realizó también en espacios abiertos utilizando llantas de vehículos y materiales inflamables.

18 18 Figura 2. Línea de tiempo con la descripción de los periodos en los que la práctica de desaparición forzada se ha evidenciado en el contexto colombiano. Se describen las características de cada periodo, víctimas, victimarios y un caso emblemático, a partir del informe Hasta encontrarlos, del Centro Nacional de Memoria Histórica. Fuente: Elaboración propia.

19 19 Ahora bien, como lo plantea la organización de derechos humanos de Cúcuta, Verdad y Justicia 5, en Norte de Santander 6 este fenómeno, al igual que en el resto del país, ha estado ligado al silenciamiento de voces de resistencia y movimientos sociales que reivindicaban sus derechos durante las décadas de los 80 y 90. Esto generó una fuerte persecución política que culminó en asesinatos, torturas y desaparición forzada de líderes, sindicalistas, militantes de partidos de izquierda y estudiantes. El departamento experimenta la presencia de actores armados, como el ELN (finales de los 70 y principios de los 80) y la guerrilla de las FARC-EP, por medio del frente 33, en A principios de los 90, y con el ánimo de disputar el control del territorio, ingresan los primeros grupos paramilitares representados en el MAS: Muerte a Secuestradores, Mano Negra, Los Tunebos, Sociedad de Amigos de Ocaña (SAO), Colombia Sin Guerrilla, (COLSINGUER), Muerte a Comunistas (MACO) y Rambo, entre otros. (Fundación Progresar, 2010). La incursión de estos grupos generó un ascenso de la violencia y se agudizó con la presencia en el departamento del Bloque Catatumbo, en 1999, el cual estableció un plan de exterminio bajo la complicidad de agentes estatales. Los objetivos eran: apoderarse de los negocios ilícitos que se daban en la frontera; limitar los procesos de organización social y de la izquierda, que eran vistos como aliados de las guerrillas; fortalecer una fuerza desde Colombia que ayudara a desestabilizar el proceso bolivariano en Venezuela ( ), además de garantizar seguridad para la ejecución de proyectos mineros y energéticos suspendidos por las dificultades de orden público. (Progresar, 2010, p.46). Entre el 2000 y el 2009, se identificaron 345 casos de desaparición forzada. (Fundación Progresar, 2010, pág. 52). La organización no gubernamental Verdad y Justicia establece que la desaparición forzada en el 5 Organización No Gubernamental que ha efectuado los mayores acercamientos a la comprensión del fenómeno de desaparición forzada en Norte de Santander. Por medio del libro: Tantas Vidas Arrebatadas: la desaparición forzada de personas: Una estrategia de guerra sucia aplicada sistemáticamente en Norte de Santander, publicado en el 2010, ha sido posible identificar las prácticas de desaparición forzada empleada por los grupos paramilitares en territorio nortesatandereano. Este texto constituye uno de los principales referentes en el desarrollo del planteamiento del problema de investigación. Esta ONG proporcionó información en materia de documentación de víctimas de este delito, lo cual fue insumo fundamental para el desarrollo de la investigación. Teniendo en cuenta consideraciones éticas y el principio de confidencialidad, no se develará la identidad de la ONG en mención a lo largo del documento. 6 Norte de Santander pertenece a la zona nororiental de Colombia y limita por el oriente con la República Bolivariana de Venezuela.

20 20 departamento se dio especialmente en Cúcuta, Villa del Rosario, Tibú y Ocaña, mediante tres prácticas: Fosas comunes, cementerios oficiales e ilegales y ríos ( ): Esta práctica consistió en torturar, desaparecer y asesinar a cualquier persona que representara una amenaza al contexto de temor instaurado por paramilitares. Los cuerpos eran tirados a los ríos, en lotes desocupados y basureros, o enterrados en fosas comunes. Hornos de incineración de cuerpos. ( ): Esta forma de desaparición se dio, especialmente, en el corregimiento Juan Frío (Villa del Rosario). Se estima que alrededor de 200 personas fueron calcinadas en hornos crematorios construidos para este fin. Según las versiones libres rendidas ante la Fiscalía por paramilitares, entre ellos Jorge Iván Laverde Zapata, alias El Iguano, la estrategia fue perpetrada dada la preocupación por los altos índices de violencia, ya que las tasas de homicidio que se estaban presentando, podrían representar problemas con sus aliados del Gobierno. (Progresar, 2010, p. 62). Traspaso a la frontera. ( ): La frontera entre Colombia y Venezuela al constituirse como punto estratégico para controlar las rutas del narcotráfico y del contrabando, incidió en el incremento de la violencia y de manera relevante en la práctica de desaparición forzada transfronteriza. Muchos cuerpos arrojados al río Catatumbo eran llevados por la corriente a territorio venezolano (generalmente, en concomitancia con la guardia de ese país), con el objetivo de desaparecer cualquier señal del crimen cometido. Así mismo, las personas fueron torturadas y asesinadas en Norte de Santander y luego arrojadas a lo que las autoridades venezolanas llamaron zonas de liberación : Con tal expresión las autoridades de Venezuela se estarían refiriendo a aquellos sectores donde habitualmente grupos armados colombianos cometen ejecuciones de ciudadanos colombianos en lugares próximos a Venezuela (o sobre la línea fronteriza) para endilgar cadáveres a ese país. Entre las principales zonas de liberación figuran los sectores del Área Metropolitana de Cúcuta, entre los que destaca el corregimiento Juan Frío (Villa del Rosario), por la ubicación fronteriza con el municipio Llano de Jorge, en Venezuela, y los corregimientos La Uchema y Palo Gordo, que comunican con los sectores Novilleros y Alto Grande, del vecino país. Durante años, estos han sido lugares representativos de la desaparición forzada en Norte de Santander por estar relacionada su localización en

21 21 Colombia a la de sus consecuentes sectores frente al otro lado de la frontera. (Progresar, 2010, p. 92). Este fenómeno se da en inmediaciones del Estado de Táchira, lo que impide el acceso a cualquier tipo de información, registro o investigación sobre las víctimas y sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar de los hechos. Sin embargo, mediante denuncias públicas y en medios escritos, se ha empezado a conocer este problema.

22 22 Figura 3. Línea de tiempo con la descripción de los hitos de la desaparición en Norte de Santander. Fuente: Elaboración propia.

23 23 Así pues, documentar y estudiar la práctica de la desaparición forzada transfronteriza permite conocer los hechos, dignificar a las víctimas y empezar a transitar por el largo camino hacia la paz 7. En este sentido, y considerando que Norte de Santander ha sido uno de los departamentos más afectados por este crimen de lesa humanidad (categoría dada a la desaparición forzada a partir del artículo 7 del Estatuto de Roma), se han puesto en marcha iniciativas de memoria relacionadas con expresiones artísticas, exposiciones, festivales, comunicación alternativa, musicales y narrativas, lideradas por organizaciones sociales y gubernamentales 8. Las iniciativas más destacadas son: Archivo oral de las víctimas, Centro de inspiración para la paz (lugares de expresión de la memoria); Arte tejido para la reconciliación; Digitalización y documentación del periodo paramilitar ; Festival de la vida; La memoria histórica como elemento sustancial para la construcción de un modelo de paz en El Catatumbo; Mediarte; Memoria Histórica de la Asociación de Mujeres Campesinas e Indígenas de Norte de Santander - Capítulo El Zulia; Memoria, Convivencia y Reconciliación; Monumento al Bocachico 9, por las víctimas del conflicto cuyos cuerpos fueron lanzados al río; Mujeres en la tierra del Trueno, movilizaciones y plantones que han buscado visibilizar el fenómeno de la desaparición forzada 10. Estas expresiones artísticas de 7 El concepto de paz que tomamos como referencia es el desarrollado por Fernando Harto de Vera, denominado la paz imperfecta, que se desmarca de las categorías de Galtung de Paz positiva y negativa al asumir que es posible encontrar un modelo de paz que alcance un término medio, en donde un mismo escenario puedan albergar de manera simultánea experiencias de paz con experiencias de violencia estructural y/o directa pero manteniendo vigente el propósito de reducir este último contexto a su mínima expresión. En palabras del autor, la paz imperfecta lo que pretende es ser la operacionalización de la paz positiva, es decir, establecer medidas para hacer posible gradualmente la erradicación de la violencia estructural. 8 Dichas organizaciones son: Organización Verdad y Justicia, el Centro Nacional de Memoria Histórica, Corporación Cultural Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, Secretaría de Víctimas de la Gobernación de Norte de Santander, Diócesis de Tibú, Fundación Semillas de Pandora y Fundación Sofía Gallardo, Fundación Cultural y Social, 5ta con 5ta Crew, del Norte Bravos Hijos; Asociación de población desplazada de la provincia de Ocaña, ASODEPO, entre otras. 9 Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, esta iniciativa ha sido liderada por la Asociación de población desplazada de la provincia de Ocaña (ASODEPO) y consiste en el levantamiento de un monumento construido en cemento con la figura de varios bocachicos, para recordar las masacres y los cadáveres que bajaban flotando por el río Magdalena en medio de la confrontación armada en los 80 y 90. En los relatos sobre las agresiones y las masacres contra la población civil por cuenta del conflicto armado, estas personas comparten la imagen dolorosa de ver los cadáveres flotando en los ríos. Se trata de un ícono de destrucción y muerte. Estas personas derivan su subsistencia de la pesca y los cadáveres simbolizan un río contaminado en el cual no se puede pescar. Recuperado de: antander/monumentoa/index.html, consultado el 5 de agosto de En:

24 24 memoria otorgan otros significados al pasado, dotándolo de nuevos sentidos (Gómez, 2008), contribuyendo a la reparación, reconstrucción y dignificación de las personas. (Alcalá, 2005). Dado lo anterior, se espera que la presente investigación permita desarrollar una caracterización del fenómeno de la desaparición forzada transfronteriza que delimite los elementos que subyacen de esta práctica en Norte de Santander (víctimas, victimarios, intencionalidades) y a la vez contribuya a identificar las acciones de documentación y denuncia que se generan en torno a este delito y la manera como han contribuido a la reparación y a la construcción de memoria de las víctimas, considerando que es una práctica vigente en esta zona del país caracterizada por las nuevas dinámicas de la violencia asociadas al tráfico de drogas, economía ilegal y contrabando propias de zonas fronterizas. La presente propuesta de investigación busca responder a dos cuestionamientos con el ánimo de abordar las diferentes categorías de estudio: Cómo se configura la práctica de la desaparición forzada transfronteriza en Norte de Santander en el periodo ? Ahora bien, una vez caracterizado el fenómeno de la desaparición forzada transfronteriza como hecho social en la frontera colombo-venezolana, y teniendo en cuenta que este ha sido conocido por las acciones de documentación y denuncia por parte de las víctimas, se considera importante indagar: Cómo han contribuido las acciones de documentación y denuncia de los hechos de la desaparición forzada transfronteriza en Norte de Santander a la construcción de memoria histórica y a la reparación de las víctimas de este delito?

25 25 2. Objetivos 2.1. Objetivo General Analizar las acciones de documentación y denuncia de los hechos de la desaparición forzada transfronteriza en Norte de Santander durante el periodo y su contribución a la construcción de memoria y reparación de las víctimas de este delito Objetivos Específicos Describir el contexto y las prácticas relacionadas con la desaparición forzada transfronteriza en Norte de Santander durante el periodo Identificar las acciones de documentación y denuncia de la práctica de la desaparición forzada transfronteriza en Norte de Santander. Interpretar cómo las acciones de documentación y denuncia de la práctica de desaparición forzada transfronteriza en Norte de Santander contribuyen a la construcción de memoria y reparación de las víctimas de este delito.

26 26 3. Estado del Arte Para desarrollar este apartado, se analizaron las investigaciones que han abordado las categorías que se incluyen en esta investigación: registro y documentación de la desaparición forzada y la relación con la construcción de memoria y la reparación a las víctimas. Las mismas fueron consultadas en diferentes bases de datos académicas como Scielo, Eric, Academia, y en artículos publicados en revistas indexadas y repositorios de universidades nacionales y latinoamericanas. El periodo consultado abarca la década En primer lugar, se mencionan de manera general algunas investigaciones sobre desaparición forzada, dando un énfasis especial en aquellas enmarcadas en contextos de frontera. A renglón seguido, se hace mención de aquellas que profundizan en los procesos de documentación y denuncia de este fenómeno. Finalmente, se señalan algunos trabajos que, a partir del estudio de este delito, dan cuenta de los procesos de memoria y reparación, especialmente simbólica, que se han construido para las víctimas. La desaparición forzada ha sido ampliamente estudiada y gran parte de los trabajos tomados como referencia para esta investigación han abordado el estudio del delito a partir de lo ocurrido en las dictaduras en América Latina, durante los 70. En este sentido, cabe destacar las investigaciones: La desaparición forzada de personas a cuarenta años del golpe de Estado en Chile: un acercamiento a la dimensión familiar (Faúndez, Azcárraga, Benavente & Cárdenas, 2018); Resumen de muerte, desaparición y memoria: el caso de los desaparecidos de la última dictadura militar argentina (Panizo, 2009), y De la memoria a la historia: memoria e historia de las dictaduras a las democracias argentinas (Cuesta, 2007); Genocidio y Desaparición: los distintos usos de una práctica social en el contexto de una tecnología de poder (Daniel Feierstein, 2017) Este último autor, propone hablar de la desaparición de personas como una técnica de una práctica social genocida, pues el ocultamiento de la violencia, adquiere diversos usos, entre ellas: contribuye en la invisibilización moral de las víctimas, pone límites a las reacciones sociales ante la incertidumbre, se emplea como técnica de ocultamiento que busca también destruir o reducir los procesos de identidad de las víctimas, los familiares y la sociedad en general. Estos trabajos enmarcan la desaparición forzada dentro de un enfoque estadocéntrico. Es decir, centra la base epistemológica y metodológica en la responsabilidad del Estado. Bajo los contextos dictatoriales en América Latina, durante la década del 70, la desaparición

27 27 forzada estuvo relacionada con causas políticas en las que el Estado o particulares, con aquiescencia de este, se constituían como los principales perpetradores. Esta práctica, empleada como estrategia de terror, sirvió para frenar el avance de movimientos y organizaciones políticas y sociales de tendencias contrarias al orden establecido en el sistema de gobierno imperante. Aunque Argentina y Chile son los dos principales referentes, México también ha desarrollado importantes trabajos en relación con el estudio de este fenómeno. Un ejemplo es la investigación de Gómez Lvoff (2012), titulada Ausencias presentes. Los casos de tres mujeres de familiares de desaparecidos políticos mexicanos en el marco de la organización política: Reconstrucciones, trasformaciones y continuidades. Este trabajo plantea elementos históricos que facilitan la comprensión de la práctica de desaparición forzada en México y aborda un recorrido por la historia de este delito, especialmente en relación con los hechos de la época de represión, denominada Guerra Sucia, ocurrida durante los años 70 y 80. La característica central de esta práctica estuvo ligada a un contexto político, en el que la mayoría de casos de desaparición forzada estaban relacionados con la lucha del Estado por reprimir organizaciones guerrilleras y de izquierda, predominantes en zonas rurales, especialmente en el Estado de Guerrero. Adicional a lo anterior, destaca la importancia que ha tenido para los familiares de las víctimas el sentirse vinculados a un colectivo o asociación que les ha abierto las puertas hacia la reivindicación de los desaparecidos y sus luchas (y les ha permitido) alcanzar un reconocimiento social por parte del Estado y la sociedad para que la pérdida individual adquiera un sentido y sus ritos puedan ser entendidos y acogidos por la sociedad. (Gómez Lvoff, 2012, p.192). Los familiares de las víctimas han logrado no solo un apoyo en este tipo de organizaciones para seguir trabajando en la búsqueda de sus seres queridos, sino que perciben un mutuo reconocimiento que emerge del colectivo y que ha logrado darle sentido tanto a la vida de esas mujeres como al mismo comité. (Gómez Lvoff, 2012, p.194). Al igual que las investigaciones sobre desaparición forzada en las que prima el enfoque estadocéntrico; también, se evidencia que esta perspectiva ha predominado en los estudios de frontera. Como lo mencionan Trejos Fernando y Puentes Manuel (2016), la mayoría de trabajos sobre asuntos fronterizos se centra en temas de seguridad, economía y presencia de actores armados, pero de manera aislada, desconociendo que las fronteras son espacios vivos, que constituyen construcciones sociales en permanente transformación.

28 28 (Trejos Rosero & Puente, 2016). En esta línea, resulta necesario analizar si en otros contextos la ocurrencia de este delito ha estado ligada a otro tipo de causas, diferentes a políticas o ideológicas. Esta necesidad surge debido a que la práctica de desaparición forzada que se pretende estudiar, se enmarca en un contexto de frontera donde convergen actores armados ilegales que se disputan el control de un territorio estratégico para actividades delictivas y de economía ilegal Desaparición forzada en contextos de frontera Aunque la desaparición forzada ha sido estudiada, la ejecución de este delito con carácter transfronterizo no ha tenido un amplio desarrollo. Sin embargo, en tres investigaciones: La desaparición forzada en el contexto interamericano, de Christian Vidal (2005); Operación Cóndor. Pacto criminal de Stella Calloni (2016), y La desaparición forzada en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (2017); tomadas como referencia para este trabajo, se menciona el concepto de desapariciones forzadas transfronterizas de manera tangencial en capítulos que hacen alusión a la Operación Cóndor, plan diseñado y ejecutado en el marco de estos regímenes durante la década de los 70. Esta operación se fundamentó en un pacto criminal organizado por países de América del Sur que contaban en ese período con regímenes dictatoriales, Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay, apoyados por la CIA. Consistió en la creación de una red de cooperación por medio de los servicios de inteligencia entre Estados con el fin de frenar el avance de grupos y militantes de izquierda. Tal y como lo señala Calloni (2016), la Operación Cóndor se estructuró en tres fases. Primera, referida al intercambio de información y actividades de cooperación de los servicios de inteligencia de policías y fuerzas militares de cada país, para conformar una base de datos de militantes políticos y de organizaciones de izquierda. Segunda, relacionada con la ejecución de acciones encubiertas y operaciones transfronterizas con el fin de secuestrar, trasladar o desaparecer a opositores originarios de algunos de estos países y exiliados en otro de los países miembros. Es decir, mediante esta operación aparecían cadáveres de personas uruguayas o argentinas en Chile o viceversa. (Vidal, 2005). En esta fase de la operación, cuando una víctima se encontraba en manos de los secuestradores de inmediato era trasladada [a su país de origen] sin pasaporte o documentos a través de la frontera, mediante

29 29 el uso de vehículos sin placas [o] vuelos sin registro (Cárdenas López, 2017), para luego ser llevada a sitios clandestinos, sin dejar huella alguna del paradero. La tercera fase involucraba la formación de equipos especiales para viajar a cualquier parte del mundo con el fin de secuestrar y asesinar a personas señaladas de ser cooperantes del terrorismo, disidentes y comunistas.(calloni, 2016). Este plan criminal se constituye como referente histórico para la comprensión de la modalidad de desaparición forzada abordada en esta investigación, al involucrar el paso de víctimas entre fronteras, que la desmarca del paradigma de práctica interna de cada Estado, pero la mantiene situada en el criterio de responsabilidad de este en la ejecución La necesidad de estudiar las características propias del delito en contextos fronterizos ha sido un objetivo planteado en varias investigaciones en México. Esta motivación atiende, principalmente, al criterio de que varios de los estados de ese país en donde se registra mayor número de desapariciones forzadas al año, como Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, están situados en zonas fronterizas por lo que esta práctica se asocia a operaciones de una red industrial económico-criminal, propia de una frontera activa cooptada por grupos criminales y de narcotraficantes. Al respecto, Ruiz Núñez (2015) efectúa un análisis comparativo entre los elementos relacionados con esta práctica delictiva víctimas, victimarios, motivaciones- a partir del estudio de casos ocurridos en Chile y Argentina, y casos particulares del contexto mexicano. En el análisis establece que no se repiten en México ni las causas ni las consecuencias que llevaron al fenómeno de la desaparición forzada de personas en el Cono Sur, ni en términos políticos ni en términos socioculturales. (Ruiz Núñez, 2015). De esta manera, el autor da cuenta de nuevos elementos que reconfiguran las dinámicas de desaparición forzada en contextos de frontera y que tiene que ver con la participación de otros actores, en este caso grupos organizados al margen de la ley que entran a la escena de la ejecución del delito en calidad de victimarios. Igualmente, Robledo Silvestre (2016) en el trabajo Genealogía e historia no resuelta de la desaparición forzada en México establece que:

30 30 La delincuencia organizada aparece como una categoría propia de la política de seguridad impuesta durante los últimos años y que marca un camino nuevo para nominar la desaparición desde campos léxicos que crean confusión y neutralizan la responsabilidad de los perpetradores. ( ) En este contexto, la desaparición de personas se excluye discursivamente del campo al que había sido confinada en sus orígenes para ubicarse en uno de nuevos actores y acciones que diluyen intencionalmente las responsabilidades (Robledo Silvestre, 2016, p.101). En esta línea resulta necesario mencionar que la participación de los nuevos actores ilegales como victimarios no desliga la responsabilidad del Estado en la ejecución de estos hechos, en especial, en escenarios como el colombiano, donde grupos organizados ilegales han surgido como consecuencia de las dinámicas históricas del conflicto. En este contexto es necesario resaltar la responsabilidad estatal de no transformar, hacia una definitiva solución del conflicto, la pasada y la actual situación política del país en esta materia. (Vestri, 2015, p. 284) Robledo Silvestre (2016) pone en cuestión la noción de víctima y victimario en el marco de la desaparición forzada y establece que estos elementos pueden tener connotaciones particulares cuando el delito ocurre en áreas de frontera. Uno de los rasgos fundamentales de las desapariciones recientes es la colusión entre agentes del gobierno e integrantes del crimen organizado, situación que nos pone frente a la necesidad de cuestionar las categorías que habían permanecido impasibles para referirnos a este fenómeno. (Robledo Silvestre, 2016, p.102). Siendo la desaparición forzada transfronteriza un crimen de lesa humanidad generalizado durante la última década en la línea fronteriza entre Norte de Santander y la República Bolivariana de Venezuela, es pertinente hacer el análisis de esta práctica a la luz de las nuevas categorías, teniendo como referente adicional que el elemento común en esta serie de hechos vinculados con la desaparición de personas, sería el tránsito de un móvil meramente político a uno de tipo económico, territorial y táctico, que coincide con un modelo neoliberal intensificado en las últimas décadas. (Robledo Silvestre, 2016, p.103).

