CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Quito, 17 de mayo de Las 16h21.-

Transcripción

1 JUEZ PONENTE: DR. ÁLVARO OJEDA HIDALGO CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Quito, 17 de mayo de Las 16h21.- VISTOS: En virtud de que la Jueza y Jueces Nacionales abajo firmantes, hemos sido designados por el Consejo de la Judicatura de Transición, mediante Resolución No de 25 de enero del 2012; y, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, mediante Resoluciones No de 30 de enero del 2012, y No de 28 de marzo de 2012, nos designó para integrar esta Sala Especializada; y, conforme el acta de sorteo electrónico de 7 de junio de 2012 que consta en el expediente de casación, somos el Tribunal competente y avocamos conocimiento de la presente causa, acorde con los artículos 183 y 185 del Código Orgánico de la Función Judicial, y artículo 1 de la Ley de Casación; integra este Tribunal de Casación el Dr. José Suing Nagua, conforme el artículo 2, literal c), de la resolución No de 27 de junio de 2012, y la resolución No de 29 de agosto de Y estando la presente causa en estado de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO Por sentencia expedida el 21 de marzo de 2011, 9h05, por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 4, dentro del juicio propuesto por la señora Gislayne Katherine Arteaga Intriago en contra de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), se resolvió que: declara sin lugar la demanda propuesta por GISLAYNE KATHERINE ARTEAGA INTRIAGO en contra de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, por improcedente, y se ratifica la validez, legitimidad y legalidad del Acción de Personal No de 13 de mayo de 2008., en la cual se señala que se suprimió el puesto de Asistente que ocupaba la actora Mediante auto de 19 de abril de 2012, 10h22, el Tribunal de Conjueces de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia admite a trámite el recurso de casación interpuesto por la señora Gislayne Katherine Arteaga Intriago por la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, en los siguientes términos: en la especie el recurrente

2 determina el supuesto error in judicando cometido por el juez al dictar sentencia; se expresa el concepto de la violación directa por errónea interpretación de los artículos: 65 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, 23 numeral 26 de la Constitución Política de 1998 y 82 de la Constitución de En cuanto a la falta de aplicación de las normas de derecho, de los artículos: 105, 106, 109 numerales 19 y 20, 111 de la Ley Orgánica de Aduanas, 24 numeral 10 de la Constitución de 1998 y 76 numeral 7, literal a) de la Constitución de 2008, 2 del ERJAFE.. Los cargos formulados al amparo de la casual tercera de la Ley de Casación no fueron admitidos a trámite Por su parte, la Corporación Aduanera Ecuatoriana, una vez que le fue corrido traslado, dio contestación al recurso de casación. SEGUNDO.- Este Tribunal tiene claro que la argumentación del recurso de casación así como la contestación que se dé al mismo, debe ser analizada no como se lo haría si éste fuese un recurso de instancia sino que debe analizarse bajo los principios procesales de la casación, donde en principio no es posible introducir nuevos hechos en el debate, ni discutir los problemas fácticos de la instancia. En efecto, no cabe tratar en su totalidad las cuestiones del pleito, pues la casación recae sobre la legalidad de la sentencia de instancia, de suerte que si la sentencia impugnada contiene infracciones legales se la casa y se dicta una nueva, haciendo una correcta aplicación de las disposiciones legales infringidas; en definitiva se intenta restablecer el imperio de las normas de derecho y unificar la doctrina, ante todo con un matiz acusadamente público, porque su concepción revela el propósito de conseguir, por un parte, que las normas jurídicas se apliquen con oportunidad y se interpreten rectamente, y lograr, por otra, mantener la unidad de las decisiones judiciales, como garantía de certidumbre e igualdad para cuantos integran el cuerpo social. TERCERO En lo que se refiere a la errónea interpretación del artículo 65 de la LOSCCA, este Tribunal observa que de la sentencia de instancia dictada el 21 de marzo de 2011, 9h05, se desprende que: NOVENO.- Efectivamente, como lo sostiene la entidad demandada, la Corporación Aduanera Ecuatoriana es una entidad de derecho público,

3 creada mediante Ley, y tiene autonomía técnica, económica-financiera y autonomía administrativa para la gestión de sus recursos, enmarcándose en la unidad interna de administración de recursos humanos; por lo tanto, el procedimiento de supresión de puestos, que incorporó al expediente se enmarca dentro del ordenamiento jurídico; también ha justificado que la Corte de Garantías Constitucionales, se ha pronunciado en varios fallos, conocidos en apelación interpuestos por varios ex funcionarios de la CAE que fueron separados de la institución mediante el mismo procedimiento de supresión de puesto, del que también afectó a la accionante de este juicio, ratificando el procedimiento adoptado por la CAE; además, el procedimiento adoptado de supresión de puesto por la CAE, no requería aprobación de la SENRES, por cuanto cuenta con su propia unidad de recursos humanos, para realizar el procedimiento de supresión de puestos; además, cuenta con un dictamen favorable de una auditoría posterior al proceso de supresión realizada por la SENRES y con el dictamen vinculante del señor Procurador General del Estado, que indican que la CAE, está capacitada para llevar plenamente un proceso de supresión de puestos institucionales; lo que desvirtúa el argumento de la actora en el libelo de la demanda.. (Las negritas son de este Tribunal) Adicionalmente, este Tribunal señala que a fojas 71 a 72 del expediente de instancia consta el oficio No. SENRES-D de 13 de mayo de 2008, en el cual el Secretario Nacional Técnico SENRES, se dirige al Gerente General de la CAE y le dice que: Por lo expuesto, Señor Gerente una vez revisada la base legal de la que se desprende que al no ser parte de la Función Ejecutiva la Corporación Aduanera Ecuatoriana, la autoridad nominadora emitirá la resolución respectiva para la supresión de puesto, previo informe de la Unidad de Administración de Recursos Humanos UARHs, conforme lo señala el Art. 65 de la LOSCCA A fojas 73 a 75 del mismo expediente, también consta el oficio No de 9 de julio de 2008, remitido por el Procurador General del Estado al Gerente General de la CAE, en el cual expone que: La CAE es una persona jurídica autónoma, creada por la Ley Orgánica de Aduanas (actual, Codificación). Y por tanto, forma parte del sector público, conforme lo prevé el Art. 118, numeral 5) de la constitución Política de la República, aunque no es parte

