JUEZ PONENTE: DR. ÁLVARO OJEDA HIDALGO CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Quito, 11 de junio de Las 12h29.

Transcripción

1 JUEZ PONENTE: DR. ÁLVARO OJEDA HIDALGO CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Quito, 11 de junio de Las 12h29.- VISTOS: En virtud de que la Jueza y Jueces Nacionales abajo firmantes, hemos sido designados por el Consejo de la Judicatura de Transición, mediante Resolución No de 25 de enero del 2012; y, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, mediante Resoluciones No de 30 de enero del 2012, y No de 28 de marzo de 2012, nos designó para integrar esta Sala Especializada; y, conforme el acta de sorteo electrónico de 4 de abril de 2012 que consta en el expediente de casación, somos el Tribunal competente y avocamos conocimiento de la presente causa, acorde con los artículos 183 y 185 del Código Orgánico de la Función Judicial, y artículo 1 de la Ley de Casación; integra este Tribunal de Casación la Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia, conforme el artículo 2, literal c), de la resolución No de 27 de junio de 2012, y la resolución No de 29 de agosto de Estando la presente causa en estado de resolver, para hacerlo, se considera: PRIMERO Por sentencia expedida el 19 de marzo de 2010, 15h45, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 4 para Manabí y Esmeraldas: "declara con lugar la demanda, propuesta por PORFIRIO FAUSTINO HURTADO QUIÑONEZ en contra del Municipio de Esmeraldas, ilegal y nula la Resolución adoptada por la Municipalidad de Esmeraldas, el 26 de diciembre de 2007, notificada mediante Oficio No el 7 de enero de 2008, que revierte el lote de terreno donado por la Municipalidad de Esmeraldas al Sindicato de Choferes, Operadores, Mecánicos y Ayudantes de la Municipalidad de ese cantón, SCHOMA. Ofíciese al señor Registrador de la Propiedad del cantón Esmeraldas para que tome nota e inscripción de esta sentencia, una vez ejecutoriada Mediante auto de 17 de febrero de 2011, 9h00, esta Sala admite a trámite el recurso de casación interpuesto por el Director Regional de Manabí de la Procuraduría General del Estado; y, el Alcalde y la Procuradora Síndica de la Municipalidad de Esmeraldas, por la

2 causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, por errónea interpretación del Art. 3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. SEGUNDO: El Director Regional de Manabí de la Procuraduría General del Estado fundamenta su recurso, alegando que existe errónea interpretación del Art. 3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por cuanto considera que existe una errónea interpretación de normas de derecho contrariando lo que tradicionalmente la doctrina y la jurisprudencia han caracterizado como acto de carácter subjetivo o de plena jurisdicción frente al recurso objetivo o de anulación. Señala que los señores jueces al proceder de ese modo hicieron una errónea interpretación de normas de derecho al aplicar un precepto legal, distinto, diferente al que correspondía al acto y sus representados dada su condición no se relacionaba en modo alguno con el ámbito del derecho objetivo o de anulación, sino que estrictamente se encuentra inmersa su actuación en el ámbito estricto del derecho subjetivo que en esencia no es otra cosa que la unión moral y estable de individuos que buscan un mismo fin. Refiere que la situación anotada impidió que se aplicara correctamente el Art. 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que es el que en esencia correspondía a la presente controversia, pues al amparo del artículo mencionado opera la caducidad ipso jure y consecuentemente las excepciones formuladas por la demandada tienen plena validez y se debe corregir ese error revocando la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo No. 4, para Manabí y Esmeraldas El Alcalde y la Procuradora Síndica de la Municipalidad de Esmeraldas, además de estimar infringido el Art. 3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por cuanto la pretensión de la parte demandante, es la nulidad de un acto administrativo emanado del Concejo Municipal y no de una norma jurídica que contiene principios de derechos, lo que ha motivado que indebida e ilegalmente el Tribunal Contencioso Administrativo, haya aceptado a trámite este recurso como de nulidad u objetivo cuando lo procedente era el de plena jurisdicción o subjetivo; considera también que se ha vulnerado el Art. 273 del Código de Procedimiento Civil, que señala que la sentencia deberá decidir únicamente los puntos sobre los que se trabó la litis, siendo que en la especie, el Tribunal ha omitido resolver lo referente al punto principal de la demanda que es la nulidad de un acto administrativo, esto es

