AÑO 2013 REF.: SCC/AP/I.13.13/F INFORME SOBRE POSIBLES PRÁCTICAS IRREGULARES DE COMPAÑÍAS ESPAÑOLAS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS

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2 CONSULTA Nº - 1 Nº - 2 Nº - 3 Nº - 4 Nº - 5 Nº - 6 Nº - 7 Nº - 8 Nº - 9 Nº - 10 AÑO 2013 TÉRMINOS INFORME SOBRE QUÉ PRECIO SE DEBE COBRAR/PAGAR EN EL CASO DE QUE NO COINCIDA EL PRECIO MARCADO EN EL EMBALAJE DE UN PRODUCTO CON EL PRECIO COBRADO EN CAJA REF.: SCC/AP/I.12.13/F INFORME SOBRE CONSULTA EFECTUADA ACERCA DE LA DENOMINACIÓN CORRECTA DE UNA MUESTRA DENOMINADA ARROZ SIVARIS SALVAJE Y SI ESTA AJUSTADA A LA NORMATIVA REF.: SCC/AP/I.13.13/F INFORME SOBRE POSIBLES PRÁCTICAS IRREGULARES DE COMPAÑÍAS ESPAÑOLAS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS REF.: INFORME SOBRE LA INCOMPATIBILIDAD DEL ARTÍCULO 20.2 DE LA LEY 7/1996, DE 15 DE ENERO, DE ORDENACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA CON EL ARTÍCULO 20.1 DEL TRLGDCU REF.: SCC/AP/I.1.13/F INFORME SOBRE DE LA INTERPRETACIÓN NORMATIVA SOBRE LA DENOMINACIÓN DE VENTA HARINA ACOMPAÑADA POR LOS TERMINOS ESPECIAL O SUPERIOR. REF.: SCC/AP/I.3.13/F INFORME SOBRE LA INTERPRETACIÓN NORMATIVA ACERCA DEL USO DEL TERMINO GAZPACHO. REF.: SCC/AP/I.15.13/F INFORME SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE CANTIDADES NOMINALES PARA PRODUCTOS ENVASADOS Y CONTROL DEL CONTENIDO EFECTIVO REF.: SCC/AP/I.17.13/F INFORME SOBRE EL POSIBLE CARÁCTER ABUSIVO DE LA APLICACIÓN DE INTERESES USURARIOS EN DISTINTOS CONTRATOS, EN VIRTUD DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE. SGANAC/1540/2013/F INFORME SOBRE LA POSIBLE CALIFICACIÓN COMO ABUSIVA DE LA CLAUSULA DE UN CONTRATO QUE PERMITE EL COBRO POR LA EMISIÓN DE FACTURAS EN PAPEL. SGANAC/1542/2013/F INFORME SOBRE LA DENOMINACION DE VENTA DE UN PRODUCTO CARNICO QUE CONTIENE CARNE DE CERDO. REF.: SCC/AP/I.47.13/F

3 Nº - 11 Nº - 12 Nº - 13 INFORME SOBRE LA INTERPRETACIÓN NORMATIVA ACERCA DEL ETIQUETADO DE LAS MERMELADAS. REF.: SCC/AP/I.28.13/F INFORME SOBRE EL CONTENIDO NETO DE LOS HELADOS QUE DEBE FIGURAR EN LA INFORMACIÓN ALIMENTARIA DEL ETIQUETADO. REF.: SCC/AP/I.53.13/F INFORME SOBRE LA DENOMINACION DE VENTA JARABE DE GLUCOSA Y MIEL O SUCEDANEO DE MIEL REFERENTE AL PRODUCTO EMIR DE GRANADA. REF.: SCC/AP/I.34.13/F

4 CONSULTA Nº 1 REF.: SCC/AP/I.12.13/F INFORME SOBRE QUÉ PRECIO SE DEBE COBRAR/PAGAR EN EL CASO DE QUE NO COINCIDA EL PRECIO MARCADO EN EL EMBALAJE DE UN PRODUCTO CON EL PRECIO COBRADO EN CAJA En este Organismo se ha recibido una consulta de la Dirección General de Salud Pública, Drogodependencias y Consumo de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, en relación a la respuesta del Centro de Estudios de Consumo de la Universidad de Castilla la Mancha (CESCO) a una consulta de la OMIC de Alcázar de San Juan, en la que se planteaba la disquisición de que cuando no coincide el precio marcado en el embalaje de un producto con el precio cobrado en caja, cuál de los dos es el que se debe cobrar/pagar. (Volver) En relación con este asunto se informa lo siguiente: Primero: La conclusión a la que llega el CESCO es que el precio que se debe cobrar es el marcado en caja, independientemente del que marque el producto, omitiendo en la respuesta parte de la legislación de consumo que regula la información sobre los precios. Segundo: El Decreto 2807/1972, de 15 de septiembre, por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor, obliga en el artículo 1º, apartado 1, a que los establecimientos sin excepción, quedan obligados a exhibir el precio de las mercancías que se encuentran expuestas para su venta. Además, en el apartado 2, se recoge el requisito de que el P.V.P. sea anunciado en forma tal que el posible adquirente quede informado de su contenido con la sola lectura de su anuncio, sin necesidad de obtener, a tal efecto, ningún tipo de información complementaria. Por otro lado, el artículo 3º dispone también que los precios se fijarán sobre cada producto, no necesitando el consumidor, sobre este particular, aclaración alguna por parte del vendedor. Además, en el artículo 8º se señala que la exigencia de un precio superior al anunciado para la venta de bienes o la prestación de servicio se considerará infracción a la disciplina del mercado, matizando en el apartado 2 de este mismo artículo que cuando exista discordancia entre los precios anunciados para un mismo

