Recurso de Casación No

Transcripción

1 ACTOR: CORTE NACIONAL DE JUSTICIA DEL ECUADOR SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO JUEZA PONENTE: DRA. MARITZA TATIANA PÉREZ VALENCIA SR. ARSENIO PALACIOS ALVAREZ (RECURRENTE): DEMANDADOS: DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. Quito, 14 de febrero de 2013, a las 17:16 VISTOS: En virtud de que la Jueza y los Jueces Nacionales que suscribimos esta sentencia hemos sido designados por el Consejo de la Judicatura de Transición, mediante Resolución Nº de 25 de enero del 2012; y, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, mediante Resoluciones Nº de 30 de enero del 2012 y Nº de 28 de marzo de 2012, nos designaron para integrar esta Sala Especializada; y, conforme el acta de sorteo de 4 de abril de 2012, que consta en el expediente de casación, somos el Tribunal competente y avocamos conocimiento de la presente causa, conforme los artículos 183 y 185 del Código Orgánico de la Función Judicial; y, por cuanto, mediante Resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia N de 29 de agosto de 2012, la doctora Ximena Vintimilla Moscoso, Jueza de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, fue trasladada a la Sala Especializada de lo Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de esta Corte, actúa el doctor José Suing Nagua Juez de la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte

2 Nacional de Justicia conforme el artículo 2, literal c), de la Resolución N de 27 de junio de I. ANTECEDENTES El Ing. Arsenio Palacios Álvarez dentro del juicio contencioso administrativo N , propuesto en contra del Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Procurador General del Estado, interpone recurso de casación en contra de la sentencia de 30 de junio de 2009, expedida por el Tribunal Distrital N 2 de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Guayaquil El recurso de Casación interpuesto, se fundamenta en las causales primera y tercera del Art. 3 de la Ley de Casación, el recurrente indica que las normas de derecho que estiman infringidas son: Art. 35 numerales 3, 4, 5, 6 y 7 de la Constitución Política del Ecuador, en concordancia con lo dispuesto en los Arts. 16 y 17 del mismo cuerpo normativo, Art. 272 del Estatuto Constitucional, Resolución N 880 del entonces Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en concordancia con el Art. 75 del Segundo Contrato Colectivo de Trabajo vigente a nivel nacional, celebrado entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y sus Trabajadores y Art del Código Civil. En cuanto a la causal primera sostiene que en la sentencia se evidencia error de interpretación de normas de derecho aplicadas al fallo cuando en el considerando único aduciendo no haber impugnado acto administrativo alguno, declara sin

3 lugar la demanda, cuando en ésta se establece que la reclamación obedece a la abrupta terminación de la relación laboral con el IESS. Que el Tribunal dejó de aplicar normas de carácter universal, protectoras de los trabajadores conforme lo estatuye el Art. 35 de la Constitución Política que establece que el trabajo es un derecho y un deber social y que la regla tercera de esta norma indica que el Estado garantizará la intangibilidad de los derechos reconocidos a sus trabajadores, la regla cuarta señala que los derechos del trabajador son irrenunciables y la regla sexta determina que en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia laboral se aplicarán en el sentido más favorable para el trabajador. Sostiene que en el fallo no existió la aplicación de las normas constitucionales ya que lo resuelto vulnera la intangibilidad de los derechos y beneficios reclamados. Que existe también falta de aplicación del Art. 75 del Segundo Contrato Colectivo de Trabajo suscrito entre el IESS y los trabajadores y que de acuerdo al Art del Código Civil, el contrato es Ley para las partes y no puede ser invalidado sino por consentimiento mutuo o causas legales. Que en la sentencia omitió pronunciarse sobre la reliquidación de los sueldos básicos que le corresponde percibir atento a la Ley de Escalafón y Sueldos de los Arquitectos del Ecuador. Sobre la causal tercera indica que la falta de aplicación o errónea interpretación de las normas de derecho incidieron para que se dicte una sentencia que no refleje la realidad de las tablas procesales. Que la sentencia se limita a señalar que no existe impugnación de su parte a algún acto administrativo, sin reparar que su reclamo se basa en la ruptura de las relaciones laborales con el IESS, lo que ratifica que el Tribunal ha juzgado el reclamo sin basarse en el contenido de la demanda y los documentos que obran del proceso Aceptado el recurso de casación únicamente respecto a la causal primera y sobre el Art. 35