3 de la Resolución del Concejo Cantonal de Esmeraldas, de fecha 26 de diciembre de 2007, que hace relación a la reversión de la donación de un lote de terreno, efectuado por la Municipalidad a favor del Sindicato de Choferes, Operadores, Mecánicos y Ayudantes del Municipio de Esmeraldas, dentro del recurso de plena jurisdicción o subjetivo, que ampara un derecho subjetivo del recurrente, presuntamente negado, desconocido o no reconocido total o parcialmente por el acto administrativo de que se trata y lo hace indebida e ilegalmente al aceptarlo al trámite como un recurso de anulación u objetivo, confundiendo el acto administrativo con una norma jurídica objetiva. TERCERO: El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 4 en la sentencia impugnada, empieza diciendo que: PORFIRIO FAUSTINO HURTADO QUIÑONEZ, comparece a este Tribunal y propone demanda Contencioso Administrativa de Recurso de Anulación u Objetivo, en contra de la Municipalidad del cantón Esmeraldas, en las personas de sus representantes señores: Ernesto Estupiñan Quintero y Abg. Presley Guezo Arroyo, Alcalde y Procurador Síndico Municipal respectivamente; solicita que, se declare la nulidad e ilegalidad de la RESOLUCIÓN DEL CONCEJO CANTONAL DE ESMERALDAS, de fecha 26 de diciembre del 2007, notificada mediante Oficio No de fecha 7 de enero del 2008, y que hace relación a la Reversión de un lote de terreno donado por la Municipalidad de Esmeraldas; y, pide que en sentencia, se acepte en su totalidad la demanda. ; más adelante en el considerando Tercero de la misma sentencia se dice: Corresponde al Juzgador determinar la clase de Acción Contencioso-Administrativa que se propone; en este caso, el actor al pedir se declare la nulidad e ilegalidad de la RESOLUCIÓN DEL CONCEJO CANTONAL DE ESMERALDAS, de fecha 26 de diciembre del 2007, es evidente que se trata de un Recurso de Anulación u objetivo, conforme lo previsto en el tercer inciso del Art. 3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa;. Precisamente este es el tema central que debe ser resuelto dentro del presente recurso, en definitiva el themadecissum de esta casación El Art. 3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece: El recurso contencioso - administrativo es de dos clases: de plena jurisdicción o subjetivo y de

4 anulación u objetivo.- El recurso de plena jurisdicción o subjetivo ampara un derecho subjetivo del recurrente, presuntamente negado, desconocido o no reconocido total o parcialmente por el acto administrativo de que se trata.- El recurso de anulación, objetivo o por exceso de poder, tutela el cumplimiento de la norma jurídica objetiva, de carácter administrativo, y puede proponerse por quien tenga interés directo para deducir la acción, solicitando al Tribunal la nulidad del acto impugnado por adolecer de un vicio legal.. Por tanto, es evidente que según la ley existen dos tipos de recursos, el de plena jurisdicción o subjetivo y de anulación u objetivo, cada uno caracterizado por la propia norma jurídica, por tanto, se entiende que son distintos y no pueden ser interpuestos a libre criterio del accionante, sino cuando el caso concreto así lo requiera, es por esta razón que la jurisprudencia es coincidente en señalar que la calificación del tipo de recurso corresponde al juzgador, como bien lo señalan los Jueces del Tribunal No. 4, no al accionante, es decir, por más que en la demanda se establezca un tipo de acción es potestad de los jueces determinar la real correspondencia del recurso con la pretensión concreta del accionante La Jurisprudencia ecuatoriana señala: En cuanto a la determinación de la clase de recurso interpuesto tanto la unánime jurisprudencia de esta Sala como del extinguido Tribunal de lo Contencioso Administrativo, así como la doctrina de los tratadistas establecen que corresponde al tribunal determinar si el recurso propuesto es objetivo o subjetivo, aún contra lo que diga el recurrente, habida cuenta de que éste bien puede utilizar la determinación del recurso para adecuarlo a sus personales intereses en el caso. La atribución de la determinación por parte del Tribunal de ninguna manera se ve limitada por la calificación de los requisitos formales de la demanda, realizada en la primera providencia por el Magistrado de Sustanciación (Gaceta Judicial. Año XCVIII. Serie XVI. No. 11. Pág. 2972). A su vez, sobre la clara diferencia entre los dos tipos de recursos, es necesario citar también la Jurisprudencia nacional: Dicho en otros términos, el recurso de plena jurisdicción o subjetivo decide sobre la validez del acto administrativo, las indemnizaciones, costas y demás reclamaciones a que hubiere lugar; y, contrastando con estas características del recurso de plena jurisdicción, surge el recurso de anulación u objetivo, que pretende, precisamente, la anulación del acto administrativo, con el único objeto de que se restablezca