5 producto se entenderá que la exigencia del que sea más elevado constituye igualmente infracción administrativa a la disciplina del mercado. Tercero: El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, reconoce en el Artículo 8, letras b) y d), como derechos básicos del consumidor: b) La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales, en particular frente a las prácticas comerciales desleales y la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos. d) La información correcta sobre los diferentes bienes y servicios Por otra parte, en el Artículo 19 del mismo, titulado del Principio general y prácticas comerciales, se recoge que: 1. Los legítimos intereses económicos y sociales de los consumidores deberán ser respetados en los términos establecidos en esta norma, aplicándose, además, lo previsto en las normas civiles, mercantiles y las demás normas comunitarias, estatales y autonómicas que resulten de aplicación. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados siguientes, para la protección de los legítimos intereses económicos y sociales de los consumidores y usuarios, las prácticas comerciales de los empresarios dirigidas a ellos están sujetas a lo dispuesto en esta ley, en la Ley de Competencia Desleal y en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. A estos efectos, se consideran prácticas comerciales de los empresarios con los consumidores y usuarios todo acto, omisión, conducta, manifestación o comunicación comercial, incluida la publicidad y la comercialización, directamente relacionada con la promoción, la venta o el suministro de un bien o servicio a los consumidores y usuarios, con independencia de que sea Realizada antes, durante o después de una operación comercial. No tiene la consideración de prácticas comerciales las relaciones de naturaleza contractual, que se regirán conforme a lo previsto en el artículo 59. En cuanto a la materia sobre información de precios, en el apartado 4 se dispone que:

6 4. Las normas previstas en esta ley en materia de prácticas comerciales ( ), indicación de precios y cualesquiera otras normas que regulen aspectos concretos de las prácticas comerciales desleales previstos en normas comunitarias prevalecerán en caso de conflicto sobre la legislación de carácter general aplicable a las prácticas comerciales desleales. Además, en el Artículo 49, apartado 1, letras e) y f), se identifican como infracción en materia de defensa de los consumidores y usuarios, e) El incumplimiento de las normas reguladoras de precios, f) El incumplimiento de las normas relativas a ( ) y publicidad de bienes y servicios. Por otra parte, el Artículo 60 establece que: 1. Antes de contratar, el empresario deberá poner a disposición del consumidor y usuario de forma clara, comprensible y adaptada a las circunstancias la información relevante, veraz y suficiente sobre las características esenciales del contrato, en particular sobre sus condiciones jurídicas y económicas, y de los bienes o servicios objeto del mismo. Entre esta información precontractual relevante debe darse información sobre el precio completo de los bienes y servicios ofrecidos, incluidos los impuestos correspondientes aplicables. Finalmente, el Artículo 61 recoge el principio de integración de la oferta, promoción y publicidad en el contrato: 1. La oferta, promoción y publicidad de los bienes o servicios se ajustarán a su naturaleza, características, utilidad o finalidad y a las condiciones jurídicas o económicas de la contratación. 2. El contenido de la oferta, promoción, publicidad, ( ) las condiciones jurídicas o económicas deberán tenerse en cuenta en la determinación del principio de conformidad con el contrato,

7 Todo ello implica que las condiciones económicas del contrato en este caso la información precontractual referente al precio del producto - vinculan al empresario y se integran en el contenido del contrato. En consecuencia, la información precontractual relativa a las condiciones económicas del contrato, de conformidad con el principio referido, implica que el precio realmente publicitado y expuesto por el empresario ya sea en lineal o, por ejemplo, en un documento de oferta de servicios, le vincula ante los consumidores. Cuarto: Por otro lado, la conducta descrita supone una práctica engañosa, publicitariamente hablando, y una práctica desleal. Entendemos que debe seguirse con firmeza el argumento sobre este particular en el sentido de que a los efectos de determinar qué se entiende por publicidad engañosa, debe acudirse a la Ley 34/1988, de 11 de noviembre General de Publicidad. Dicho texto legal establece en su artículo 1 que: "La publicidad se regirá por esta Ley, por la Ley de Competencia Desleal y por las normas especiales que regulen determinadas actividades publicitarias". En su artículo 2, señala que se entiende por publicidad: "toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones.. Los destinatarios de la publicidad se definen como: "las personas a las que se dirija el mensaje publicitario o a las que éste alcance". Por lo que respecta a la publicidad ilícita se considera como tal, entre otras: "La publicidad engañosa, la publicidad desleal y la publicidad agresiva, que tendrán el carácter de actos de competencia desleal en los términos contemplados en la Ley de Competencia Desleal". Resulta preciso, por tanto, acudir a la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal para poder determinar qué se entiende por publicidad engañosa. Esta Ley comienza señalado en su artículo 1 cuál es su finalidad y señala a este respecto que: "Esta Ley tiene por objeto la protección de la competencia en interés de todos los que participan en el mercado, y a tal fin establece la prohibición de los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita en los términos de la Ley General de Publicidad" y es aplicable, tal y como establece el artículo 3, a los empresarios, profesionales y a cualesquiera otras personas físicas o jurídicas que participen en el

8 mercado. Asimismo, es aplicable a cualesquiera actos de competencia desleal, realizados antes, durante o después de una operación comercial o contrato, independientemente de que éste llegue a celebrarse o no. Con carácter general la Ley en el artículo 4 reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe. En lo que respecta a las relaciones con consumidores y usuarios entiende contrario a las exigencias de la buena fe el comportamiento de un empresario o profesional contrario a la diligencia profesional, entendida ésta como el nivel de competencia y cuidados especiales que cabe esperar de un empresario conforme a las prácticas honestas del mercado, que distorsione o pueda distorsionar de manera significativa el comportamiento económico del consumidor medio o del miembro medio del grupo destinatario de la práctica, si se trata de una práctica comercial dirigida a un grupo concreto de consumidores. A los efectos de delimitar aún más el concepto de acto de competencia desleal y, conexo con ello, el de publicidad ilícita por engañosa la Ley define qué se entiende por comportamiento económico del consumidor o usuario señalando que es toda decisión por la que éste opta por actuar o por abstenerse de hacerlo en relación con: a) La selección de una oferta u oferente. b) La contratación de un bien o servicio, así como, en su caso, de qué manera y en qué condiciones contratarlo. c) El pago del precio, total o parcial, o cualquier otra forma de pago. d) La conservación del bien o servicio. e) El ejercicio de los derechos contractuales en relación con los bienes y servicios. A los mencionados efectos la Ley entiende por distorsionar de manera significativa el comportamiento económico del consumidor medio, utilizar una práctica comercial para mermar de manera apreciable su capacidad de adoptar una decisión con pleno conocimiento de causa, haciendo así que tome una decisión sobre su comportamiento económico que de otro modo no hubiera tomado.