4 numerales 3, 4, 5, 6 y 7 de la Constitución Política del Ecuador, Art. 75 del Segundo Contrato Colectivo de Trabajo vigente a nivel nacional, celebrado entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y sus Trabajadores y Art del Código Civil, el demandado no lo ha contestado. Pedidos los autos para resolver, se considera: II.- ARGUMENTOS QUE CONSIDERA LA SALA ESPECIALIZADA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA Validez: En la tramitación de este recurso extraordinario de casación, se han observado las solemnidades inherentes a esta clase de impugnaciones, y no existe nulidad alguna que declarar Determinación del problema jurídico a resolver: La Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia examinará si la sentencia impugnada por el recurrente tiene sustento legal y para ello es necesario determinar lo siguiente: A) El fallo de instancia incurre en la causal primera del Art. 3 de la Ley de Casación al existir, según el recurrente por falta de aplicación del Art. 35 numerales 3, 4, 5, 6 y 7 de la Constitución de la República del Ecuador, Art. 75 del Segundo Contrato Colectivo de Trabajo vigente a nivel nacional, celebrado entre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y sus Trabajadores y Art del Código Civil, al declarar sin lugar la demanda?.---- III.- MOTIVACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO En primer lugar, hay que señalar que la casación es un recurso extraordinario que tiene

5 como objetivo la correcta aplicación e interpretación de las normas de derecho sustanciales como procesales dentro de la sentencia del inferior, teniendo como impedimento la revaloración de la prueba, criterio que ha sido puesto de manifiesto en varios fallos de la Sala Planteada la problemática a resolver, esta Sala considera: A): Respecto a la causal primera, es pertinente señalar, lo que manifiesta el Doctor Santiago Andrade Ubidia en su libro La Casación Civil en el Ecuador: La causal primera del artículo 3 contiene la llamada violación directa de la ley sustantiva o de los precedentes jurisprudenciales obligatorios en la sentencia recurrida, que haya sido determinante en su parte resolutiva. Sobre el tema la Primera Sala de lo Civil y Mercantil ha dicho: Se trata de la llamada transgresión directa de la norma legal en la sentencia, y en ella no cabe consideración respecto de los hechos, pues se parte de la base que es correcta la apreciación del Tribunal ad-quem sobre el valor de los medios de prueba incorporados al proceso, por lo que corresponde al Tribunal de Casación examinar a base de los hechos considerados como ciertos en la sentencia, sobre la falta de aplicación, aplicación indebida o errónea interpretación de los artículos citados por el recurrente. Esta Sala Especializada, deja expresamente señalado que en la causal primera se parte de hechos probados, es decir que no cabe una nueva consideración de los mismos, ya que los medios de prueba fueron analizados y apreciados por el Tribunal A quo; en definitiva lo que persigue la causal primera, es examinar la aplicación indebida de las normas sobre dichos hechos. Para entrar al análisis de la causal, es importante señalar lo que dispone el Art. 3 de la Ley de Casación, respecto a la causal primera: Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o auto, que hayan sido determinantes de su parte dispositiva.. A.1. Es preciso indicar que el actor en su demanda

