JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE BILBAO (BIZKAIA) del Ilmo. Sr. Magistrado Juez D. EDMUNDO RODRIGUEZ ACHUTEGUI ANTECEDENTES DE HECHO

Transcripción

1 A U T O Nº 768/2009 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE BILBAO (BIZKAIA) del Ilmo. Sr. Magistrado Juez D. EDMUNDO RODRIGUEZ ACHUTEGUI En BILBAO (BIZKAIA), a seis de noviembre de dos mil nueve ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO. Por el Procurador de los Tribunales D. G.M.R., en nombre y representación de Dª Inés y D. Martin, se presentó solicitud de concurso de todas ellas, que fue admitido, tras subsanar ciertas omisiones, `por auto de 21 de julio de 2009, tramitándose hasta llegar a la fase actual. SEGUNDO. Antes de emitirse informe por la administración concursal, el citado Procurador, en representación de los concursados, solicita el 9 de septiembre la extinción colectiva de 5 contratos de trabajo, que dice ser la totalidad de la plantilla. TERCERO. Mediante auto de 11 de septiembre se admite a trámite la solicitud y se abre un periodo de consultas de 15 días, comunicándolo al Fondo de Garantía Salarial. CUARTO. El 17 de septiembre 4 de los trabajadores recurren en reposición el auto que admitía a trámite la solicitud por considerar que el juez del concurso no es competente al haberse iniciado procedimientos judiciales ante los Juzgados de lo Social de Bilbao antes de la declaración e concurso. QUINTO. El 5 de octubre la administradora concursal presenta escrito manifestando que no se ha alcanzado acuerdo con los representantes de los trabajadores. SEXTO. Admitido el recurso de los trabajadores se da traslado a las demás partes del expediente y el 8 de octubre se solicita informe a la autoridad laboral, acompañando lo actuado hasta esa fecha. SEPTIMO. El 4 de noviembre tiene entrada en este juzgado vía fax informe del mismo día de la Delegación Territorial de Bizkaia del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, que señala que la discrepancia se centra en el procedimiento que corresponde para resolver los contratos. OCTAVO. El recurso de reposición de los trabajadores no ha sido impugnado. HECHOS PROBADOS PRIMERO. D. Martin tenía empleados a D. Braulio, D. Cesareo, D. Dimas, D. Emiliano, D. Eusebio y D. Fermín. SEGUNDO. D. Eusebio fue despedido por D. Martin, que presentó demanda ante el Juzgado de lo Social nº 6 de Bilbao que el 18 de junio de 2009 dictó sentencia declarado el despido improcedente, optando el empleador por la indemnización, lo que recoge el auto de 28 de julio de 2009 de ese mismo juzgado.

2 TERCERO. D. Fermín también fue despedido en la misma forma, se presentó demanda ante el Juzgado de lo Social nº 3 de Bilbao, y el 8 de julio de 2009 se declaró su despido improcedente, acordándose en ulterior auto de 5 de octubre extinguida su relación laboral. CUARTO. El 16 de junio de 2009 D. Martin despidió a D. Braulio, D. Cesareo, D. Dimas y D. Emiliano, que presentaron el 23 de junio papeleta de conciliación y el 8 de julio siguiente demanda ante los Juzgados de lo Social de Bilbao por despido nulo, y subsidiariamente, improcedente. QUINTO. D. Martin, conjuntamente con Dª Inés, solicitaron la declaración de concurso voluntario que se acuerda en auto de 21 de julio de FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO. Fundamento de los hechos probados El art. 217 de la ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (LEC ), aplicable conforme a la Disposición Final 5ª de la Ley 22/2003, de 9 de Julio, Concursal (LC ), dispone las reglas sobre la carga de la prueba. A la conclusión de hechos probados se ha llegado, conforme al art y 218 de la LEC, tras analizar conjuntamente los datos y documentos presentados en este incidente y en el procedimiento principal. El primero de los hechos se considera probado del reconocimiento de las partes de tal relación y la copia de los procedimientos judiciales seguidos ante el Juzgado de lo Social nº 8 de Bilbao. El segundo, tercero y cuarto hechos probados constan de la misma documentación citada y del informe del Inspector de Trabajo que acompaña al de la autoridad laboral. El quinto hecho probado lo convienen las partes y obra en la Sección 1ª del procedimiento concursal. Lo demás se desprende del resto de los documentos aportados, valorados conjunta y críticamente. SEGUNDO. Sobre la forma de la solicitud Conviene recordar que los deudores concursados han planteado la solicitud antes de la emisión del informe de la administración concursal. Esto es posible conforme al art LC, y las razones que se expusieron en la solicitud fueron acogidas. Por ello no se cuenta con el informe de la administración concursal. En segundo lugar el solicitante se remite a la documentación general obrante en la Secretaría del Juzgado, documentación que no se presenta con la solicitud, que por ello no puede ser trasladada a los representantes de los trabajadores para la negociación prevista en el art LC, y de la que carecerá la Sala de lo Social si hubiere recurso de suplicación, algo probable teniendo en cuenta que no hubo acuerdo entre los negociadores. No se aportan tampoco los documentos necesarios para acreditar las causas motivadoras de las medidas colectivas, los objetivos perseguidos, la viabilidad futura de la empresa y del