9 Centrándonos aún más en el contenido de la Ley el artículo 5 establece que: "Se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico, siempre que incida sobre alguno de los siguientes aspectos: a) La existencia o la naturaleza del bien o servicio. b) Las características principales del bien o servicio, tales como su disponibilidad, sus beneficios, sus riesgos, su ejecución, su composición, sus accesorios, el procedimiento y la fecha de su fabricación o suministro, su entrega, su carácter apropiado, su utilización, su cantidad, sus especificaciones, su origen geográfico o comercial o los resultados que pueden esperarse de su utilización, o los resultados y características esenciales de las pruebas o controles efectuados al bien o servicio. c) La asistencia posventa al cliente y el tratamiento de las reclamaciones. d) El alcance de los compromisos del empresario o profesional, los motivos de la conducta comercial y la naturaleza de la operación comercial o el contrato, así como cualquier afirmación o símbolo que indique que el empresario o profesional o el bien o servicio son objeto de un patrocinio o una aprobación directa o indirecta. e) El precio o su modo de fijación, o la existencia de una ventaja específica con respecto al precio. f) La necesidad de un servicio o de una pieza, sustitución o reparación, y la modificación del precio inicialmente informado, salvo que exista un pacto posterior entre las partes aceptando tal modificación. g) La naturaleza, las características y los derechos del empresario o profesional o su agente, tales como su identidad y su solvencia, sus cualificaciones, su situación, su aprobación, su afiliación o sus conexiones y sus derechos de propiedad industrial, comercial o intelectual, o los premios y distinciones que haya recibido. h) Los derechos legales o convencionales del consumidor o los riesgos que éste pueda correr." Por su parte, el artículo 7 dedicado a las omisiones engañosas, establece que:

10 "1. Se considera desleal la omisión u ocultación de la información necesaria para que el destinatario adopte o pueda adoptar una decisión relativa a su comportamiento económico con el debido conocimiento de causa. Es también desleal si la información que se ofrece es poco clara, ininteligible, ambigua, no se ofrece en el momento adecuado, o no se da a conocer el propósito comercial de esa práctica, cuando no resulte evidente por el contexto. 2. Para la determinación del carácter engañoso de los actos a que se refiere el apartado anterior, se atenderá al contexto fáctico en que se producen, teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias y las limitaciones del medio de comunicación utilizado. Cuando el medio de comunicación utilizado imponga limitaciones de espacio o de tiempo, para valorar la existencia de una omisión de información se tendrán en cuenta estas limitaciones y todas las medidas adoptadas por el empresario o profesional para transmitir la información necesaria por otros medios." Quinto: Como conclusión de todo lo expuesto y sin entrar en valoraciones de situaciones particulares que pueden deberse a errores manifiestos o presuntas manipulaciones atribuibles a un tercero que deberán ser acreditadas por el establecimiento, cabe señalar que la práctica de cobrar en caja un precio distinto del precio marcado, es una infracción administrativa en materia de defensa de los consumidores y usuarios. [Volver] CONSULTA Nº 2 REF.: SCC/AP/I.13.13/F INFORME SOBRE CONSULTA EFECTUADA ACERCA DE LA DENOMINACIÓN CORRECTA DE UNA MUESTRA DENOMINADA ARROZ SIVARIS SALVAJE Y SI ESTA AJUSTADA A LA NORMATIVA En este Organismo se ha recibido un escrito de fecha, 10 de enero de 2013, de la Dirección General de Planificación, Calidad y Consumo de la Junta de Extremadura, en el que a la vista de los resultados de los análisis realizados en el Centro de

11 Investigación y Control de la Calidad (CICC), en una muestra denominada Arroz Sivaris Salvaje, cuyo contenido se corresponde morfológicamente con la especie botánica Zizania palustris L., se formula la consulta acerca de si: a) estaría ajustada a la normativa la citada denominación y b) si la denominación que debería figurar sería Zizania palustris L.. [Volver] En relación a las cuestiones planteadas y, una vez consultada la Subdirección General de Cultivos Herbáceos e Industriales y la Subdirección General de Planificación y Control Alimentarios, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se informa lo siguiente: Primero.- El Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, en su artículo 6, punto1, establece que la denominación de venta de un producto alimenticio será la denominación prevista para este producto en las disposiciones de la Comunidad Europea que le sean aplicables. Asimismo, en el citado punto 1, ap. a) señala que a falta de disposiciones de la Comunidad Europea, la denominación de venta será la denominación prevista por las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que le sean aplicables en España. En defecto de lo anterior, estará constituida por el nombre consagrado por el uso en España, o por una descripción del producto alimenticio y de su utilización, si fuera necesario, lo suficientemente precisa para permitir al comprador conocer su naturaleza real y distinguirlo de los productos con los que pudiera confundirse. De igual forma, en el citado artículo 6, punto 2, determina que no podrá ser sustituida la denominación de venta por una marca comercial o de fábrica o de una denominación de fantasía. Por otra parte, en su artículo 4, punto 1, indica que el etiquetado y las modalidades de realizarlo no deberán ser de tal naturaleza que induzcan a error al comprador, especialmente: a) Sobre las características del producto alimenticio y, en particular, sobre su naturaleza, identidad, cualidades, composición, cantidad, duración, origen o procedencia y modo de fabricación y obtención. Segundo.- La Orden de 12 de noviembre de 1980 por la que se aprueba la norma de calidad para el arroz envasado con destino al mercado interior, en el punto I,

