CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL.-

Transcripción

1 Juicio Laboral N LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN SU NOMBRE Y POR AUTORIDAD DE LA LEY. CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL.- Quito, 20 de diciembre de 203, las 0h50. VISTOS: Dentro del juicio laboral seguido por Marco Dionisio Jara Alberca contra el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, representado por el señor Director Provincial de Zamora Chinchipe, Ing. Jorge Carrión Armijos; la parte actora interpone recurso de casación de la sentencia pronunciada por la Única Sala de la Corte Provincial de Justicia de Zamora Chinchipe. ANTECEDENTES.- Comparece Marco Dionisio Jara Alberca, manifestando que solicitó el desahucio a través de la Inspectoría Provincial del Trabajo de Zamora, a fin de que se le notifiqué al señor Director Provincial de Obras Públicas Fiscales de Zamora Chinchipe, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ing. Jorge Carrión Armijos, la terminación de la relación laboral, a fin de que se le reconozcan los derechos del Mandato Constituyente N 2, Art. 8, la bonificación por desahucio dispuesto en los Arts. 84 y 85 del Código del Trabajo y los beneficios de la cláusula trigésima del Décimo Quinto Contrato Colectivo de Trabajo.- Que mediante acta de finiquito, celebrada en la Inspectoría del Trabajo de Zamora, el catorce de junio de dos mil diez y suscrita por la Dra. Nadia Páez de Escobar, Coordinadora de Patrocinio Legal, Delegada del señor Ministro, se le entregó la cantidad de USD ,87. Asimismo señala, que su empleador no le ha pagado la jubilación patronal desde el mes de diciembre de dos mil nueve a que tiene derecho. El juez de primer nivel, rechaza la demanda por improcedente. La Única Sala de la Corte Provincial de Justicia de Zamora Chinchipe, dicta sentencia que reforma la

2 Juicio Laboral N subida en grado y dispone cancelar al actor la cantidad de USD dólares mensuales por jubilación. Inconforme con este pronunciamiento la parte actora, interpone recurso de casación, mismo que ha sido aceptado a trámite en auto de 29 de enero de 203; las 09h5, por la Sala de Conjueces de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia. COMPETENCIA.- Corresponde el conocimiento de esta causa, al Tribunal que suscribe constituido por juezas y jueces nacionales, nombrados/as y posesionados/as por el Consejo Nacional de la Judicatura, mediante resolución número de 25 de enero de 202; y designados por el pleno para actuar en esta Sala de lo Laboral, por resolución No , de 22 de julio de 203 y en este proceso en mérito al sorteo realizado de conformidad a lo dispuesto en el penúltimo inciso del Art. 83 del Código Orgánico de la Función Judicial. Su competencia para conocer los recursos de casación interpuestos, se fundamenta en lo dispuesto en los Arts. 84. de la Constitución de la República del Ecuador, 9. del Código Orgánico de la Función Judicial, de la Ley de Casación y 63 del Código del Trabajo. FUNDAMENTOS DEL RECURSO - El casacionista aduce, que se han infringido las siguientes normas de derecho: Art. 595 del Código del Trabajo y Art. 8 del Mandato Constituyente N 2. Funda su recurso en la causal primera del Art. 3 de la Ley de Casación. CONSIDERACIONES SOBRE LA CASACIÓN.- La casación es un medio de impugnación extraordinario esencialmente formalista y, por tal razón, exige para su procedencia el cumplimiento riguroso de los requisitos y formalidades

