Cómo legaliza Israel el traslado forzoso: El caso de la Jerusalén ocupada

Transcripción

1 Cómo legaliza Israel el traslado forzoso: El caso de la Jerusalén ocupada Informe de: Centro de Asesoría Jurídica en Derechos Humanos de Jerusalén (JLAC) La política de Israel de controlar, reprimir y desplazar a palestinos en la Jerusalén ocupada se sustenta tanto en la burocracia y en la ingeniería demográfica de las sanciones legales como en la fuerza directa. El derecho a la ciudad de las palestinas y palestinos jerusalemitas es violado por la construcción discriminatoria de Israel, así como por sus políticas de planificación, demolición de casas y el rechazo sistemático de permisos para construir. La propia existencia de palestinos en su propia ciudad se hace extremadamente precaria a causa de la implementación draconiana de la revocación de residencias por parte de Israel. La rutina a la hora de registrar los nacimientos se vuelve un proceso asfixiante. Además, pueden ser privados de su derecho humano universal a vivir con sus familias bajo el mismo techo solamente por estar casados con alguien proveniente de Cisjordania o de la franja de Gaza. Para entender mejor el complejo aparato de permisos de Israel y para cuantificar la extensión de su influencia en la vida de la población palestina, el Centro de Asesoría Jurídica y de Derechos Humanos de Jerusalén (de ahora en adelante, JLAC) solicitó formalmente al Ministerio del Interior israelí las cifras oficiales respecto a la revocación de residencias, el registro de nacimientos y la unificación familiar en Jerusalén. Las cifras que aportó el Ministerio del Interior de la Jerusalén ocupada pertenecen a los años 2013, 2014, 2015, 2016 y a los primeros ocho meses de Revocación de residencia: ilegal en su propia ciudad De acuerdo con las cifras provistas por el Ministerio del Interior a JLAC, 287 palestinos en Jerusalén fueron desprovistos de su estatus de residente en la ciudad entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de agosto de Entre estos 287 palestinos cuya residencia ha sido revocada durante este periodo hay siete menores. Solo en los primeros ocho meses del 2017, les fue revocada la residencia a diecisiete palestinos, incluyendo dos menores. Aunque esto representa una disminución en comparación con años anteriores - cuando la media anual era de 67,5 revocaciones- consideramos la revocación de residencia de una persona como una violación significativa de los derechos humanos.

2 Es difícil precisar una razón específica para la disminución de revocaciones de residencia en el año Una explicación podría ser puramente burocrática y logística. El Ministerio del Interior israelí en la Jerusalén ocupada ha estado desbordado con las solicitudes de los nuevos documentos identitarios biométricos obligatorios. Esto habría podido conllevar que los procedimientos de revocación de residencia se ralentizasen temporalmente. Una explicación más plausible tiene que ver con una mayor toma de conciencia entre los palestinos jerusalemitas acerca de los factores que podrían conllevar una revocación de residencia. Para proteger su vulnerable estatus en la ciudad, los palestinos saben que no tienen otra opción que acatar los estrictos y arbitrarios requisitos de Israel. Entre las justificaciones legales más usuales que utiliza el Ministerio del Interior para desposeer a los residentes de Jerusalén de su residencia está la política del Centro de Vida. Si el Ministerio del Interior considera que una persona residente de Jerusalén ha movido su centro de vida fuera de Jerusalén por un período de 7 años, esta se arriesga a perder su residencia en Jerusalén, aunque no haya adquirido ninguna otra residencia y aunque este nuevo Centro de Vida sea en una ciudad cercana en Cisjordania. Como el requisito Centro de Vida se define de manera difusa y a grandes rasgos, su ámbito de aplicación es vago, discrecional y sumido en la inconsistencia. Además de la política del Centro de Vida, Israel utiliza la revocación de residencia como una medida para castigar a los jerusalemitas palestinos acusados de perpetrar ataques contra objetivos israelíes. Estas revocaciones de residencia de carácter punitivo también podrían extenderse a las familias de los supuestos atacantes. Esto último constituye un castigo colectivo, lo que está prohibido bajo el derecho internacional humanitario consuetudinario, incluyendo el artículo 40 de las conferencias de la Haya de 1899 y 1907, así como el artículo 33 de la Cuarta Convención de Ginebra, entre otros instrumentos jurídicos. JLAC asegura que todas las revocaciones de residencia, ya sean por razones punitivas o basadas en la política arbitraria del Centro de Vida, equivalen a un traslado forzoso legalizado, un crimen de guerra bajo el artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra. Unificación familiar: fragmentados y destrozados Bajo las leyes de ciudadanía y de entrada a Israel (provisiones temporales), los ciudadanos palestinos de Israel y los residentes de la Jerusalén ocupada que están