12 sobre definición del producto, establece que la presente norma se refiere al arroz, es decir, a los granos maduros procedentes de las variedades de la especie Oryza sativa L. y dispuestos para su venta al consumidor. Se aplicará a: 1.- Arroz descascarillado o cargo 2. Arroz blanco 3. Arroz sancochado o parboiled 4. Arroz tratado 4.1. Arroz glaseado 4.2. Arroz matizado a camolino 4.3. Arroz enriquecido Tercero.- De igual forma, la Norma del CODEX Alimentarius para el arroz (CODEX STAN ), en la Sección 2.1. Definiciones, punto , define el arroz como granos enteros o quebrados de la especie Oryza sativa L. Asimismo, en la Sección 7 de etiquetado, en el punto 7.1. Nombre del producto: establece que El nombre del producto que deberá aparecer en la etiqueta deberá ajustarse a las definiciones que figuran en la sección 2.1. Cuarto.- Teniendo en cuenta lo expuesto, se desprende lo siguiente: I. La denominación arroz solamente puede utilizarse para los granos maduros de la especie Oryza sativa L.. II. La gramínea acuática de la especie Zizania palustris L., nada tiene que ver con la especie Oryza sativa L.. Quinto.- A la vista de lo señalado, se concluye que la denominación de venta como Arroz Sivaris Salvaje, no es correcta, ya que atendiendo a la normativa, no se trata de arroz sino de otro cereal y, por tanto, induciría a error al consumidor sobre la verdadera naturaleza del producto. Por otro lado, no se entra a valorar el término Sivaris que por el lugar que ocupa en el etiquetado parece acompañar a la denominación del producto.

13 Sexto.- Respecto a la propuesta que formula la Unidad consultante acerca de que la denominación de venta que debe figurar en el envase es Zizania palustris L., este Organismo considera adecuada dicha proposición. [Volver] CONSULTA Nº 3 REF.: INFORME SOBRE POSIBLES PRÁCTICAS IRREGULARES DE COMPAÑÍAS ESPAÑOLAS DE ALQUILER DE VEHÍCULOS El Centro Europeo del Consumidor de España ha detectado, a resultas del elevado número de reclamaciones que recibe contra compañías españolas de alquiler de vehículos, cuatro tipos de prácticas susceptibles de vulnerar los intereses económicos de los consumidores: en primer lugar, en relación con la política de combustible; en segundo lugar, en relación con el precio final de la reserva on line; en tercer lugar, en relación con pagos por prestación de servicios, en cuarto lugar, en relación con las condiciones de pago. [Volver]

14 1. Política de combustible Es una constante entre el clausulado de condiciones generales de los contratos ofrecidas por las agencias de alquiler de coches aquella que obliga al consumidor en el momento de recogida del vehículo a pagar un importe por el tanque lleno de combustible y devolverlo con el depósito vacío 1. En la práctica si el consumidor entrega el coche con el depósito lleno la compañía no le devuelve el importe del combustible no consumido, alegando que es su responsabilidad leer los términos y condiciones, y, en consecuencia, saber que debe devolverlo vacío. En suma, como resulta poco probable la devolución del vehículo con el depósito totalmente vacío, las compañías siempre salen ganando. El Centro Europeo del Consumidor en España considera que dicha cláusula, recogida en las condiciones generales de los contratos propuestos por dichas compañías, puede ser abusiva en los términos que define el artículo 87.5 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Se trataría de una cláusula abusiva por falta de reciprocidad, toda vez que prevé el cobro por productos o servicios no usados o consumidos por el consumidor de manera efectiva. La razón es que el consumidor queda obligado de antemano a pagar un importe por el depósito lleno de combustible y a devolverlo tan vacío como sea posible, de modo que queda compelido a pagar un volumen de combustible que no tiene porqué llegar a consumir. Por otra parte, la conducta descrita se hallaría también tipificada en el artículo del Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, conforme al cual es infracción: La realización de transacciones en las que se imponga injustificadamente al consumidor o usuario la condición expresa o tácita de comprar una cantidad mínima o productos no solicitados, o la de prestarle o prestar él un servicio no pedido o no ofrecido. 2. Precio final de la reserva on line El Centro Europeo del Consumidor en España ha verificado mediante simulación de la reserva de un coche a través de la web de algunas compañías que el precio final ofrecido no se ajusta con el precio real del servicio en los casos de devolución 1 Por ejemplo: Condiciones relativas a la gasolina: En las oficinas propias de la Agencia de alquiler, siempre procure entregar el vehículo con el depósito lleno y deberá de ser devuelto con el depósito vacío, ya que no habrá devoluciones.