4 de la Función Ejecutiva. El hecho de que su directorio esté integrado por tres delegados o representantes de la Función Ejecutiva y uno del sector privado, no transforma o altera la naturaleza jurídica de la CAE o la hace integrante de la Función Ejecutiva, sino que por el contrario, aquella conserva su personalidad jurídica, autónoma e independiente No obstante la autonomía de la que goza la CAE, ésta se encuentra inobjetablemente sujeta a lo dispuesto en la Codificación de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público LOSCCA-, cuyo Art. 65 al referirse a la supresión de puestos, indica que la supresión procederá por razones técnicas o económicas y funcionales; y que en los organismos o dependencias de la Función Ejecutiva, se realizará previo el estudio y dictamen de la Secretaria Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público; en tanto que en las instituciones o entidades que no sean parte de dicha función, como es el caso específico de la CAE, dicho proceso requerirán simplemente, el informe previo de la unidad de recursos humanos de esa entidad; condicionándose eso sí, en uno u otro caso, el que existan las disponibles presupuestarias para el pago de la correspondiente indemnización al servidor removido.. (Las negritas son de este Tribunal). En resumen, por los argumentos recogidos, la ex Corporación Aduanera Ecuatoriana (actual Servicio Nacional de Aduana del Ecuador) es una institución del sector público que goza de suficiente autonomía técnica, administrativa, presupuestaria y financiera, por lo que no se ha producido errónea interpretación del artículo 65 mencionado. CUARTO En lo que se refiere a la errónea interpretación de los artículos 23 numeral 26 de la Constitución Política de 1998 y 82 de la Constitución del 2008, este Tribunal precisa que aquellas normas constitucionales hacen relación a la seguridad jurídica, respecto de lo cual, el recurrente en su escrito de casación arguye que: está sellando el abuso de poder del funcionario público, que se permite el lujo de suprimir arbitrariamente 357 puestos en un país de elevado índice de desocupación. La seguridad jurídica es una garantía constitucional aplicable para beneficiar al ciudadano y la sociedad y no para sellar la actuación arbitraria de la entidad pública El artículo 82 de la Constitución de la República establece que: El derecho a la

5 seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.. Por su parte, en la doctrina se encuentra que: La seguridad jurídica se muestra como una realidad objetiva, esto es, se manifiesta como una exigencia objetiva de regularidad estructural y funcional del sistema jurídico, a través de sus normas e instituciones. Más, su faceta subjetiva se presenta como certeza del Derecho, es decir, como proyección en las situaciones personales de la seguridad objetiva. Por ello, se requiere la posibilidad del conocimiento del Derecho por sus destinatarios.. (Zavala Egas, Jorge, Zavala Luque, Jorge, Acosta Zavala, José, Comentarios a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Edilex S.A., Perú, 2012, pág. 296). En resumen, la seguridad jurídica implica la existencia de normas jurídicas previas, que sean aplicadas por autoridad competente, mismas que son conocidas por los ciudadanos. Es decir, en el caso concreto, la seguridad jurídica se evidencia cuando la CAE observa y cumple la normativa prevista para el proceso de supresión de puestos. La supresión de puestos estaba prevista en la LOSCCA y su Reglamento, por tanto existía la norma jurídica previa cuya aplicación procedía por razones técnicas, económicas y funcionales de las instituciones, no con el afán de suprimir puestos arbitrariamente. QUINTO.- En lo que se refiere a la falta de aplicación de los artículos 109 numerales 19 y 20, y artículo 111 de la Ley Orgánica de Aduanas, que hacen referencia a las atribuciones del Directorio y del Gerente General de la CAE respectivamente, el recurrente señala que correspondía al Directorio disponer la supresión de puestos y no al Gerente General. Este Tribunal observa que los numerales 19 y 20 de la Ley Orgánica de Aduanas no otorgan dicha facultad al Directorio; sin embargo el artículo 131 del Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa disponía que la supresión de puestos será dispuesta por la autoridad nominadora previo informe favorable de la UAHRs. En tal sentido, tampoco se verifica la falta de aplicación de las normas citadas. Por todo lo anterior, y sin que sea necesario ya más análisis, este Tribunal de Casación, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA: Rechaza el recurso de

6 casación interpuesto por la señora Gislayne Katherine Arteaga Intriago.- Sin costas. Notifíquese, devuélvase y publíquese.- Dr. Álvaro Ojeda Hidalgo, Dr. José Suing Nagua, Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia, Jueces y Jueza Nacionales.- Certifico.- Dra. Yashira Naranjo Sánchez, Secretaria Relatora.-