POLÍTICAS INSTITUCIONALES EN DERECHOS HUMANOS

Transcripción

1 POLÍTICAS INSTITUCIONALES EN DERECHOS HUMANOS I. Introducción II. Problemática III. Marco Jurídico IV. Estrategias 1º. Seguimiento de quejas y gestión de documentación 2º. Recomendaciones y Amigables Conciliaciones 3º. Promoción a la cultura de los derechos humanos 4º. Atención de asuntos indígenas

2 I. Introducción La protección y promoción de los derechos humanos en las instituciones de procuración de justicia tienen una importancia mayúscula. Ahora más que nunca las mexicanas y mexicanos están atentos al actuar de sus gobernantes y más aún del actuar de las instituciones encargadas de la procuración de justicia. El respeto a los derechos humanos, en la sociedad mexicana, ha calado hondo y ha llegado para no irse nunca jamás. II. Problemática La PGR es la dependencia federal que, históricamente, más recomendaciones ha recibido por violaciones a derechos humanos. Por la función que realiza es, asimismo, la dependencia federal más proclive a recibir quejas, fundadas o infundadas en esta materia. Por lo anterior el objetivo principal es el respeto irrestricto de los derechos humanos, el cual se abordará detonando un amplio programa de protección y promoción de los Derechos humanos, así como instrumentando diversos mecanismos y acciones, de acuerdo con la siguiente filosofía: La procuración de justicia es un derecho humano fundamental. La PGR, en consecuencia, debe ser garante de los derechos fundamentales. Por tanto, derechos humanos y procuración de justicia son un binomio indisoluble. Así, en todas las acciones de la PGR el respeto a los Derechos humanos debe ser una condición ineludible. III. Marco jurídico Posteriormente, como parte de la evolución normativa de la Dirección General de Protección a Derechos humanos, destaca lo establecido por la vigente Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de fecha 10 de mayo de 1996, que en su artículo 2o., fracción III, señala entre las atribuciones de la Procuraduría General de la República velar por el respeto de los derechos humanos en la esfera de su competencia; en concordancia con lo anterior, el artículo 44 del Reglamento de dicha ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de agosto de 1996, detalla las atribuciones de la Dirección General de Protección a los Derechos humanos, las cuales consisten en protección y promoción de los derechos humanos en el ámbito de competencia de la Procuraduría General de la República.

3 IV. Objetivos y estrategias IV. Estrategias 1º.- Seguimiento de quejas y gestión de documentación Atender las relaciones de la Procuraduría General de la República con la Comisión Nacional de los Derechos humanos, con la finalidad de dar respuesta a los planteamientos derivados de las quejas presentadas contra servidores públicos de esta Institución, y desahogar los requerimientos planteados por las organizaciones internacionales de derechos humanos sobre presuntas violaciones a derechos humanos ESTRATEGIAS Supervisar la actualización y control de los registros de las quejas interpuestas ante la Comisión Nacional de los Derechos humanos, contra de servidores públicos de la Procuraduría. Gestionar ante las Delegaciones Estatales y las diversas áreas de la Institución, la documentación necesaria para el seguimiento de las solicitudes de información y estar en posibilidades de dar respuesta oportuna a las solicitudes de la Comisión Nacional de los Derechos humanos. Dirigir las acciones de la Comisión Nacional de los Derechos humanos por supuestas violaciones cometidas por servidores públicos de esta Procuraduría. Coordinar y supervisar la correcta integración de los expedientes sobre quejas de presuntas violaciones a derechos humanos. 2º.- Recomendaciones y Amigables Conciliaciones Atender el trámite de Recomendaciones y Amigables Conciliaciones mediante brigadas de trabajo con la Comisión Nacional de los Derechos humanos, en las que ese organismo plantea mediante notas informativas respecto de las quejas que considera contienen violaciones a derechos humanos por parte de servidores públicos de esta Institución.