15 del vehículo en un establecimiento distinto al que tuvo lugar la entrega, así como en el caso de devolución del vehículo fuera de horario de oficina. En los dos supuestos citados las compañías analizadas omiten incluir el cargo extra, dando lugar a una posible práctica comercial desleal engañosa, tipificado como tal por los artículos 4.1. y 7 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, por omisión de la obligación de información que, al respecto, establece el artículo 20.c) del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios: las prácticas comerciales deberán contener, al menos la siguiente información: El precio final completo, incluidos los impuestos, desglosando, en su caso, el importe de los incrementos o descuentos que sean de aplicación a la oferta y los gastos adicionales que se repercutan al consumidor o usuario. 3. Pagos por la prestación de servicios tras la devolución del vehículo El Centro Europeo del Consumidor en España ha detectado situaciones de indefensión de los consumidores que se producen tras la devolución del vehículo. Concretamente, estas situaciones se suscitan en relación con el cargo posterior a la tarjeta de crédito del consumidor en concepto de entrega del vehículo en no buen estado de limpieza y por daños menores. Dicho cargo tienen su origen en una cláusula recogida en las condiciones generales que obliga a incluir en el contrato de alquiler, tanto al momento de la entrega como de la devolución del vehículo, cualquier daño menor visible como el estado de limpieza del vehículo 2. Los 2 Por ejemplo: 2.1. Tanto en la entrega como en la devolución del Vehículo, la Agencia de Alquiler y el Arrendatario incluirán en el contrato de alquiler cualquier daño menor visible en el Vehículo de conformidad con la lista de daños y costes promedios de reparación expuestos en el mostrador de la oficina de alquiler que el Arrendatario declara conocer. A los efectos de la presente cláusula los daños menores se encuentran recogidos en la /s lista /s de daños expuestos en el mostrador de la oficina de alquiler según se recoge en el Artículo 4 de estas condiciones generales. En el momento de la entrega del Vehículo, los daños menores no reparados deberán reflejarse en el Contrato de Alquiler con las correspondientes firmas de la Agencia de Alquiler y el Arrendatario. A la finalización del alquiler, en el momento de la devolución del Vehículo, se identificará cualquier nuevo daño menor que se haya producido al vehículo, en cuyo caso se recogerá expresamente en el contrato de alquiler, y será aprobado y firmado por la Agencia de Alquiler y el Arrendatario; cuando sea posible, el Arrendatario validará los nuevos daños a la devolución del vehículo mediante firma electrónica o mediante al firma del correspondiente documento adicional al contrato de arrendamiento. Los nuevos daños menores serán cargados al Arrendatario al precio de promedio de reparación incluidos en la /s lista /s exhibidas en el mostrador de la oficina de alquiler según se recoge en el Artículo 4 de estas condiciones Generales. Dicho promedio de reparación será facturado al Arrendatario directamente por la Agencia de Alquiler incluirá los conceptos que resulten de aplicación según lo definido en el Artículo 4 de estas Condiciones Generales. El Arrendatario abonará este coste a la Agencia de Alquiler conforme a lo estipulado en el artículo 4.2 de estas Condiciones Generales. 2.2 Excepto por los posibles daños menores que pudieran haberse reflejado en el contrato de alquiler según lo descrito en el Artículo 2.1 el Arrendador hace entrega del Vehículo al Arrendatario en buen estado aparente de funcionamiento y en buen estado exterior y de limpieza, y habiendo superado los controles internos del Arrendador; con un par de triángulos de

16 problemas se producen en el momento de la devolución del vehículo porque la cláusula citada permite a la compañía efectuar dicha revisión sin la presencia del consumidor, el cual queda obligado, en el caso de que aquélla identifique un daño menor o constate la entrega del vehículo en no buen estado de limpieza, a asumirlo sin haber tenido conocimiento expreso ni disponer de copia del contrato en el que se recoja aquello expresamente. El Centro Europeo del Consumidor en España considera que dicha cláusula es abusiva por vincular el contrato a la voluntad del profesional en los términos que define en general el artículo 85 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, al otorgar al empresario la facultad de aumentar el precio inicialmente estipulado sin que existan razones objetivas para ello. Y de manera más particular, la cláusula sería también abusiva al tener su encuadre en el artículo 85.3 del RDL 1/2007: las cláusulas que reserven a favor del empresario facultades de interpretación o modificación unilateral del contrato, salvo, en este último caso, que concurran motivos válidos especificados en el contrato. 4. Condiciones de pago En relación con las condiciones de pago se ha detectado también el carácter abusivo de las cláusulas que limitan las condiciones de pago al aceptar solamente tarjetas de crédito, no admitiendo y rechazando las tarjetas de débito y el pago en efectivo 3. emergencia, con un chaleco reflectante de seguridad de alta visibilidad y con todos sus neumáticos (incluido el de repuesto) en buen estado y sin pinchazos. En caso de deterioro y/o pérdida de cualquiera de los neumáticos (por causa que no sea desgaste normal, deficiente montaje o defecto de fabricación) el Arrendatario se compromete a reemplazarlos inmediatamente, a su cargo, por otros neumáticos de idénticas características y misma marca y modelo, salvo que el deterioro y/o pérdida sea consecuencia de un accidente de tráfico, robo o actos vandálicos, en cuyo caso regirá lo dispuesto en el artículo 7 de las presentes Condiciones Generales. 2.3 Queda prohibido al Arrendatario variar cualquier característica técnica del Vehículo, las llaves, equipamiento, las herramientas y/o accesorios del Vehículo, así como efectuar cualquier modificación de su aspecto exterior y/o interior (salvo expresa autorización escrita por parte del Arrendador). En caso de infracción de este artículo, el Arrendatario deberá correr con los gastos, debidamente justificados, de reacondicionamiento del Vehículo a su estado original y abonar una cantidad en concepto de indemnización por inmovilización del Vehículo que será calculada de acuerdo al criterio establecido en el artículo 4.1 b) de las presentes Condiciones Generales. 3 Por ejemplo: Las condiciones de pago son: a) Tarjeta de crédito VISA o MasterCard; b) No se admitirá el pago con tarjeta de débito, Diners Club, American Express, Postepay ni dinero en efectivo; c) La tarjeta de crédito debe estar a nombre de la persona que figure como conductor principal del contrato de alquiler.

