RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

Transcripción

1 MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 845/2016 Resolución nº 902/2016 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 4 de noviembre de VISTO el recurso interpuesto por Dª M. C. B., en representación de la mercantil CIMSA Ingeniería de Sistemas, S.A., contra la resolución adoptada por la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa, de fecha 4 de agosto de 2016, por la que se acuerda la adjudicación del Lote 3 del Acuerdo Marco de adquisición centralizada de equipos paracaídas personales para el Ministerio de Defensa, este Tribunal, en sesión del día de la fecha, ha adoptado la siguiente resolución: ANTECEDENTES DE HECHO. Primero. En fecha 6 de octubre de 2015 la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para el Acuerdo Marco de adquisición centralizada de equipos paracaídas personales para el Ministerio de Defensa. Con anterioridad, el 26 de mayo de 2015, se había aprobado el Pliego de Prescripciones Técnicas relativo al equipo de paracaídas personal de apertura automática no direccionable (PAAND). El expediente se divide en cuatro lotes, refiriéndose el presente recurso al Lote 3. Segundo. El 10 de noviembre de 2015 se publicó el anuncio de convocatoria del contrato en el Diario Oficial de la Unión Europea. El anuncio fue publicado en el Boletín Oficial de Estado el día 17 de noviembre de 2015 y en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 5 de noviembre de Tercero. El 9 de diciembre de 2015 se registraron las ofertas presentadas por CIMSA Ingeniería de Sistemas, SA (CIMSA) y ZODIAC AEROSAFETY SYSTEMS (ZODIAC), siendo ambas admitidas a licitación en Acta de 11 de diciembre de AVDA. GENERAL PERÓN 38, 8ª PLTA MADRID TEL: FAX: Tribunal_recursos.contratos@minhap.es

2 2 Cuarto. Los días 4 y 12 de abril de 2016 se realizaron los protocolos de pruebas previstos en la cláusula 15 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Tras la emisión del Informe-Valoración por el Comité de Expertos designado al efecto, se convocó a los licitadores al acto público de apertura de las ofertas, que tuvo lugar el 24 de mayo de La valoración obtenida por las empresas concurrentes al Lote 3 en el protocolo de pruebas fue de 47 puntos ZODIAC y 36,87 CIMSA. Quinto. Tras la emisión de informe complementario, en el que se daba respuesta a las alegaciones formuladas por los licitadores, el 29 de junio de 2016, la Mesa de Contratación clasificó las ofertas, obteniendo ZODIAC un total de 97,50 puntos, y proponiendo la exclusión de CIMSA por no respetar su oferta el coeficiente mínimo de planeo ni la altura máxima operativa. La resolución de adjudicación a ZODIAC y exclusión de CIMSA, de fecha 4 de agosto de 2016, se notificó a CIMSA el 12 de agosto de Sexto. Con fecha de entrada 31 de agosto de 2016 en el Ministerio de Defensa se interpuso recurso de reposición por parte de CIMSA Ingeniería de Sistemas contra el Acuerdo de 4 de agosto de 2016 por el que se adjudica el Lote 3 a ZODIAC y se excluye a CIMSA. Séptimo. Se ha presentado ante este Tribunal por parte del Ministerio de Defensa informe relativo a la tramitación del procedimiento de aprobación del Acuerdo Marco. Octavo. En fecha 12 de septiembre de 2016 la Secretaría del Tribunal dio traslado del recurso interpuesto a los restantes licitadores para que, si lo estimaban oportuno, formulasen las alegaciones que convinieran a su derecho, habiendo evacuado el trámite conferido ZODIAC. FUNDAMENTOS DE DERECHO. Primero. Se impugna por parte de CIMSA el acto de adjudicación del Lote 3 del Acuerdo Marco de adquisición centralizada de equipos paracaídas personales para el Ministerio de Defensa.