3 casados con personas de Cisjordania o de la Franja de Gaza se encuentran con severas restricciones a su derecho a la unificación familiar. Los palestinos que viven en la Franja de Gaza o están registrados como residentes de Gaza tienen absolutamente prohibido vivir con sus cónyuges en zonas que están bajo jurisdicción israelí. Otra prohibición general a la unificación familiar es la impuesta a los palestinos en Cisjordania, a maridos menores de 35 y a esposas menores de 25 años. La orden temporal que se aprobó en 2003 y se ha extendido anualmente desde entonces, constituye una manera de clasificar acorde a perfiles nacionales y étnicos al atribuir y asumir la peligrosidad a priori de todo un grupo de individuos basándose en su nacionalidad, lugar de residencia e incluso lugar donde se encuentran registrados. Ataca el derecho fundamental a la vida familiar tal y como se encuentra protegido en el artículo 16(3) de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 23(1) del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, ratificado por Israel. También equivale a un castigo colectivo autorizar el rechazo a las solicitudes de unificación familiar en el caso de que un miembro de la familia extendida del solicitante sea calificado o considerado por Israel como una amenaza a la seguridad. Esta advertencia se utiliza frecuentemente de forma abusiva y de manera generalizada. El Tribunal Supremo de Israel rechazó dos peticiones separadas pidiendo que se echara abajo esta ley, justificando su decisión en motivos de seguridad. A los palestinos de Cisjordania que están casados con palestinos de Jerusalén y cumplen con la condición de edad estipulada por la ley, se les permite solicitar el estatus para la unificación familiar. Si su solicitud es aceptada, normalmente lo que consiguen es un permiso temporal que solo les protege de la deportación sin garantizar ningún derecho civil, social, económico, ni siquiera la posibilidad de tener carné de conducir. De acuerdo con la información oficial proporcionada por el Ministerio del Interior a JLAC, entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de agosto de 2017, se presentaron en Jerusalén Este solicitudes de unificación familiar de estas solicitudes fueron aceptadas, 600 rechazadas, 688 están aún pendientes y 114 solicitudes fueron suspendidas. Seis de estas solicitudes pendientes fueron presentadas en 2013, 28 en 2014 y 89 han estado pendientes desde Esto significa que solicitar un permiso temporal para la unificación familiar es un proceso burocrático y legal desalentador, que puede tardar de media entre tres y cuatro años. El número de unificaciones familiares presentado cada año parece ser consistente con una media anual de casi 540. La mayoría de los solicitantes son mujeres. El rechazo a las solicitudes de unificación familiar destroza familias palestinas enteras mientras el actual marco legal hace extremadamente difícil conseguir algo más que no sea un permiso temporal que requiere de constante renovación.