17 Consideramos que la cláusula es abusiva al tipificar lo dispuesto en el artículo 86.7 del RDL 1/2007, según el cual se consideran abusivas aquellas estipulaciones que prevean la imposición de cualquier renuncia o limitación de los derechos del consumidor y usuario. Asimismo, se podría encauzar con los artículos 82 y 89, que recogen tanto el concepto de cláusulas abusivas como las cláusulas abusivas que afectan al perfeccionamiento y ejecución del contrato. [Volver] CONSULTA Nº 4 REF.: SCC/AP/I.1.13/F INFORME SOBRE LA INCOMPATIBILIDAD DEL ARTÍCULO 20.2 DE LA LEY 7/1996, DE 15 DE ENERO, DE ORDENACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA CON EL ARTÍCULO 20.1 DEL TRLGDCU En este Organismo se ha recibido una consulta de la Secretaría General de Consumo de la Junta de Andalucía, sobre la interpretación que debe darse al artículo 20.2 de la Ley 7/1996, de 18 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista en lo que se refiere a la publicidad de precios en materia de rebajas, y su compatibilidad con el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. [Volver] En cuanto al objeto de la consulta cabe informar lo siguiente:

18 En el artículo 20 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, dedicado a la constancia de la reducción de precios, se dispone que: 1. Siempre que se oferten artículos con reducción de precio, deberá figurar con claridad, en cada uno de ellos, el precio anterior junto con el precio reducido, salvo que se trate de artículos puestos a la venta por primera vez. Se entenderá por precio anterior, el que hubiese sido aplicado sobre productos idénticos durante un periodo continuado de al menos treinta días, en el curso de los seis meses precedentes. 2. No obstante lo señalado en el apartado precedente, cuando se trate de una reducción porcentual de un conjunto de artículos, bastará con el anuncio genérico de la misma sin necesidad de que conste individualmente en cada artículo ofertado. El artículo 20 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, sobre información necesaria en la oferta comercial de bienes y servicios, establece que: 1. Las prácticas comerciales que, de un modo adecuado al medio de comunicación utilizado, incluyan información sobre las características del bien o servicio y su precio, posibilitando que el consumidor o usuario tome una decisión sobre la contratación, deberán contener, si no se desprende ya claramente del contexto, al menos la siguiente información: ( ) c) El precio final completo, incluidos los impuestos, desglosando, en su caso, el importe de los incrementos o descuentos que sean de aplicación a la oferta y los gastos adicionales que se repercutan al consumidor o usuario. En el resto de los casos en que, debido a la naturaleza del bien o servicio, no pueda fijarse con exactitud el precio en la oferta comercial, deberá informarse sobre la base de cálculo que permita al consumidor o usuario comprobar el precio. Igualmente, cuando los gastos adicionales que se repercutan al consumidor o usuario no puedan ser calculados de antemano por razones objetivas, debe informarse del hecho de que existen dichos gastos adicionales y, si se conoce, su importe estimado

19 El artículo 20.1 del TRLGDCU es aplicable únicamente a las invitaciones a comprar, de acuerdo con el concepto definido en la letra i) del artículo 2 de la Directiva 2005/29/CE, de 3 de diciembre de 2009, de prácticas comerciales desleales, que en el TRLGDCU fue transpuesto con el concepto de oferta comercial. La citada Directiva define la invitación a comprar como la comunicación comercial que indica las características del producto y su precio de una manera adecuada al medio de comunicación comercial utilizado, y permite así al consumidor realizar una compra. El artículo 7.4 de la Directiva establece que, en los casos en que haya una invitación a comprar, se considera sustancial, si no se desprende ya claramente del contexto, una serie de informaciones, entre las que se encuentran unos requerimientos en relación con el precio (letra c) del apartado 7.4). Concretamente, señala que se ha de indicar el precio, incluidos los impuestos, o, en caso de que éste no pueda calcularse razonablemente de antemano por la naturaleza del producto, la forma en que se determina el precio, así como, cuando proceda, todos los gastos adicionales de transporte, entrega o postales o, cuando tales gastos no puedan ser calculados razonablemente de antemano, el hecho de que pueden existir dichos gastos adicionales. Por lo tanto, en las invitaciones a comprar debe incluirse el precio final completo, ya que en caso contrario sería considerado como una omisión engañosa. Por ello, los anuncios, ofertas o promociones con rebaja de precio en los que se indica un porcentaje de descuento no pueden considerarse en ningún caso por sí solas, como ofertas comerciales o invitaciones a comprar, dado que o bien no incorporan las características esenciales del producto o servicio, o bien no incluyen el precio. En efecto, ningún comerciante está obligado a informar del precio en su publicidad o en sus comunicaciones comerciales. Debido a estos motivos, no puede considerarse como una obligación de los comerciantes la información siempre y en todo caso del precio de los productos y servicios, pudiendo libremente referirse a porcentajes de descuentos u otro tipo de ventajas sin necesidad de informar de los diferentes precios del producto en función de la oferta. Sin embargo, cuestión distinta es la exhibición de un producto con su precio en la estantería de un comercio, como es el caso que plantea la Junta de Andalucía. En este supuesto y con independencia del anuncio genérico de un tanto por ciento de rebaja, nos encontraríamos ante una invitación a la compra u oferta comercial.