31 Documentación y denuncia de la desaparición forzada Una de las principales limitantes que han tenido que afrontar los familiares de víctimas de desaparición forzada tiene que ver con las fallas de los Estados para documentar y consolidar bases de datos. Para el caso colombiano, el Centro Nacional de Memoria Histórica, en el informe Normas y dimensiones de la desaparición forzada en Colombia, refiere que la ausencia de datos sobre desaparición forzada es un problema de dimensiones insospechadas, ya que la construcción de cifras rigurosas, exactas, fidedignas y verificables es -de hecho- un ejercicio de la máxima complejidad por ser un delito que, dada su naturaleza, entraña el ocultamiento. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014, p. 244) Sin embargo, y a pesar de esas limitaciones, las organizaciones de víctimas han hecho valiosos esfuerzos por documentar los casos de familiares desaparecidos, registrando testimonios y pruebas que se han constituido en bases de datos y se han convertido en verdaderos proyectos de preservación de las memorias del conflicto, recopilados a lo largo de los años por algunas organizaciones y movimientos sociales. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2009, p.39). En este mismo sentido, Giraldo Lopera (2017) destaca la importancia de los archivos, no solo como herramientas de preservación documental y testimonial de los hechos de violencia denunciados, sino que estos, a su vez, se constituyen como lugares y objetos simbólicos de la memoria, esenciales en procesos de búsqueda de justicia y reparación. En ocasiones la información y la documentación adelantadas por organizaciones de víctimas son insumo fundamental en el marco de procesos de justicia transicional y esclarecimiento de la verdad. Resalta la importancia de estos y la relación con las luchas sociales por la memoria, en las que los documentos, además de proporcionar las evidencias de las atrocidades, son estudiados como espacios de conmemoración y recuerdo (Giraldo Lopera, 2017, p.138). Desde una perspectiva similar, Guatame García (2015) hace énfasis en la importancia que tiene el vínculo que se establece entre la víctima y la organización, el cual imprime un grado de calidad y veracidad a los datos y documentación de casos que no son denunciados ante entidades públicas, dada la cercanía de estas organizaciones con las víctimas, las relaciones de confianza establecidas y la posibilidad de generar procesos de largo plazo más allá del episodio de documentación (Guatame García, 2015, pág. 7). La documentación de los casos

32 32 desde estas organizaciones no gubernamentales puede responder a distintas perspectivas o fines. En algunos casos responde a la necesidad de identificación de víctima-victimario, a una acción de denuncia, incidencia, memoria histórica y/o reparación. Esta idea es desarrollada por Guatame García (2015) en el artículo Aproximación al registro de las desapariciones forzadas de mujeres en Colombia, en el que menciona que: Existen diferentes entidades entre instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales que documentan violaciones de derechos humanos desde diferentes perspectivas. Estas perspectivas responden a los intereses específicos de la entidad (identificación técnica, búsqueda, denuncia, incidencia, memoria histórica, reparación, entre otros), y su éxito depende tanto de la cercanía establecida con los reportantes, la capacidad de llegar a determinadas zonas del país, el tipo de plataforma para registrar el hecho, ( ) así como el interés mismo de las víctimas de poner en conocimiento de una u otra entidad de acuerdo con los beneficios que esta inclusión en el registro les ofrece. (Guatame García, 2015, p. 50) Ahora bien, no solo el registro y la documentación constituyen un elemento fundamental en la construcción de memoria y reparación a las víctimas. Trascender el vínculo entre la víctima y la organización, hace que lo público cobre relevancia para que, por medio de la denuncia, se hagan exigencias de justicia y verdad. En ese sentido, Villareal Teresa (2013) profundiza en las respuestas de la sociedad civil mexicana ante el delito de desaparición forzada. Argumenta que la mayoría de casos no son denunciados; sin embargo, gracias a la conformación de colectivos de ciudadanos en torno a esta práctica se ha logrado emprender acciones encaminadas a posicionar la desaparición forzada como problema público, tales como: registro y documentación de casos, denuncia pública, diálogo con las autoridades, impulso de marcos legales y creación de redes. (Villareal Martínez, 2014, p. 104). Con las acciones de documentación y registro se ha logrado dar cuenta de la magnitud de este delito con el fin de trasladar al ámbito público las demandas de reconocimiento y la reivindicación de los derechos.

33 33 También, cabe resaltar la manera en que se han construido los espacios alrededor de los cuales se cimienta la memoria como lugar de relevancia no solo para las víctimas, sino para la sociedad. Díaz Mansilla (2011) enfatiza en el sentido de la memoria como la capacidad de reconstruir y significar el pasado de periodos represivos para luego incorporarse en espacios de lucha política el espacio de la memoria- en los que se debate la legitimidad de los mismos. (Diaz Mansilla, 2011). En el artículo otorga mayor importancia a los medios de comunicación y memoria, y establece la relación que tienen con la construcción de conocimiento y movilización de la memoria, en especial, cuando esa construcción facilita la interpretación de un pasado vinculado a acontecimientos traumáticos, permitiendo al mismo tiempo la reconstrucción de sociedades que han enfrentado periodos de violencia. Resulta importante destacar el bajo nivel de importancia que dan los medios en Colombia a estos hechos de violencia, lo que traduce, según la autora, apoyada en Jelin, que: La limitación de los espacios sociales de circulación de la memoria representa otra forma de violencia, en contra de quienes han sufrido la represión pues obstruye el proceso de reinterpretación del sentido de las experiencias por parte de los otros y reproduce las desigualdades ocasionadas por las configuraciones de las relaciones de poder pasado-presente impactando de manera negativa en los derechos de las víctimas y en el derecho de la sociedad a conocer su historia. (Diaz Mansilla, 2011, p. 109) Guatavita Garzón (2014), en la investigación La construcción de sentido de la desaparición forzada en el proceso de memoria de hijos e hijas en Colombia advierte cómo han sido abordados los procesos de construcción de memoria frente a la desaparición forzada desde organizaciones de víctimas en Brasil, Argentina y Colombia, especialmente como procesos posteriores a regímenes dictatoriales (Brasil y Argentina), o en contextos de conflicto armado interno, como en el caso colombiano. Uno de los aportes relevantes de la autora es la categorización de la memoria, pues establece que no hay una única memoria, sino que se divide en cuatro clases o categorías: Traumática, relacionada directamente con el sufrimiento personal y con la fragmentación social y corporal; Familiar, generada por organizaciones de familiares, determinada principalmente por un vínculo afectivo; Colectiva, construida a partir de matices ideológicos

34 34 como el indigenismo, feminismo, entre otros, y Clandestina, como memoria marcada por el secreto al estar vinculada a organizaciones estigmatizadas en el ámbito político. En el plano nacional, otro trabajo relacionado con la percepción de los familiares de víctimas de desaparición forzada, frente a los procesos de construcción de memoria, es el desarrollado por Restrepo Marín (2015), titulado Dónde están? Experiencias de vida de los familiares de desaparecidos del departamento de Antioquia frente a la desaparición de personas por grupos paramilitares ( ). Se llevó a cabo con miembros activos de organizaciones de víctimas de desaparición forzada en Colombia. La conclusión dada por Restrepo Marín establece que el valor e importancia de la labor de las organizaciones de familiares [radica] en tanto son las que cuidan que el olvido no cubra con su espesor la historia de lo ocurrido y se desvanezca en la niebla, convirtiéndose la mentira en una única verdad. (Restrepo Marín, 2015, p. 149). También, resalta aquellas prácticas que contribuyen a la construcción de memoria, a partir de elementos físicos y simbólicos como los memoriales y las iniciativas de memoria que facilitan la consolidación y la reparación simbólica de las víctimas. Guglielmucci, 2011, en el artículo La construcción social de los espacios para la memoria sobre el terrorismo de Estado en Argentina como lugares de memoria auténtica, plantea la importancia de los elementos simbólicos como parte del proceso de construcción de memoria. Hace énfasis, para el caso argentino, en cómo los centros de detención durante la dictadura militar se convirtieron en lugares de memoria. El documento establece la existencia de una relación entre memorialidad y memoria, en la que la materia, en este caso el espacio físico de detención, no solo apoya, refuerza y valida los recursos de los sobrevivientes, sino que permite discutirlos. El documento Las desaparecidas y las invisibles, del Centro Internacional para la Justicia Transicional, acerca de las repercusiones de la desaparición forzada en mujeres aborda la categoría de memorialización y otras maneras de reparación simbólica como estrategias útiles para la dignificación de las víctimas de esta práctica. Al ser un documento que desarrolla la categoría de memoria desde la perspectiva de género, hace énfasis en la importancia que las mujeres les dan a aquellos elementos que tienen carácter de memoriales vivos, como jardines y centros comunitarios, en lugar de

35 35 estatuas y obeliscos, elementos que logran incidir en la construcción de un proceso de reparación simbólica que facilita la sanación y el restablecimiento del equilibrio social de las víctimas. En este sentido, destacan los procesos de memoria emprendidos por mujeres en América Latina, como el caso de las Madres de la Plaza de Mayo (Buenos Aires), en donde se han priorizado el establecimiento de archivos, proyectos de historia oral y centros culturales centrados en documentar y concienciar acerca de la desaparición forzada y los derechos humanos". (Centro Internacional para la Justicia Transicional, 2015, p. 29). Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que documentar y registrar los hechos de desaparición forzada ha sido una tarea de difícil alcance, dada la connotación de ocultamiento de este fenómeno. Sin embargo, resalta en los autores la importancia que han tenido las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones de víctimas que, por medio de denuncias, acciones públicas, reivindicaciones y seguimiento constante, han logrado sistematizar y documentar los casos de desaparición forzada llevando al espacio público las demandas. Además, sobresale que estas prácticas, según los objetivos de la organización, pueden aportar a la construcción de memoria alrededor de símbolos, lugares, denuncias, vínculos afectivos y de cohesión de las víctimas. Mantener vivo el recuerdo de los seres queridos cobra relevancia para los familiares y constituye un eje central en la pervivencia de la memoria Desaparición forzada, memoria y reparación Como se ha podido identificar en líneas anteriores, la memoria se ha constituido como una categoría de gran importancia para los familiares de las víctimas, porque, en alguna medida, ha contribuido a repararlos y a sobrellevar la carga emocional de vivir la desaparición forzada de un ser querido. Así, el CNMH en el texto Recordar y Narrar el Conflicto (2013) establece que la memoria es una esfera donde se tejen legitimidades, amistades y enemistades políticas y sociales. La manera como se recuerda el pasado distribuye responsabilidades entre los actores del conflicto y evalúa moralmente su conducta. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, p.23). De esta manera, las víctimas pueden legitimar o no a los actores, confiar o no en ellos y pueden llegar a ubicarse de manera diferente frente a la reparación que debería otorgar el Estado. En este texto se reconoce la relevancia de la construcción de la memoria y del compromiso con la misma como parte del derecho a la verdad y a la reparación. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, pág. 13).

36 36 Ahora bien, la noción de reparación implica el reconocimiento de la vulneración de los derechos humanos y la obligación del Estado de resarcir el daño causado a las víctimas. La jurisprudencia internacional, regional y local sobre reparación ha establecido mecanismos según los casos denunciados en diversos países. Sin embargo, cabe preguntarse si estas herramientas corresponden a las demandas y necesidades de las víctimas. En este sentido, un informe del Centro Internacional para la Justicia Transicional, advierte que para la población víctima, La verdad se convierte en un elemento esencial para la reparación de las víctimas de desaparición forzada, pues en la mayoría de casos no se conoce el paradero ni lo ocurrido con la víctima directa, lo que genera incertidumbre e impide elaborar el duelo. Asimismo, se otorga importancia al reconocimiento del acto injusto. (Centro Internacional para la Justicia Transicional, 2015, pág. 17) En consonancia con lo anterior, Lira Elizabeth (2010), en el texto Trauma, duelo, reparación y memoria, dice que la reparación desde la perspectiva de las víctimas implica llevar a buen término el proceso legal con los responsables de los crímenes. Supone, además, el respeto a una cultura democrática y a los derechos humanos, y el reconocimiento de la injusticia y la vulneración a los derechos. La reparación implica una elaboración social del sufrimiento y de la violencia en el ámbito cultural reconociendo que esto ocurrió entre nosotros y es lo que no se quiere que vuelva a ocurrir : (Lira, 2010, p. 25). La memoria como manera de reparación a las víctimas permite el reconocimiento del daño ocasionado por la violencia y admite que el dolor de la tragedia de la guerra pone en el centro de la discusión a las víctimas, sus intereses, sus silencios, sus sufrimientos, sus demandas de justicia y dignificación. En ese sentido, es relevante mencionar las medidas de reparación establecidas por estamentos internacionales. Las investigaciones consultadas, en su mayoría, provienen del análisis de la jurisprudencia y de los instrumentos que ofrece la justicia transicional para reparar de manera integral a las víctimas.

37 37 Considerar la desaparición forzada como un crimen de lesa humanidad que acarrea la violación múltiple y compleja a los derechos humanos, implica que el Estado debe establecer los mecanismos necesarios para la efectiva reparación. Allí cobra relevancia y vigencia la noción de víctima, pues como lo menciona Elisenda Calvet, esta se ha convertido en un concepto esencial para estudiar y comprender las violaciones de DD.HH. superando la visión de la relación entre el Estado y el perpetrador (Calvet Martínez, 2015). Todos los mecanismos que propenden por la reparación ponen en el centro de la discusión a la víctima y reconocen la imperiosa necesidad de reparar el daño causado por violaciones a los derechos humanos, buscar la dignificación y compensar los graves efectos morales, materiales, sociales, emocionales y psicológicos que se ocasionaron. En términos generales, Cárdenas López (2017), al analizar el concepto de desaparición forzada desde la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como las principales formas de reparación a víctimas de este delito, establece que: a) El derecho a la reparación está reconocido mediante mecanismos que le permiten a la víctima obtener el resarcimiento mediante restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. b) Se entiende que la restitución busca el restablecimiento de la persona a la situación anterior. Sin embargo, para los casos de desaparición forzada esta figura jurídica no puede emplearse, pues, generalmente, el desaparecido nunca regresa. El autor considera que la devolución de los restos óseos es más una medida de satisfacción que de restitución. c) Pese a que la indemnización nunca va a mitigar el daño y el sufrimiento causado ante la desaparición, se constituye en la modalidad de reparación más habitual empleada tanto en instancias internacionales como por los Estados. d) Las medidas de satisfacción son acciones inmateriales no pecuniarias que deben consolidarse por medio del derecho a la verdad y a la justicia. (Cárdenas López, 2017). En efecto, a través de las medidas de satisfacción, se puede ordenar no solo la realización de labores de búsqueda, localización e identificación de los restos del desaparecido, sino también el desarrollo de actividades investigativas que tienen por finalidad no solo determinar los hechos, sino sancionar adecuadamente a los responsables. (Cárdenas López, 2017, p. 443). Natividad Fernández (2011), en un intento por sistematizar las medidas de satisfacción, establece que deben incluir el derecho a la justicia y el derecho a la verdad. El

38 38 primero, mediante decisiones judiciales que aclaren quiénes fueron los responsables de los hechos para evitar la impunidad. El segundo, relacionado con el conocimiento y la verificación de las condiciones de tiempo, modo, lugar de la desaparición, sumado a la asistencia permanente para la recuperación y el entierro de los cuerpos. Otras medidas señaladas corresponden a la construcción de monumentos y difusión de los hechos, como parte del tipo de reparación simbólica y la construcción de memoria histórica para que la sociedad en conjunto conozca y evite la repetición de este tipo de hechos. Las investigaciones mencionadas coinciden en evidenciar que los organismos internacionales y regionales, especialmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, plantean como medidas de reparación a víctimas de desaparición forzada: investigar los hechos, judicializar a los responsables, asegurar que estas situaciones no se repitan, poner en libertad a los desaparecidos, tener registros de los desaparecidos, asistencia médica y psicológica, indemnizar a las víctimas 11, reconocimiento público de las responsabilidades y daños causados, restablecimiento de la dignidad y la reputación. Como parte de las medidas de satisfacción se plantea: creación de organismos de investigación de violaciones graves de derechos humanos, acceso a documentos y archivos de interés, tipificación del delito. Pese a lo anterior, hay consenso en que la reparación para los casos de desaparición forzada nunca será plena. En complemento de lo expuesto, Natividad Fernández (2011) refiere que con el derecho a la reparación de las víctimas se consolida el proceso de humanización y de dignificación del derecho internacional 12, y a su vez, Fernández Sola (2011) establece que 11 La indemnización, según los principios y las directrices básicos de la ONU, debe ser proporcional a la gravedad del delito, considerando: el daño físico, la pérdida de oportunidades en educación, empleo, prestaciones sociales, daños materiales y pérdida de ingresos, perjuicios orales, gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos, servicios médicos y psicológicos. ONU Doc, A/HRC/22/45, cit,., nota 51 supra, párr. 58. Citado por Calvet, Martínez, Según la ONU, El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que los Estados deben respetar. Al pasar a ser partes en los tratados internacionales, los Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. Recuperado de: El DIDH difiere del DIH, ya que este último opera solo en escenarios de conflicto armado, mientras que el primero funciona tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra.

39 39 con la reparación se logra reconocer la importancia del derecho a la verdad, la readaptación, la dignificación y la reputación de quienes han sido víctimas de desaparición forzada, estableciendo la obligación de repararlas por parte de los Estados. La autora menciona que, ante un hecho de desaparición forzada, la restitución es la medida de reparación de prioridad absoluta, pues consiste en liberar al desaparecido. Sin embargo, resalta que en el 90 por ciento de los casos la víctima no vuelve a aparecer, por lo que la restitución resulta imposible. Las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconocen el daño inmaterial sufrido por los familiares de la víctima, porque al quedar sin noticia del ser querido ni siquiera pueden tener la certeza de la pérdida definitiva, deambulan en vano en busca de información, viven años entre el abatimiento y la esperanza, todo lo cual afecta su salud física mental. (Fernández Sola, 2011, p.154). Ahora bien, en los planos regional y nacional, la Ley 1448 de 2011 reconoce a las víctimas del conflicto armado colombiano y establece que tienen derecho a la reparación integral por parte del Estado. En la ley se mencionan las medidas de reparación: i) Restitución, cuyo principio es buscar el restablecimiento de las víctimas a la situación anterior al hecho victimizante. ii) Indemnización, busca otorgar una compensación económica por los daños ocasionados en razón al conflicto armado. iii) Rehabilitación, centrada en la atención psicológica, médica y jurídica a las víctimas, para restablecer la situación física y psicológica. iv) Medidas de satisfacción, buscan restablecer la dignidad de las víctimas y difundir la verdad sobre lo sucedido. v) Garantías de no repetición, el Estado debe garantizar que no se repitan las violaciones a los derechos humanos. Mejía Alfonso (2017) en la investigación Criterios de reparación integral para las víctimas del delito de desaparición forzada en Colombia, en un contexto de justicia transicional dice que la Ley 1448 de 2011 adopta los principios internacionales sobre los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Concluye que, pese a que en la ley y en los decretos reglamentarios se establecen medidas de indemnización para los familiares de las víctimas de desaparición forzada, asistencia en términos de salud, educación, participación, esclarecimiento de los hechos ocurridos, búsqueda de los cuerpos, derecho a ser informados permanentemente sobre los avances de las investigaciones, atención

40 40 psicosocial, aplicación del plan nacional de búsqueda de personas, apoyo funerario, entre otros, estas medidas, y en general la Ley 1448 de 2011, no reconoce, ni determina unos criterios de reparación integral, diferenciado y focalizado sobre las víctimas de desaparición forzada en Colombia. (Mejía Alfonso, 2017). De los artículos e investigaciones consultadas es posible inferir que cualquier medida de reparación es insuficiente en casos de desaparición forzada. Para muchos autores, entre ellos Graciela Guilis, la reparación para este delito en particular siempre es simbólica en la medida en que se trata de reparar lo irreparable. Ninguna acción podrá devolver a alguien al estado anterior al daño ocasionado. Nadie puede recuperar lo perdido, especialmente cuando se trata de una vida humana. Pese a que la reparación simbólica no está normalizada de manera independiente en la resolución de la ONU, Comisión de Derechos Humanos, 1999/93 (Gutiérrez, 2010), sí aparece tipificada de manera explícita en el artículo 8 de la Ley 975 de 2005, y establece que: Se entiende por reparación simbólica toda prestación a favor de las víctimas de la comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, el perdón público y el establecimiento de la dignidad de las víctimas. (Congreso de la República de Colombia, 2005) De esta manera, la reparación debe pensarse desde lo simbólico en la medida en que esta noción no significa lo que se ha perdido, sino lo que representa. En palabras de Guilis, la reparación no es, ni puede ser, equivalente a la pérdida; en esta imposibilidad expresa su naturaleza simbólica. (Guilis, 2005). La autora plantea que las medidas de reparación establecidas en los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que han servido como referente en Latinoamérica, deben pensarse a partir de los efectos subjetivos que producen. La documentación consultada permite establecer que en cierta medida el registro y la documentación de los casos de desaparición forzada, se ha hecho desde las organizaciones de la sociedad civil, lo cual ha constituido un aporte valioso en la reconstrucción de los hechos de violencia y la identificación de los casos.

41 41 Algunas investigaciones resaltan el ejercicio de organizaciones no estatales, en términos de la documentación pues han aportado de manera significativa a la construcción de memoria en tanto que recogen las voces de las víctimas del conflicto a partir del conocimiento de los hechos, la interacción y el establecimiento de vínculos afectivos. No ocurre lo mismo con la categoría de reparación, porque no se evidencia una correlación con las acciones de registro y la documentación. No se encontraron investigaciones cuyo objeto de estudio fueran las acciones de documentación, la denuncia y la relación con la reparación, esto sin desconocer la importancia que tiene en la visibilización de los casos. La memoria, al considerarse como medio de reparación simbólica que propende por el reconocimiento de los hechos y la construcción de una verdad, aporta elementos importantes para el análisis de la presente investigación.

42 42 4. Marco Conceptual Al considerar que mediante las acciones de documentación y denuncia ha sido posible conocer la práctica de desaparición forzada en inmediaciones entre Norte de Santander y el estado Táchira (Venezuela), este apartado pretende brindar elementos de carácter contextual, legal y conceptual que han fundamentado la desaparición forzada. Así mismo, se esbozará el concepto de denuncia y memoria, como categorías centrales en el marco de esta investigación, las cuales se abordarán desde los planteamientos de Luc Boltanski, Reyes Mate, Silvia Pipper, Maurice Halbawchs, Gabriel Gatti, entre otros. Los siguientes conceptos referirán a los principales teóricos y perspectivas que los abordan y al final de la descripción de cada uno de ellos se presentará cómo se articulan en relación con el fenómeno de la desaparición forzada transfronteriza Recuento de una práctica del horror: la desaparición forzada La desaparición forzada es un delito que posee una genealogía ligada a las prácticas generalizadas de regímenes totalitarios que lo han usado como mecanismo de represión y eliminación de personas o grupos disidentes. Esta práctica ha tenido una tradición histórica cuyos antecedentes se remontan a las revoluciones Francesa y Bolchevique y la Segunda Guerra Mundial. Si bien la literatura sobre la genealogía de la desaparición no es unánime al establecer estos hitos como únicos referentes de la desaparición forzada, si constituyen algunos de los más significativos para comprender su historia y desarrollo. La técnica de desaparecer personas fue ampliamente utilizada por la entonces Unión de Repúblicas Soviéticas (URSS) en la década de 1930 (Robledo, 2016, p. 97). Durante este periodo y bajo el dominio de Stalin, los procesos de desaparición forzada estuvieron caracterizados principalmente por la represión y desaparición de personas vinculadas al ámbito político en el marco de organizaciones contrarias al sistema estatal. En el momento culminante de la represión estalinista, el gran terror de en la URSS se practicaron 2,5 millones de detenciones, y entre 1921 y 1953 se fusiló por motivos políticos a personas (Rafael, 2001, pág.5). Más adelante y en el marco de la Segunda Guerra Mundial se expidió el decreto nazi Nachtund Nebel (Noche y Niebla) que de manera expresa daba la orden de desaparecer al

43 43 enemigo. De este modo, en los juicios de Núremberg se dictó el primer fallo contra un oficial nazi por desaparición forzada. (CNMH, 2014, pág. 69). En el contexto latinoamericano el fenómeno de la desaparición forzada ha estado ligado a las dictaduras militares en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Perú, Guatemala y El Salvador, de manera especial en las décadas de los 60 y 70, en desarrollo de la Guerra Fría y la Doctrina de Seguridad Nacional, impulsada por Estados Unidos. A medida que la Doctrina se incorporó a las políticas gubernamentales de los países latinoamericanos, fue usada como herramienta para identificar, señalar y estigmatizar a personas y/o colectivos sociales con connotaciones y posiciones políticas e ideológicas diferentes a las del poder de turno, que representaran una amenaza para la estabilidad del régimen. Estados Unidos constituyó, como uno de los instrumentos principales, la Escuela Militar de las Américas, en Panamá, para impartir adiestramiento a personal latinoamericano ( ) mejor capacitación en el mantenimiento de la seguridad interna y una mayor colaboración militar en el desarrollo nacional (Velásquez Rivera, 2002, p.17), especialmente relacionado con la lucha contrainsurgente en el territorio latinoamericano. La Doctrina de Seguridad Nacional y las acciones que se implementaron en cumplimiento de sus principios se relacionan de manera directa con la ejecución de arbitrariedades y violaciones sistemáticas de los derechos humanos cometidas por agentes estatales. Destaca, en la dictadura de en Argentina, la desaparición forzada, porque se elaboró todo un sistema de eliminación de aquellos ciudadanos acusados de ser comunistas a los que se torturaba en centros de detención clandestinos y, en la mayoría de casos, se les desaparecía en vuelos de la muerte y se les arrojaba al Océano Atlántico desde aviones militares. Colombia, a pesar de no haber sido escenario de una dictadura militar como sí ocurría en gran parte del territorio latinoamericano, no fue ajena a la ejecución de esta práctica. Para 1965, mediante el Decreto 3398 el Estado colombiano desarrolló la Doctrina Contrainsurgente para la conformación de grupos de defensa nacional, a los que dota de armas y entrenamiento para que actúen en zonas de conflicto en contra de la insurgencia, el comunismo y los auxiliadores de la guerrilla (Carrillo Sánchez, 2011, p.64).