3 Juicio Laboral N establecidos en la Ley de Casación; y por su parte el Tribunal de Casación para decidir, tiene que limitar su examen a los cargos o cuestionamientos formulados en el libelo de la casación.- El tratadista Santiago Andrade Ubidia, referente a la Casación y el Estado de Derecho, entre otros aspectos, manifiesta: La función de la Casación es constituir el vehículo a través del cual el Estado, por intermedio de su Corte Suprema de Justicia, realiza el control de la actividad de los jueces y tribunales de instancia en su labor jurisdiccional, velando porque los mismos se encuadren en el ordenamiento jurídico. Labor de naturaleza fundamentalmente pública. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO EN RELACIÓN A LAS IMPUGNACIONES PRESENTADAS.- Este Tribunal, ha examinado la sentencia impugnada y los recaudos procesales, a fin de confrontarlos con la normativa jurídica pertinente y verificar si existen los vicios de ilegalidad acusados por la parte recurrente, para lo cual se considera: PRIMERO.- La causal primera alegada, contiene un vicio in iudicando, esto es, cuando el Juez o Jueza de instancia elige mal la norma, utiliza una norma impertinente o cuando se le atribuye a una norma de derecho un significado equivocado, y si la sentencia viola los conceptos de una ley sustantiva o de fondo, hay un error de juicio. Lo que trata de proteger esta causal es la esencia y contenido de la norma de derecho, de la Constitución y/o de cualquier código o ley vigente, y los precedentes jurisprudenciales obligatorios. Esta es una forma de violación directa de la ley que obliga, al recurrente, a señalar cuál de las tres circunstancias de quebranto de la ley acusa, (aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación) pues, al Tribunal de casación le está SANTIAGO ANDRADE UBIDIA, La Casación Civil en el Ecuador, Andrade & Asociados Fondo Editorial, Quito, 2005, pág. 7.

4 Juicio Laboral N vedado elegir una de ellas o cambiar lo indicado por el casacionista...- El recurrente sostiene, que el acta de finiquito, fue elaborada por el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, sin la intervención de la Inspectoría del Trabajo, en razón de su retiro voluntario utilizando la institución del desahucio, con la CONDICION de que se me indemnice de acuerdo con el Art. 8 del Mandato Constituyente Nro. 2, condicionante que fue aceptada por mi empleador, toda vez que no hizo ninguna oposición ni reparo y, sin embargo, elaboró el acta de finiquito ( ) sin reconocerme los siete salarios mínimos básico unificados del trabajador privado, por eso mismo en mi demanda la impugné añade que Al no haber sido elaborada la indicada acta de finiquito con la intervención de la Inspectora del Trabajo y no contener en su liquidación la indemnización dispuesta por el Art. 8 del Mandato Constituyente Nro. 2, no se puede admitir que ha sido concebida con observancia de lo dispuesto por el Art. 595 del Código del Trabajo, y, por lo mismo, el Tribunal de Segunda Instancia lo interpretó y aplico indebidamente, lo que le condujo, en cambio, a no aplicar lo dispuesto por el invocado Art. 8 del Mandato Constituyente Nro. 2, en la parte dispositiva de la sentencia Al respecto, este Tribunal observa que el Art. 595 del Código del Trabajo, establece que El documento de finiquito suscrito por el trabajador podrá ser impugnado por éste, si la liquidación no hubiere sido practicada ante el inspector del trabajo, quien cuidará de que sea pormenorizada ; es decir, el acta de finiquito puede ser impugnada siempre que no se celebre ante autoridad competente, no se halle pormenorizada, y que la misma implique renuncia de derechos del trabajador. En este sentido la jurisprudencia ha señalado: El acta de finiquito es impugnable no solamente cuando se han incumplido los requisitos formales del artículo 592 (actual 595) del Código de la materia, sino también cuando del proceso o del documento de