20 A la hora de hacer esta valoración, es preciso tener en cuenta lo dispuesto en el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión Europea Orientaciones para la desarrollo/aplicación de la Directiva 2005/29/CE, de 3 de diciembre de Tal como se indica en página 50 del citado informe, de conformidad con el artículo 2, letra i), una comunicación comercial o publicidad que contenga las características del producto y el precio debe considerarse una «invitación a comprar» a tenor de la Directiva. El requisito de las «características del producto» mencionado en el artículo 2, letra i), de la Directiva se exige de forma invariable a partir del momento en que existe una presentación escrita o visual del producto. A este respecto, se destaca por la Comisión que una interpretación diferente constituiría un incentivo para que los comerciantes facilitasen descripciones vagas de los productos u omitiesen información en sus ofertas comerciales con objeto de eludir los requisitos relativos a la información establecidos en el artículo 7, apartado 4. La última parte de la definición del artículo 2, letra i), de la Directiva («permite así al consumidor realizar una compra») significa que la información contenida en la comercialización del producto debe ser suficiente para hacer posible que el consumidor tome una decisión de compra (es decir, decidir si compra o no ese producto a ese precio). Por otra parte, el referido informe de la Comisión establece un listado de supuestos que por lo general constituyen una invitación a comprar, si presentan el precio y las características del producto, y cita entre ellos un producto con su precio en la estantería de una tienda. En el caso que nos ocupa, se trata de una venta en rebajas en la que se ofertan al público un conjunto de productos puestos a la venta en el comercio, respecto a los cuales se anuncia un descuento de un tanto por ciento. A este respecto, hay que tener en cuenta que, tal como se indica en el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión Europea, las prácticas comerciales, tales como las ofertas combinadas o vinculadas, los descuentos, las rebajas de precios, las ventas promocionales, los sorteos comerciales, los concursos y los bonos están incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva y, por consiguiente, se rigen por sus disposiciones.

21 Nos encontramos en este caso con productos ofrecidos a la venta en un comercio abierto al público que, de acuerdo con la normativa vigente deben incorporar necesariamente la etiqueta obligatoria con sus características esenciales, y en los que, al mismo tiempo, se indica un precio. No parece, por tanto, que quepan dudas al respecto de que estemos ante una invitación a la compra y, por ello, resulta exigible que los distintos productos a los que se refiere el anuncio genérico de la rebaja de un tanto por ciento, incorporen necesariamente el precio final de venta al público. Y ello con independencia de que deba figurar con claridad, en cada uno de ellos, el precio anterior junto con el precio reducido, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20.1 de la LORCOMI. En función de las anteriores consideraciones, se concluye que el artículo 20.2 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, resulta incompatible con el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en concreto con su artículo 20.1 (transposición del artículo 7.4 de la Directiva de prácticas desleales) que regula la información necesaria en la oferta de bienes y servicios, y exige que se informe al consumidor del precio final completo, incluidos los impuestos, desglosando, en su caso, el importe de los incrementos o descuentos que sean de aplicación a la oferta y los gastos adicionales que se repercutan al consumidor y usuario. El artículo 3.5 de la Directiva admite un período de 6 años a partir del 12 de junio de 2007, en que los Estados miembros podrán seguir aplicando disposiciones nacionales más exigentes o restrictivas en base a directivas de armonización mínima. Dado que el plazo finaliza el próximo 12 de junio, se hace preciso proceder a modificar el citado artículo 20.2 de la LORCOMI en orden a su adecuación a la Directiva 2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales. [Volver]

22 CONSULTA Nº 5 REF.: SCC/AP/I.3.13/F INFORME SOBRE DE LA INTERPRETACIÓN NORMATIVA SOBRE LA DENOMINACIÓN DE VENTA HARINA ACOMPAÑADA POR LOS TERMINOS ESPECIAL O SUPERIOR. En este Organismo se ha recibido una consulta de la Dirección General de Salud Publica, Drogodependencias y Consumo, de Castilla-La Mancha, acerca de si estaría ajustada a la normativa la denominación de venta harina acompañada de palabras como especial o superior. Se reciben además, varias etiquetas de productos. [Volver] En relación a la cuestión planteada y, una vez consultada la Subdirección General de Control y de Laboratorios Alimentarios, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se informa lo siguiente: Primero.- El Real Decreto 1286/1984, de 23 de mayo, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la elaboración, circulación y comercio, de las harinas y sémolas de trigo y otros productos de su molienda para consumo humano, en el articulo. 2, de definiciones, punto 2.4., establece que Deberá

23 entenderse por harina, sin otro calificativo, el producto finamente triturado obtenido de la molturación del grano de trigo. Triticum aestivum o la mezcla de éste con el Triticum durum, en la proporción máxima 4:1 (80% y 20%), maduro, sano y seco e industrialmente limpio. Los productos finamente triturados de otros cereales deberán llevar adicionado, al nombre genérico de la harina, el del grano del cual proceden. Segundo.-. Asimismo, en el articulo13 de etiquetado y rotulación, señala que el etiquetado de los envases y la rotulación de los embalajes deberán cumplir la norma general del etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios envasados. Además, en el punto 13.1., indica que la información del etiquetado de los envases de los productos sujetos a esta Reglamentación que vayan destinados al consumidor final o a restaurantes, hospitales y otros establecimientos y colectividades similares, constará obligatoriamente de las siguientes especificaciones: Punto Denominación del producto.- Serán las definiciones y denominaciones específicas de la Reglamentación Técnico-Sanitaria contempladas en el citado artículo 2. A la vista de lo expuesto, se concluye que en la etiqueta debe figurar como denominación de venta harina sin otros calificativos, cuando proceda de la molturación del grano de trigo. En el caso de otros cereales, debe indicarse harina seguida del grano de que proceda. Tercero.- Por otra parte, el Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, en el artículo 6, punto1, establece que la denominación de venta de un producto alimenticio será la denominación prevista para este producto en las disposiciones de la Comunidad Europea que le sean aplicables. Asimismo, en el citado punto 1, ap. a) señala que a falta de disposiciones de la Comunidad Europea, la denominación de venta será la denominación prevista por las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que le sean aplicables en España. En defecto de lo anterior, estará constituida por el nombre consagrado por el uso en España, o por una descripción del producto alimenticio y de su utilización, si fuera necesario, lo suficientemente precisa para permitir al comprador conocer su naturaleza real y distinguirlo de los productos con los que pudiera confundirse. De