3 3 Segundo. El acto impugnado es susceptible de recurso especial en materia de contratación, de acuerdo con el artículo 40 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). Tercero. El recurso se ha presentado dentro del plazo previsto en el artículo 44 del TRLCSP, de quince días hábiles desde la publicación de la resolución de adjudicación. Cuarto. El presente recurso se interpone ante este Tribunal, que es competente para resolverlo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.3 del TRLCSP. Quinto. La legitimación activa viene otorgada por el artículo 42 del TRLCSP, al haber concurrido a la licitación de la que no resultó adjudicatario. No obstante, debe tenerse en cuenta que la resolución objeto de recurso no sólo se refiere a la adjudicación del Lote 3, sino también al acuerdo de la exclusión de la recurrente, sin que en el escrito de interposición de recurso de formule alegación ni pretensión alguna en orden a dejar sin efecto la exclusión acordada, de tal suerte que la misma se convierte en consentida y firme. Por ello, debe analizarse, en primer lugar la legitimación de recurrente, habida cuenta que, de la eventual estimación del recurso, no se derivará adjudicación alguna a su favor, sino que el efecto será el de quedar desierto el Lote 3. Así, dispone el artículo 42 del TRLCSP que «podrá interponer el correspondiente recurso especial en materia de contratación toda persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto de recurso». Resulta ilustrativa la Resolución 250/2016, 8 de abril, dictada en el recurso 185/2016, en la que se analiza de forma pormenorizada la legitimación del licitador excluido en un contrato en el que el recurrente había sido, previamente a la resolución de adjudicación, excluido del contrato por resolución confirmada por este Tribunal. Aunque no es idéntico el supuesto, si puede extenderse su análisis y conclusión al presente caso, pues frente al acuerdo de exclusión contenido en la misma resolución de adjudicación no se formula alegación alguna, ni se contiene petición alguna en orden a dejar sin efecto la exclusión. En efecto, se excluye al recurrente por no cumplir los requisitos de altura máxima y coeficiente de planeo exigidos en el Pliego, sin que ninguna de sus alegaciones se dirija a atacar esta causa de exclusión.

4 4 Pues bien, señala la referida resolución que «como Señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2005, Sección Cuarta, recurso 2037/2002 No obstante, considerando que el interés como contratista que licita en los contratos convocados por la Administración, se invoca por la parte en defensa de su condición de interesado a los efectos previstos en el art. 31 de la Ley 30/92 EDL 1992/17271, cuya infracción también se alega en este motivo, conviene señalar que se está invocando la condición de interesado en cuanto titular de intereses legítimos afectados por las resoluciones cuya nulidad se postula, condición que exige el art de dicha Ley para instar la declaración de nulidad y que se identifica por la jurisprudencia con la persona para la que derivan beneficios o perjuicios actuales o futuros, pero ciertos del acto impugnado (ss EDJ 2001/11100, EDJ 2002/3739 y EDJ 2002/7663 ), es decir y como señala la sentencia de 19 de mayo de 2000 EDJ 2000/22772 respecto de la legitimación al interpretar dicho concepto de interés legítimo, aquellas personas respecto a las cuales la anulación pretendida produzca de modo inmediato un efecto positivo (beneficio) o evitación de un efecto negativo (perjuicio) actual o futuro, pero cierto (sentencia de este Tribunal Supremo de 1 de octubre de 1990), y presupone, por tanto, que la resolución administrativa pueda repercutir, directa o indirectamente, pero de modo efectivo y acreditado, es decir, no meramente hipotético, potencial y futuro, en la correspondiente esfera jurídica de quien alega su legitimación, y, en todo caso, ha de ser cierto y concreto, sin que baste, por tanto, su mera invocación abstracta y general o la mera posibilidad de su acaecimiento (SSTS de 4 de febrero de 1991, de 17 de marzo EDJ 1995/1042 y 30 de junio de 1995 EDJ 1995/3724 (y) y 12 de febrero de 1996 EDJ 1996/570, 9 de junio de 1997 EDJ 1997/5672 y 8 de febrero de 1999 EDJ 1999/572, entre otras muchas; SSTC 60/1982 EDJ 1982/60, 62/1983 EDJ 1983/63, 257/1988 EDJ 1988/573, 97/1991 EDJ 1991/4834, 195/1992 EDJ 1992/11281, 143/1994 EDJ 1994/4114 y ATC 327/1997 (Auto)). Por tanto, los requisitos para que pueda apreciarse la existencia de interés legítimo y, por tanto, de legitimación activa, son los siguientes: 1.- Por interés, que la normativa vigente califica bien de "legítimo, personal y directo", o bien, simplemente, de "directo" o de "legítimo, individual o colectivo", debe reputarse toda situación jurídica individualizada, caracterizada, por un lado, por singularizar la esfera jurídica de una persona respecto de las de la generalidad de los ciudadanos o administrados en sus relaciones con la Administración Pública, y dotada, por otro, de consistencia y lógica jurídico-administrativas propias, independientes de su conexión o derivación con verdaderos derechos subjetivos Ese