3 empleo y lo demás que señala el art LC. Las explicaciones para que la extinción tenga lugar se despachan en tres páginas. Finalmente, los empleadores dicen iniciar el expediente para toda la plantilla, 5 trabajadores, pero días después de admitirse a trámite la solicitud aparecen otros 2 trabajadores más, sin que se facilite ninguna explicación. En pocas ocasiones como ésta se aprecia la "banalización" del expediente de regulación de empleo concursal. De haberse presentado la solicitud a la autoridad laboral, ni siquiera se habría admitido a trámite. El Juzgado, por el contrario, realizó una generosa interpretación de la norma para facilitar el acuerdo entre los implicados. No obstante parece que en este expediente nada hubiera que demostrar, que bastaba con la declaración de concurso para entender acreditada una causa objetiva, conforme al art. 51 del R.D.L. 1/1995, de 24 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET), que ni siquiera se expone, y que no hay que hacer esfuerzo alguno para justificarla. TERCERO. Reposición y falta de competencia En todo caso parte de los trabajadores han planteado, con carácter previo, la falta de competencia objetiva del juzgado que tramita el concurso para resolver los contratos de trabajo. Aducen y acreditan que fueron despedidos antes de la declaración de concurso, y que interpusieron recursos ante la jurisdicción para lograr que se declarara el despido improcedente. Efectivamente es de aplicación lo dispuesto en el art LC, que dispone que los juicios en trámite al declararse el concurso continuarán hasta la firmeza de la sentencia. Este juzgado de lo Mercantil lo que puede hacer es acumular al procedimiento concursal, de oficio, los procedimientos que tengan trascendencia sustancial. Pero ni lo hizo, ni se solicitó, ni esos litigios tienen trascendencia sustancial para la formación del inventario o la lista de acreedores. Los deudores solicitantes conocían de la existencia de esos procedimientos y la fecha en que se habían planteado. No obstante, ponen en marcha el expediente del art. 64 LC, que se superpone a los que están en trámite en la jurisdicción social. En realidad, como aduce la representación laboral, este juzgado carecía de competencia para conocer de la resolución de los cuatro trabajadores que estaban litigando al iniciarse el concurso, que ya habían sido despedidos. Pero además el empleador "olvida" a 2 de los 7 trabajadores en su solicitud inicial, trabajadores que sin embargo habían sido despedidos ya antes de la declaración de concurso. El informe del Inspector de Trabajo evidencia que tal despido fue declarado improcedente antes de la declaración de concurso, y que el empresario optó por la indemnización. No obstante, el 15 de septiembre se "amplía" la solicitud a los dos trabajadores cuyo despido había sido declarado improcedente, pese a que el Juzgado de lo Social nº 6 ya había aprobado por auto de 18 de julio la opción del empresario por la indemnización en uno de los casos, y en el otro había recaído sentencia el 8 de julio declarando el despido improcedente. El art LC exige que el expediente sea "colectivo", como también señala el art. 8 LC. Pero no es colectivo si no se atienden los umbrales del art ET y LC. Por lo tanto, hay siete