44 44 A partir de la puesta en marcha de este Decreto, empieza a gestarse como política de Estado una serie de medidas represivas que buscaban frenar el brote o avance de cualquier organización que pudiera de alguna manera, afectar la estabilidad política del gobierno de turno a través de medidas violatorias de los derechos fundamentales como el asesinato, las detenciones arbitrarias y la desaparición forzada. Este Decreto surge bajo un panorama específico mundial. Finalizada la segunda guerra mundial se da lugar a un nuevo orden mundial que ocurre a partir de la división en dos bloques: capitalista y comunista. En el marco de este contexto, Estados Unidos promulga la Doctrina de Seguridad Nacional como estrategia que buscaba frenar el avance del comunismo en los países de América Latina. Este hecho produjo como consecuencia el apoyo por parte de Estados Unidos a la ejecución de golpes de estado por parte de militares en países como Argentina, Chile, Bolivia, Guatemala y El Salvador en donde los presidentes elegidos democráticamente representaban una amenaza a los ideales democráticos pregonados por Estados Unidos. En Colombia, aunque no hubo dictadura militar, durante el gobierno de Turbay Ayala se instrumentalizó una política conocida como Estatuto de Seguridad que tuvo una duración de cuatro años ( ) y se caracterizó por las graves violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas militares, gracias a la ampliación de sus funciones y la difusa frontera entre la influencia del poder civil y militar (Jiménez Jiménez, 2009). Bajo este contexto, se hizo común la represión por parte del Estado a los sectores que tuvieran alguna connotación ideológica de izquierda, se controlaron las transmisiones de los medios de comunicación; se creó el delito de perturbación del orden público; se ampliaron las modalidades del delito de asociación para delinquir, con lo que delitos comunes fueron juzgados por tribunales militares. (Jiménez Jiménez, 2009, p.84) Es asi que, se hicieron comunes las detenciones arbitrarias de personas que por su filiación a algún tipo de colectivo social fueran señaladas como sospechosas de poner en peligro la institucionalidad. La inexistencia de garantías judiciales facilitaba las torturas físicas y psíquicas a los detenidos en las brigadas militares cuando el procedimiento legal exigía su traslado a la cárcel, así como la desaparición forzada de ciudadanos especialmente en las zonas rurales, (Jiménez Jiménez, 2009, p.90) elementos que se constituyen como claras violaciones a los derechos fundamentales durante este periodo.

45 45 Así como el estatuto de seguridad nace bajo el contexto de la guerra fría ante el temor del avance comunista a los países del hemisferio, la política de seguridad democrática implementada por Álvaro Uribe Vélez también se encuentra enmarcada en un contexto mundial particular y éste tuvo que ver con la sensación de amenaza terrorista a partir de lo ocurrido en Estados Unidos el 11 de septiembre de En ese sentido, el discurso institucional empieza hacer uso del término terroristas para denominar a los grupos armados ilegales, a quienes el Estado debía enfrentar. Esta política emergió como estrategia contra el terrorismo y planteó como objetivo reforzar y garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio, mediante el fortalecimiento de la autoridad democrática: del libre ejercicio de la autoridad de las instituciones, del imperio de la ley y de la participación activa de los ciudadanos en los asuntos de interés común (Ministerio de Defensa Nacional, 2003). En su implementación, es posible delimitar un paralelo entre las estrategias implementadas durante la Doctrina de Seguridad Nacional frente a las medidas empleadas en el marco de la política de Seguridad Democrática, en donde el común denominador fue el uso de acciones ilegales por parte de la fuerza pública concedidas bajo el marco de estos dos lineamientos. Al igual que en la Doctrina de Seguridad Nacional, el enemigo (de carácter interno) tenía ciertas conductas que lo configuraban de esa manera, en la política de Seguridad Democrática y el Estatuto Antiterrorista se asume la existencia de una conducta determinada como terrorista, siendo esta excusa para que se puedan cometer las siguientes arbitrariedades por parte de los cuerpos militares: En casos donde existan serios motivos para prevenir la comisión de conductas y actos terroristas, la Fuerza Pública puede interceptar o registrar la correspondencia y demás formas de comunicación privada, sin previa orden judicial. (Silva Serna, 2009, p.300) Estos lineamientos dados durante el gobierno de Álvaro Uribe permitieron el aumento en tasas alarmantes de violaciones a los derechos humanos representados en acciones puntuales como asesinatos selectivos a líderes sociales, masacres, ejecuciones extrajudiciales, denominadas falsos positivos y desapariciones forzadas, en donde esta última empezó a ser usada como una de las múltiples estrategias utilizadas por los grupos al margen de la ley

46 46 como método para reprimir y causar temor entre la población. Tal como lo establece el Centro Nacional de Memoria Histórica, esta práctica es una forma de violencia capaz de producir terror, de causar sufrimiento prolongado, de alterar la vida de familias por generaciones y de paralizar a comunidades y sociedades enteras (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016, p.25) La desaparición forzada en el marco del sistema universal e interamericano de los Derechos Humanos A partir del marco legal de los derechos humanos la desaparición forzada es considerada como crimen de lesa humanidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7, parágrafo I del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El carácter de lesa humanidad es atribuido por el cumplimiento de dos características en concreto: la comisión generalizada del hecho, que alude a la multiplicidad de víctimas que la han sufrido en un territorio y tiempo determinado; y la sistematicidad, es decir, la relación de su práctica con la consecución de los fines de quienes la ejecutan. (Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, 2016, pág. 52). En este aspecto es necesario destacar que el Estatuto se refiere a hechos cometidos en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Además, se refiere únicamente a la responsabilidad individual de las personas y no a la del Estado frente a este tipo de crimen. (Gómez Camacho, 2006, pág. 40). Un elemento particular que aparece como denominador común en las definiciones de desaparición forzada es la relación de este crimen con la participación que en la ejecución tiene el Estado. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el folleto informativo No. 6, establece que: Una detención seguida de una ejecución extrajudicial constituye una desaparición forzada ( ) siempre que esa detención o privación de libertad la hayan realizado agentes gubernamentales ( ) o grupos organizados o particulares que actúen en nombre o con el apoyo directo o indirecto del Gobierno o con su consentimiento o aquiescencia (HCHR, 2009). A pesar de que la desaparición forzada ha sido empleada, desde antes de 1930, como mecanismo de represión, sólo hasta el periodo , la ONU expidió tres resoluciones

47 47 relativas a ese fenómeno. La primera, en 1975 (sobre Chipre); en 1977, se publicó la segunda, relacionada con los casos conocidos bajo la dictadura de Augusto Pinochet, y la tercera, en 1978, menciona de manera general el grave problema de la desaparición forzada en el mundo y la urgente necesidad de tomar medidas al respecto. (CNMH, 2014 Normas y Dimensiones Tomo I). El reconocimiento jurídico de la desaparición forzada en el sistema universal de los derechos humanos 13 tiene sus antecedentes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1946, que reconoce el derecho a no ser sometido a torturas, ni a detenciones de manera arbitraria; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1976, (Asamblea General de la ONU, 1976), y en la Resolución 33/173 de la ONU, en la que se le solicita a la comisión de Derechos Humanos examinar en detalle los casos de desaparición forzada reportados por diferentes países. En 1980, este grupo de trabajo sobre Desapariciones Forzadas expone que: En los últimos años las desapariciones forzadas han ocurrido preponderantemente en situaciones de tensión o conflicto armado interno. En esas circunstancias, las desapariciones se producen como resultado de las intervenciones de las fuerzas de seguridad, o de grupos o particulares, con el apoyo o el consentimiento de las primeras ( ). (Organización de las Naciones Unidas, 1992, págs , citado por Mejía, Alfonso 2017). En este contexto se reconoce no solo la acción estatal, sino de otros grupos o particulares, pero con aquiescencia del primero, razón por la cual se expide, en 1992, la Resolución 47/133 del 18 de diciembre, Declaración Sobre la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas que de manera explícita considera que este delito ocurre cuando: Se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de la libertad de alguna por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por 13 El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos (SUDH) corresponde a un conjunto de normas sustantivas y procesales, así como a organismos internacionales que pertenecen a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuyo objetivo es la promoción y la protección de los derechos humanos universales. Recuperado de:

48 48 grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley. (Organización de las Naciones Unidas, 1992, p. 1). En el 2006, la ONU aprueba la Resolución 61/177 por medio de la cual expide la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas que define la desaparición forzada como: El arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado o de personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. (Organizaciòn de Naciones Unidas, 2013) De esta manera, mientras los instrumentos de carácter internacional se perfeccionaban y daban respuesta a las múltiples denuncias sobre desapariciones forzadas en distintos países, en 1994, se había formulado la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de personas que bajo los mismos presupuestos del concepto de la Convención Internacional, en el artículo II, entiende por este delito: La privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer la privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. (CIDF, 1994). Así pues, ambos instrumentos ratifican al Estado como principal agente en la ocurrencia de este delito. Sin embargo, aunque la Convención Interamericana considera desaparición forzada como la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera fuere su forma, la Convención Internacional entiende por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad. Esto significa que

49 49 este último instrumento concibe otros delitos como el arresto, la detención y el secuestro, además de la descripción genérica de la libertad, como elementos de la desaparición forzada de personas, siempre que de su comisión se siga la negativa de reconocer el paradero : (CNMH, 2014, p. 171). Dado lo anterior, Gómez Camacho (2016) establece que, según este marco jurídico, pueden identificarse cinco elementos comunes: 1) Privación de libertad. 2) Participación del Estado (o de un grupo político según el Estatuto de Roma). 3) Ocultamiento de la víctima. 4) Coparticipación. 5) Intencionalidad. (Gómez Camacho, 2006, p. 33). En el contexto colombiano la desaparición forzada se prohíbe por primera vez en la Constitución Política de 1991, que en el artículo 12 establece que: nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Const., 1991, art. 12), un elemento vigente en el Código Penal del 2000, bajo la Ley 589 del 24 de julio de 2000, (Ambos &Bohm, 2009). Luego, por medio de la Ley 707 del 1 de diciembre de 2001, se aprueba la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. (CNMH, 2014, Tomo I, pág 117). En el 2007, Colombia ratifica la Convención Internacional para la protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas ante la oficina de las Naciones Unidas y en el 2010, mediante la Ley 1418 la Convención fue aprobada por el Congreso de la República. En ese año, se expide la Ley 1408 de 2010, por medio de la cual se rinde homenaje a las víctimas de desaparición forzada y se dictan medidas para la localización e identificación. Después, con la expedición de la Ley 1448 de 2011, se establecen algunas referencias a la desaparición forzada cuyo mandato incluye el reconocimiento de este delito como hecho victimizante, la importancia de erradicarlo y la obligación de proteger y reparar a las víctimas. En el marco del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado por el Gobierno y las FARC EP 14 el 24 de noviembre de 14 El nombre de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia" (FARC) aparece en la Segunda Conferencia Guerrillera, que se realiza en abril de En ella planean la expansión en diferentes áreas del país. Más adelante, en la Séptima Conferencia realizada entre el 4 y el 14 de mayo de 1982, en la Uribe, Meta, deciden llamarse Ejército del Pueblo FARC-EP. (García, 2009).

50 y refrendado por el Congreso de la República el 30 de noviembre de 2016, se prevé la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición en el que se contempla la creación de la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD) 15. Estos instrumentos permiten comprender la manera en la que se ha abordado el delito en el marco del sistema universal y regional de los Derechos Humanos y cómo la desaparición forzada implica una violación al derecho a la vida, a la libertad, a la dignidad, a la seguridad, a no ser torturado, a la seguridad jurídica, al debido proceso y a la autonomía. La Corte Constitucional en Colombia reconoce que el marco legal interno adquiere una visión más amplia que los instrumentos internacionales. En el país un particular también puede ser juzgado por cometer ese delito, y no solo agentes estatales o miembros de un grupo armado al margen de la ley. Esta situación ha promovido una nueva manera de comprender el fenómeno de la desaparición forzada en relación con los elementos propios del conflicto armado, el cual involucra a guerrilla, paramilitares, neoparamilitares, grupos narcotraficantes, delincuencia común y el Estado. Todos esos actores desde su propia perspectiva, pueden ser sujetos activos de la desaparición forzada. (CNMH, 2014, p. 154) Una mirada crítica del concepto de desaparición forzada Ahora bien, desde una perspectiva crítica, Rubin Jonah (2011) menciona que, aunque este robusto marco normativo ha buscado un máximo de promoción, garantía y protección de los derechos humanos, no es suficiente para dar cuenta de la noción de desaparición forzada, pues el fenómeno toma distintos significados y características según los contextos en los 15 El Instituto Kroc, institución asignada por el Gobierno de Colombia para realizar el seguimiento y análisis del estado efectivo de la implementación del Acuerdo Final firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, entregó a Mayo de 2018 el respectivo informe en donde da cuenta del estado de implementación de cada uno de los puntos pactados en el Acuerdo de Paz. Frente a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas, el Instituto estableció que de las 13 disposiciones que cubren su implementación, sólo 1 se encuentra completada; 1 en fase intermedia; 1 en fase mínima y 10 aún no han sido iniciadas, lo que representa un 77% de disposiciones aún pendientes de iniciar su proceso de implementación. El informe señala como principal avance de esta unidad, el nombramiento y posesión de su directora y como principal tema pendiente de implementación, la asignación de recursos para apoyar financieramente la Unidad. Destaca además que los retrasos en la puesta en marcha de la UBPD han despertado la preocupación de organizaciones de víctimas que han expresado que ésta situación se constituye como un incumplimiento de los compromisos y obligaciones del Estado con las víctimas de desaparición en Colombia y además han manifestado que la lentitud en su puesta en marcha genera desconfianza por parte de la sociedad frente a la voluntad del Estado para atender a las víctimas de este delito.

51 51 cuales se ejecuta. Según el autor, se observan dos tendencias: una que busca la construcción de una narrativa universal y un sentido unificador de los procesos (marco normativo), y otra que insiste en el riesgo de sobre utilizar el concepto por lo cual propende por una definición que separe los verdaderos casos de desaparición de aquellos en los que el término responde a un uso popular erróneo. (Gatti, 2011 citado por Jonah Rubin). En esta segunda línea, Gabriel Gatti propone un tipo ideal de desaparecido y establece diez aspectos que permiten explicar el desaparecido modélico, que surgió en el contexto latinoamericano de los 70. Bajo estos presupuestos intenta diferenciar los verdaderos casos de desaparición de aquellos que, bajo el rigor teórico, no lo son. (Rubin, 2015) Rubin (2015), aunque considera que ambas perspectivas aportan elementos importantes para la comprensión del término, ninguna es suficiente para dar cuenta de la diversidad que implica la desaparición forzada. El primer enfoque pierde de vista las particularidades que toma hoy esta categoría. El segundo, en la búsqueda de definir casos auténticos, genera que los casos sean elegidos de manera arbitraria. El autor dice que la historia de la desaparición forzada no tiene un solo punto de partida, pues es multifacética e implica el reconocimiento de diversas historias y contextos. (Solo por mencionar algunos ejemplos, se encuentran los escenarios de violencia donde se buscó el exterminio del otro en Argelia, Chipre, Chile, Argentina, España, Alemania, Unión Soviética y Guatemala, entre otros). Expone que esta categoría no puede ser considerada como el resultado de una amplia normatividad, sino que surge en el marco de un discurso elaborado por diversos actores (estatales, internacionales, académicos, a través de medios de comunicación, elaboraciones cotidianas, ONG locales y nacionales). Pese a esta interdisciplinariedad persiste el reto de entender cómo una sola palabra puede significar cosas tan diversas en contextos distintos, aunque interrelacionados. (Rubin, 2015, p. 6). En este sentido y siguiendo al autor, aunque es posible evidenciar elementos comunes en los antecedentes históricos, en el lenguaje común y en el ámbito legal la noción de desaparecido no se puede reducir únicamente a estos elementos. La desaparición no se define en función de algo que está, que es o que se cometió, sino, por el contrario, se funda en la ausencia permanente e insuperable.

52 52 Así, más allá de definir un solo concepto sobre la categoría de desaparición, surge la necesidad de cuestionar las maneras en las que los desaparecidos son visibles en la esfera pública, tanto en representaciones como en concentraciones y exposiciones que portan los rostros (Rubin, 2015) o los cuerpos sin identidad. El punto de quiebre consiste no en construir una narrativa universal de la desaparición forzada, sino en desentrañar los mecanismos que crean y sostienen la identidad del cuerpo y sus efectos en el ámbito político, social y familiar y considerar lo que significa clasificar esos cuerpos ausentes como desaparecidos en su propio entorno histórico y biográfico. (S. Rubin, 2015). Esta apuesta solo puede hacerse efectiva en la medida en la que se recurra a la voz de los familiares de las víctimas para conocer la manera en que visibilizan y traen al presente a los desaparecidos y cómo en la cotidianidad y en sus prácticas construyen narrativas e identidades alrededor de la desaparición y de la ausencia. En esta línea, Gabriel Gatti establece que no es posible construir una historia lineal de la noción de desaparecido. En consonancia con lo antes dicho, el concepto debe interpretarse a la luz de contextos y prácticas particulares de las cuales no da cuenta el derecho internacional. Trae a colación el lugar de la víctima, en términos de considerarla como una noción más funcional que sustantiva. Refiere que la víctima es un lugar necesario para definir la humanidad que señala, a su vez, el borde y la frontera de lo humano. Víctima es un referente en el que encaja el detenido desaparecido, pues esta figura posee un efecto, las credenciales adecuadas para tomar buenas posiciones en la contemporánea jerarquía de la desdicha. (Gatti, 2011, p. 525). El autor expresa que la víctima de desaparición forzada representa el extremo de lo humano vulnerado. Hasta aquí se intentó exponer tanto el marco normativo que fundamenta la desaparición forzada, como algunas perspectivas críticas propias de las ciencias sociales. Para el desarrollo de la investigación se considera que estos enfoques no son excluyentes entre sí, pues en conjunto aportan elementos sustanciales que permiten la mejor comprensión de este fenómeno. Por un lado, se asume que los instrumentos normativos nacionales son mucho más amplios que los internacionales, en tanto reconocen la responsabilidad de diversos agentes (y no solo el Estado) en la ejecución de la desaparición forzada, lo cual aplicado al contexto fronterizo colombo-venezolano cobra relevancia pues permite hacer una lectura detallada de las características particulares, en términos de los autores del delito de la desaparición en

53 53 estos escenarios. Sumado a ello, han sido un mecanismo de presión para los Estados en términos de reconocer la absoluta gravedad de esta práctica además de verse obligados a judicializar a los victimarios, reconocer los daños y reparar a las víctimas. Por otra parte, cuestionar los límites del marco normativo constituye una apuesta por desafiar conceptos inamovibles y conocer e indagar las construcciones sociales que han elaborado las víctimas sobre el fenómeno, lo que posibilita darle el lugar que tienen y comprender las formas en que han hecho visible los cuerpos ausentes en ámbitos privados y públicos y la manera en la que se han relacionado con las nuevas identidades que implica sobrellevar la desaparición de un ser querido Denuncia pública: una mirada desde la sociología de la acción Teniendo en cuenta que un punto de referencia importante para el desarrollo de la investigación lo conforman las denuncias de las víctimas de desaparición forzada en Norte de Santander ante la Organización Verdad y Justicia, la cual ha desarrollado un trabajo de acompañamiento y seguimiento, resulta pertinente abordar de manera amplia el concepto de denuncia, en especial porque esta acción se constituye en la manera en la que los familiares de las víctimas de desaparición transfronteriza pueden hacer visibles las demandas y coadyuvar a la construcción de sentido de un hecho que se desconoce y les resta significado a quienes lo han padecido. Para ello se toma como principal referente teórico el planteamiento de Luc Boltanski. Las reflexiones de este autor se inscriben en la sociología de la crítica, a partir de tres aspectos centrales: la justicia, la crítica y la justificación (Guerrero & Ramírez Arcos, 2011). Boltanski explora cómo la denuncia de una injusticia puede llegar a ser admisible o normal y cómo lograr la vinculación de un colectivo a una causa. En principio el autor señala que la sociología y la historia social se han encargado de interpretar la oposición entre la acción individual y colectiva, dejando de lado las violencias físicas o simbólicas y las manifestaciones de autores que actúan solos. Boltanski intenta crear una gramática que explique las variaciones que afectan los actos de protesta y la percepción (Boltanski, Luc, 1990, p. 237) que los demás tienen de ellos y la manera en la que los reciben como actos colectivos o individuales. Para ello toma como referencia la noción de denuncia pública. Para Boltanski una demanda de justicia implica una crítica al orden establecido.