5 5 interés, que desde el punto de vista procedimental administrativo es una situación reaccional, en pro de la defensa y efectiva reintegración de lo que doctrinalmente se ha llamado el propio círculo jurídico vital y en evitación de un potencial perjuicio ilegítimo temido, está conectado precisamente con este concepto de perjuicio, de modo que el interés se reputa que existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones legales y naturales de conseguir un determinado beneficio material o jurídico o como cuando la persistencia de la situación fáctica creada o que pudiera crear el acto administrativo ocasionaría un perjuicio como resultado inmediato de la resolución dictada Ese "interés legítimo", que abarca todo interés que pueda resultar beneficiado con la estimación de la pretensión ejercitada (siempre que no se reduzca a un simple interés por la legalidad), puede prescindir, ya, de las notas de "personal y directo", pues tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo como la del Tribunal Constitucional (en Sentencias, entre otras, de este último, 60/1982, de 11 octubre, 62/1983, de 11 julio, 160/1985, de 28 noviembre, 24/1987, 257/1988, 93/1990, 32y 97/1991 y 195/1992, y Autos 139/1985, 520/1987 y 356/1989) han declarado, al diferenciar el interés directo y el interés legítimo, que éste no sólo es superador y más amplio que aquél sino también que es, por si, autosuficiente, en cuanto presupone que la resolución administrativa o jurisdiccional a dictar ha repercutido o puede repercutir, directa o indirectamente, pero de un modo efectivo y acreditado, es decir, no meramente hipotético, potencial y futuro, en la correspondiente esfera jurídica de quien se persona. En materia de legitimación ya en el ámbito de la contratación señala la citada sentencia que Tratándose de contratos administrativos, el interés legítimo viene determinado en general por la participación en la licitación (ss citada por la de ), por cuanto quienes quedan ajenos a la misma, en principio no resultan afectados en sus derechos e intereses, si bien no puede perderse de vista que la determinación de la legitimación, en cuanto responde a los intereses que específicamente estén en juego en cada caso, ha de efectuarse de forma casuística, lo que tiene una proyección concreta en los supuestos de procedimientos de concurrencia, en los cuales la condición de interesado no deriva de la genérica capacidad para participar en los mismos sino de la actitud de los posibles concursantes respecto del concreto procedimiento de que se trate, es decir, la condición de interesado no es equiparable a la genérica condición de contratista con capacidad para participar en el concurso sino que es preciso que se ejercite tal condición, ya sea participando en el procedimiento o de cualquier otro modo, sin que pueda descartarse la impugnación de la

6 6 convocatoria del concurso por quien no participa en razón de las propias condiciones en que es convocado. De acuerdo con esta doctrina, para que pueda apreciarse la existencia de legitimación para la impugnación de resoluciones administrativas en materia contractual, deben concurrir los siguientes requisitos: 1.- Con carácter general, el interés legítimo viene determinado por la participación en la licitación. 2.- No obstante, la condición de interesado no es equiparable a la genérica condición de contratista con capacidad para participar en el concurso sino que es preciso que se ejercite tal condición, ya sea participando en el procedimiento o de cualquier otro modo. Por su parte, este Tribunal ha señalado en múltiples resoluciones, a propósito de la impugnación de la adjudicación por un licitador excluido (por todas Resoluciones nº 237/2011, de 13 de octubre, nº 22/2012, de 18 de enero, y nº 107/2012, de 11 de mayo de 2012), que el interés invocado ha de ser un interés cualificado por su ligazón al objeto de la impugnación, no siendo suficiente a los efectos de la legitimación del licitador excluido el interés simple y general de la eventual restauración de la legalidad supuestamente vulnerada y de la satisfacción moral o de otra índole que pueda reportarle al recurrente el que no resulten adjudicatarias algunas otras empresas licitadoras, toda vez que nuestro ordenamiento no reconoce la acción popular en materia de contratación pública. La anterior doctrina ha sido confirmada por la Sentencia de la Audiencia Nacional de 23 julio de 2014 de la sección 4ª de la Sala de lo contencioso-administrativo que analizando la legitimación en un supuesto en que se recurría una resolución de este Tribunal, señala: QUINTO.- La resolución del recurso requiere considerar la dicción del artículo 42 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), que establece que "podrá interponer el correspondiente recurso especial en materia de contratación toda persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto de recurso". El interés legítimo que confiere legitimación, tanto en el recurso contencioso-administrativo (artículo a) LJCA) como en el recurso especial que nos ocupa, se identifica con la titularidad de un derecho o interés legítimo que suponga una relación material entre el sujeto y el objeto de la pretensión, de suerte que, de estimarse ésta, se produzca un efecto positivo o beneficio o la eliminación de un efecto negativo o perjuicio que no necesariamente ha de revestir un contenido patrimonial. Esta ventaja ha de ser concreta y efectiva (Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª, Sentencia de 26 Junio 2007, rec /2004). La STC 52/2007, de 12 de marzo,