4 Registro de nacimientos: años de incertidumbre Los palestinos residentes en Jerusalén que están casados con palestinos de Cisjordania tienen que registrar a sus hijas e hijos en Jerusalén para garantizar sus derechos a la seguridad social, a la salud y a la educación en Jerusalén. Según la información provista por el Ministerio del Interior, entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de julio de 2017, se presentaron solicitudes de registro de menores en Jerusalén Este, de las cuales fueron aceptadas, 850 rechazadas, 17 suspendidas y todavía están pendientes De estas solicitudes 100 están pendientes desde 2013, mientras 224 lo están desde 2014, lo que indica que las solicitudes de registro de nacimientos es el que mayor tiempo tarda en resolverse - una media de cuatro a cinco años. El retraso sistemático en procesar y aceptar las solicitudes de registro de nacimientos viola el artículo 7(1) del Pacto de Derechos del Niño, que Israel ha ratificado. Los menores que no han sido registrados o aquellos cuya solicitud está pendiente se encuentran estancados en un ciclo perpetuo de incertidumbre. La falta de registro significa que estos niños y niñas son inelegibles para los estipendios de la seguridad social y la atención médica gratuita. También se requiere el registro para poder matricularse en las escuelas y poseer un estatus en la ciudad. Si el menor cumple 14 años antes de estar registrado, habrá que solicitarse un procedimiento de unificación familiar para poder tener un estatus en Jerusalén. No es poco común en una familia donde uno de los cónyuges es de Cisjordania y el otro de la Jerusalén ocupada que tengan unos hijos registrados como residentes de Jerusalén y otros registrados como residentes de Cisjordania o que directamente carezcan de estatus jurídico alguno. El registro de nacimientos además es otro procedimiento burocrático emocionalmente agotador que impone un profundo estrés y costes legales a las familias palestinas. Normalmente son las madres quienes soportan la peor parte, ya que son ellas quienes hacen el seguimiento de los casos. Cuerpos dispensables, vida controlable En octubre de 2015, Jerusalén se vio sacudida por una ola de ataques palestinos individuales, desencadenando una campaña de represión generalizada de las fuerzas israelíes contra la población palestina de la ciudad. Las medidas represivas incluyeron cierres y rigurosas restricciones al movimiento, demoliciones de casas a modo de castigo, la retención prolongada de los cuerpos de los atacantes palestinos muertos y punitivas revocaciones de residencia. La agitación de octubre de 2015 atrajo brevemente la atención exterior hacia la frágil normalidad de la vida en Jerusalén y

5 hacia las horribles condiciones a las que se enfrentan los palestinos. Para las palestinas y palestinos, sin embargo, las tensiones y la represión han marcado su vida diaria durante los últimos cincuenta años. Latente bajo la superficie, esta violencia diaria a la que está expuesta la población palestina, apenas se denuncia y es perpetuada por la ley y el orden. Bajo la ley israelí, a las personas de origen palestino residentes en la Jerusalén ocupada se las clasifica como residentes permanentes, convirtiéndolas en cuerpos dispensables y encadenándolas a la burocracia israelí y al sistema de permisos. Israel ha reconocido haber revocado el estatus de residencia a más de palestinos jerusalemitas desde En realidad, el número de palestinas y palestinos afectados por esta política es significativamente mayor: incluye niños y posiblemente nietos que silenciosamente han perdido sus derechos de residencia en Jerusalén como consecuencia de las revocaciones originales. El sistema de permisos israelí, incluyendo la revocación de residencia, la unificación familiar y el registro de nacimientos, constituyen un pilar muy importante de la política israelí para controlar todos los aspectos de la vida palestina en Jerusalén. La información oficial israelí muestra que prácticas aparentemente rutinarias como el registro de nacimientos y la unificación familiar pueden tardar más de cinco años en resolverse, colocando a las familias palestinas en una situación de control y vigilancia continuos por parte del Ministerio del Interior y de los Servicios de Seguridad Social. Crea una realidad absurda donde la infancia y los adultos palestinos son considerados ilegales y dispensables a la ciudad donde han nacido, crecido y vivido todas sus vidas. El sufrimiento silencioso e invisible que el sistema de permisos inflige a centenares de miles de palestinos, y su función en el plan estratégico israelí de ingeniería demográfica, debe ser objeto de tanta atención y denuncia como las redadas del ejército, la brutalidad policial y la violencia física.