54 54 Así, es posible que la crítica se vea acompañada de la justificación, porque es la manera en que un sujeto puede evitar la crítica de otro. (Guerrero & Ramírez Arcos, 2011). Para desarrollar esta idea Boltanski hace un análisis de las cartas enviadas por ciudadanos del común a la sección de sociedad del periódico Le Monde, de París, relacionadas con feminismo, regionalismo, homosexualidad, temas laborales, entre otros. En las cartas se evidencia la presencia de una víctima de una injusticia que busca establecer una denuncia de su caso. Así, su reflexión parte de la manera en que se construyen las causas formadas alrededor de la denuncia de una injusticia y la relación entre las causas y la formación de grupos (...) pues las causas constituidas están siempre asociadas a grupos (Boltanski, Luc, 1990, p. 240). En este sentido, Boltanski creó una gramática de la denuncia, es decir, un conjunto de acciones que debe cumplir para que tenga carácter de admisibilidad. Según el autor, estas son reglas tácitas que permiten que la acción pueda ser considerada normal o no. Dentro de este modelo se establece como mecanismo para lograr que la denuncia adquiera ese sentido de normalidad el hecho que sea presentada por colectivos o grupos y no de manera individual, en especial cuando lo que se busca es que esta acción trascienda del campo de interés particular a un plano de interés general y colectivo. Boltanski establece tres elementos fundamentales en su análisis: el tipo de denuncia, los elementos que la conforman -a los que denomina sistema actancial- y el carácter de admisibilidad o no de la denuncia. Frente al primer elemento, el autor distingue varios tipos de denuncia: 1) Aquellas relacionadas con causas que son consideradas como colectivas. 2) Denuncias inscritas a causas que apenas se están consolidando. 3) Denuncias asociadas a intereses individuales. A partir de esta clasificación se intenta establecer un sistema de reglas que permitan determinar en qué casos la actitud que consiste en dar voz y protestar públicamente tiene posibilidades de ser reconocida como válida, aun si es combatida y en qué casos se la ignora o descalifica. (Boltanski, Luc, 1990, pág. 243). Para el segundo elemento, Boltanski establece un esquema al que denominó el sistema actancial de la denuncia. El término actante se usa en el sentido otorgado por Bruno

55 55 Latour (1984), mencionado por el autor, para denominar a quienes de manera individual o colectiva intervienen en la denuncia. En este sentido establece un sistema de relaciones entre cuatro actantes: 1) El que denuncia. 2) La persona a favor de quien se hace la denuncia. 3) Contra quien se presenta. 4) A quien se dirige la denuncia. Para simplificar el asunto, el autor denomina al primero como: denunciante, el segundo como víctima, el tercero como perseguidor, y el cuarto como juez. En el caso planteado, el cuarto actante es -para todos los casos estudiados- un diario de opinión que ocupa una posición de carácter cívico de juicio pues decide si publica las denuncias. En este modelo del sistema actancial Boltanski le otorga a cada actante o actor un tamaño sobre un eje singular general. Así mismo, entre estos, puede haber distintos grados de proximidad: desde la identidad completa (cuando la víctima y el denunciante son una misma persona), hasta la alteridad total (cuando víctima y denunciante nunca tuvieron ninguna relación previa a la situación de injusticia que los reúne). (Guerrero & Ramírez Arcos, 2011) A partir de la delimitación del sistema actancial, Boltanski desarrolla el tercer elemento que conforma su análisis y que tiene que ver con el significado de admisibilidad y/o normalidad de la denuncia. Dentro de la gramática propuesta por el autor para clarificar el sentido de normalidad se identifica como elemento esencial el hecho que este proceso provenga de un grupo o colectivo y no de manera individual. En este sentido, cuando el interés de la denuncia es incursionar en el ámbito público debe situarse en la acción cívica. Es decir, los actantes víctimas y denunciantes- tienen que verse como personas colectivas de gran alcance; de lo contrario, el reclamo contra una injusticia no será juzgado como acción normal. Esto es denominado por Boltanski como la desingularización de la relación entre los actantes, lo que implica que exista una relación distante entre estos y que se evidencie un trabajo para presentar la denuncia en nombre de una colectividad y no de simples individuos atrapados en relaciones personales. (Boltanski, 1996, p. 23). La gramática de la denuncia involucra varios elementos: 1) El tamaño de los actantes; es decir, que quien denuncie represente un gran colectivo. 2) La proximidad entre ellos, pues si el que denuncia y la víctima tienen algún grado de relación o cercanía diferente al objetivo en común, la denuncia de la injusticia no será percibida como normal. 3) Los argumentos: deben ser acordes a los límites de lo que en una sociedad específica puede o no hacerse valer en público, de lo que parece aceptable o inaceptable, normal o anormal, lícito o

56 56 escandaloso (Guerrero & Ramírez Arcos, 2011) al interior de la sociedad, es decir, es dentro de ella, en donde se determinan los criterios que validan y/o admiten la denuncia. Boltanski delimita unos criterios adicionales para tener en cuenta y que permiten reforzar el significado de admisibilidad de la denuncia. El juicio de normalidad o no de esta acción depende de la relación entre los cuatro actantes (denunciante, víctima, perseguidor y juez), y de la posición de estos entre lo singular y lo colectivo, lo particular y lo general. (Boltanski, 1990, p. 260). De esta manera, la denuncia en sí misma no representa algo anormal, pues la injusticia puede expresarse en diferentes escenarios: en lo cotidiano, en una plaza pública, con la familia, amigos, colegas, etcétera. Lo anormal en este caso sería denunciar la injusticia sufrida en situaciones que no se prestan a ello y ante personas, individuales o colectivas, inapropiadas. El autor menciona que el sentido de normalidad con el cual se analiza una denuncia depende, además de la manera en que en palabras de Boltanski- cada orden político construye la relación de lo particular con lo general, de los intereses individuales con los colectivos. De igual manera, la posibilidad que una denuncia tiene de ser percibida como normal o no, obedece al grado de involucramiento de los individuos. En esta línea, para que una denuncia pueda tener validez es necesaria la intervención de dos actantes: la víctima y el denunciante. Este último se encarga de dar a conocer la injusticia a la opinión lo que genera que los intereses reclamados no son exclusivos del orden individual. Sin embargo, cuando el denunciante tiene un vínculo, por ejemplo, familiar con la víctima la denuncia no adquiere un efecto de movilización. Para que esto suceda es necesario que no existan estos nexos, salvo el objetivo del bien común. (Boltanski, 1990, p.264) Una de las conclusiones más relevantes de Boltanski sobre la denuncia es el hecho de indicar que la cuestión de la normalidad está relacionada de manera directa con la justicia y con el sentido que se lo otorga. Cuando se habla de la normalidad de un reclamo, lo que está en discusión es la noción de justicia, aun cuando el caso o el hecho denunciado no culminen en estrados judiciales. En este sentido se infiere que quienes protestan o denuncian lo hacen porque sienten que su principio de justicia ha sido vulnerado. Ahora bien, Boltanski sostiene que,

57 57 La normalidad es una precondición de la admisibilidad de una demanda de justicia. Esto pone de manifiesto que son muchos los obstáculos que pueden oponerse a un reclamo frente a una injusticia: unos del orden de la violencia (la amenaza y el temor), pero también existe otro tipo de coacción no menos importante, constituida por las reglas de normalidad que el autor de una queja debe observar para que su demanda sea digna de ser tomada en cuenta por otras personas. (Guerrero & Ramírez Arcos, 2011, p. 4). En síntesis, se plantea que cuando una persona efectúa una denuncia pública está manifestándose en contra de un orden establecido que se hace sobre la idea de un principio de equivalencia distinto al orden del hecho que ocasiona la denuncia. Un principio de equivalencia está asociado a principios superiores comunes o grandes principios de legitimidad de la sociedad sobre los cuales las personas llegan a acuerdos. De esta manera, al ser la denuncia expresión de una injusticia, Boltanski resalta que la justicia se ubica en el plano de la disputa en el que se confrontan diferentes sentidos de equivalencia. Ahora bien, esta aproximación conceptual permitirá comprender el alcance de las denuncias sobre desaparición forzada que adelantan los familiares de las víctimas y cómo a partir de las acciones emprendidas por la Organización Verdad y Justicia, en Cúcuta, la denuncia es considerada como una demanda de justicia, en la que entran en juego los actantes, quienes más allá de presionar por obtener respuestas judiciales, buscan ejercer un rol determinante en la construcción de memoria de delitos condenados a la indiferencia y el olvido. Estos referentes brindan un amplio espectro que posibilita la interpretación del entramado que rodea las relaciones entre los actantes, pues cada uno desde sus intereses intentará posicionar su noción alrededor de la desaparición forzada. Es allí cuando mediante la denuncia pública interpuesta por un actor individual (familiares de las víctimas) o colectivo (organización de víctimas), este actante (en este caso las víctimas) disputan las demandas de justicia con el victimario quien intenta invisibilizar el crimen, obviarlo y ocultarlo, mientras que la víctima aspira a visibilizarlo y ponerlo en el escenario público para que las demandas respaldadas y legitimadas por un colectivo sean escuchadas por la sociedad civil y las instituciones judiciales.

58 58 En este escenario cobran relevancia también los planteamientos de Charles Tilly, quien expone la noción de repertorios de la acción colectiva como fundamento importante en las experiencias reivindicatorias basadas en interacciones permanentes entre actores que se unen en torno a objetivos comunes. Este podría ser el caso de las acciones de denuncia emprendidas por las organizaciones sociales y de derechos humanos que articulan las demandas individuales de los familiares de víctimas de desaparición forzada que buscan incansablemente el acceso a la verdad y la justicia por medio de la movilización de recursos (económicos, sociales, políticos). Así pues, la denuncia podría ser parte de un repertorio de movilización en torno a la reivindicación de los derechos de las víctimas. Ahora bien, resulta necesario rastrear, en principio, el concepto de justicia y memoria planteado por Reyes Mate, asumiendo que es esta última la herramienta con la que cuentan las víctimas y los familiares para hacer resistencia a la intencionalidad del victimario de eliminar el sentido de lo físico, la irrepresentabilidad 16 y la significación del ser que se ha desaparecido La lucha contra el olvido: algunas aproximaciones a la noción de memoria La memoria es una de las categorías que entran a configurar el espacio de las luchas y las reivindicaciones de los derechos humanos y sociales en contextos en los que las situaciones de violencia han marcado momentos históricos en determinado espacio geográfico. Desde una perspectiva filosófica, Reyes Mate estructura más allá de la conceptualización de esta categoría un planteamiento sobre cómo la memoria puede ser una manera de justicia. Para desarrollar la tesis sugiere que la injusticia se aborda o se concreta en dos momentos. En primer lugar, como protesta bajo la noción no hay derecho. Esta demanda implica un marco interpretativo de lo que ocurre. En el segundo momento, la injusticia se concreta bajo la premisa de la compasión. Un sentimiento que deviene de la moral y que está dirigido al otro para que alcance el proyecto de felicidad. Esto termina convirtiéndonos a nosotros mismos en sujetos morales. (Mate, 2011, p. 168). Así, el sentimiento moral es una expresión de la injusticia. 16 Este término, así como ausencia, paradoja, vacío incertidumbre e imposibilidad, son algunos de los nombres que Gabriel Gatti señala como las acepciones más instaladas del fenómeno de la desaparición forzada en la actualidad

59 59 Para Mate la justicia ha transitado entre la virtud cardinal a la constitución de principio moral de la sociedad. Hay un giro de lo bueno a lo justo, que ha sido considerado como un salto cualitativo, pasando de una justicia doméstica a otra capaz de plantearse criterios aceptables por todos de lo que es justo o injusto (Mate, 2011, p.173). El autor intenta aclarar los términos desigualdad e injusticia. La primera corresponde a causas naturales, atemporales y son, desde el punto de vista de la moral, neutras. La segunda deviene de causas históricas, son temporales e implican culpa y responsabilidades; es decir, en su construcción la memoria entra a ser parte de un elemento trascendental. Frente a esto, Reyes Mate, al intentar establecer un punto de comparación entre la relación memoria-justicia, hace un recorrido por la evolución de la categoría remitiéndose a la época antigua y medieval en la que la memoria era considerada, por un lado, como un sensusinternus ; es decir, que solo producía sentimientos que permanecían en el espacio privado, y por otro lado, como una categoría conservadora que pretende que el pasado sea una norma del presente, sin entenderlo, solo bastaba su reproducción. La modernidad, en palabras de Mate, declara la guerra a la memoria, pues se considera que solo el presente es decisivo y que para la construcción de un sujeto autónomo el pasado era inaceptable. Se entendía que la memoria correspondía a un fenómeno psíquico y físico que solo generaba sentimientos; es decir, se reduce la memoria al plano sentimental y moral. El autor establece el marco de una justicia memorial o anamnética la cual debe ser pensada desde la noción de verdad. La justicia anamnética intenta extraer un secreto olvidado. Aquí refiere que no existe un único pasado: el pasado presente, que se reconstruye a partir de la historiografía, y un pasado ausente, sometido al olvido y que solo puede ser recuperado por la memoria. (Sucasas, 2010). La justicia memorial, por su parte, se centra en la construcción de la realidad y corresponde a lo epistémico. Es como la reorganización de una realidad que ha sufrido una alteración (Mate, 2011, p. 238). Así, la justicia consiste en hacer del mundo un bien, entender la convivencia y el bienestar común. Como lo plantea Mate, se trata de encontrar el lugar de cada cual en la construcción de la realidad, de ahí la importancia que tiene visibilizar lo oculto en la construcción fáctica de la historia. Esa visibilización de los sin nombre (tarea de la memoria) es el supuesto de una construcción justa. (Mate, 2011, p. 239). Esto es posible gracias a la memoria, pues es

60 60 esta la que convoca y evidencia las injusticias. A partir de ahí, es posible empezar a hablar de justicia. Partiendo de este planteamiento, Mate encuentra la relación y la complicidad entre memoria y justicia. Frente a esta relación traza el interrogante qué significa hacer justicia a las víctimas? Una pregunta para la que plantea como respuesta, hacer justicia a las víctimas del crimen significa reconocer una deuda no reparable respecto a ella [que] debe mantenerse. (Reyes Mate, 2012, p. 105). Y ese reconocimiento permite poner sobre la mesa los hechos de una injusticia pasada que aún demanda una acción de justicia, pero al mismo tiempo que pretende develar a esa víctima a la que se buscó invisibilizar con el olvido. Es el reconocimiento, traducido en memoria, lo que da existencia a la injusticia pasada. No solamente la memoria recuerda, sino que da naturaleza a la injusticia y permite hablar de [ella]. (Reyes Mate, 2012, p. 105) La construcción de memoria de los hechos de violencia es lo que logra mantener viva esa demanda de justicia que reclaman las víctimas y es, además, la manera como se puede ejercer presión social para lograr que esas historias no queden en el olvido. Mate resalta que la memoria, aunque es un punto clave para la construcción de justicia, también puede resultar peligrosa en la medida en que abre heridas a quienes hacen parte de ella. A pesar de ese elemento que la complejiza, su configuración es un factor trascendental en la construcción de justicia, porque esta última solo es posible si no hay olvido de los hechos violentos que las víctimas buscan que se recuerden. Si desaparecieran los testigos, no habría memoria, memoria de la injusticia, ni por consiguiente, posibilidad de justicia. (Reyes Mate, 2012, p.110). Aunque Reyes Mate aclara que en esa demanda de justicia no bastan las acciones de memoria, ni la justicia que solo es memoria, resalta que esta categoría no se puede sacrificar aun cuando la memoria sea una una forma débil de justicia para con los muertos, [pero] es una forma de justicia fundamental, porque sin la memoria de la injusticia no hay justicia posible (Reyes Mate, 2012, p.110). Es decir, obviarla sería sacrificar una posibilidad de justicia para las víctimas. En este sentido la denuncia de una desaparición forzada, en este caso transfronteriza, desde lo penal busca que las víctimas puedan activar los mecanismos estatales que permitan dar respuesta al reclamo de justicia que hay en la denuncia. La denuncia que emerge desde

61 61 las organizaciones de víctimas, más allá de un reclamo de justicia retributiva, lo que hace es una exigencia de memoria y reconocimiento de aquellos a quienes con su desaparición se les confinó al plano de la irrepresentabilidad. Es así que esa acción colectiva facilita el llamado de las víctimas a no ser relegadas al olvido, pero reconociendo que de ese proceso de memorialización subyace un reclamo de justicia que al hacerse efectivo lograría que se devuelva, a quien denuncia, la confianza de que su caso no quedó impune, ni relegado al olvido. Esto, reafirma el postulado de Reyes Mate que establece que la memoria no solo recuerda, sino que da naturaleza a la injusticia y permite hablar de ella Muerte hermenéutica Al condenar los hechos de violencia al olvido se alcanza lo que en palabras de Reyes Mate se denomina una doble muerte: física y hermenéutica. El victimario, más allá de ejecutar el crimen físico mediante el asesinato o la desaparición forzada, lo que busca es que este hecho carezca de sentido y significado para el resto de la sociedad, situación que se logra al privar de significación estas acciones de violencia que les restan a las víctimas el sentido de su ser y su pertenencia y lugar en la sociedad de la que hacía parte. Esta invisibilización de las víctimas se logra por medio de discursos que legitiman la acción de los perpetradores. La gravedad de esta estrategia hermenéutica no proviene del hecho de imponer la interpretación del vencedor sobre la del vencido, sino de ocultar gracias a estrategias interpretativas que lo esencial es el hecho de ser víctima. (Reyes Mate, 2011, p. 217). Aquí, también, cobra gran relevancia Boltanski, pues se entiende que si los actos de desaparición forzada en la frontera se pueden conocer gracias a las denuncias públicas, desde la perspectiva de este autor el perpetrador en la línea del ocultamiento que trae implícita este delito limita e impide el acto de denunciar y, aunque esta se efectúe, se intenta deslegitimar al referir una justificación sobre ella. Esto constituye una manera de volver la denuncia como anormal y carente de pertinencia pues la demanda de justicia no tiene un referente de injusticia desde la perspectiva del responsable. De esta manera, la justicia se constituye en campo en disputa entre perpetradores que buscan reducirla, negarla y limitarla, y las víctimas que aspiran, por diferentes medios, a reivindicarla, hacerla visible y legítima ante la sociedad. Contrarrestar la intencionalidad del victimario de privar de significación la muerte o desaparición de la víctima es una tarea que puede ser facilitada por medio de la memoria, porque la sociedad puede conocer y no olvidar los hechos de violencia que han dejado tantas

62 62 víctimas que reclaman justicia sin olvido, aun cuando la memoria de la injusticia, ( ) no conlleve reparación material del daño causado. (Reyes Mate, 2012, p.292). Para Reyes Mate, decir memoria significa que todo discurso debe empezar por lo ausente, por lo olvidado del presente y es así que se puede lograr que los crímenes cometidos contra otros solo puedan sobrevivir una vez que han sido perpetrados, dentro de la conciencia humana que los recuerda y se extinguen con el olvido. (Reyes Mate, 2012, p.204) 4.7. Memoria colectiva El término memoria ha sido abordado desde diferentes categorías a las cuales se les ha dado una significación particular: memoria histórica, memoria social y memoria colectiva 17. Frente a esta última, uno de los referentes teóricos en las ciencias sociales que introdujo este término fue Maurice Halbwachs, sociólogo francés quien definió esta categoría como la memoria de los miembros de un grupo que reconstruyen el pasado a partir de sus intereses y marcos de referencia presentes (Pipper Shafir, 2014, p.54). Más allá de la categoría de memoria histórica y memoria social, esta investigación tomará como referente la categoría de memoria colectiva, porque en el marco conceptual que de esta procede se buscará comprender cuáles son las percepciones que frente a la construcción de memoria de los hechos relacionados con desapariciones transfronterizas han construido los grupos de familiares de víctimas de este delito que se han organizado para adelantar los procesos de denuncia en torno a una organización de derechos humanos que trabaja en Cúcuta para visibilizar este delito. La memoria colectiva, en complemento al concepto dado por Halbwachs, es aquella que busca enmarcar los hechos de violencia desde la perspectiva de las víctimas como una acción social que vincula dialécticamente pasado, presente y futuro con el fin principal de plasmar dichos procesos en el espacio público bajo la forma de memoriales, monumentos u otras marcas de carácter material (Pipper Shafir, 2014, p.50) para que los hechos de violencia no sean invisibles para el resto de la sociedad. 17 La definición de estas tres nociones de memoria las desarrolla Pipper Shafir en el artículo Espacios y narrativas: construcciones del pasado reciente en el Chile de la posdictadura, en el que define la memoria histórica como la memoria de un acontecimiento histórico; la memoria social, como la memoria de los hechos sociales, y la memoria colectiva, utilizando la definición de Halbwachs que en el documento se referencia.

63 63 En torno a esta categoría de memoria, países en donde se instauraron regímenes totalitarios o con conflictos armados, han desarrollado a través de organizaciones de víctimas y organizaciones no gubernamentales, la construcción y adecuación de espacios en donde esos hechos de violencia han logrado trascender a la escena pública, a través de memoriales, monumentos y lugares de la memoria que evocan los hechos que buscan ser visibilizados a través de toda una simbología que da voz a las víctimas que demandan justicia. Pero no solo los museos y los lugares físicos son los que han hecho parte de esa construcción de memoria; también, el testimonio oral y las narrativas de las víctimas y los familiares se constituyen en piezas que contribuyen a la construcción de esa memoria colectiva que busca establecerse en el contexto social en el que ocurrieron los hechos. Es por medio de las narrativas de las víctimas, en las que todos los objetos materiales articulados en torno a ella adquieren significación, porque por medio del relato de quienes afrontaron los hechos violentos y/o sus familiares, las imágenes y los objetos utilizados como elementos de construcción de memoria se naturalizan y representan la tragedia particular de un ser humano. Tal como lo señala Pipper (2014), el testimonio o relato de la experiencia propia se constituye como una de las principales estrategias de memoria para las víctimas y los familiares, en donde, Los recuerdos se articulan en torno al sufrimiento, al dolor, a la tortura, al miedo, a la amenaza sentida, a la falta dejada por el familiar muerto o desaparecido, al exilio y al retorno. Se describen las sensaciones experimentadas y los hechos siempre en relación a los afectos que producían o por los cuales eran producidos. Las experiencias son presentadas mediante un lenguaje evocativo manteniendo toda su carga afectiva con relatos que conmueven, provocan y hacen sentir el sufrimiento. (Pipper Shafir, 2014, p.58) Para las víctimas el lenguaje se constituye como esa herramienta de memoria que les permite exteriorizar su dolor y al mismo tiempo mantener presente una experiencia pasada que ellos buscan que sea actual. La narración de esa historia de violencia es asumida por las

64 64 víctimas y/o por sus familiares como una manera de exteriorizar ese punto de quiebre que el hecho violento produjo en su historia familiar y personal. Esas narraciones, además, ponen a la violencia como la ruptura de ese camino, la interrupción en la evolución que se queda, que permanece ( ) y que hace que nada haya vuelto nunca a ser como era antes de dicha experiencia, ni que se hayan vuelto a presentar las mismas posibilidades de desarrollo futuro que se tenía. (Pipper Shafir, 2014, p.59) Sin embargo, esas narrativas que desentrañan la memoria de las víctimas, también surten un efecto adverso y este tiene que ver con la sensación de miedo e inseguridad de las que terminan siendo sujeto aquellos que las evocan, en especial cuando los factores de violencia que propiciaron este tipo de situaciones siguen vigentes en la sociedad en la que ocurrieron los hechos. Frente a esto Pipper señala que para las víctimas que hacen de las narrativas una herramienta de memoria, La experiencia de vivir bajo peligro se transforma en algo normal. Las sensaciones de miedo y amenaza se transforman en un elemento constitutivo de la vida cotidiana y de la identidad, un afecto que está vivo en el presente. ( ) Después del quiebre la vida cotidiana pasa a ser una experiencia en la cual la muerte es siempre una posibilidad cercana, tangible, directamente ligada al quehacer político y plenamente normal. (Pipper Shafir, 2014, p.60) A pesar de ello, y aun cuando recordar para quienes han sido víctimas y para los familiares resulta ser un hecho que revive los sentimientos de dolor y frustración, el dar testimonio ha sido una de las herramientas que articulan la construcción de una memoria colectiva de hechos de violencia tan traumáticos como la desaparición forzada.