5 Juicio Laboral N finiquito se encuentre acreditado que el acta correspondiente implica renuncia de derechos o un perjuicio económico para el trabajador. En el presente caso, se observa que la relación laboral entre las partes concluye a través de la figura del desahucio, teniendo como consecuencia la suscripción del Acta de Finiquito (fjs. 8-82) del cuaderno de primer nivel, ante el Inspector del Trabajo de Zamora Chinchipe, y se encuentra pormenorizada, recibiendo el trabajador por concepto de bonificación por desahucio, haberes sociales y la Cláusula XV del Contrato Colectivo, la cantidad de USD ,87, en tal virtud dicho documento constituye un instrumento que libera de obligaciones a la parte demandada..2.- Ahora bien, es oportuno precisar que el Art. 8 del Mandato Constituyente N 2, tiene por objeto fundamental garantizar el principio de igualdad, menoscabado ante situaciones privilegiadas de ciertos servidores públicos, determinando para ello los valores máximos a percibir por concepto de indemnizaciones, en caso de desvinculación del trabajador con la entidad pública. El mencionado Art. 8 ibídem, establece: El monto de la indemnización, por supresión de partidas, renuncia voluntaria o retiro voluntario para acogerse a la jubilación de los funcionarios, servidores públicos y personal docente del sector público, con excepción del perteneciente a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, será de hasta siete (7) salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio y hasta un monto máximo de doscientos diez (20) salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado en total. Para el efecto, las instituciones del sector' público establecerán, planificadamente, el número máximo de renuncias a ser tramitadas y financiadas en cada año debiendo, para ello realizar las programaciones presupuestarias correspondientes, en coordinación con el Ministerio de Finanzas, de ser el caso. Las autoridades laborales velarán por el

6 Juicio Laboral N derecho a la estabilidad de los trabajadores. Salvo en el caso de despido intempestivo, las indemnizaciones por supresión de puesto o terminación de relaciones laborales del personal de las instituciones contempladas en el artículo 2 de este Mandato, acordadas en contratos colectivos, actas transaccionales, actas de finiquito y cualquier otro acuerdo bajo cualquier denominación, que estipule pago de indemnizaciones, bonificaciones o contribuciones por terminación de cualquier tipo de relación individual de trabajo, será de siete (7) salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio y hasta un monto máximo de doscientos diez (20) salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado en total. Todos los funcionarios, servidores públicos, personal docente trabajadores del sector público que se acojan a indemnizaciones o bonificaciones indicadas en el podrán reingresar al sector público, a excepción de las dignidades de elección popular o aquellos de libre nombramiento. En este sentido, la Corte Constitucional ha señalado que: ( ), los trabajadores que se encuentran amparados únicamente por el Código del Trabajo, en caso de despido intempestivo, reciben las indemnizaciones allí previstas, y quienes estén amparados por convenios de cualquier naturaleza que establezcan reconocimientos por terminación de relaciones laborales, percibirán los valores establecidos en la norma en mención. 2 Todo lo anteriormente señalado, da cuenta razonada, de que en el presente caso, no procede ordenar el pago de la pretensión del casacionista, por cuanto la relación laboral terminó por desahucio, conforme se verifica a fojas. 8 a 82 del cuaderno de primera instancia; sin que el Mandato Constituyente N 2 en su Art. 8, inciso segundo contemple la posibilidad de acogerse a la indemnización prevista por desahucio para acogerse a la jubilación patronal, como en el caso de la especie, en la que 2 Sentencia No SAN-CC, publicada en el Suplemento, R.O. No. 370 de 25 de enero de 20.

7 Juicio Laboral N el actor recibió la cantidad de USD ,87, de los cuales USD ,00, corresponden a la bonificación por acogerse a la jubilación prevista en la cláusula trigésima del Décimo Quinto Contrato Colectivo de Trabajo, en tal virtud, nada tiene que reclamar el impugnante, tanto más que el Mandato Constituyente N 4 en su cuarta consideración determina: Que el Mandato Constituyente No. 2 no altera las normas ya existentes para el cálculo de liquidaciones e indemnizaciones, excepto en aquellas que excedan los montos máximos fijados en el artículo 8 del referido mandato. En esta razón, los montos a los que tiene derecho el actor de esta causa Marco Dionisio Jara Alberca, son los que han sido fijados por el Código del Trabajo, y el Décimo Quinto Contrato Colectivo de Trabajo, valores que se encuentran dentro de los límites máximos fijados por el Mandato Constituyente N 2, cuestión que impide que el cargo prospere. SEGUNDO.- Por otro lado, este Tribunal de la Sala Laboral advierte, que el juez plural cae en el error de fijar una pensión jubilar patronal mínima de USD a favor del ex trabajador, sin tomar en consideración lo acordado en la cláusula trigésima, del Décimo Quinto Contrato Colectivo de Trabajo, que en su segundo inciso estipula: El Ministerio se compromete a incrementar el valor de la Pensión por Jubilación Patronal a CIEN ($00) Dólares mensuales (énfasis añadido); causando de éste modo un enorme perjuicio al accionante, olvidando que la jubilación patronal es un derecho de naturaleza social, imprescriptible, otorgado al que ha cumplido veinticinco años o más de prestación de servicios en forma continuada o interrumpidamente y que se traduce en la obligación de otorgar una prestación en dinero o pensión vitalicia por parte del empleador, en retribución por todos los años laborados y calculada en base al haber individual de jubilación y los coeficientes respectivos de acuerdo a la edad del trabajador