7 7 FJ 3, recuerda que en relación al orden contencioso- administrativo, el interés legítimo se caracteriza como una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto o disposición impugnados), de tal forma que su anulación produzca automáticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio) actual o futuro pero cierto, debiendo entenderse tal relación referida a un interés en sentido propio, cualificado y específico, actual y real (no potencial o hipotético). El interés legítimo es cualquier ventaja o utilidad jurídica derivada de la reparación pretendida (SSTC 252/2000, de 30 de octubre, FJ 3; 173/2004, de 18 de octubre, FJ 3; y 73/2006, de 13 de marzo, FJ 4; STC 28/2005 de 14 de febrero FJ 3º) En materia contractual la falta de interés legítimo y la consiguiente falta de legitimación activa deriva de la no concurrencia a un contrato administrativo (Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 7ª, Sentencia de 14 Julio 2011, rec. 3163/2008). De ahí que la jurisprudencia haya exigido con carácter general para reconocer la condición de interesado a efectos de impugnación de la resolución por la que se adjudica un contrato administrativo, que el recurrente haya participado en el concurso o sistema de adjudicación de que se trate (S y ), pues no pueden hacerse valer para impugnar un determinado acto administrativo intereses que, por no integrar el contenido del acto, no son susceptibles de pronunciamiento alguno en el proceso de que se trate y, por lo tanto, no pueden servir de fundamento para invocar la legitimación activa en el proceso. Pueden hacerse valer cuantos derechos correspondan a los participantes en relación con la adjudicación del contrato, lo que incidirá en la selección del contratista, pero no caben pronunciamientos sobre la decisión de convocar el contrato y atender de esa forma al interés público afectado por el mismo que se plasmaron en actos anteriores, que no son objeto del proceso (Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª, Sentencia de 17 Mayo 2005, rec. 5111/2002; Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 7ª, Sentencia de 22 Febrero 2012, rec. 5946/2009). La jurisprudencia ha aceptado la legitimación en materia de contratos de entidades públicas para personas o entidades que no participaron en la licitación, pero tales casos excepcionales están referidos a los Pliegos o Condiciones rectores de la contratación que son los que han impedido a dichas personas o entidades participar en un plano de igualdad en la licitación (Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 7ª, Sentencia de 5 Junio 2013, rec. 866/2011). Aplicando al caso presente la anterior doctrina resulta clara la falta de legitimación del recurrente toda vez que habiendo sido excluido del procedimiento de

8 8 adjudicación y habiendo sido confirmada expresamente dicha exclusión mediante resolución de este Tribunal de fecha 15 de enero de 2016 citada en los Antecedentes de Hecho, ninguna ventaja reporta para él ni ningún perjuicio le ocasiona una hipotética declaración de nulidad de la adjudicación del contrato. Esta conclusión, además, no se ve desvirtuada por el hecho de que en caso de excluirse al actual adjudicatario, quede desierto el recurso, puesto que la posibilidad de que el contrato vuelva a licitarse no puede ser considerada, ni mucho menos, como un beneficio que repercuta de forma real y actual en su esfera jurídica, toda vez que no puede llegar a saberse con certeza si se volvería a licitar el contrato, en qué condiciones, si la parte recurrente cumpliría en su caso las condiciones para ser admitido en la licitación y, en caso de ser así, si resultaría adjudicatario del mismo. Se trataría por tanto de un interés hipotético y futuro, que impide, conforme a la doctrina expuesta, el reconocimiento de legitimación del recurrente, procediendo, por tanto, la inadmisión del presente recurso. Pues bien, como se ha avanzado anteriormente, el recurrente ha sido excluido de la licitación por no cumplir su oferta los requisitos contenidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas relativos a la altura máxima operativa ni el coeficiente mínimo de planeo. Atendido que este acuerdo es consentido y firme, por no haber interpuesto recurso alguno contra la decisión, debe inadmitirse el recurso por falta de legitimación del recurrente. Por todo lo anterior, VISTOS, los preceptos legales de aplicación, ESTE TRIBUNAL, en sesión celebrada el día de la fecha, ACUERDA: Primero. Inadmitir el recurso interpuesto por Dª M. C. B., en representación de la mercantil CIMSA Ingeniería de Sistemas, S.A., contra la resolución adoptada por la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa, de fecha 4 de agosto de 2016, por la que se acuerda la adjudicación del Lote 3 del Acuerdo Marco de adquisición centralizada de equipos paracaídas personales para el Ministerio de Defensa. Segundo. Levantar la suspensión del procedimiento de contratación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47.4 del TRLCSP.

9 9 Tercero. Declarar que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso, por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en el artículo 47.5 del TRLCSP. Esta resolución es definitiva en vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de recepción de esta notificación, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 11.1 letra f) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.