5 el imperio de la ley, de la norma objetiva, en sí misma considerada, prescindiendo de cualquier derecho subjetivo que pudiera invocar el proponente del recurso. Es por ello que en este recurso se requiere la determinación clara y precisa de la norma jurídica objetiva que se hubiere lesionado con el acto administrativo cuya anulación se solicita. Asimismo, en el recurso contencioso de plena jurisdicción, la potestad del Tribunal, tanto en el procedimiento como en la decisión, es distinta y de mayor alcance que la que tiene en el recurso de anulación u objetivo, desprendiéndose de todo lo dicho que la determinación o calificación del recurso, bien se trate del subjetivo o del objetivo, no puede quedar librada al solo arbitrio del recurrente; pues es al Tribunal a quien corresponde dicha determinación o calificación. (Expediente 147, Registro Oficial Suplemento 117, 11 de Febrero del 2011) Tal como se ha señalado la jurisprudencia es reiterativa sobre este tema: TERCERO.- Es imperativo para el juez de instancia dentro del régimen contencioso administrativo, examinar la clase de recurso que contiene la demanda: subjetivo o de plena jurisdicción y de anulación u objetivo para su calificación, pues, son en esencia y fines diferentes entre sí. En efecto, según la ley, la doctrina y la jurisprudencia inalterables, el de anulación u objetivo tiene lugar cuando la norma jurídica objetiva ha sido conculcada por el acto administrativo denunciado si esté es de carácter general, impersonal y objetivo de efecto "ergs onmes" y no "inter partes", a fin de preservar su vigencia y la seguridad jurídica. Este recurso, a diferencia del de plena jurisdicción o subjetivo, no atiende al interés personal o particular de la o las personas, aunque éstas sean numerosas, que hubieran o pudieran haber sido afectadas o perjudicadas con el acto administrativo. (Gaceta Judicial. Año CV. Serie XVII. No. 15. Página 5209) En el presente caso, se ha interpuesto un recurso objetivo y así ha sido calificado expresamente por los Jueces del Tribunal No. 4, siendo esa calificación la que los recurrentes consideran errónea al tenor del Art. 3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa antes citado, para lo cual se debe considerar la naturaleza jurídica de dicho recurso, para los efectos de su calificación en la forma antes señalada, considerando lo que la propia ley dispone y, nuevamente, la Jurisprudencia en forma reiterada ha dispuesto: Este último, Recurso (de anulación u objetivo) únicamente cabe contra un acto administrativo general,

6 objetivo, normativo, abstracto y permanente, esencialmente se trata de normas reglamentarias, que regulan un conglomerado indeterminado de sujetos de derecho, que entran en pugna con normas de mayor jerarquía como son las legales. Mientras que, el recurso de plena jurisdicción procede contra el acto administrativo individual, concreto, particular que inciden sobre un derecho subjetivo referentes a personas individualizadas y determinadas. (Gaceta Judicial. Año XCVIII. Serie XVI. No. 11. Pág. 2968). Lo que se repite en otros fallos, baste como ejemplo, en la Gaceta Judicial. Año XCVII. Serie XVI. No. 9. Pág. 2471, en la Gaceta Judicial. Año XCVIII. Serie XVI. No. 12. Pág y Expediente 159, Registro Oficial Suplemento 117, 11 de Febrero del Conforme lo antes señalado, este Tribunal llega al convencimiento que la Resolución emitida por el Concejo Municipal de Esmeraldas, notificada el 7 de enero de 2008, por la que se revierte la donación de un terreno, es un acto administrativo que produce efectos en forma directa al accionante, esto es, al Sindicato de Choferes, Operadores, Mecánicos y Ayudantes del Municipio de Esmeraldas; por lo que esa Resolución no entraña una norma objetiva, llamada a ser cumplida por conglomerado indeterminado, sino que al contrario los afectados tienen plena identificación, por lo que sus derechos subjetivos son los afectados. En tal sentido, al haberse impugnado la antes mencionada resolución municipal, lo han hecho quienes tienen interés directo y subjetivo, por la reversión de la donación que les fuera afectada, no siendo procedente un recurso objetivo como lo presenta el accionante, y erradamente lo califican los Jueces del Tribunal Distrital No. 4. Por lo que es procedente aceptar la acusación realizada por los casacionistas, conforme a la causal primera del Art. 3 de la Ley de Casación que ha sido invocado. CUARTO Consta del proceso (fs. 13 y 14) y ha sido aceptado por el accionante, que el acto administrativo impugnado ha sido emitido por el Concejo Cantonal de Esmeraldas el 26 de diciembre de 2007 y notificado mediante oficio No de 7 de enero de Aparece también que la demanda ha sido presentada el 21 de octubre de 2008, esto es a más de diez (10) meses de que tuvieron conocimiento de la resolución administrativa que se impugna.

7 4.2.- El inciso primero del Art. 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece que: El término para deducir la demanda en la vía contencioso administrativa será de noventa días en los asuntos que constituyen materia del recurso contencioso de plena jurisdicción, contados desde el día siguiente al de la notificación de la resolución administrativa que se impugna., por tanto, es evidente que la demanda fue presentada vencido el término que tenía para hacerlo, en consecuencia se ha producido la caducidad de la facultad que tenía el accionante para impugnar el acto administrativo, tal como fuera alegado oportunamente por las autoridades demandadas, y que por la indebida determinación de la acción intentada, no fue reconocido por la Sala juzgadora. Por todo lo antes señalado, y sin que sean necesarias más consideraciones, este Tribunal de Casación, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA: 1.- Casa la sentencia dictada por el Tribunal Distrital No. 4 de lo Contencioso Administrativo de Manabí y Esmeraldas, el 19 de marzo de 2010, a las 15h En aplicación del Art 16 de la Ley de Casación, se desecha la demanda por haberse producido la caducidad contemplada en el primer inciso del Art. 65 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativo.- Notifíquese, devuélvase y publíquese.- Dr. Álvaro Ojeda Hidalgo, Dr. José Suing Nagua, Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia, Jueces y Jueza Nacionales.- Certifico.- Dra. Yashira Naranjo Sánchez, Secretaria Relatora.-