8 Juicio Laboral N Más, aun, cuando a fojas. 75 del cuaderno de primer nivel, consta el certificado de trabajo, de fecha Quito, 4 de diciembre de 200, conferido por el Ing. Johny Cevallos Muñoz M.B.A., Director de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en el que se determina: Una vez revisado los archivos de la Dirección a mi cargo, CERTIFICO: que el Ex trabajador señor JARA ALBERCA MARCO DIONICIO viene recibiendo la cantidad de USD 00 mensuales por concepto de Jubilación Patronal a partir del mes de diciembre del 2009 hasta la presente fecha de acuerdo a la cláusula Trigésima Jubilación Patronal y del IESS del Décimo Quinto Contrato Colectivo en vigencia., sin que exista justificación alguna, que avale lo dicho en aquél documento, es decir, que permita verificar si el accionante se hallaba o no, recibiendo el beneficio de la jubilación patronal solicitada en la demanda; por tanto, se fija la pensión jubilar patronal, en la cantidad de USD mensuales, de acuerdo a la referida cláusula contractual, desde diciembre del 2009, y en forma vitalicia, misma que deberá ser liquidada por el juez de primer nivel hasta el momento de ejecución, tomando en consideración las pensiones jubilares adicionales (décima tercera y cuarta). Se recuerda a los jueces de instancia, que Bajo el nuevo paradigma del Estado ecuatoriano como un Estado constitucional de derechos y justicia, "cambia, sobre todo, la naturaleza misma de la democracia. La constitucionalización rígida de los derechos fundamentales -imponiendo obligaciones y prohibiciones a los poderes públicos- en efecto, insertado en la democracia con una dimensión sustancial, que se agrega a la tradicional dimensión política, meramente formal o procedimental. Las normas constitucionales sustanciales no son otra cosa que los derechos fundamentales, 3 Dra. Alexandra Herrera B, y Alberto Jhaya S., Corporación de Estudios y Publicaciones, Diccionario Derecho Laboral, Quito-Ecuador, pág. 00.

9 Juicio Laboral N ellas pertenecen a todos, que somos los titulares de los derechos fundamentales. Es en esta titularidad común, en donde reside el sentido de la democracia y de la soberanía popular" 4, en tal razón, los juzgadores deben en su accionar observar, lo dispuesto en el Art. 326 numerales 2, 3 y 3 de la Constitución de la República: 2.- Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles.3.- En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras 3. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y empleadoras, con las excepciones que establezca la ley. Por las consideraciones expuestas, este Tribunal de la Sala de lo Laboral, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, casa parcialmente la sentencia dictada por la Única Sala de la Corte Provincial de Justicia de Zamora Chinchipe, en los términos del considerando segundo de este fallo. Notifíquese y devuélvase.- Fdo.) Dr. Jorge M. Blum Carcelén; JUEZ NACIONAL PONENTE; Dra. Mariana Yumbay Yallico y Dra. Paulina Aguirre Suárez; JUEZAS NACIONAL. CERTIFICO.- Fdo.) Dr. Oswaldo Almeida Bermeo.- SECRETARIO RELATOR. 4 Resolución de la Corte Constitucional, Registro Oficial Suplemento 572 de 0-nov-20.