4 trabajadores, cuatro están litigando en el orden jurisdiccional social, dos han obtenido sentencia de despido improcedente, uno de los cuales además ya se ha acordado por el empleador sea indemnizado y no readmitido. Estos trabajadores no pueden incluirse en el expediente colectivo seguido en el jugado del concurso, porque no se puede extinguir lo que ya está extinguido por el orden jurisdiccional social. Tienen razón los recurrentes cuando afirman que no pueden verse afectados por la regulación del art. 64 LC, y en consecuencia, en su caso debe ser declarada la falta de competencia objetiva de este juzgado al corresponder a los de lo Social. Quedarían, no obstante, afectados otros dos trabajadores, es decir, el que resta de los cinco inicialmente señalados en la solicitud, y el despedido de forma improcedente pero respecto del cual no se ha optado por la indemnización hasta el cinco de octubre, una vez declarado el concurso. Si se interpretara que la regla del art LC no afecta sólo a los casos del art b) ET, sino a todos los de extinción colectiva, podría considerarse la extinción como colectiva al afectar a la totalidad de la plantilla, los dos trabajadores restantes. Y ello pese a que uno ya ha visto resuelta su relación laboral el 5 de octubre, pues aunque solo quede el otro, y no pueda ser colectivo un despido individual, el expediente se inicia el 9 de septiembre, antes de que concurra tal circunstancia. CUARTO. Sobre la causa objetiva Exactamente dedica el solicitante ocho líneas para justificar la concurrencia de causa objetiva para el despido colectivo. Dice en la solicitud: "se impone la media de extinción de las relaciones laborales de todos los reseñados trabajadores de la plantilla, siendo económicas las causas que justifican la medida que se pretende adoptar. Como la empresa desaparece como tal es decir, el deudor como empleador de asalariados se disolverá y liquidará, no puede haber ninguna indicación a propósito de la causa hábil y de su adecuación a determinados objetivos, pues debe entenderse que se halla embebida en la misma situación de insolvencia irreversible". No se aporta un solo documento para justificar la causa económica, que no se explica. Si lo que se da a entender es que la insolvencia la provoca, tampoco se explican las razones, pues la insolvencia puede deberse a múltiples circunstancias. Si se obvian, no se pueden valorar. Además la "empresa" no va a desaparecer, pues nos encontramos ante el concurso de dos personas físicas, cuya personalidad jurídica no se extingue por transitar a la fase de liquidación del concurso, como el art LC prevé para las personas jurídicas. La llamada "insolvencia irreversible" no se acredita, pues el solicitante ni explica a qué se debe, ni aporta documentos que la pongan de manifiesto en este expediente, que es donde debe hacerlo. La solicitud y ulterior declaración de concurso no es suficiente, pues cabe que éste se declare por una insolvencia inminente, no actual (art. 2.3 LC ). Donde debe acreditarse tal situación, si es que se quiere identificar con causa económica del art ET, es en este procedimiento, dando traslado de la documentación a los representantes de los trabajadores y permitiendo su examen por la Sala si se presenta recurso de suplicación.

5 Nada de esto se ha hecho. Ni consta la causa, pues no se explica, ni se acredita la insolvencia "irreversible", ni se presentan documentos que permitan apreciar, siquiera indiciariamente, que haya tal circunstancia. Procede, por ello, la desestimación de la solicitud. QUINTO. Costas Han de imponerse las costas que hayan podido ocasionarse a los trabajadores con la asistencia letrada que han utilizado, debido a la temeridad del solicitante al plantear, pese a los procedimientos laborales en marcha, una solicitud de extinción colectiva que afectara a quienes ya estaban litigando con los deudores concursados. Por otro lado, la falta de explicación de las causas concurrentes, y la omisión de cualquier documentación contable o de otra clase que justificara la solicitud, contribuye a esa convicción de actuación procesal temeraria. PARTE DISPOSITIVA 1. ACUERDO DESESTIMAR la solicitud extinción colectiva y de modificación sustancial colectiva de condiciones de trabajo planteada Dª Inés y D. Martin. 2. ESTIMO el recurso formulado por D. Braulio, D. Cesareo, D. Dimas y D. Emiliano, asistidos de la letrada Dª I.G.Á., frente al auto de 11 de septiembre de 2009 que respecto de ellos se deja sin efecto. 2. CONDENO a Dª Inés y D. Martin a abonar las costas de este incidente. MODO DE IMPUGNACIÓN: Mediante recurso de SUPLICACION (art LC ), que deberá ser anunciado dentro de los CINCO DIAS HABILES siguientes a la notificación de la resolución, mediante escrito dirigido a este Juzgado. Transcurrido dicho término sin presentarse el escrito, el auto será firme. La empresa concursada al preparar el recurso, deberá presentar en la Secretaría del Juzgado resguardo acreditativo del depósito de 150,25 euros constituido en la cuenta denominada "suplicación" del Banco Español de Crédito. El recurso de suplicación no suspenderá la tramitación del concurso, ni de ninguno de los incidentes concursales. También se advierte que los trabajadores podrán ejercitar contra el presente auto, a través del incidente concursal, las acciones que se refieran estrictamente a la relación jurídica individual. Lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe._ Firma del Juez Firma de la Secretario