6 textualmente indica: ACTO RECURRIDO El acto que origina el presente Recurso Contencioso Administrativo de plena Jurisdicción o Subjetivo consiste en que el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, mediante Resolución que se sirva expedir, adopte las medidas conducentes a que se me restituyan mis derechos económicos y beneficios sociales, de orden individual que me han sido negados en los Oficios No , de 15 de junio del 2000, suscrito por el Ec. Patricio Llerena Torres, Director General del IESS ( e ); Oficio No , del 7 de junio del 2000, suscrito por el Ec. Freddy Castillo Cevallos, Director Nacional Administrativo ( e ); y, Oficio No , del 29 de Mayo del 2000, suscrito por el Ec. Marcos Andrade Villacís, Jefe de la División Nacional de Recursos Humanos ( e ), los que contienen disposiciones institucionales por violar los derechos consagrados en la Constitución Política de la República del Ecuador, específicamente en los artículos 16, 17, 23, reglas 3, 17, 18,20, artículo 35, reglas 3,4,5,6 y 7, artículos 124, 272, 273 y 274. A.2. El Tribunal A quo en su fallo determinó que si los actos administrativos impugnados constan en los oficios descritos de mayo 29, 7 y 15 de junio de 2000, tratándose del recurso subjetivo o de plena jurisdicción, al tenor de lo dispuesto en el Art. 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa la acción ha sido presentada fuera de los noventas días que señala la norma y por lo tanto se encuentra caducada y de la misma manera se pronuncian respecto a los rubros que el demandante asegura como derechos adquiridos que no le han sido pagados. A.3. Es importante identificar si en el presente caso se trata de un recurso de plena jurisdicción o un recurso objetivo, para lo cual hay que citar lo que dispone el Art. 3 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa : El recurso contencioso - administrativo es de dos clases: de plena jurisdicción o subjetivo y de anulación u objetivo. El recurso de plena jurisdicción o subjetivo ampara un derecho subjetivo del recurrente, presuntamente negado, desconocido o no reconocido total o

7 parcialmente por el acto administrativo de que se trata. El recurso de anulación, objetivo o por exceso de poder, tutela el cumplimiento de la norma jurídica objetiva, de carácter administrativo, y puede proponerse por quien tenga interés directo para deducir la acción, solicitando al Tribunal la nulidad del acto impugnado por adolecer de un vicio legal.. Al tenor de lo dispuesto en esta norma, en el presente caso se evidencia que nos encontramos frente al recurso de plena jurisdicción o subjetivo ya que el supuesto acto ilegítimo impugnado aparentemente desconoce un derecho subjetivo del actor. El Art. 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el mismo que fue sustituido por el Art. 2 de Ley No. 56, publicada en Registro Oficial 483 de 28 de Diciembre del 2001 textualmente indica: El término para deducir la demanda en la vía contencioso administrativa será de noventa días en los asuntos que constituyen materia del recurso contencioso de plena jurisdicción, contados desde el día siguiente al de la notificación de la resolución administrativa que se impugna. En los casos que sean materia del recurso contencioso de anulación u objetivo se podrá proponer la demanda hasta en el plazo de tres años a fin garantizar la seguridad jurídica. En los casos que sean de materia contractual y otras de competencia de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, se podrá proponer la demanda hasta en el plazo de cinco años.. Esta disposición legal, es clara respecto al término para deducir la demanda en la vía contencioso administrativa, por lo cual como podemos observar de la normativa citada debía someterse el Ingeniero Arsenio Palacios Alvarez, que en este caso plantea la demanda, se observa que el término que tenía para ejercer la acción correspondiente, en el año 2000 era de noventa días por tratarse de un recurso de plena jurisdicción o subjetivo, es decir que si no ejerció su derecho de acción dentro del término que la misma Ley establecía, ya no podía impugnar el supuesto acto administrativo que lesionaba sus derechos. Por el análisis realizado esta Sala aprecia que el recurso presentado corresponde a un recurso de plena

8 jurisdicción, que fue presentado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Guayas el 3 de abril del 2001, cuando los actos administrativos impugnados ocurrieron en los meses de mayo y junio del año 2000, esto es, fuera de los noventa días, por lo tanto coincide en que el Tribunal A-quo decidió en función de las pruebas presentadas por el actor y el demandado y llegó a la comprobación de que el derecho de los actores a impugnar no se encontraba dentro del término previsto en la Ley para el efecto. Por lo señalado ut supra, esta Sala considera que al haberse caducado el derecho del actor, la Sala de instancia, actúo apegada a derecho y por esta razón no se ahondará en el análisis respecto a la supuesta falta de aplicación del resto de la normativa citada por el recurrente IV.- DECISIÓN Por las consideraciones expuestas, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, expide la siguiente: SENTENCIA Se rechaza el recurso interpuesto. Notifíquese, devuélvase y publíquese.- ff) Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia, Dr. José Suing Nagua, y Dr. Álvaro Ojeda Hidalgo, Jueces Nacionales.- Certifico: Dra. Yashira Naranjo Sánchez, Secretaria Relatora