4 ESTRATEGIAS Atender oportunamente las Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hasta cumplir cabalmente lo solicitado por ese Organismo Nacional. Atender las Propuestas de Conciliación que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emite dentro de su programa "Lucha contra la impunidad". Iniciar y determinar las averiguaciones previas que con motivo de Recomendaciones y Amigables Conciliaciones se inicien en esta Dirección General. Dar seguimiento a los Procedimientos Administrativos que integra la Contraloría Interna en la Procuraduría General de la República, derivados de las Recomendaciones y Amigables Conciliaciones que envía la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Remitir a la Comisión Nacional de los Derechos humanos pruebas de cumplimiento de las acciones realizadas por esta Dirección General en el trámite de las Recomendaciones y Amigables Conciliaciones. Autorizar las Consultas de Reserva y No Ejercicio de la Acción Penal propuestas por los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a esta área. Tener el registro estadístico de las actividades de los asuntos tramitados en esta área, tales como averiguaciones previas iniciadas, consignadas, reservas y no ejercicio de la acción penal; procedimientos penales iniciados con motivo de las consignaciones de estas averiguaciones previas; órdenes de aprehensión cumplidas; órdenes de aprehensión pendientes de cumplir; cumplimiento de Recomendaciones y Amigables Conciliaciones. 3º.- Promoción a la cultura de los derechos humanos Promover al interior y al exterior de la Procuraduría, el reconocimiento y respeto de los derechos humanos, mediante la elaboración del programa de difusión y capacitación, con el objeto de habilitar a los servidores públicos de la Institución; así como difundir la cultura de respeto a los Derechos humanos a los diferentes sectores sociales relacionados con la Procuraduría. ESTRATEGIAS Difundir a los medios de comunicación, a través de la Dirección General de Comunicación Social, los avances que en materia de derechos humanos se llevan a cabo en la Institución.

5 Coordinar y supervisar las medidas de control y prevención de las posibles violaciones de derechos humanos que puedan suscitarse entre los servidores públicos de la Institución. Proponer elaborar convenios de colaboración con agrupaciones académicas, profesionales, estudiantiles, políticas y sociales para difundir la cultura al respeto de los derechos humanos. Proporcionar asesoría en materia de derechos humanos a las diversas unidades administrativas de la Procuraduría que así lo requieran. Coordinar el Centro de Documentación de derechos humanos, a fin de ampliar el acervo bibliográfico y establecer convenios de colaboración con organismos afines. Establecer y llevar a cabo los programas de capacitación en materia de derechos humanos y que se imparten en las unidades administrativas, como el Instituto de Capacitación y el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Desarrollar actividades que permitan fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos, mediante el establecimiento de plataformas de conocimientos básicos y especializados, así como conferencias, cursos, seminarios y capacitación a distancia, dirigidos a servidores públicos de la Institución. Proponer modificaciones de carácter jurídico así como administrativo, tendentes a perfeccionar la relación autoridad ciudadano en materia de derechos humanos. Establecer otras estrategias que permitan el intercambio de información con las diversas comisiones de Derechos humanos, con relación a la promoción y difusión de la cultura de respeto a los derechos humanos. Establecer y mantener contacto permanente con las Organizaciones No Gubernamentales, para la realización de labores conjuntas en defensa de los derechos humanos. Planear y dirigir los programas de prestación de servicio social, que se implanten en la Dirección General. 4º.- Atención de asuntos indígenas Intervenir y dar seguimiento a todos los asuntos del orden federal que, en averiguación previa, proceso, ejecución de sentencia y amparo, involucren a personas que pertenezcan a algún pueblo indígena, vigilando en todo momento que se dé cumplimiento estricto a lo establecido en la fracción V del artículo 52 del Código Penal Federal, así como en el artículo 146 del Código Federal de Procedimientos Penales.

6 ESTRATEGIAS Coadyuvar con el agente del Ministerio Público de la Federación aportando argumentos que por regla general favorecen al indígena, mediante opiniones debidamente sustentadas en las que se valoran sus circunstancias personales (situación económica, grado de escolaridad, etc.) y las características que como grupo o pueblo puedan tener, lo que permitiría según el caso, que el representante social de la Federación determine la consulta del No Ejercicio de la Acción Penal. Tratándose de indígenas sentenciados, se gestiona ante la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, la concesión de beneficios de ley; de igual forma se realizan visitas a los diferentes Centros de Readaptación Social en la República, para conocer y atender a la población penitenciaria indígena que se encuentre involucrada en un delito del orden federal. Reforzar y modernizar los instrumentos e instituciones de procuración e impartición de justicia que garanticen una mayor seguridad jurídica a los grupos indígenas y la efectiva defensa de sus derechos. A este respecto la Procuraduría General de la República y el Instituto Nacional Indigenista firmaron el 9 de julio de 1991 un Convenio de Coordinación que originó que se expidiera el Acuerdo número A/025/91 del Procurador General de la República, por lo que se requirió a los delegados estatales que implementaran las obligaciones contraídas por la Institución, en cumplimiento a los compromisos adquiridos con el Instituto Nacional Indigenista. De igual manera, con el objeto de sentar las bases de colaboración interinstitucional, a fin de coordinar acciones para promover un trato justo y digno a todas las personas, en especial a las que posean una identidad indígena, el 19 de noviembre de 1999 la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Federal de la Defensoría Pública y el Instituto Nacional Indigenista, firmaron el Convenio General de Colaboración.