65 65 5. Diseño Metodológico 5.1. Tipo de Investigación El presente trabajo se fundamentó en un modelo de investigación de tipo cualitativo, en el que a partir de las narrativas de los participantes se buscó analizar e interpretar las percepciones frente a las categorías de desaparición forzada, denuncia, memoria y reparación, planteadas en esta investigación. Este criterio se estableció teniendo en cuenta que este tipo de investigación se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de los seres humanos y sus instituciones. (Hernández Sampieri, 2014, p. 9) De igual manera, se acudió al enfoque fenomenológico, el cual tiene como propósito principal explorar, describir y comprender las experiencias de las personas respecto a un fenómeno y describir los elementos en común de esas experiencias (Hernández, 2014). Existen cuatro existenciales básicos para el análisis antes mencionado: el espacio vivido (espacialidad), el cuerpo vivido (corporeidad), el tiempo vivido (temporalidad) y las relaciones humanas vividas (relacionabilidad o comunalidad) (Van Mannen, Citado de Sandoval, 2002.) Lugar de la investigación e instrumentos. La investigación se llevó a cabo en Norte de Santander, especialmente con víctimas de desaparición forzada trasfronteriza, habitantes de Cúcuta, Villa del Rosario, Puerto Santander y Agua Clara, principales puntos del corredor limítrofe entre Colombia y Venezuela en este departamento. Según la Organización Verdad y Justicia, en Cúcuta 18 la mayoría de hechos asociados a la desaparición forzada ha ocurrido en estos lugares, que por su ubicación estratégica en la zona de frontera han facilitado a los grupos armados ilegales que operan en esta región a establecer trochas o pasos ilegales por los que se desarrollan actividades ilícitas relacionadas con el contrabando de gasolina, víveres, droga, productos cárnicos y vehículos provenientes de Venezuela para ser comercializados en Cúcuta y el Área Metropolitana. 18 La Organización Verdad y Justicia ha destacado por el acompañamiento en la última década a familiares de víctimas de desaparición forzada en Norte de Santander.

66 66 Las actividades ilegales que se desarrollan en esta zona de frontera les imprimen características particulares a las dinámicas de violencia, porque allí coexisten economías legales e ilegales que si bien se han transformado según las nuevas dinámicas de la violencia, permanecen en el tiempo (Avila, 2012). Es así que este territorio adquiere características particulares en donde la desaparición forzada transfronteriza ha sido un hecho recurrente en los últimos años, lo cual genera gran interés para su comprensión y análisis a partir de los sentidos y los significados que sobre este fenómeno y la relación con la memoria histórica como medida de reparación han establecido las víctimas. Así mismo, se delimitó como instrumento la entrevista semiestructurada, teniendo en cuenta que persigue como objetivo conocer la perspectiva del sujeto estudiado, comprender sus categorías mentales, sus interpretaciones, sus percepciones, sentimientos y los motivos de sus actos. (Corbetta, 2007, p.344). Para la aplicación de este instrumento se diseñaron tres guiones que incluían las categorías principales delimitadas para la investigación: Desaparición forzada transfronteriza; acciones de documentación y denuncia; iniciativas de memoria y medidas de reparación. Antes de la aplicación, el guion fue revisado por el director de la tesis y posteriormente por el docente Vladimir Montaña Mestizo, como parte del proceso de validación del instrumento. De las sugerencias dadas en cada una de las revisiones se ajustaron las preguntas planteadas y se estructuró el guion definitivo. La aplicación de las entrevistas tuvo una duración aproximada de una hora por participante. Los criterios para la selección de la población y los lineamientos para el desarrollo del proceso metodológico se describen en las etapas de la investigación que se detallan a continuación. 5.2 Etapas de la investigación Teniendo en cuenta que la investigación cualitativa se enfoca en la comprensión de los fenómenos desde la perspectiva, los significados y las subjetividades de los participantes y en relación con el contexto (Sampieri, 2010), el presente trabajo tomó como referente esta metodología con el fin de alcanzar los objetivos propuestos para lo cual plantearon tres estadios o fases para el desarrollo:

67 67 Fase 1: Recolección de información de fuentes primarias y secundarias Fase 2: Organización y sistematización de información obtenida a partir de fuentes primarias y secundarias. Fase 3: Triangulación y análisis de la información para la generación de resultados de la investigación Fase 1: Recolección de información de fuentes primarias y secundarias. En esta primera fase de la investigación se procedió a la recopilación y posterior revisión de las fuentes documentales con el fin de conocer y seleccionar la información relacionada con el tema de la investigación, consignada en expedientes judiciales y en informes emitidos por organizaciones de carácter estatal o no gubernamental que hubieran abordado el fenómeno de la desaparición forzada transfronteriza. Este proceso estuvo determinado por la revisión de 43 expedientes de casos de desaparición forzada transfronteriza denunciados ante la Organización Verdad y Justicia, en Cúcuta. De igual manera, se adelantó la revisión documental emitida por el Centro Nacional de Memoria Histórica, Corporación Nuevo Arco Iris, CINEP, Fundación Ideas para la Paz, medios escritos de comunicación: La Opinión (Colombia) y El Nacional (Venezuela), medios digitales como Verdad Abierta e informes de audiencias públicas de Justicia y Paz Fase 2: Organización y sistematización de información obtenida a partir de fuentes primarias y secundarias. Esta fase estuvo determinada por tres momentos: el primero, la construcción de las matrices de información a partir de la revisión documental de las fuentes secundarias (informes y expedientes); el segundo, el acercamiento a las fuentes primarias en este caso denunciantes, familiares de las víctimas y directivos de la Organización Verdad y Justicia- a partir del ejercicio de contextualización de las intencionalidades del proyecto; el tercero, determinado por la aplicación de entrevistas semiestructuradas, instrumento de recolección de la información que se estableció para esta investigación. Este instrumento se aplicó a quienes voluntariamente aceptaron participar en el proceso y a directivos de la organización de derechos humanos.

68 Momento 1: Construcción de matrices a partir de la revisión documental Para este momento se sistematizó la información obtenida producto de la revisión de los 43 expedientes de casos de desaparición transfronteriza denunciados ante la Organización Verdad y Justicia, de Cúcuta. Este primer análisis se inscribe en el paradigma cualitativo y se llevó a cabo de la siguiente manera: Se diseñó la matriz en Excel con información relevante extraída de los expedientes, teniendo en cuenta la inclusión de los datos que aportaran información significativa para el análisis de cada caso. La estructura de organización quedó delimitada así: Tabla 1. Matriz de casos de desaparición forzada transfronteriza, periodo No se publica la totalidad de la matriz por contener información de casos de desaparición forzada transfronteriza no resueltos y que aún son materia de investigación judicial. Fuente: Elaboración propia. La información incluida en cada una de las columnas delimitadas en la matriz se organizó así: Denunciante/parentesco: En esta columna se incluyeron datos de la persona que hizo la denuncia del caso tanto en instancias judiciales como ante la ONG. Se incluyó el parentesco con el desaparecido con el fin de establecer la relación que tiene la persona que denuncia con la víctima directa. Actores: Responsables: Aquí se relacionó la información del presunto responsable según la versión dada por el familiar de la víctima. Estos datos se consignaron para analizar la frecuencia de casos según el perpetrador.

69 69 Víctima: Se incluyó el nombre del desaparecido. Fecha de ocurrencia: En esta columna se consignó la fecha de ocurrencia de los hechos, teniendo en cuenta la denuncia judicial presentada por el familiar de la víctima. La información se tomó a partir de la selección de casos ocurridos en el marco de la temporalidad delimitada para la investigación y se hizo con el fin de establecer el año en el que se dieron los mayores y menores registros de casos de desaparición transfronteriza. Lugar de los hechos: Se consignó el lugar en el que se vio por última vez a la víctima, haciendo énfasis en el barrio, el municipio o el corregimiento donde estaba al momento de la desaparición. Esta información tiene el objetivo de identificar los lugares de la frontera con mayor número de casos registrados y relacionar el lugar de ocurrencia y las zonas de operación de los grupos al margen de la ley señalados como perpetradores. Hechos: En esta columna se consignó un resumen de los aspectos relevantes que rodearon el hecho manifestado por el familiar al momento de denunciarlo. Memoria: Acá se consignó la información sobre la participación de los denunciantes en las iniciativas de memoria impulsadas por la ONG, lo cual se constituyó en un criterio para seleccionar la población participante en las entrevistas Reparación: En esta columna se especificó si el familiar de la víctima ha sido o no reparado administrativamente por el Estado. Esta información también se incluyó con el fin de abordar al momento de las entrevistas la percepción de cada familiar frente a los procesos de reparación y el significado que le dan a ese concepto en los casos del familiar desaparecido. Observaciones: En esta columna se incluyó información tomada de los expedientes que podría ser relevante al momento de priorizar y analizar los casos; por ejemplo, si el expediente tenía información detallada en la denuncia, si había soportes de prensa que denunciaran el caso, si el desaparecido había sido hallado muerto y en este caso si se había exhumado el cuerpo, si el caso tenía relación con otro denunciado, entre otros elementos que pudieran ser importantes al momento del análisis. La matriz con la información de los expedientes no se publica en su totalidad, porque contiene información sensible que hace parte de procesos judiciales que en su mayoría no han sido resueltos por la justicia colombiana. Estos indicadores y datos cuantitativos fueron sistematizados mediante gráficas estadísticas que fueron objeto de un posterior análisis cualitativo.

70 70 Paralelo al desarrollo de esta matriz con la información obtenida de los expedientes, se elaboró una matriz adicional con los casos de desaparición en la frontera registrados por la Revista Noche y Niebla, por medio del banco de violencia socio política del CINEP, particularmente casos ocurridos durante la temporalidad delimitada para la investigación y cuyos hechos se hubieran registrado en municipios ubicados en la zona limítrofe entre Cúcuta y Venezuela. Para hacerlo se tomaron las publicaciones durante el periodo y se revisó de manera detallada cada uno de los casos denunciados con el fin de seleccionar aquellos que tuvieran relación con el delito de desaparición forzada en el contexto fronterizo en Cúcuta y el Área Metropolitana. Al igual que con los expedientes, para filtrar la información pertinente para la investigación se diseñó la siguiente matriz en Excel: Tabla 2. Matriz de casos de desaparición forzada en Norte de Santander, documentados por el CINEP, periodo No se publica la matriz en su totalidad por contener casos que siguen siendo objeto de investigación. Fuente: Elaboración propia

71 71 Fecha: Fecha de la ocurrencia del hecho, de acuerdo con lo publicado. Este era un dato relevante teniendo en cuenta que la investigación está enmarcada dentro de una temporalidad específica. Nombre: Nombre de la víctima del hecho. En este caso los nombres no fueron cambiados. Estos se dejaron tal y como aparecen en el banco de datos. Sitio de ocurrencia: Lugar en el que se dieron los hechos. Este era un dato significativo puesto que era necesario seleccionar solo aquellos casos en los que su contexto de ocurrencia estuviera delimitado por la zona de frontera entre Cúcuta y Venezuela. Responsables: Nombre del grupo o la persona señalada por el denunciante de ser el autor del hecho. Se tomó para tener un indicador de cuáles eran los mayores victimarios señalados de ejecutar desapariciones en la frontera en el periodo delimitado. Hechos: Descripción detallada según lo consignado en el banco de datos del hecho en particular. Esta información permitiría la comprensión del caso y su ubicación dentro del fenómeno delictivo abordado en la investigación Momento 2: Acercamiento a las fuentes primarias (Familiares denunciantes de casos de desaparición forzada transfronteriza). Para efectos de la presente investigación se analizó de manera particular el asunto de las relaciones humanas vividas (relacionabilidad o comunalidad), en tanto que una de las pretensiones era indagar el fenómeno de la desaparición forzada transfronteriza no solo a partir de la información obtenida de la revisión documental, sino también desde las experiencias vividas y sentidas de los familiares de las víctimas de este delito y su participación -en algunos casos- de las actividades de movilización y denuncia organizadas por la Organización Verdad y Justicia, de Cúcuta, tomada como referente. Se buscó la comprensión de los elementos en común de lo que han significado estos hechos para los familiares de las víctimas. De esta manera, este tipo de diseño fue útil dado que permitió evidenciar y comprender la conexión, diferencias y esencia, percepciones, sentimientos y experiencias sentidas y vividas de los familiares de las víctimas de desaparición en relación con denuncia, acciones de documentación y memoria. Es así que como parte del segundo momento de esta fase se estableció contacto con los familiares de las víctimas de desaparición forzada para conocer sus puntos de vista,

72 72 significaciones e interpretaciones acerca de sus denuncias, demandas, reivindicaciones, el delito mismo de la desaparición forzada y la construcción de memoria histórica alrededor de este fenómeno. Para ejecutar este proceso se organizó una reunión en la sede de la Organización Verdad y Justicia, a la que se invitó a denunciantes de casos de desaparición transfronteriza que han llevado sus casos ante la organización. Esta actividad se estructuró así: Actividad de apertura a cargo de un psicólogo experto en talleres de sensibilización con población vulnerable, con el fin de establecer lazos de confianza entre las investigadoras y la población participante. Socialización de la propuesta de investigación, a cargo de las investigadoras. Se contextualizó a los participantes acerca de los objetivos del trabajo y la importancia de la participación voluntaria. Invitación a participar en el proceso de entrevista. En esta fase se tomó asistencia con información de residencia de cada uno de los que aceptó participar, porque el proceso se llevaría a cabo en cada domicilio Momento 3: Aplicación de entrevistas. En este momento, además de conocer las experiencias, se buscó la identificación de elementos que debían incorporarse a los procesos de movilización, denuncia y construcción de memoria desde las organizaciones sociales que han hecho seguimiento a los casos de desaparición forzada. La técnica empleada para alcanzar este objetivo fue la entrevista semiestructurada, que es un instrumento para indagar y comprender el problema tal como es conceptualizado e interpretado por los sujetos. Este tipo de entrevistas son flexibles y tienen un carácter amistoso y abierto. Fueron practicadas a seis participantes que de manera voluntaria quisieron hacer parte de la investigación Selección de la población o muestra. Para Sampieri, la muestra en el marco del proceso cualitativo lo constituye un grupo sobre el que se recolectan los datos sin que necesariamente sea estadísticamente representativo del universo o población que estudia. (Sampieri, 2014 p. 384). A partir de

73 73 este precepto la población muestra para esta investigación, a quien se invitó a participar, se definió así: 1. Alta participación en espacios organizativos y de movilización social dirigidos (aunque no necesariamente) por la Organización Verdad y Justicia. 2. Mayores de 18 años. 3. Se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos relacionados con el trabajo que ha adelantado la Organización Verdad y Justicia en términos de documentación, asesoría y sistematización de estos casos: Casos con suficiente documentación que facilitara el análisis Casos que tuvieran procesos judiciales avanzados Casos que hayan sido sujetos de reparación estatal Casos que hayan sido vinculados a alguna iniciativa de memoria. La selección de esta muestra bajo estos criterios permitió que el ejercicio de análisis se desarrollara en torno a las categorías delimitadas para la investigación. Adicional a lo anterior, se efectuaron entrevistas a: Asesora jurídica de la Organización Verdad y Justicia quien por su trabajo de acompañamiento jurídico y psicosocial a víctimas cuenta con amplio conocimiento de los elementos que configuran la desaparición forzada transfronteriza. Se estableció contacto con el director de la Fundación Redes de Venezuela, organización de carácter no gubernamental que lleva a cabo acompañamiento y seguimiento a casos de venezolanos desaparecidos en la frontera con Colombia. Encuentros personales con funcionarios de la Defensoría del Pueblo, seccional Norte de Santander, y de la Unidad de Desaparición Forzada de la Fiscalía, seccional Cúcuta, y el director de la Unidad de Víctimas de Norte de Santander. 5.3 Fase 3: Triangulación y análisis de la información Información cuantitativa: A partir de los datos cuantitativos que surgieron del diseño y diligenciamiento de la matriz se hizo un análisis en torno a: Número de casos identificados, perfil de las víctimas, actores, temporalidad de los hechos.

74 74 Información cualitativa: Si bien no existe un diseño lineal para el análisis y la sistematización de la información, sí se toma como referencia la propuesta de Sampieri (2014): El primer paso después de aplicar las técnicas mencionadas consistió en la transcripción literal de la información. 1) Revisión de la información transcrita para definir si había información incompleta o incompresible, que permitiera determinar si era necesario recolectar mayor información primaria o no. En este aspecto, se buscó establecer el punto de saturación. 2) Organización y clasificación con precisión de los datos. Categorización de la información suministrada en las entrevistas mediante el software Atlas ti, herramienta propia de la investigación cualitativa que facilita el análisis de grandes cuerpos de datos textuales a partir de la organización, reagrupación y codificación de la información. 3) Triangulación de la información obtenida y sistematizada la cual partió de confrontar las fuentes de información descritas entre sí mismas y a la luz del marco teórico planteado. Es decir, se relacionó la información suministrada por las víctimas, por los miembros de la Organización Verdad y Justicia, funcionarios a la luz de los referentes teóricos y el análisis particular de las investigadoras, producto de la observación participante en el desarrollo de la investigación. 4) Elaboración de informe final, resultados y conclusiones Consideraciones éticas En primer lugar, se tuvo en cuenta que durante el proceso de investigación se trabajó con víctimas del conflicto armado. Por este motivo se intentó aplicar el enfoque de acción sin daño, el cual busca evitar a toda costa acciones que impliquen un daño emocional durante los espacios de encuentro e interacción. Se dio prelación a las emociones, sentimientos y recuerdos. De esta manera, previo a la fase de recolección de información mediante entrevistas, se hizo un amplio ejercicio de socialización del proyecto, objetivos, alcances y limitaciones. Así mismo, se cumplió un trabajo metodológico con acompañamiento de un profesional experto en elaboración del duelo, en el que por medio del arte y la música se logró ambientar un espacio de cordialidad y respeto por la historia de cada uno de los familiares. La premisa en el desarrollo del ejercicio investigativo fue ubicar la conducta ética, en lugar privilegiado en la investigación, sobreponiendo el respeto por los derechos humanos

75 75 sobre intereses particulares de carácter investigativo. De esta manera, se tuvieron en cuenta las siguientes acciones: No hubo ningún tipo de presión para que las personas aceptaran su participación en la aplicación de las entrevistas. Se solicitó previamente el consentimiento informado a los participantes, antes de las jornadas de recolección de información, así como una explicación detallada de los objetivos y los alcances de la investigación. Se hizo ejercicio pedagógico y con acompañamiento de un profesional experto con los participantes, en el que expresaron sentimientos y emociones sobre sus experiencias, pero también respecto al proyecto de investigación. Se implementaron estrategias de comunicación con los sujetos de investigación a partir del respeto por la participación y las formas de expresión. En la interacción investigador/investigado cobró relevancia el lenguaje verbal y corporal, los sentimientos, las emociones, los silencios, pues cada expresión permitió crear un ambiente de confianza y tranquilidad. Durante las entrevistas se tuvo el acompañamiento de una profesional en psicología, experta en casos de desaparición forzada, exigencia directa de la Organización Verdad y Justicia y en acuerdo con los participantes. Se estableció el compromiso de compartir con los participantes los resultados de la investigación.

76 76 6. Resultados 6.1. La desaparición forzada transfronteriza: contexto, víctimas y victimarios Particularidades del contexto. Uno de los lugares en Norte de Santander en donde la condición de frontera ha facilitado la agudización del conflicto ha sido El Catatumbo, al noreste del departamento y conformado por 11 municipios: Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorana y Tibú. Esta región ha sido, por décadas, epicentro del conflicto en Norte de Santander, producto de las disputas entre organizaciones al margen de la ley que han querido ejercer el control sobre el área ubicada geoestratégicamente en la frontera con Venezuela y fuente de recursos naturales tan importantes como el petróleo. La historia de violencia en esta región se resume en dos hitos fundamentales: El primero, relacionado con la consolidación de la guerrilla en este territorio mediante frentes del Ejército de Liberación Nacional, -en adelante, ELN- asentados en la década de los 70, alrededor de puntos estratégicos de explotación petrolera; el Frente 33 de las FARC-EP, que a partir de 1982 establece en ese territorio zonas para el cultivo de coca y laboratorios para el procesamiento, y el Ejército Popular de Liberación, en adelante, EPL con el frente Libardo Mora, que se configura en este escenario, en 1996, con el objetivo de ejercer control sobre rutas de movilidad para el narcotráfico. El segundo momento, determinado por la incursión paramilitar, en 1999, liderada por Salvatore Mancuso y cuyo objetivo central era desterrar de la zona a los grupos insurgentes con el fin de ejercer control sobre el lucrativo negocio del narcotráfico y consolidar la ruta que uniera al Urabá con El Catatumbo, como puerta de entrada a territorio venezolano. La naturaleza de la expansión de las autodefensas en Norte de Santander se encontraba inscrita en el propósito más amplio de crear un corredor que dividía el norte del centro del país, uniendo El Urabá con El Catatumbo para iniciar las incursiones y la penetración de las retaguardias de la guerrilla en el sur y oriente, y en algunas zonas del norte del país. (ACNUR, 2007) El elemento fronterizo se constituyó, además, como uno de los atractivos para el asentamiento de estructuras paramilitares que veían en este territorio un lugar estratégico para

77 77 el desarrollo de las actividades ilegales, principalmente relacionadas con el tráfico de cocaína hacia Europa y Estados Unidos, a través de la frontera con Venezuela. La incursión paramilitar empleó como estrategia para tomar el control de esta zona aterrorizar a la población civil, por medio de incursiones violentas a los municipios, asesinatos y desaparición de personas (Verdad Abierta, 2013). Por más de una década, el Bloque Catatumbo y el Frente Fronteras efectuaron alrededor de 18 incursiones en diferentes municipios del departamento. Las más cruentas fueron las ocurridas en Tibú y el corregimiento La Gabarra, en Las estructuras paramilitares no solo encontraron en El Catatumbo un lugar ideal para el desarrollo de las actividades delictivas, también, la ubicación fronteriza de Cúcuta y municipios del Área Metropolitana despertaron el interés de la organización al margen de la ley, situación que los motivó a organizar el segundo frente, denominado Bloque Fronteras, comandado por Jorge Iván Laverde, alias El Iguano. El dominio de este frente paramilitar se dio en la frontera entre Cúcuta y el estado Táchira (Venezuela), territorio que por las condiciones particulares que le da la ubicación geográfica y a las dinámicas propias de la economía permitió que el secuestro, la extorsión, el contrabando y la desaparición forzada hayan hecho parte de las estrategias propias de su accionar en esta región Las regiones fronterizas en contexto. Las zonas fronterizas en esta región del país se caracterizan porque las actividades económicas han estado ligadas tradicionalmente a la cultura del contrabando de bienes y/o productos traídos de un país para ser comercializados en el otro, aprovechando la tasa de cambio de las monedas de cada territorio, que ofrecía una ventaja competitiva y obviaba el pago de impuestos por el ingreso de este tipo de artículos al país. Ha sido tal la tradición frente a estas actividades, que la práctica logró ser legitimada por los habitantes de la región como estrategia que consideran válida para la obtención del sustento. En este sentido, la economía de esta zona posee un componente que la hace particular y tiene que ver con la diversificación, que hace que esté compuesta de mercados legales e ilegales, [y] tiene una lógica invasiva que hace metástasis en los planos legales, económicos y políticos, desarrolla prácticas violentas y delictuales, y es encarada por actores (traficantes)