24 igual forma, en el citado artículo 6, punto 2, determina que no podrá ser sustituida la denominación de venta por una marca comercial o de fábrica o de una denominación de fantasía. Además, dicho artículo 6, punto 5, establece que cuando el producto alimenticio está regulado por disposiciones específicas, deberán utilizarse las designaciones de calidad tipificadas, quedando expresamente prohibidos los adjetivos calificativos diferentes a los establecidos en las disposiciones correspondientes. Por otra parte, en su artículo 4, punto 1, indica que el etiquetado y las modalidades de realizarlo no deberán ser de tal naturaleza que induzcan a error al comprador, especialmente: a) Sobre las características del producto alimenticio y, en particular, sobre su naturaleza, identidad, cualidades, composición, cantidad, duración, origen o procedencia y modo de fabricación y obtención. c) Sugiriendo que el producto posee características particulares, cuando todos los productos similares posean estas mismas características. Abundando en lo anteriormente indicado, la denominación de venta harina, no puede ir acompañada de palabras como especial, superior o similares, ya que induciría a error al consumidor al pensar que se trata de una harina con unas características superiores a las de una harina que no va acompañadas de tales calificativos. Cuarto.- En relación con las etiquetas recibidas, se señala que: 1.- Harina de trigo y en otro lugar de la etiqueta figura la palabra integral.- El artículo 2.5 de definiciones de la citada RTS para la elaboración, circulación y comercio, de las harinas y sémolas de trigo y otros productos de su molienda para consumo humano, establece la denominación harina integral como el producto resultante de la molturación del grano del tigo, maduro, sano y seco, industrialmente limpio, sin separación de ninguna parte de él, es decir, con un grado de extracción del 100 por 100. Por lo tanto, la denominación que debe figurar en la etiqueta es harina integral y no la de harina de trigo y de manera separada la palabra integral. De otro modo, además de incumplir la

25 normativa, podría inducir a error al consumidor sobre la verdadera naturaleza del producto. 2.- Harina y en otro lugar de la etiqueta figura la indicación Especial Croquetas & Bechamel.- Al examinar la etiqueta surge la pregunta de en qué características se basa la indicación especial croquetas & bechamel. Observamos la lista de ingredientes y vemos que solamente figura harina, como en otras harinas que se comercializan sin indicar dicha alegación. Por lo tanto, se concluye que dicho etiquetado induce a error al consumidor al creer que se trata de una harina con unas características especiales distintas al resto de las harinas. 3.- Harina de trigo y en otro lugar de la etiqueta figura la indicación especial fritos y rebozados. Al examinar la etiqueta, se observa que encima de la lista de ingredientes indica preparado para fritos y rebozados y como ingredientes figuran: harina de trigo (70%) y sémola de trigo (30%). El punto de la citada RTS para la elaboración, circulación y comercio, de las harinas y sémolas de trigo y otros productos de su molienda para consumo humano, define harinas para rebozar como las harinas acondicionadas por la adición de determinadas sustancias, debidamente autorizadas y que se utilizan en la condimentación de alimentos. Deberán cumplir los requisitos exigidos en el punto 1.2 de esta Reglamentación. Sin otro particular que el simplemente ilustrativo de lo que se considera como sustancia que se utiliza en la condimentación, se hace mención al Real Decreto 2242/1984, de 26 de septiembre, por el que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de condimentos y especias, en cuyo art. 2º establece que Especia o condimento aromático.- A efectos de esta Reglamentación, se designa con el nombre de especia o condimento aromático a las plantas o partes de las mismas, frescas o desecadas, enteras o troceadas o molidas, que por su color, aroma o sabor característicos se destinan a la preparación de alimentos y bebidas, con el fin de incorporarles estas características, haciéndoles mas apetecibles y sabrosos y, en consecuencia, consiguiendo un mejor aprovechamiento de los mismos. Por lo tanto, considerando que la sémola de trigo no se trata de una sustancia para la condimentación, no podría denominarse al producto harina para rebozar.

26 No obstante, si nos fijamos en la indicación de uso que se hace del producto como preparado para fritos y rebozados, parece que como denominación de venta lo mas adecuado sería hacer una descripción del mismo (ap 6.1.a, RD 1334/1999), dado que como se ha indicado no corresponde su composición con ninguna de las denominaciones contempladas en el citado RD 1286/1984. A la vista de lo expuesto, se entiende que la denominación podría ser preparado a base de harina y sémola de trigo. Lo que no se considera correcto es que se utilice como denominación de venta harina de trigo, ya que podría inducir a error al consumidor. 4.- Harina superior de trigo y en otro lugar de la etiqueta figura la indicación especial fuerza, preparada para elaborar panes especiales, bollería y alta repostería. El punto de la citada RTS para la elaboración, circulación y comercio, de las harinas y sémolas de trigo y otros productos de su molienda para consumo humano, define harina de fuerza como la harina de extracción T-45 y T-55, exclusivamente, procedentes de trigos especiales, con contenido mínimo en proteínas del 11 por ciento y valor de características alveográfica W mínimo 200, admitiéndose una tolerancia en defecto del 10 por ciento. A la vista de lo indicado, se deduce que la denominación Harina superior de trigo, induce a error al consumidor sobre la naturaleza del producto, al pensar que se trata de una harina superior a las restantes. Por otra parte, incumple la normativa citada al no adaptarse la denominación de venta a las denominaciones específicas contempladas en el artículo En este caso, la denominación debería ser harina de fuerza Quinto.- Finalmente, abundando en lo anterior, se concluye que la palabra harina sin otros calificativos, se refiere a la derivada de la molturación de los granos de trigo, por lo que de no tratarse de harina de otro cereal, no es necesario indicar harina de trigo. Así mismo, las denominaciones de venta de las harinas, tienen que ser, obligatoriamente, las contempladas en el artículo de la citada RTS, no admitiéndose ningún otro calificativo como especial, superior, etc, que pueda inducir a error al consumidor sobre su verdadera naturaleza.