JUEZ PONENTE: DR. ÁLVARO OJEDA HIDALGO CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Quito, 14 de mayo de h41.

Transcripción

1 JUEZ PONENTE: DR. ÁLVARO OJEDA HIDALGO CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Quito, 14 de mayo de h41.- VISTOS: En virtud de que los Jueces Nacionales abajo firmantes, hemos sido designados por el Consejo de la Judicatura de Transición, mediante Resolución No de 25 de enero del 2012; y, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, mediante Resoluciones No de 30 de enero del 2012, y No de 28 de marzo de 2012, nos designó para integrar esta Sala Especializada; y, conforme el acta de sorteo electrónico de 4 de abril de 2012 que consta en el expediente de casación, somos el Tribunal competente y avocamos conocimiento de la presente causa, acorde con los artículos 183 y 185 del Código Orgánico de la Función Judicial, y artículo 1 de la Ley de Casación; integra este Tribunal de Casación la Dra. Daniella Camacho Herold, Conjueza Nacional, quien asume la competencia en virtud del sorteo realizado el 17 de abril de 2013, según consta en el acta del expediente, por excusa presentada por la Dra. Maritza Tatiana Pérez Valencia. Y estando la presente causa en estado de resolver, para hacerlo, se considera: PRIMERO Por sentencia expedida el 14 de junio de 2010, 08h44, por la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, dentro del juicio propuesto por el Director General del Servicio de Rentas Internas en contra de la Directora General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, se resolvió que se: "acepta la demanda presentada por el Economista Carlos Marx Carrasco Vicuña, representante legal del Servicio de Rentas Internas y declara la nulidad del Acuerdo No dictado por el Subdirector Provincial de Pichincha del Sistema de Pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el 20 de marzo de 2007, que contiene el acto administrativo impugnado, así como la Glosa No de 23 de marzo de 2007 resultante." Mediante auto de 3 de mayo de 2011, 09h20, esta Sala admite a trámite el recurso de casación interpuesto por el Director General del IESS, en los siguiente términos: Funda su recurso en la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación y sostiene que en el fallo se

2 ha incurrido en: Aplicación Indebida del Art. 12 del Reglamento Interno del Régimen de Transición del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, y Falta de aplicación de los Arts. 22, 41 y 43 de la Ley de Seguridad Social Por su parte, el Director General del Servicio de Rentas Internas, contesta el recurso de casación presentado por el Director General del IESS y manifiesta que: Ahora bien, en el caso materia del Juicio No NR, tal y como se explica en la sentencia -especialmente en sus considerandos séptimo y noveno- los actos que desencadenan el pago de la multa habrían ocurrido entre el 01 de julio de 1994 y el 30 de septiembre de 1998, el Reglamento interno del régimen de transición del seguro de invalidez, vejez y muerte rige desde el 21 de febrero de 2006 y, en virtud de este cuerpo normativo, el 20 de marzo de 2007 la dirección del Sistema de Pensiones expide el Acuerdo No mediante el cual impone a la Dirección General de Rentas Internas una multa. Con este antecedente, el recurrente alega que no existe aplicación retroactiva del Reglamento interno del régimen de transición del seguro de invalidez, vejez y muerte por cuanto, al tiempo de emitir el Acuerdo No , ya regía el mencionado reglamento, cuando lo relevante es que se lo aplicó a una situación jurídica previa -la correspondiente al período comprendido entre el 01 de julio de 1994 y el 30 de septiembre de es decir, retroactivamente, como claramente se explica en la sentencia. Si se aceptara el argumento del recurrente, una norma jurídica sería retroactiva no -como lo acepta la doctrina- si se la aplica a situaciones jurídicas previas; sino si se la invoca aún antes de que empiece a regir (lo que, en la mayoría de los casos, supondría un imposible físico). SEGUNDO.- Este Tribunal tiene claro que la argumentación del recurso de casación así como la contestación que se dé al mismo, debe ser analizada no como se lo haría si éste fuese un recurso de instancia sino que debe analizarse bajo los principios procesales de la casación, donde en principio no es posible introducir nuevos hechos en el debate, ni discutir los problemas fácticos de la instancia. En efecto, no cabe tratar en su totalidad las cuestiones del pleito, pues la casación recae sobre la legalidad de la sentencia de instancia, de suerte que si la sentencia impugnada contiene infracciones legales se la casa y se dicta una nueva, haciendo una correcta aplicación de las disposiciones legales infringidas; en definitiva se