78 78 transfronterizos que se mimetizan y cooptan las sociedades locales.(carrión M., 2011, p. 101). Estas dinámicas propias de las economías fronterizas se constituyeron en el caldo de cultivo para el desarrollo de actividades delictivas por parte de los grupos paramilitares que buscaban mantener el control de la comercialización del contrabando de combustible, víveres, plásticos, vehículos, entre otras mercancías, y el uso de esta zona como paso para el tráfico de cocaína. En torno al contrabando, en esta zona transfronteriza se establecieron organizaciones ilegales señaladas de ser las principales responsables de perpetrar los casos de desaparición forzada registrados en esta zona del país, estrategia utilizada por los grupos para eliminar a quien se constituyera en obstáculo para el desarrollo de sus actividades, pero sin dejar evidencia ni registro del delito cometido. Los actores ilegales responsables de estas prácticas se enmarcan dentro de la categoría que establece Carrión (2011) como la figura social del delincuente que: Traslada hacia el otro lado de la frontera sujetos y objetos ilegales (personas, armas, órganos, droga) [y es quien] impone las normas del comercio fronterizo sobre el contrabandista, el cual tiene que subordinarse o perecer en manos de los grupos armados que se asocian para la protección de la economía ilegal de la frontera. (Carrión M., 2011, p. 103). Es así como un espacio fronterizo, como el que hay entre Cúcuta y Venezuela, se convirtió en escenario idóneo para la operación de grupos al margen de la ley, principalmente porque este tipo de territorios poseía elementos que facilitaban su operación, tales como las carencias económicas y penurias sociales [de la población que allí habita], así como una marcada debilidad institucional que obedece a la corrupción y disminución de la confianza en las instituciones del Estado. (Morffe Peraza, 2016, p. 60) Desmovilización y denominación de nuevas estructuras. De 1999 a 2003, se constituyó como el periodo en el que las estructuras paramilitares ejercieron fuerte control sobre las actividades de economía ilegal en esta zona de frontera. En 2004, Norte de Santander hizo parte de uno de los primeros departamentos en participar en el

79 79 proceso de desmovilización paramilitar, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El 10 de diciembre de 2004, 1425 hombres pertenecientes al Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entregaron sus armas en la finca Brisas de Sardinata del corregimiento Campo Dos, en Tibú, Norte de Santander (Verdad Abierta, 2014). Al poco tiempo de este proceso empezó a gestarse en el departamento la reorganización de estructuras delincuenciales conformadas en gran parte por desmovilizados pertenecientes a los antiguos bloques de autodefensas, así como por miembros de grupos al servicio del narcotráfico. Tal y como lo señala en CNMH (2016), el surgimiento y la inserción de grupos posdesmovilización en Cúcuta y el Área Metropolitana se dio de manera temprana debido al interés de las organizaciones de controlar las ganancias obtenidas de las actividades ilegales como el narcotráfico y el contrabando. Según González, (2016), el rearme de estos grupos desencadenó en el país el amplio debate sobre la manera de caracterizarlos y denominarlos. El Gobierno sostenía que eran organizaciones al servicio del narcotráfico; los informes de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación los señalaron como grupos paramilitares de tercera generación, y las organizaciones de víctimas y de derechos humanos los identificaban como grupos que representaban el fracaso del Gobierno en el desmonte de las estructuras sociales, políticas y económicas del paramilitarismo en muchas regiones del país. Desde el ámbito académico, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) y la Comisión Colombiana de Juristas e investigadores como Mauricio Romero y Angélica Arias, consideran que la noción de neoparamilitarismo es la mejor manera de caracterizar a este tipo de grupos que surgen en el proceso posdesmovilización, desarme y reintegración (DDR) paramilitar. Todos coinciden en "la continuidad, mutación, transformación, hibridación o pervivencia del fenómeno paramilitar". (Verdad Abierta, 2015). De esta manera, el CERAC establece algunas categorías de análisis divididas en cuatro dimensiones: 1) origen, relacionada con la postura de estos grupos sobre el proceso de DDR (Desarme, Desmovilización y Reintegración). En este aspecto, cobran relevancia la

80 80 naturaleza y surgimiento de los grupos, que puede ser: i) Disidentes, que se refiere a grupos que eran de la AUC y no quisieron ingresar al proceso de DDR, pero decidieron retomar las armas. ii) Rearmados, que corresponde a personas que se desmovilizaron, pero después se vincularon a otras estructuras existentes o conformaron otras. iii) Emergentes, que corresponde a grupos dedicados de manera especial a la delincuencia organizada o al control del narcotráfico. Estos grupos existían antes del proceso de DDR y eran imperceptibles; sin embargo, aprovecharon el "vacío de poder territorial dejados por las AUC. (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 2007). 2) El tipo de organización, referida a la estructura de comando y control. En general, esta categoría de análisis parte de comprender que entre menos control exista sobre la organización, sus acciones son más complejas y por el lado opuesto, en una organización más controlada, las acciones "tenderán a seguir una lógica más simple respecto a objetivos concretos".(granada, Restrepo, & Tobón García, 2009, pág. 476). Estas relaciones y formas de organización interna de los grupos se clasifican, según Bar Yam citado por Granada y otros, en: i) Estructuras jerárquicas, caracterizadas por tener un mando unificado, un líder visible, uniformidad entre sus miembros y una relación vertical entre ellos. ii) Estructuras híbridas, hay una cadena de mando, pero no es lineal. Este tipo de organizaciones están compuestas por grupos que, a su vez, responden a un mando central y que tienen una "relativa" autonomía. Es decir, hay varias "cabezas visibles" que se propagan por el territorio. iii) Organización con estructura en red, en esta clasificación no existe ningún tipo de jerarquía y pese a que la organización está conformada por varios grupos, cada uno actúa independiente y ejerce acciones diversas. Se relacionan en la medida en que utilizan el mismo nombre para identificarse, por lo tanto no hay uniformidad en las acciones ni hay un mando establecido. Según las categorías anteriores, el CERAC establece que Los Rastrojos corresponde a un tipo neoparamilitar con estructura híbrida, mientras que las Águilas Negras tienen una estructura en red que se reproduce en el territorio. 3) Objetivos de influencia: Según el estudio del CERAC, hay cuatro elementos bajo los cuales los grupos neoparamilitares intentan establecer influencia: i) Criminalidad organizada, busca generar control sobre la base y estructura económica de la ilegalidad mediante la violencia y con "estructuras organizadas en formas de empresas de protección

81 81 privada ilegal". (Granada, Restrepo, & Tobón García, 2009, pág. 480). ii) Control de la población. iii) Captura del Estado. iv) Contrainsurgencia. Según el análisis anterior, la mayoría de grupos opera en relación con el crimen organizado y como se podrá evidenciar en el desarrollo del presente capítulo, el control de las rutas del contrabando de gasolina y otros bienes, y el tráfico de drogas, constituyen la disputa entre los grupos neoparamilitares. Los Rastrojos, Las Águilas Negras y Los Urabeños, en el contexto fronterizo, conforman organizaciones criminales que disputan rentas ilegales y que se consideran, según la clasificación anterior, como neoparamilitares Génesis neoparamilitar en Norte de Santander posterior a la desmovilización. Dos meses después del proceso de desmovilización paramilitar 19, en el 2004, surgen en el territorio nortesantandereano estructuras criminales como las Águilas Negras que, según la clasificación anterior, correspondería a un grupo neoparamilitar, opera bajo una estructura en red que se propaga por el territorio y está conformado en gran parte por miembros desmovilizados del Bloque Catatumbo y el Bloque Vencedores de Arauca. Esta organización se estableció, principalmente, en Puerto Santander, a 55 kilómetros de la capital de Norte de Santander y hace parte de la zona rural del Área Metropolitana de Cúcuta. Al poco tiempo logró extender el campo de operación hacia Ocaña, Villa del Rosario, Los Patios, Tibú y Cúcuta. La fuerza con la que inició actividades esta estructura criminal empezó a debilitarse hacia finales de 2006 y comienzos de 2007 con la muerte de varios comandantes, principalmente por disputas internas, como es el caso de los alias Camilo y Omega, hechos que se constituyeron en el preámbulo de la derrota de las Águilas Negras en Cúcuta y su Área Metropolitana (Ávila, 2012, p. 286). 19 El proceso de desmovilización paramilitar estuvo marcado por una serie de irregularidades. Tal y como lo señala el CNHM en su informe Desmovilización y reintegración paramilitar, en dicho proceso no hubo claridad sobre las estructuras que realmente existían y se produjeron creaciones, recomposiciones, confrontaciones armadas entre las estructuras, negociaciones de poder e incluso las llamadas venta de franquicias que se atribuye a narcotraficantes que ingresaron en calidad de jefes y voceros en el curso de la negociación con el gobierno. El informe señala además, que sólo de los desmovilizados pertenecían a la estructura armada de las AUC, además que alrededor de armas no fueron entregadas.

82 82 Para 2008 y 2009, ingresó a Norte de Santander el grupo Los Rastrojos, organización neoparamilitar que, según el CERAC, responde a una estructura híbrida creada en el norte del Valle de Cauca, en 2002, por Wilber Varela, alias Jabón. En Norte de Santander tuvieron como fin apoderarse del territorio dominado por las debilitadas Águilas Negras. Sin embargo, este no fue el único actor armado que quiso apropiarse de las ventajas que ofrecía esta zona de frontera. Otra organización criminal, Los Urabeños, incursionó en este territorio con el fin de apoderarse del control de actividades ilícitas predominantes en la zona, que generan alta rentabilidad, como el tráfico de droga, el contrabando de bienes y gasolina, y las extorsiones a grandes y pequeños comerciantes de la región. La incursión de Los Urabeños en Cúcuta se dio en 2011 y el objetivo era debilitar a Los Rastrojos para apoderarse de sus territorios. Producto de esta acción se acentuó la violencia que seguía impactando con víctimas entre integrantes de los grupos, sus entornos familiares y poblacionales. Se produjeron masacres, homicidios, desplazamientos forzados y fueron debilitados y desplazados en buen grado Los Rastrojos. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015, P. 347). En 2010 y 2011, marcaron una notable tendencia hacia el aumento de la violencia, en especial por la guerra entre los grupos armados ilegales por el control de un territorio que ofrece grandes ventajas para el desarrollo de las actividades ilegales. Las disputas entre estos dos grupos neoparamilitares fueron documentadas por el CINEP en el Banco de Datos de violencia política. Destaca, el 21 de septiembre de 2011, que paramilitares autodenominados Los Rastrojos y Los Urabeños están enfrascados en una guerra por el control del departamento, que generaron un enfrentamiento a plena luz del día, en el Centro Comercial Alejandría, cuna de los grupos paramilitares donde se planificaban actividades ilícitas, dejando como resultado tres civiles heridos. (CINEP, 2011, p. 126)

83 83 Mapa ubicación de grupos armados ilegales en Norte de Santander. Noviembre de En Panorama pos acuerdos con AUC (p. 127), Centro Nacional de Memoria Histórica (2015). Reimpresión autorizada. El impacto de estos enfrentamientos entre neoparamilitares se refleja en las tasas de homicidios registradas durante esta temporalidad. Según datos de Medicina Legal, durante 2010 ocurrieron 564 homicidios para una tasa por cada habitantes de 43,46; en 2011, hubo 560, que corresponden a una tasa de 42,77. Fue notorio el incremento del número de casos de desaparición forzada en entidades estatales, como la Fiscalía General de la

84 84 Nación (104 casos) 20, y los denunciados y documentados ante organizaciones no gubernamentales como la Organización Verdad y Justicia, que registró en 2010, 12 casos de desaparición forzada y para el 2011, 5 casos. Casos : Desaparición Forzada Transfronteriza Figura 4: Casos de desaparición forzada transfronteriza documentados por la Organización Verdad y Justicia, de Cúcuta, durante el periodo Fuente: Elaboración propia Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Esta práctica de desaparición forzada empezó a ser utilizada por los grupos paramilitares como estrategia de ocultamiento de las víctimas con el fin principal de minimizar los índices de violencia en los territorios donde operaban. La Sentencia del 20 de noviembre de 2014, de la Sala de Justicia y Paz, señalada en el informe Hasta Encontrarlos, del Centro Nacional de Memoria Histórica, afirma que: La intención de desaparecer los cuerpos obedecía a la directriz de la organización paramilitar, bajo las prácticas de ocultar los cuerpos de la víctima con la intención de no dejar evidencia de la ocurrencia de la conducta delictiva desarrollada después de cometido el homicidio, lo que permitió impedir que se visibilizara el delito y que los índices de criminalidad no develaran los planes criminales de la organización paramilitar, situación que fue cohonestada de parte de algunas unidades de la Fuerza Pública en las zonas de mayor impacto. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015, p. 187). 20 Fuente Delitos SPOA 2011 Fiscalía General de la Nación

85 85 Pero no solo fue esta la estrategia utilizada por los grupos para desaparecer las evidencias de los homicidios que cometían. Uno de los primeros métodos usados por el Frente Fronteras, durante el periodo , para eliminar el rastro de los crímenes perpetrados lo constituyó el uso del horno crematorio en el corregimiento Juan Frío (Villa del Rosario), en donde fueron incinerados más de 560 cadáveres ( ) de los cuales Jorge Iván Laverde Zapata, más conocido en la región como El Iguano, confesó en versión libre ante la Fiscalía [su responsabilidad en la incineración] de 98 cadáveres en este corregimiento de Villa del Rosario. (Osuna, 2015, P. 37). Los grupos armados ilegales emergentes del proceso de desmovilización paramilitar también hicieron uso de esta práctica, en particular, Los Rastrojos. Un ejemplo se refleja en tres casos documentados por el CINEP en el Banco de datos de violencia política del 2010 que reseñan los hechos de tres desaparecidos en Cúcuta: Wendy Geraldine N., Diego Fernando Montañez y Mayra Almeida Morantes, quienes posterior a la denuncia por desaparición fueron hallados en una fosa común en el Cerro de la Cruz (Cúcuta). Este lugar, posteriormente, se conoció como el cementerio de Los Rastrojos, sitio utilizado por este grupo para ocultar los cadáveres de las víctimas. A finales de 2010, fueron hallados e identificados los restos de ocho personas. Así mismo, estas estructuras criminales denominadas también neoparamilitares, en el afán por minimizar el impacto de sus crímenes, empezaron a utilizar como estrategia la desaparición forzada en la frontera colombo venezolana. La Organización Verdad y Justicia ha denominado esta acción como Desaparición forzada transfronteriza. Las personas son asesinadas en Colombia, pero los cadáveres son arrojados a territorio venezolano con el fin de desaparecerlos y dificultar el proceso judicial, gracias a la complicidad de estas bandas criminales con miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía regional del Estado Táchira, quienes ocultaban los hechos y entorpecían la búsqueda (Ávila, 2012, p. 313). Esta modalidad de desaparición forzada transfronteriza empieza a evidenciarse en denuncias presentadas ante la ONG de Cúcuta a partir del 2002 y se intensifica, como lo muestra la figura 2, en los periodos , evidencia que se sustenta en la información

86 86 registrada en la matriz anexa correspondiente a los 43 casos documentados por la ONG de Cúcuta y reseñados dentro de esta investigación Dinámicas propias de los grupos neoparamilitares. Estos grupos armados ilegales que surgen posteriores al proceso de desmovilización paramilitar configuran su accionar en torno al desarrollo de actividades delictivas como mecanismos de financiación y, a diferencia de las otras Auc, no incorporan entre sus acciones un discurso político o contrainsurgente; por el contrario, su génesis parte principalmente de estructuras asociadas al narcotráfico. Es así como, siguiendo esta lógica, Los Urabeños y Los Rastrojos comienzan una guerra a muerte por el control de territorios ubicados geoestratégicamente para el desarrollo de las actividades ilícitas. Norte de Santander se configuró de esta manera como uno de los objetivos para estos dos grupos, puesto que los 421 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela constituían un importante punto para el desarrollo de actividades propias del narcotráfico y el contrabando de diferentes tipos de bienes. En el 2013, como producto de esta cruenta disputa por el control del territorio nortesantandereano, Los Rastrojos quedan debilitados y son obligados a replegar el campo de operación solo a la zona rural de Puerto Santander. A pesar de ello, se han venido fortaleciendo con integrantes venezolanos y en territorio venezolano en la zona de El Guayabo, La Fría, La Grita y Vigilancia. (Fundación Ideas para la paz, 2017, p. 84). Los Urabeños, también denominados Clan Úsuga y recientemente, Clan del Golfo 21, acentuaron el campo de operación en Cúcuta y el Área Metropolitana, en especial en Los Patios, El Zulia y Villa del Rosario. Este último sector ofrecía a la organización criminal ventajas para las dinámicas de financiamiento, especialmente porque en este municipio se han creado pasos ilegales para el contrabando de combustibles y mercancías que se distribuyen en el territorio colombiano. 21 Hacia el 2010, fecha en la que la prensa empieza hacer mención de las acciones de esta banda criminal, las autoridades las denominan Los Urabeños, debido al principal lugar de acción: la región de Urabá. En el 2014, resultado de la presión de los habitantes de esa zona, el Gobierno decidió cambiar la denominación y empieza a referirse a la organización como Clan Úsuga, debido al apellido de varios de los líderes. Sin embargo, producto de una tutela interpuesta por una ciudadana que manifestó cómo la nueva denominación estigmatizaba a los colombianos con ese apellido, el Gobierno, en el 2016, decide asignar un nuevo nombre al grupo armado ilegal, denominándolo a partir de esa fecha como El Clan del Golfo, nombre que conserva.

87 87 Según el diario La Opinión, en la edición del 23 de febrero de 2018, hay identificadas 52 trochas o pasos ilegales en Cúcuta, Villa del Rosario y Puerto Santander, los cuales se encontraban a solo 45 minutos del casco urbano de Cúcuta y por los mismos, en las dos últimas semanas, fueron incautados 24 carros que pretendían ser ingresados de contrabando a Cúcuta (Diario La Opinión, 2018). Infografía que señala pasos ilegales o trochas identificadas en Norte de Santander, en donde se desarrollan actividades relacionadas con contrabando por parte de los grupos armados ilegales que operan en el departamento. Recuperado de: El control del contrabando de gasolina es uno de los negocios lucrativos para estas organizaciones criminales, en especial, porque el precio irrisorio del combustible en

88 88 Venezuela genera altas ganancias al ser introducido y vendido en Colombia y, además, porque parte es enviado a El Catatumbo para ser utilizado en el procesamiento de coca. El control de los pasos ilegales es una actividad que deja dividendos a las bandas criminales en todas las proporciones. No solo las ganancias se obtienen del contrabando a gran escala, también imponen tarifas e impuestos a los vendedores informales de combustible, denominados pimpineros, que debían pagar pesos semanales por el derecho a revender esta gasolina. (Ávila, 2012, p. 332). La negativa a pagar este tipo de impuestos o vacunas por parte de quienes se desempeñaban como vendedores informales de gasolina dejó una estela de asesinatos denunciada por el CINEP y por medios de comunicación regionales y nacionales. En declaraciones a la Corporación Colombia Informa, José Abel Correa, presidente de Sintragasolina, uno de los más fuertes sindicatos conformados por vendedores informales de gasolina, afirmó que: las Bacrim los asesinan por diversos móviles; uno de ellos, el más común, es el no pago de la vacuna impuesto ilegal- para permitir la compra o venta de gasolina en los sectores bajo su control. ( ) Más de 12 pimpineros han sido asesinados [y] varios se han tenido que desplazar por las amenazas y extorsiones por parte de las bacrim. (Corporación Colombia Informa, 2013). Así mismo, y como lo denunció la Organización Verdad y Justicia, este dirigente fue víctima de los grupos, en enero de Fue retenido violentamente por algunas horas en el puente Francisco de Paula Santander ubicado en el Sector El Escobal (Cúcuta) y llevado a la fuerza a territorio venezolano, por hombres armados que se identificaron como Urabeños.(Corporación Colombia Informa, 2013). No solo el contrabando de gasolina a pequeña y gran escala es la actividad que mueve las finanzas de estos grupos armados ilegales. El control del contrabando de carne, armas, vehículos, arroz y mercancías varias, traídas de Venezuela hacia Colombia por los pasos ilegales, hace parte de las fuentes de financiamiento. Por esta razón, quien tuviera interés en ingresar como contrabando este tipo de elementos a territorio colombiano debía pagar un impuesto al grupo criminal que tuviera el control de la trocha o paso ilegal por donde se iban a ingresar las mercancías.

89 89 Bajo estas medidas, las personas que se dedicaban al contrabando de esta clase de artículos se veían abocadas a pagar este impuesto por el ingreso de la mercancía a Colombia. En ocasiones, ese pago no solo era exigido por el grupo que controlaba el paso ilegal, sino que también el grupo contrario exigía al mismo tiempo que se le pagara. Estos cobros por diversas bandas criminales a una sola persona desencadenaban reacciones de rechazo por parte de la víctima que, en ocasiones, se negaba a cumplir con las exigencias de los grupos armados ilegales. A partir de estos hechos empiezan a ocurrir homicidios y desapariciones forzadas de personas dedicadas a esta labor, especialmente en el Área Metropolitana de Cúcuta. El mayor número de pasos ilegales está en Villa del Rosario, La Parada, Juan Frío y los cruces fronterizos legales entre Colombia y Venezuela, por San Antonio del Táchira y Ureña Zonas con registro de desapariciones forzadas transfronterizas Figura 5: Número de casos de desaparición forzada transfronteriza según lugar de ocurrencia, documentados por la Organización Verdad y Justicia durante la temporalidad Como producto del no pago de estos impuestos las bandas criminales perfilan un nuevo tipo de víctima para los delitos. Este hecho se refleja en los perfiles de los casos denunciados por el CINEP y la Organización Verdad y Justicia (ver cuadros anexos: Matriz de casos Organización Verdad y Justicia y CINEP) en los que las víctimas de desaparición

90 90 forzada transfronteriza se desempeñaban en ventas informales de productos traídos de Venezuela y/o a la labor de traspaso de mercancías por los pasos fronterizos. Uno de los casos documentados por la Organización Verdad y Justicia que refleja abiertamente este fenómeno es el de *Carlos Martínez 22, desaparecido por autores desconocidos, en el 2008, y quien se desempeñaba como pasante de mercancía de Venezuela hacia Cúcuta. En comunicación con su madre, el 5 de diciembre de ese año, le informó que había tenido problemas con quienes le cobraban la vacuna por pasar la mercancía, puesto que les había dicho que no les iba a pagar más. Desde esa fecha el joven desapareció y aún no se conoce información de su paradero. Otro caso denunciado ante la ONG Verdad y Justicia y reseñado en esta investigación que evidencia el perfil de las víctimas de desaparición transfronteriza, es el de *Nicolás Jiménez, desaparecido en el 2014, por autores desconocidos. Se dedicaba al contrabando de cerveza venezolana que traía en motocicleta desde Ureña (Venezuela) para ser vendida en Cúcuta. El familiar que denunció la desaparición presume que las razones de este hecho tienen que ver con la omisión que el joven hizo ante una amenaza recibida por un grupo delincuencial que controlaba el contrabando en la zona, al advertirle que la cerveza no se la podía comprar a la guardia venezolana, sino que tenía que comprársela a ellos. Aunque en estos dos casos aún no hay elementos que permitan dar con el paradero de la víctima, otros, documentados por el CINEP, dan cuenta de la modalidad de traspaso de frontera utilizado por las bandas criminales para ocultar los delitos cometidos. Tal es el caso *Carlos Pérez, *Rafael Medina, *Josué Guerra y *Camilo Ramírez, dedicados al contrabando de productos venezolanos, desaparecidos y ejecutados por miembros de bandas criminales que arrojaron los cuerpos con signos de tortura a la finca Urapa, en territorio venezolano, a 50 metros del río Táchira. La lucha por el control del territorio fronterizo se refleja no solo en el número de homicidios en 2010 y 2011, años cruciales en la disputa entre Los Rastrojos y Los Urabeños. Esta temporalidad marca el aumento de casos de desapariciones forzadas cuya autoría está ligada a esas bandas criminales, especialmente ocurridas en las áreas de influencia en Norte 22 * Nombres cambiados respetando el principio de confidencialidad

91 91 de Santander. Esto se evidencia en el registro de los casos de desaparición transfronteriza documentados por la Organización Verdad y Justicia y señalados en esta investigación en la que se corrobora que Villa del Rosario, Puerto Santander y los pasos fronterizos hacia Ureña y San Antonio del Táchira representan el número más alto de ocurrencia de desapariciones. Este amplio contexto permite comprender la importancia que tienen las zonas fronterizas para los grupos armados y la manera en que estos pueden reconfigurarse rápidamente logrando imponer sus intereses e involucrar a ciudadanos que, finalmente, pasarán a ser víctimas de desaparición forzada. Es posible evidenciar las profundas amenazas que ofrece este escenario a quienes intentan denunciar este tipo de hechos, pues se verán enfrentados a actores de gran poder que controlan de manera violenta el territorio y los negocios. Esta situación justifica que los familiares de las víctimas deban buscar respaldo de organizaciones y colectivos que contribuyan a visibilizar sus causas y demandas de justicia, mediante mecanismos o acciones, principalmente, colectivas Reconfiguración del delito de desaparición forzada y similitud con el caso mexicano. El análisis de la información recopilada a partir de los 43 casos documentados por la Organización Verdad y Justicia de desapariciones forzadas transfronterizas, así como de los casos consignados por el CINEP en el Banco de datos de violencia política durante , permite establecer que este hecho victimizante tiene características particulares dentro de este contexto de frontera que obliga a revisar la definición que sobre este delito se ha establecido tanto en la normativa interna como en la internacional. La Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas define este delito como la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes (Organización de Estados Americanos, 1994). La estructura de esta definición fue adoptada por la normativa colombiana para incorporar este delito dentro del cuerpo jurídico, por medio de la Ley 707 de Si se

92 92 analiza desde un marco histórico, este concepto tenía alcance general por las circunstancias en las que este delito se daba en contextos latinoamericanos, especialmente durante los años 70, 80 y 90, cuando el temor ante el ascenso político de ideologías de izquierda facilitaba el uso de esta práctica criminal como mecanismo coercitivo, de terror y de aniquilamiento contra aquellos que manejaran discursos sociales y lideraran colectivos contradictores del sistema de gobierno establecido. Así mismo, si se analizan los perfiles de las víctimas de desaparición forzada en Colombia durante estos periodos se puede establecer que predominaban los militantes o dirigentes políticos, sindicalistas, miembros de partidos de oposición, docentes y líderes estudiantiles. Estos grupos se ubicaron entre los sectores vulnerables o susceptibles de ser víctimas de la desaparición forzada y representaban para el Estado elementos que podían ser desestabilizadores. Esto podría representar la extensión en el tiempo de la doctrina de seguridad nacional donde el principio del enemigo interno seguía vigente. Sin embargo, y aunque en la legislación colombiana se establece que no solo los grupos armados en el marco del conflicto armado cometen el delito de desaparición forzada, el análisis de los casos que hacen parte de esta investigación plantea un nuevo paradigma en la conceptualización de este delito. La reconfiguración de las dinámicas de conflicto durante el periodo en esta zona de frontera, a partir de la reorganización de grupos armados ilegales posteriores al acuerdo de desmovilización paramilitar, transformó los perfiles de las víctimas y las intencionalidades de los perpetradores de esta práctica, aunque manteniendo el perfil del victimario, en el que la principal variación fue la reconfiguración semántica. Estas transformaciones obedecen, principalmente, a que durante las décadas anteriores, en particular durante el periodo , los grupos paramilitares hacían uso de la desaparición forzada como mecanismo para eliminar a miembros y colaboradores de los grupos guerrilleros, es decir, el delito se justificaba dentro de las acciones y los discursos de las Autodefensas como herramienta para lograr la consolidación de su ideología contrainsurgente. Durante este periodo, como lo establece el Centro Nacional de Memoria Histórica, los perfiles de las víctimas de desaparición forzada lo conformaban militantes políticos,

93 93 especialmente miembros de la Unión Patriótica 23, sindicalistas y docentes. Los principales responsables de los casos registrados en esta temporalidad fueron los paramilitares, autores de casos de desaparición forzada, equivalente al 38,8 % de la autoría del delito frente a los demás actores del conflicto. Sin embargo, después de la desmovilización paramilitar, estos grupos dejaron de enarbolar una campaña contrainsurgente, lo cual no significó que dejaran de lado su proyecto económico basado en la expansión de una cultura de la ilegalidad que se seguía reproduciendo en las diferentes regiones del país, pues la génesis del paramilitarismo concebía unas prácticas culturales asociadas al gran capital, a su circulación y a su concentración, lo que generó las más perversas y execrables acciones humanas masacres-, encaminadas a asegurar no sólo las condiciones económicas que requiere el modelo capitalista, sino las sociales, que terminan aceptando la eliminación de todos aquellos actores y agentes cercanos o no a fuerzas, que se oponen al modelo de vida que impone la globalización económica (Ayala Osorio, 2011). En las regiones de Colombia en donde hubo un fuerte accionar paramilitar, las condiciones de vida de sus habitantes poco cambiaron a partir de la desmovilización en Grupos disidentes, rearmados y emergentes continuaron cobrando impuestos de protección, ejerciendo control social sobre la población y asesinando a todo aquel que no se sometiera al orden paramilitar. (Zelik, 2015, p. 366). Estas prácticas permiten comprender que, aunque hubo una reconfiguración en las estructuras de estos grupos, sus intereses económicos y políticos seguían vigentes. El discurso ideológico antisubversivo o contra guerrilla dejó de ser la justificación para seguir empleando este delito como método de terror y represión, sin embargo, el Centro Nacional de Memoria histórica sostiene que los grupos armados paramilitares que persisten después de su desmovilización, es decir entre el periodo tienen la prevalencia como responsables del delito de desaparición forzada, (2016) lo que significa que estos 23 Movimiento político creado en el marco del proceso de paz entre el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y el gobierno del presidente Belisario Betancur. 24 Según el Observatorio de Memoria y conflicto del CNMH, durante el periodo , los responsables del 38,8 % de las víctimas de desaparición eran los grupos paramilitares; el 26,2 %, las guerrillas; el 21,8 %, agentes del Estado, y el 10,5 % grupos paramilitares en asocio con agentes del Estado.

94 94 grupos seguían acudiendo a la desaparición forzada como mecanismo para acceder a sus intereses y para sacar del escenario a quien osara interponerse en el desarrollo de sus actividades ilícitas, principalmente relacionadas con el narcotráfico y el contrabando. Asimismo, aun cuando los grupos armados ilegales emergentes de este proceso no transmitían un discurso político tan marcado como sí lo hicieron en sus primeras fases antes de la desmovilización, las relaciones de éstos con los poderes políticos regionales siguen siendo vigentes. Zelik (2015), citando a Romero y Arias resalta que, estos vínculos entre neoparamilitares y élites políticas les permite mantener la capacidad de coerción, que facilita a testaferros y patrocinadores de estos grupos proteger lo ganado y continuar con el control de territorios para mantener sus actividades ilícitas como narcotráfico y contrabando. Esto sumado a que gran parte de los integrantes de estas organizaciones estaban conformados no solo por desmovilizados de las antiguas AUC, sino también por miembros de ejércitos privados al servicio del narcotráfico, cuyo interés central se concentraba en apoderarse de las economías ilegales de financiamiento de los paramilitares, y a la vez proteger los cultivos y las tierras que adquirieron mediante diferentes modalidades ilegales, así como (...) controlar las rutas y puertos para la exportación de droga, lo que hoy en día constituye, en gran medida, la razón de ser de los grupos criminales (Echandía, 2013). Las dinámicas de economía ilegal sobre las que empezaron a operar estos grupos desencadenaron una reconfiguración de la violencia en todos los territorios en donde existían intereses geoestratégicos para sus operaciones, tales como el Cauca, por su ruta por el Pacífico, así como la región del Catatumbo y Cúcuta y su Área Metropolitana, que, por ser zona de frontera con Venezuela, representa una de las principales rutas de salida de cocaína hacia México y los Estados Unidos. Así pues, la lucha territorial representó un componente político, que siguió vigente pese a la desmovilización de las estructuras paramilitares. Las dinámicas de economía ilegal sobre las que empezaron a operar estos grupos desencadenaron una oleada de violencia en los territorios en donde existían intereses geoestratégicos para sus operaciones, tales como Cauca, por la ruta por el Pacífico, El Catatumbo, Cúcuta y el Área Metropolitana, que por ser zona de frontera con Venezuela representa una de las principales rutas de salida de cocaína hacia México y Estados Unidos.

95 95 En Norte de Santander la lucha por el control del territorio y las rutas de comercialización para el contrabando de gasolina y todo tipo de bienes, trajo como consecuencia una serie de violaciones a los derechos humanos de la población. La desaparición forzada no fue la excepción, por el contrario, este delito adquirió nueva connotación de carácter transfronterizo, y el área de frontera con Venezuela, cooptada por estos grupos criminales, empezó a ser utilizada para la perpetración de esta práctica atroz. De esta manera, la desaparición forzada adquiere una nueva connotación que la desarticula del paradigma conceptual que sobre esta práctica se ha construido, en especial, a partir de su relación con el modus operandi que se vinculaba a ella durante los periodos de represión de las dictaduras del cono sur, así como en los hechos documentados en territorio colombiano durante las décadas del 70 al 90, cuando este práctica fue concebida, principalmente, como método represivo por grupos paramilitares y agentes del Estado para aniquilar a la oposición política. Posterior a la desmovilización paramilitar, la desaparición forzada se transformó en práctica utilizada por el crimen organizado para aniquilar sin evidencias a todos aquellos que quisieran entorpecer el desarrollo de las actividades ilegales en la frontera. Así como los intereses de los grupos armados se reconfiguraron durante este periodo en torno a su única intención de apoderarse de negocios altamente rentables como el narcotráfico, el contrabando de gasolina y otro tipo de bienes, la desaparición forzada se transformó a partir de tres elementos: víctimas, victimarios e intencionalidades. En este contexto de frontera la desaparición forzada empezó a ser utilizada por los grupos armados ilegales como mecanismo para eliminar a aquellos que se negaran a pagar las cuotas impuestas dentro del control territorial. En Norte de Santander el contrabando ha sido una actividad ilegal convertida en una práctica masiva y sistemática en la frontera colombo-venezolana, que ha logrado perdurar en el tiempo y ser cooptada por distintos grupos armados en las últimas dos décadas. (Fundación Progresar, 2017, p.19). Como parte de este control, los grupos armados ilegales han establecido rutas o pasos ilegales por donde ingresan a Colombia los productos provenientes de Venezuela para la posterior comercialización.

96 96 Para hacer uso de las rutas los grupos ilegales han establecido el cobro de vacunas o de impuestos, que quienes se dedican al contrabando deben pagar al que ejerza el control de la trocha por donde se quieren ingresar las mercancías o la gasolina. Negarse a pagarlas representa para quien lo hace la sentencia de muerte. A partir de estas nuevas dinámicas se empieza a configurar un nuevo perfil para los victimarios, aunado a la reconfiguración del perfil de la víctima y de las intencionalidades con las que se comete esta práctica. El espectro de los perpetradores de la desaparición forzada durante esta temporalidad se transformó en el sentido que no son solo agentes estatales u otros actores que actúan bajo su aquiescencia los que la ejecutan; ahora, los autores están conformados por miembros de los grupos armados ilegales que ejercen el control del territorio de frontera. Así mismo, el principal perfil de la víctima dejó de ser el líder social, sindical, estudiante o político, para transformarse en un nuevo perfil conformado por comerciantes informales de mercancías de contrabando, vendedores informales de gasolina, pimpineros y mototaxistas que operan en los pasos legales entre Colombia y Venezuela, como el puente internacional Simón Bolívar que une a La Parada (Villa del Rosario) con San Antonio del Táchira (Venezuela), y el puente Francisco de Paula Santander que une al Escobal (Cúcuta) con Pedro María Ureña (Venezuela). La configuración de estos nuevos perfiles, tanto de víctimas como de victimarios, se corrobora a partir de la matriz de casos de desapariciones transfronterizas documentadas por la Organización Verdad y Justicia durante el periodo y reseñada en esta investigación, en la que se evidencia que la mayoría de los desaparecidos desempeñaba este tipo de ocupaciones. La matriz da cuenta del perfil del victimario en la que los denunciantes de cada caso atribuyen la responsabilidad de la desaparición del familiar a un actor particular del conflicto: neoparamilitares, AUC, paramilitares, Los Rastrojos, desconocidos y FARC. Aunque el número de casos vinculados a un autor señalado como Desconocido, como lo muestra la gráfica, representa el porcentaje mayor de responsabilidad, al leer los testimonios dejados como evidencia en esta matriz por los familiares denunciantes se puede inferir que la responsabilidad del hecho recae sobre grupos armados ilegales que operan en la zona donde se presntó el caso de desaparición forzada.

97 97 Número de casos según perpetrador Período Figura 6: Autores señalados como responsables en las denuncias presentadas por los familiares de las víctimas de desaparición forzada transfronteriza en los 43 casos documentados por la Organización Verdad y Justicia. El perfil de la víctima y el victimario que se ha configurado en torno a estas nuevas dinámicas de violencia en Cúcuta y el Área Metropolitana permite comprender que las intencionalidades con relación a la práctica de desaparición forzada propia de décadas anteriores, también se ha transformado. Este delito no emerge de un contexto de violencia por ideologías políticas, sino de una guerra entre grupos criminales que se disputan el control de negocios altamente lucrativos como el narcotráfico y el contrabando de gasolina y otro tipo de productos. De acuerdo con este panorama, es posible establecer un paralelo entre la reconfiguración de los actores e intencionalidades de esta práctica en este territorio de frontera entre Colombia y Venezuela frente a los casos de desaparición ocurridos en México. Los estados Tamaulipas y Coahuila, frontera con Estados Unidos, son regiones con estadísticas alarmantes de desaparición forzada, las cuales durante el periodo , con el entonces presidente Felipe Calderón, aumentaron en 300 % con respecto a las cifras registradas durante la Guerra Sucia, como resultado de la política de guerra a los carteles y bandas criminales que operaban en esta zona. En el contexto mexicano la práctica de la desaparición forzada también adquirió una connotación que se desligó de lo político y se transformó en mecanismo de terror empleado

98 98 por los grupos armados ilegales y carteles del narcotráfico, en alianza con las autoridades, para controlar negocios que en algunos casos han resultado ser más lucrativos que el tráfico de droga, como los secuestros y la trata de personas, especialmente de migrantes centroamericanos que circulan por ese territorio con el fin de cruzar la frontera hacia Estados Unidos. En este sentido, esta práctica criminal se equipara a la ocurrida en Cúcuta y el Área Metropolitana en el perfil de los victimarios que hacen uso de ella. Los grupos armados ilegales que operan en esta región de frontera, así como los grupos criminales de la frontera mexicana, han empleado la desaparición transfronteriza como estrategia para eliminar a aquellos que se nieguen a cumplir sus condiciones en el control del territorio donde operan. También, existe una equivalencia entre la colusión que se ha dado entre los grupos armados ilegales con miembros de las autoridades colombianas y venezolanas para la ejecución de las actividades delictivas y el asocio de los grupos criminales mexicanos con funcionarios y miembros de la fuerza pública de ese país. En el caso colombiano, para las actividades relacionadas con el contrabando, estas redes de ilegalidad cuentan con el apoyo de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía colombiana, quienes cobran cuotas a contrabandistas para circular por la frontera (Ávila, 2012, p. 325). La práctica de la desaparición forzada transfronteriza empleada por los grupos armados ilegales ha sido viabilizada gracias a la cooperación de las autoridades venezolanas con los grupos criminales. Tal como lo señala la Organización Verdad y Justicia, en entrevista a un exmiembro de la policía del Táchira, cuando los paramilitares avisaban sobre la presencia de algún cuerpo en la línea fronteriza, un grupo de uniformados iba hasta el lugar, limpiaba la escena del crimen, tomaba el cuerpo y lo escondía ya fuera en las aguas del río o en el algún matorral. La idea era evitar que se dispararan las cifras de homicidios en el estado venezolano puesto que perjudicaría la imagen de la policía Acciones de documentación y denuncia La ejecución de esta práctica ha sido documentada por la Organización Verdad y Justicia, de Cúcuta, con denuncias presentadas por familiares de víctimas de este tipo de

99 99 desaparición forzada en esta zona de frontera. Esta organización no gubernamental ha efectuado un amplio trabajo en el tema de documentación y denuncia no solo de desapariciones forzadas, sino también de otros hechos victimizantes que se generan en el departamento, como desplazamientos forzados, y otras acciones que resultan de las dinámicas propias de violencia urbana en el contexto fronterizo. El trabajo de la Organización se enmarca en la definición de acciones de documentación de violaciones de derechos que se define como: Un proceso sistemático mediante el cual se construye una memoria histórica 25 sobre actos u hechos que atentan contra la dignidad humana, de tal forma que construye bases de datos con información necesaria para la identificación de los responsables y la reparación de las víctimas. (Espacio Público, 2017) Tomando como base esta definición y los planteamientos teóricos de Luc Boltanski frente a la categoría de denuncia, en el siguiente capítulo se describirán las características propias de las acciones de documentación y denuncia desarrolladas por la Organización Verdad y Justicia a la luz del trabajo en los casos de desaparición forzada transfronteriza Las víctimas y el aporte en la documentación de los casos de desaparición forzada. De acuerdo con la revisión documental, es posible establecer que la desaparición forzada ha sido uno de los delitos atendidos por organizaciones no gubernamentales que han diseñado estrategias para brindar apoyo a quienes denuncian este tipo de violaciones a los derechos humanos, así como acompañamiento en áreas jurídicas y psicosociales a las víctimas. Una de las fases llevadas a cabo por este tipo de organizaciones tiene que ver con los procesos de documentación de los casos denunciados por familiares de víctimas, que buscan el apoyo y el acompañamiento de alguna entidad que facilite la gestión de la denuncia ante estamentos judiciales estatales y, a la vez, gestione los mecanismos de reparación a los que, por su calidad de víctimas, tienen derecho. 25 Subrayado propio

100 100 Las acciones de documentación se han convertido, durante las últimas décadas, en insumo valioso para los organismos estatales a la hora de gestionar acciones oportunas y eficaces en materia judicial sobre los casos reseñados. Como resultado del reconocimiento del acervo documental que han recopilado estas instituciones y su relevancia para adelantar procesos judiciales de los casos, se crea en 1982 HURIDOCS (Sistemas de Documentación y de Información sobre Derechos Humanos Internacional), como red global de organizaciones de derechos humanos, (cuyo) objetivo fue establecer un sistema universal de comunicación de la información sobre los derechos humanos, (...) centrado en mejorar el acceso y la difusión de información pública sobre derechos humanos entre otras formas, mediante la provisión de herramientas apropiadas y de servicios de capacitación. (HURIDOCS, 2007). Este manual establece lineamientos sobre cómo documentar violaciones a derechos humanos por parte de las organizaciones, creando un mapa de ruta que delimita no solo los pasos que deben seguirse al momento de presentarse una víctima de un delito, sino también los elementos conceptuales sobre los que deben tener claridad los funcionarios encargados de documentar el hecho victimizante. Es así que, esta organización define las acciones de documentación como el proceso mediante el cual se registran sistemáticamente los resultados de una investigación en relación con uno o varios eventos (violaciones a derechos humanos) [por ende], la investigación y la documentación están relacionadas orgánicamente y no deben ser consideradas como dos procesos separados (HURIDOCS, 2007, p.16). Otras ONG han construido su concepto en torno a la documentación de casos de violaciones a los derechos humanos. Un ejemplo es el concepto emitido por la ONG Espacio Público, organización venezolana que promueve la defensa de los derechos humanos, especialmente relacionados con la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación, que define como acción de documentación: El proceso de registrar hechos en curso o recientes, con especial énfasis en el acto de producir documentos que contienen patrones de violaciones de derechos humanos, entrevistas de las víctimas, información presente en medios de comunicación, así como documentos

101 101 jurídicos, médicos o forenses necesarios para identificar a los presuntos responsables y lograr la reparación de las víctimas. (Espacio Público, 2017) En Colombia, y en especial frente al delito de la desaparición forzada, se encontraron en la revisión documental trabajos de documentación y denuncia de organizaciones como la Fundación Nydia Erika Bautista, la Asociación de Familiares Unidos por un Solo Dolor (AFUSODO), las Madres de La Candelaria, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), Familiares Colombia y ASFADDES, las cuales han aportado valiosos insumos para la caracterización y la visibilización de la desaparición forzada en diferentes contextos del territorio nacional. Uno de los trabajos representativos en términos de la documentación ha sido el libro: ASFADDES: Con todo derecho; publicado en 2003, que presenta los casos documentados en su base de datos con una caracterización básica de la víctima (nombres y apellidos/actividad) y fecha y lugar de ocurrencia del hecho ( ) en el periodo comprendido (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016, P. 338). Otro aporte representativo tiene que ver con el trabajo desarrollado por el Banco de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP, el cual documenta casos relacionados con este delito y se describen de manera concisa los hechos ocurridos, los presuntos autores y la identidad y el perfil de las víctimas; información que posteriormente es publicada en la revista Noche y Niebla. La documentación de los hechos relacionados con la desaparición forzada por parte de estas organizaciones ha servido como fuente para la construcción de bases de datos de víctimas y denunciantes; además, ha permitido generar la contextualización y la caracterización de este hecho en relación con los elementos partícipes: víctimas, victimarios e intencionalidades. Es así como publicaciones generadas por organizaciones como ASFADDES corroboran lo expuesto sobre la desaparición forzada como una práctica desarrollada inicialmente para silenciar a militantes políticos, estudiantiles y sindicales, pero que en las últimas décadas ha sufrido una mutación en las dinámicas y los responsables de estos hechos al ser una modalidad de violencia que ha sido usada en la disputa de poder y dominio de territorios entre grupos insurgentes y paramilitares (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016, p.340).