3 intenta restablecer el imperio de las normas de derecho y unificar la doctrina, ante todo con un matiz acusadamente público, porque su concepción revela el propósito de conseguir, por un parte, que las normas jurídicas se apliquen con oportunidad y se interpreten rectamente, y lograr, por otra, mantener la unidad de las decisiones judiciales, como garantía de certidumbre e igualdad para cuantos integran el cuerpo social. TERCERO El tribunal A quo en su sentencia considera que: En consecuencia, es evidente que al haberse aplicado la Resolución No. C.D. 100 de 21 de febrero de 2006 en forma retroactiva, para la imposición y cobro de la multa de U.S. $ al SRI, se ha infringido el principio y las normas antes citadas que contienen la irretroactividad de la ley y de los actos administrativos.. Al respecto, este Tribunal observa que el acto impugnado, esto es el Acuerdo No se fundamentó en las siguientes resoluciones: resolución No. 166 del ex-instituto Nacional de Previsión del 20 de Agosto de 1963, su reforma contenida en la resolución 57 del ex Consejo Superior del IESS de 1º. de marzo de 1972 y la resolución C.D. 100 del 21 de Febrero del 2006, artículo 12, En la resolución No. 57 de 1º. de marzo de 1972, que como se indicó fue fundamento para la expedición del acuerdo impugnado, se resolvió que: Considerando: Que el Directorio del Instituto Nacional de Previsión, con el propósito de evitar eventuales procedimientos indebidos de patronos y trabajadores para obtener seguro de cesantía y pensión de jubilación, expidió las Resoluciones de 15 y 20 de agosto de 1.963, disponiendo que se presumirá que ha habido falsedad y dolo en las declaraciones de cesantía cuando los trabajadores aparezcan como afiliados activos en la misma empresa que concedió el certificado, dentro del año inmediato posterior a la fecha del cobro del seguro de cesantía o del Acuerdo de Jubilación, en su orden. Atenta la consulta hecha por la Dirección Regional del Litoral del IESS, y en uso de sus atribuciones, Resuelve: Del inciso primero de las Resoluciones del Instituto Nacional de Previsión, de 15 y 20 de agosto de 1.963, suprímase las palabras: dentro del año inmediato posterior a la fecha del aludido cobro y dentro del año inmediato posterior a la fecha del Acuerdo de Jubilación, respectivamente, y se pone en su lugar: dentro del año inmediato posterior a la fecha de cese del trabajador

4 en la empresa a la que prestó sus servicios A fojas 111 a 113 del expediente de instancia consta el Acuerdo No de 7 de junio de 2007, en el cual se resolvió reestablecer el pago de las pensiones jubilares en favor del señor Muñoz Andrade Fausto René, quien resultó perjudicado por la imposición de la sanción a la Dirección General de Rentas, lo que finalmente ocasionó la suspensión del pago de las pensiones jubilares en favor del señor Muñoz Andrade. En dicho acuerdo se señala: Que, la Resolución dictada el 20 de agosto de 1963 y su reforma contenida en la resolución 57 dictada por el ex Consejo Superior el primero de marzo de 1972, vigentes a las fechas del dictamen administrativo de la Junta de Reclamaciones y de su respectiva ejecución, prescriben: presumirán que ha habido falsedad y dolo en las declaraciones de cesantía con las cuales los trabajadores aparezcan como afiliados activos en la misma empresa que concedió el certificado, dentro del año inmediato posterior a la fecha de cese del trabajador en la empresa que prestó sus servicios. Si la presunción no hubiere sido desvirtuada, la Caja correspondiente cobrará al Patrono, en concepto de multa, el doble del valor de las pensiones pagadas al trabajador hasta el momento del reingreso y, además, suspenderá el servicio de dichas pensiones, el mismo que podrá restablecerse en cuanto el afiliado subsane las causas que produjeron dicha suspensión... (Las negrillas y subrayado son de este Tribunal) De las resoluciones transcritas se puede observar que la sanción estuvo prevista en las resoluciones citadas a partir del año de 1963, siendo reformadas hasta la expedición de la resolución No. C.D. 100 de 21 de febrero del 2006 que contiene el Reglamento Interno del Régimen de Transición del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, en el cual, en el artículo 12 tercer inciso se disponía que: La certificación de cese otorgada por el empleador cuando el trabajador continúe laborando bajo su dependencia, dará lugar a que el empleador pague al IESS los valores de pensiones concedidas al asegurado durante los doce (12) primeros meses de jubilado, con el recargo del cien por ciento (100%) y los intereses legales correspondientes, hasta la fecha de cancelación. En estos casos, los aportes realizados durante el período de los doce meses posteriores al supuesto cese, para el seguro de

5 invalidez, vejez y muerte, se declararán indebidos.. CUARTO.- Sobre lo anotado anteriormente, este Tribunal considera que hay que aclarar lo siguiente: Que el señor Fausto René Muñoz Andrade presentó una solicitud de reliquidación de sus pensiones jubilares, y es por esto que el IESS pudo identificar que existían aportes a favor del señor Muñoz Andrade por el período comprendido del 1 de julio de 1994 al 30 de septiembre de 1998, lo que implicó que se habían realizado aportes posteriores a la certificación conferida por la Dirección General de Rentas el 23 de junio de 1994 de cese de funciones del señor Muñoz Andrade; a lo que el IESS manifiesta que: recién el 12 de enero del 2007 se descubre el hecho que el afiliado y jubilado referido, no estuvo cesante el 23 de junio de 1994, sino que, cesó el 30 de septiembre de 1998, fecha en la que ya recibía indebidamente la pensión jubilar que se le otorgó con la certificación de la Pagaduría de la Dirección General de Rentas; con la solicitud de jubilación del 12 de enero del 2007, se descubre la irregularidad, entonces no existe retroactividad en la aplicación de la Resolución No. C.D. 100 dictada por el Consejo Directivo del IESS el 21 de febrero del 2006,. (Fojas 14 y 15 del expediente de instancia). QUINTO.- Por tanto, de conformidad con las resoluciones de 20 de agosto de 1963 y su reforma contenida en la resolución 57 dictada por el ex Consejo Superior del 1 de marzo de 1972, así como la resolución No. C.D. 100 de 21 de febrero del 2006, se contemplaba el hecho de que cuando un trabajador aparezca como afiliado activo en la misma empresa que concedió el certificado de cesación, dentro del año inmediato posterior a la fecha de cese del trabajador en la empresa que prestó sus servicios, se debía imponer la multa prevista al efecto. En tal sentido existió una aplicación indebida del artículo 12 de la resolución No. C.D. 100 de 21 de febrero del Por todo lo anterior, y sin que sea necesario ya más análisis, este Tribunal de Casación, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA: 1) Acepta el recurso de casación interpuesto por el Director General del

6 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y por tanto casa la sentencia impugnada de 14 de junio de 2010, 08h44, de la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 con sede en la ciudad de Quito. 2) En consecuencia, y conforme el Art. 16 de la Ley de Casación, se declara legal el Acuerdo No de 20 de marzo de 2007, así como la Glosa No de 23 de marzo de 2007 resultante.- Notifíquese, devuélvase y publíquese.- ff) Dr. Álvaro Ojeda Hidalgo, Dr. José Suing Nagua, Jueces Nacionales, Dra. Daniella Camacho Herold, Conjueza Nacional. Certifico.- Dra. Yashira Naranjo Sánchez, Secretaria Relatora.- ACLARACIÓN / AMPLIACIÓN CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Quito, 30 de mayo de Las 11h57.- VISTOS: ( ): Los artículos 281 del Código de Procedimiento Civil y 47 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa preceptúan que: El Tribunal no puede revocar ni alterar, en ningún caso, el sentido de la sentencia pronunciada; pero podrá aclararla o ampliarla, si alguna de las partes lo solicitare dentro del término de tres días..- En el presente caso el término para solicitar la aclaración o ampliación de la sentencia dictada el 14 de mayo de 2013, las 16h41 y notificada el 15 de mayo de 2013 concluyó el día lunes veinte de mayo de En tal virtud por extemporánea se niega la solicitud de aclaración presentada por el señor Carlos Marx Carrasco V. en su calidad de Director General del Servicio de Rentas Internas presentada el 21 de mayo del presente año.- Notifíquese. Dr. Álvaro Ojeda Hidalgo, Dr. José Suing Nagua, Jueces Nacionales, Dra. Daniella Camacho Herold, Conjueza Nacional. Certifico.- Dra. Yashira Naranjo Sánchez, Secretaria Relatora.-