102 102 En el contexto nortesantanderano también han surgido iniciativas de documentación de este delito que han buscado mostrar estos hechos como una práctica sistemática de violaciones a los derechos humanos por parte de organizaciones al margen de la ley apostadas en este territorio. Uno de los ejemplos significativos ha sido el desarrollado por la Organización Verdad y Justicia, de Cúcuta, que tiene 27 años de trabajo en la región documentando casos de desaparición forzada y otros hechos víctimizantes, brindando acompañamiento psicosocial y jurídico a las víctimas de estos delitos Documentación de casos de desaparición forzada en Norte de Santander. El desarrollo de este apartado se construyó a partir de la entrevista a la asesora jurídica de la Organización Verdad y Justicia, Silvia Jimeno* 26, quien lleva vinculada dos años con la organización, brindando atención y orientación a las víctimas de familiares desaparecidos en esta zona de frontera. De igual manera, se tuvo en cuenta la revisión de 43 casos documentados por esta institución, relacionados con hechos de desaparición forzada transfronteriza. Este trabajo permitió conocer a profundidad el procedimiento empleado en esta organización no gubernamental para documentar los casos de desaparición que son denunciados. En la entrevista Silvia Jimeno menciona que, a partir de la desaparición forzada de uno de los miembros fundadores, se generó un proceso de búsqueda del cual las autoridades nunca dieron respuesta. A partir de ese caso, la ONG fue haciendo acompañamiento jurídico a familiares en temas de peticiones, de tutelas, de solicitudes, de acciones a los fiscales, a las entidades del Estado, Unidad de Víctimas, para la reivindicación de los derechos de los familiares (S. Jimeno, entrevista, 3 de mayo de 2018). A la fecha, esta organización ha documentado 550 casos de desaparición forzada, cifra dentro de las cual se encuentran reseñados 43 casos relacionados con una modalidad particular de esta práctica a la que han denominado Desaparición Forzada Transfronteriza, la cual consiste en la privación arbitraria de la libertad de una persona a la que posteriormente se le asesina y se desaparece su cadáver, después de ser trasladado a territorio venezolano con el fin de evitar cualquier tipo de registro por parte de las autoridades en Colombia. Esta modalidad ha sido documentada, principalmente, con casos ocurridos después de 2004, es 26 Nombre cambiado respetando el principio de confidencialidad

103 103 decir, posterior al proceso de desmovilización del Bloque Catatumbo y el Bloque Frontera que operaban en esta zona de frontera. De acuerdo con las entrevistas, la Organización Verdad y Justicia, ha establecido un proceso para la documentación de los casos relacionados con este delito, que se resume de manera gráfica en la siguiente ilustración: Figura 7. Este esquema ilustra de manera resumida los pasos que se siguen dentro de la Organización Verdad y Justicia para atender el proceso de denuncia y documentación de casos de desaparición forzada ocurridos en Norte de Santander. Fuente: Elaboración propia

104 104 Para este proceso el punto de partida se establece cuando la persona que llega manifiesta que ha sido víctima del hecho. Es atendida por un abogado quien escucha la versión e inicia el proceso de documentación del caso mediante una ficha técnica que recopila la información de la víctima, los datos de quien denuncia y la descripción del hecho como tal. Frente a esta declaración, uno de los abogados verifica con la víctima si el hecho fue denunciado judicialmente y si se ha activado el mecanismo de búsqueda urgente. Si no se ha hecho, se procede a comenzar este proceso. Respecto al particular, se resalta que en los últimos años las víctimas tienen más conocimiento sobre sus derechos y saben que en las entidades judiciales no les pueden decir que esperen 72 horas para iniciar el proceso de búsqueda del desaparecido, puesto que esta acción se debe empezar de manera inmediata con el mecanismo de búsqueda urgente, reglamentado por la Ley 971 de Posterior a esto continúan con la documentación del caso con información suministrada por el familiar denunciante, y con las acciones legales que desde la organización se emprendan para gestionar la búsqueda de la persona reportada como desaparecida. Las acciones de documentación de estos casos por parte de la Organización Verdad y Justicia se constituyen en el insumo para adelantar los procesos judiciales ante las instancias gubernamentales competentes para el esclarecimiento de los hechos, en especial, cuando los denunciantes, familiares de la víctima de desaparición, le otorgan poder a la organización para representarlos legalmente en los procesos de búsqueda y reparación del delito Las acciones de denuncia desde el modelo de Boltanski. La ruta delimitada por la organización para el proceso de denuncia, representada anteriormente de manera gráfica, involucra a los actores que participan en este proceso y se inscribe en el modelo propuesto por Boltanski, denominado sistema actancial de la denuncia. Este esquema está conformado por cuatro participantes, o en sus palabras, actantes: un denunciante, una víctima, un perseguidor y un juez. Bajo este esquema, los actores que se configuran en el delito de la desaparición forzada pueden inscribirse en cada una de las categorías enunciadas por Boltanski en su sistema actancial. El denunciante se configura a través de dos actores, dependiendo de la vía que se quiera emplear para la denuncia. Si esta se va a efectuar directamente en los organismos judiciales, el denunciante es el familiar que denuncia la desaparición del ser querido. Sin embargo, cuando este proceso tiene carácter cívico y público, el denunciante

105 105 sería la organización de víctimas en la que se apoya el familiar para llevar la protesta de un plano individual a uno colectivo. Por su parte, la víctima, que en el sistema actancial se configura como aquella que ha sufrido la injusticia y en cuyo favor se adelanta la denuncia, también cuenta con una doble acepción dentro de las desapariciones transfronterizas. Esta tiene que ver, principalmente, con el hecho que víctima es la que afronta en su persona el hecho de la desaparición. La normativa internacional desarrollada en el marco de este delito establece que esta categoría también incluye a todo aquel que haya sufrido perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada, incluyendo de esta manera a los familiares del desaparecido. Asimismo, el perseguidor, para el caso de las desapariciones transfronterizas, se constituye como aquel miembro de una organización al margen de la ley, o en su defecto aquel desconocido, a quien se responsabiliza de ejecutar el delito. En este sentido el Estado puede ser también perseguidor dentro de la denuncia por dos vías distintas; una, al estar vinculado con la desaparición como actor responsable mediante acciones cometidas por miembros de la fuerza pública y/o por el apoyo a las estructuras criminales responsables de la autoría material del hecho, o, cuando no ha tenido ningún vínculo con la estructura criminal que efectuó la desaparición, pero ha sido inoperante en la ejecución de procesos de búsqueda y sanción de los responsables de cometer este delito. Es así que, las denuncias presentadas esgrimen de manera tácita la responsabilidad del Estado en la ejecución de estos hechos de desaparición en la frontera. Gran parte de los testimonios presentados por los denunciantes, reseñados en los 43 expedientes analizados para esta investigación, dan cuenta de la ocurrencia de estos hechos en territorios donde la ausencia del Estado frente a su obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos ha facilitado el dominio territorial de organizaciones armadas ilegales a las que se les atribuye la responsabilidad directa de las desapariciones. El sistema actancial delimita un cuarto actante, el juez, que para Boltanski es aquel a quien se dirige la denuncia de injusticia, que debe decidir quién la repara y cómo. Este último actante adquiere dos dimensiones según el tipo de denuncia de los familiares de las víctimas. Si es una denuncia de tipo penal o judicial el actante que actúa como juez lo constituyen los organismos judiciales estatales, competentes de atender estos delitos, y tienen

106 106 el deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los hechos y a la vez facilitar la reparación de las víctimas. No obstante, cuando la denuncia involucra a un colectivo y sus acciones se desarrollan en el ámbito público, el papel del juez lo adquieren la sociedad civil y la opinión, pues son los que validarán dichas denuncias por medio del acompañamiento, la difusión, la visibilización, el apoyo y la movilización en torno a las exigencias y reivindicación de los derechos de las víctimas. Bajo estas premisas, se puede evidenciar cómo en la desaparición forzada el papel del Estado tiene una función dual, de perseguidor y juez, porque este delito en particular ocurre principalmente como consecuencia de las acciones emprendidas por organizaciones criminales en la disputa por el control territorial en donde actúan con aquiescencia o ausencia de la autoridad estatal; es decir, que en este hecho victimizante el Estado es responsable por omisión y tiene, además, la obligación de investigar y sancionar a los autores materiales de cometer este delito. En los casos de desaparición forzada transfronteriza, es en donde este paradigma de la participación y responsabilidad directa del Estado como autor principal del delito tiene su punto de quiebre, ya que los hechos denunciados relacionados con esta práctica criminal involucran de manera especial, como responsables a los miembros de grupos armados organizados ilegales o neoparamilitares y no aparece de manera directa la actuación de agentes del Estado, como sí ocurría en las décadas de los 70 y 80 cuando la ejecución de este delito involucraba de manera explícita a organismos de seguridad estatales como Ejército, Policía y el cuerpo de detectives e inteligencia denominado F2. Sin embargo, también se hace necesario aclarar que siendo el Estado el sujeto garante de los derechos de sus ciudadanos, en las desapariciones forzadas donde no ha existido su participación directa, sí reviste de responsabilidad su omisión al ejercer un papel como sujeto pasivo del delito cuando su inoperancia facilitó la comisión del hecho. Esta omisión como delito se refiere, Al no cumplimiento de un deber de salvaguarda y este deber se debe deducir del cargo y de las funciones desempeñadas al momento de la comisión de los hechos. Como consecuencia de esta interpretación debe sostenerse que este delito sólo puede ser cometido en autoría, dado que el menor incumplimiento al deber transforma al garante en autor. (Ambos & Bohm, 2009, p.17)

107 107 Asimismo, resulta necesario retomar como elemento de análisis de la desaparición forzada, la génesis de estas organizaciones para poder comprender por qué el Estado tiene un vínculo tácito en la ejecución de este hecho. Y esto tiene que ver con que estos grupos ilegales surgieron como producto de la falta de planeación por parte del gobierno en el proceso de Desmovilización Desarme y Reincorporación de las estructuras paramilitares en el 2004, para garantizar su reinserción a la vida civil y de esta forma asegurar el desmonte de estas organizaciones como estructuras criminales. Además, en el proceso de negociación con las AUC, Se perdió de vista el hecho de que los grupos paramilitares se encontraban en una zona gris entre la estatalidad y la ilegalidad. De un lado no se rompieron ni se desmontaron los nexos que estructuras políticas y económicas legales habían establecido con las AUC. Igualmente, los altos réditos económicos producto de una enorme y variada economía ilegal (no limitada al narcotráfico) también fueron factores clave para disminuir el éxito del proceso. El hecho de que estos mercados subterráneos continuaran operando dentro de un marco institucional débil y en varios casos corrupto, solo empeoró la situación, fomentó la violencia y la aparición de los GAPD. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017, p. 71). Esa responsabilidad por omisión del Estado colombiano, ha sido también señalada por la Organización Verdad y Justicia como factor que ha perpetuado en este territorio prácticas ilegales como el contrabando, lo que ha facilitado un escenario propicio para la ejecución de este tipo de hechos. Por otra parte, y enmarcando el análisis de los 43 casos tomados como referencia para esta investigación en la gramática de la denuncia de Boltanski, es posible establecer que la denuncia para estos casos de desaparición forzada puede tener dos vías que hacen que su sentido de normalidad también tenga una variación. Una, está relacionada con el proceso judicial que busca que el Estado asuma y/o ejecute su responsabilidad de implementar todas las acciones necesarias para dar con el paradero del desaparecido. Este deber parte de la obligación que tiene el Estado de garantizar la seguridad de los ciudadanos y, en especial, cuando se comprueba que en el hecho haya una coautoría por colaboración que le preste las

108 108 autoridades a determinado grupo al margen de la ley para la comisión de las desapariciones forzadas. (Pérez Salas, Peña Lizcano, Ocampos, Carrera Manchola, & Quintero Perdomo, 2016, p.125). En este tipo de casos la denuncia, aun cuando provenga de un individuo, posee el sentido de normalidad. La segunda vía para la acción de la denuncia tiene que ver con aquellas que buscan, más que encontrar una respuesta judicial al hecho, visibilizar un fenómeno de violencia que para la sociedad es desconocido o en su defecto les produce indiferencia. Y es a partir de esa pretensión cuando las organizaciones y/o colectivos de víctimas entran a normalizar y configurar el sentido de normalidad de los procesos de denuncia. En este contexto, el autor establece que a partir de los vínculos y la apelación a recursos colectivos es más fácil denunciar y hacer genéricas y aceptables las quejas y demandas. Además, estas agrupaciones son las que transforman el sentido de una denuncia personal para que sea validada en el plano público. En este sentido, los actantes tienen que aparecer como personas colectivas con un gran impacto. De no ser así, el reclamo contra la injusticia no será reconocido como normal por los demás. Estos colectivos logran tener incidencia para que una denuncia se visibilice en un escenario social, en especial en casos de desaparición forzada que se han quedado, desde lo judicial, como simples expedientes que han permitido hacer invisible a esa víctima que reclama justicia Acciones de documentación desde el ámbito estatal. Para el desarrollo de este apartado se llevó a cabo un acercamiento con organizaciones estatales encargadas de atender denuncias relacionadas con la desaparición forzada abordada en esta investigación. Las fuentes estatales consultadas fueron: Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación, especialmente la unidad en Cúcuta de desaparición forzada, y la Unidad de Víctimas, Seccional Norte de Santander-Arauca. La denuncia que hacen los familiares de las víctimas de desaparición forzada ante estas entidades hace parte del proceso penal mediante el cual se busca activar los instrumentos que permitan hallar al desaparecido (mecanismo de búsqueda urgente), iniciar el proceso judicial para sancionar a los responsables de la comisión de este delito y acceder a los mecanismos de reparación administrativa a los que tiene derecho la víctima, al ser la desaparición forzada uno de los hechos victimizantes sujetos de reparación dentro de la Ley 1448 de En este sentido, resulta pertinente aclarar que las denuncias ante entidades

109 109 estatales buscan activar el sistema de justicia retributiva; sin embargo, las denuncias llevadas por familiares de las víctimas ante organizaciones de derechos humanos y demás colectivos, aun cuando estas desarrollen todo un trabajo de acompañamiento jurídico para los procesos judiciales, se constituyen más como un proceso que busca la reivindicación por la dignidad y la memoria del desaparecido y, al mismo tiempo, como parte de una estrategia para posicionar en un plano colectivo el reconocimiento de un delito permeado por la indiferencia y la impunidad. En el proceso de investigación se realizó acercamiento con funcionarios de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas, donde fue posible hablar con el director de la seccional Luis Saniel Peñaranda, quien argumentó no manejar cifras relacionadas con casos de desaparición forzada transfronteriza, porque esta entidad solo contempla la desaparición forzada en general, sin discriminar si este hecho ocurrió en la línea fronteriza. Señaló que la entidad, con el ánimo de difundir el registro de los casos en el país, publica las cifras mensuales por territorial de los hechos victimizantes que se encuentran bajo su jurisdicción, contemplados en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) reseñados en el sistema Red Nacional de Información de la página web de la Unidad de Víctimas. Según este aplicativo, a corte del 1 de mayo de 2018, se reportan víctimas directas de desaparición forzada y víctimas indirectas que se refiere a los familiares, para esta zona del país. (Unidad de Víctimas, 2018). Sin embargo, a pesar de desarrollar estadísticas mensuales de los casos no hace una distinción entre desapariciones simples y modalidad transfronteriza. Finalmente, señaló que con el ánimo de difundir el registro de los casos en el país, publica las cifras mensuales por territorial de los hechos victimizantes que se encuentran bajo su jurisdicción, contemplados en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y reseñados en el sistema Red Nacional de Información de la página web de la Unidad de Víctimas. Según este aplicativo, a corte del 1 de mayo de 2018, se reportan víctimas directas de desaparición forzada y víctimas indirectas que se refiere a los familiares, para esta zona del país. (Unidad de Víctimas, 2018). Sin embargo, a pesar de desarrollar estadísticas mensuales de los casos no hace una distinción entre desapariciones simples y modalidad transfronteriza.

110 110 Figura 8: Diagrama con cifras de estadísticas de casos de desaparición forzada en Norte de Santander atendidos por la Unidad de Víctimas de esta seccional. (Red Nacional de Información Unidad de Víctimas). Fuente: Esta gráfica tomada del aplicativo web de la Unidad de Víctimas refleja las tendencias en la ejecución de este hecho victimizante en el departamento, en donde se muestra en el periodo , el recrudecimiento del delito durante la consolidación del

111 111 paramilitarismo en esta zona, así como una leve disminución y homogeneidad en sus tasas a partir del periodo , años enmarcados por la desmovilización del Bloque Catatumbo y la reorganización de nuevas estructuras criminales, denominadas neoparamilitares Acciones de documentación de desaparición forzada transfronteriza en el contexto internacional. El fenómeno de las desapariciones forzadas transfronterizas ha sido un delito poco conocido en el interior del territorio nacional por tratarse de una práctica propia de la zona de frontera entre Norte de Santander y la República Bolivariana de Venezuela. Desde Colombia, como se señaló, la Organización Verdad y Justicia ha sido la ONG que tiene mayor reconocimiento en el trabajo de documentación, registro y denuncia de este tipo de casos. Sin embargo, este fenómeno no ha sido solo objeto de estudio por esta organización colombiana, también desde el territorio venezolano la ONG Redes, fundada en 1998, trabaja desde el 2009 en la documentación de casos de desaparición forzada transfronteriza, porque ciudadanos venezolanos son desaparecidos en suelo venezolano y, en algunos casos, han sido hallados en fosas comunes en territorio colombiano. Al respecto, el director Miguel Sánchez 27 dijo que la Fundación Redes adelanta un trabajo de visibilizar y documentar denuncias de la actuación de los grupos irregulares colombianos en territorio venezolano, de los grupos guerrilleros y los paramilitares quienes han llegado [a este territorio] a continuar con su actuación ilegal de manera permanente y con la complicidad de las autoridades del gobierno venezolano. (M. Sánchez, Entrevista personal, 5 de mayo de 2018) El proceso de documentación de los casos se hace gracias a la denuncia de los familiares de las víctimas que encuentran en esta entidad un lugar confiable para gestionar la búsqueda del desaparecido. En la Fundación Redes se lleva el registro con los datos de la víctima con el fin de elaborar el perfil que identifique edad, ocupación y fecha de la desaparición. Durante el proceso se consulta al denunciante si el caso ha sido reportado o no ante las autoridades judiciales. Sánchez afirma que en la mayoría de casos los familiares prefieren no hacerlo ante las instancias gubernamentales venezolanas por temor, puesto que el modus operandi consiste en desaparecer a la familia cuando formulan denuncia ante 27 El nombre fue cambiado respetando el principio de confidencialidad.

112 112 cualquier instancia del Estado venezolano, entonces en algunos casos, incluso estos familiares [prefieren acudir] al Estado colombiano a buscarlos en la morgue de Norte de Santander, o en los distintos espacios donde pudiese existir la presencia de un cadáver de un venezolano. (M. Sánchez, Entrevista personal, 5 de mayo de 2018) Las acciones de documentación de los casos de desaparición forzada de ciudadanos venezolanos se lleva a cabo mediante la recopilación de testimonios de familiares de desaparecidos que se han acercado a la Fundación con el fin de denunciar el caso de los seres queridos. Sánchez manifiesta que como organización, establecer el número específico de venezolanos desaparecidos en el territorio fronterizo es tarea difícil, puesto que las entidades estatales no dan acceso a este tipo de datos; es decir, que la única fuente con la que cuentan es la información primaria de los casos documentados en testimonios que familiares de las víctimas dan a la organización con la esperanza de encontrar un puente que permita visibilizar su caso ante instancias internacionales, [salvaguardando principios de confidencialidad] porque termina siendo un problema para las víctimas. (M. Sánchez, Entrevista personal, 5 de mayo de 2018). El trabajo de la Fundación Redes da cuenta de los elementos que se configuran en torno a este delito y la similitud con los casos ocurridos en Colombia. En el caso particular de los actores o los victimarios responsables de perpetrar este tipo de hecho, Sánchez destaca como principales autores a grupos armados ilegales colombianos que operan en ambos lados de la frontera colombo-venezolana: ELN, EPL, Los Rastrojos, Los Urabeños y más recientemente disidencias de las FARC-EP. Estos grupos, principalmente Los Rastrojos y Los Urabeños, denominados neoparamilitares 28, son los principales responsables de los casos en Colombia. Frente a las intencionalidades de esta práctica, el patrón también posee elementos coincidentes con el caso colombiano, puesto que la desaparición de venezolanos está relacionada con el control territorial de estos grupos armados, de los pasos ilegales o trochas en las que desarrollan actividades asociadas al contrabando de alimentos y combustibles, y 28 Es importante mencionar que el gobierno y el sector castrense también denominaron estos grupos como BACRIM, (Bandas Criminales), después fueron llamadas GAO (grupos armados organizados). Con estos calificativos, se buscaba invisibilizar la presencia y permanencia del fenómeno paramilitar.

113 113 narcotráfico. Sánchez señala, además, que estas prácticas ilegales son el caldo de cultivo para la ejecución de delitos como la desaparición transfronteriza, aunado a la ausencia de Estado en este territorio, hecho que se refleja no solo con la carencia de presencia y control militar en esta zona, sino también en la falta de la garantía de otros derechos. La ausencia del Estado en garantía de servicios públicos, en garantías de educación, salud y eso hace que, digamos los ciudadanos de frontera, vean la trocha, el espacio limítrofe como una oportunidad que desde lo ilegal me permite vivir y acceder a lo que formalmente no puedo. (M. Sánchez, Entrevista personal, 5 de mayo de 2018) El tránsito de la denuncia: de lo privado a lo público. En el proceso de la denuncia y documentación de casos de desapariciones forzadas transfronterizas se desarrollan acciones de las cuales se infiere un tránsito del campo de lo privado a lo público. Y ese trasegar tiene que ver de manera particular con las acciones emprendidas desde las organizaciones no gubernamentales para mostrar públicamente a la sociedad los hechos que han sido denunciados y sobre los que las víctimas exigen justicia y reparación. Entre las actividades destacadas, relacionadas con la denuncia pública, se encuentran los plantones y las que buscan evocar la memoria y la dignidad de los desaparecidos. Estas prácticas conmemorativas se constituyen en las actividades mediante las cuales se recuerda a una persona (o grupo) o un(os) evento(s) y son otro de los dispositivos expresivos para la elaboración del trabajo de memoria por parte de los sobrevivientes, las organizaciones de víctimas, las intervenciones de justicia transicional y del Estado. ( ) Una conmemoración puede involucrar actos públicos oficiales y formales, o momentos íntimos y cerrados de recuerdo familiar. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, p.134) Así, organizaciones como Verdad y Justicia, también han procurado coordinar con las víctimas de desaparición forzada en Norte de Santander actividades para visibilizar este delito ante la sociedad. Durante el 2015, y con periodicidad mensual, la organización desarrolló plantones frente a la Fiscalía en Cúcuta, en los que los denunciantes de casos de desaparición forzada, con carteles que incluían la foto del familiar desaparecido, exigían respuestas por parte de este órgano judicial.

114 114 Frente a estas actividades, Silvia Jimeno, asesora jurídica de la Organización Verdad y Justicia, afirmó que los plantones fueron como un inicio de sensibilizar o de hacer una queja, una denuncia pública, después se hizo la galería Rostros que Esperan como una manera de llevar el dolor de las familias.(s. Jimeno, entrevista personal, 3 de Mayo de 2018). Por Figura su parte, 9. Fotografía los familiares de plantón de las con víctimas víctimas de de desaparición desaparición forzada forzada, transfronteriza, frente a la Fiscalía buscan General, por seccional otro tipo Cúcuta. de medios, Fuente: visibilizar su tragedia con el fin de ser escuchados y poder encontrar alguna respuesta a su denuncia. De esta manera, durante el proceso de investigación se identificó que una de las acciones de los familiares consiste en llevar una foto de los desaparecidos y contar los hechos ante los medios de comunicación local, principalmente la prensa, los periódicos La Opinión y Q hubo para que sea publicada y dinfundida. Así mismo, se instalan pendones con la foto del familiar en puntos estrátegicos de la frontera, informando sobre la desaparición.

115 115 Figura 10. Artículo publicado por el periódico local de Cúcuta, el 14 de mayo de 2018, sobre la desaparición de un joven cucuteño en la frontera con San Antonio del Táchira Figura 11. Fotografía de pendón con información de joven desaparecido, el 8 de mayo de 2018, en la zona de frontera con San Antonio del Táchira, en el puente internacional Simón Bolívar. Este caso evidencia que el problema sigue vigente. Fuente: Propia Enmarcando este tipo de acciones de denuncia en el modelo de Boltanski se ratifica el carácter de normalidad, porque es la organización no gubernamental Verdad y Justicia la que ha generado un mecanismo que convierte esas luchas individuales en denuncia colectiva, por casos que, aunque conciernen a distintas familias y personas, todos están entrelazados por una lógica de hechos similares sobre las que buscan una respuesta por parte de la justicia y una reparación integral por el daño causado. Frente a (los) mecanismos de silenciamiento, la posibilidad social de afrontar el pasado de violencia implica reconocerlo como un asunto que no es únicamente privado y propio de las biografías e historias individuales, sino que también concierne al ámbito social y público y que puede ser resignificado en los rituales del reconocimiento social, en los