La Hermenéutica y el Estado Social de Derecho. Sentencia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia N 01.1274 de Fecha 24 de Enero de Dos Mil Dos. En un comienzo habría que partir de los fundamentos propios relativos a la interpretación del texto Constitucional. En materia de interpretación pueden distinguirse dos dimensiones, la primera correspondiente a la interpretación que realiza la Sala Constitucional conocida como interpretación de la Constitución (Control de la Jurisdicción Constitucional, Art 334 CRBV y Control de la Constitucionalidad, Art 336 CRBV), que se distingue por su supremacía y efecto vinculante; la segunda dimensión, es la relativa a las interpretaciones constitucionales que efectúan los jueces ordinarios, para poder precisar el alcance de una norma legal que pretenden aplicar en un caso concreto, esta interpretación se conoce como interpretación constitucional, y no tiene carácter vinculante. Tanto la labor de interpretación de la Constitución, como la labor de interpretación constitucional, exigen a la jurisdicción constitucional apelar a todo tipo de técnicas, principios y métodos de interpretación constitucional. La interpretación jurídica implica determinar el significado o sentido de un precepto jurídico, constituyéndose este, como el paso previo para su eficaz aplicación en la realidad. «No se puede aplicar un precepto jurídico sin antes haber aclarado su significado». El en el derecho moderno se entiende que la principal garantía de los ciudadanos es la Ley frente al poder y no la Constitución, ya que esta sólo representa un mero pacto político entre las fuerzas sociales en un momento histórico determinado. La interpretación de la Ley es la principal preocupación, por eso se establecen métodos racionales para su interpretación. Partiendo de la definición más simplista interpretar, en el ámbito del derecho, connota un ejercicio intelectual dirigido a perfilar el alcance, la extensión, el sentido, o el significado de cualquier norma jurídica, bien sea ésta general y abstracta, o particular y concreta. Aproximados a una conceptualización, se puede afirma en una acepción general, que ésta es la declaración, explicación o aclaración del sentido de una cosa o de un texto incompleto, obscuro o dudoso; considerando entonces en este contexto más científico, que la interpretación jurídica por excelencia es la que pretende descubrir para sí mismo o para los demás el verdadero pensamiento del legislador o explicar el sentido de una disposición.
De igual forma la interpretación de la ley como la investigación y la penetración del sentido y del alcance efectivo de la norma, es la atribución de un significado a la norma para medir su extensión precisa y la posibilidad de aplicación a la determinada relación social a regular. La interpretación hermenéutica, establece que la Constitución como una norma jurídica debe ser interpretada conforme a los métodos de la Ley (sistemática, histórica, lógica y gramatical). La misma puede presentar una insuficiencia de acuerdo a: (i) estructura lógica formal de la Ley y (ii) la imposibilidad utilizar las tradicionales reglas de la interpretación de la ley, la cuales son propias del derecho privado, puesto que, solo buscan revelar la voluntad objetiva de la norma y revelar la voluntad subjetiva del legislador. Consustanciados con la labor hermenéutica, se debe tenerse muy en cuenta que las normas jurídicas no son preceptos desvinculados, sino que corresponden o se correlacionan con todo el sistema normativo positivo, y por ende, estando dentro de su conformación estructural, no les está dado desentonar o entrar en discordancia, en el entendido que una cabal interpretación debe ser hecha bajo los principios sistemáticos del orden jurídico a que pertenecen. Por otro lado, la comprensión e interpretación del texto supremo marca la pauta en la evolución de todo ordenamiento jurídico a los fines de la preservación del Estado de Derecho, y que la actividad interpretativa constituye un proceso de vital importancia en el desenvolvimiento del mismo que permite su realización práctica, es decir, la aplicación de la norma jurídica general a la experiencia real y concreta. Como consecuencia de esta visión sistemática ninguna de las normas constitucionales debe considerarse aislada, ni superflua, sino como parte de un todo y siempre debe preferirse la interpretación que armonice y no la que coloque en pugna los preceptos constitucionales, en razón de que puede verse afectada su esencial e imprescindible homogeneidad, cohesión y coherencia. La Constitución, como instrumento cuya flexibilidad y generalidad le permite adaptarse a todos los tiempos y circunstancias, por lo cual debe interpretarse teniendo en cuenta no solamente las condiciones sociales, económicas y políticas al momento de su sanción, sino también las condiciones que existen al tiempo de su aplicación, como consecuencia de la evolución, transformación, y por ende, del progreso de la sociedad, es decir, que además de la cualidad de permanencia que debe ser inmanente a ésta. El tiempo flexible, capaz de recibir a través de la interpretación, la influencia de las ideas, de las fuerzas, de las tendencias que señalan el nuevo sentido de la vida, en un proceso en constante movimiento, sin que esto implique comprometer o desnaturalizar los propósitos y limitaciones y, en general, el espíritu de la ley fundamental.
Es oportuno citar en este estadio, un resumen de los fundamentos expuestos por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia contenidos en la decisión Nº 2.855 del 20 de noviembre de 2002 (Ponente Mag. Jesús Eduardo Cabrera Romero), donde se sustenta en el esquema que proclama al Estado como democrático y social de derecho y de justicia, e invita a la comprensión y aplicación de sus instituciones en atención a la realización de dicho valor, ofreciendo solución a los conflictos desde esta perspectiva, con abandono de cualquier tesis que postule el desconocimiento de la justicia sobre la base de una equivocada interpretación del Derecho. Deja establecido la decisión in comento, que para que el texto de una determinada disposición normativa se encuentre, en efecto, conforme a la Constitución, es necesario que se le interprete de una determinada manera. Es lo que se conoce como el principio hermenéutico favor constitucione, conforme al cual, cuando surjan dudas acerca de la incompatibilidad de un dispositivo legal con la Constitución o se intuya la existencia de un conflicto normativo, el operador jurídico debe proceder a la interpretación de aquél, en el sentido que se adecue al texto constitucional, logrando la armonía del sistema a través de su labor exegética sin permitir su nulidad; no se trata de erigirse en legislador negativo, lo importante es asumir una interpretación de acuerdo con los principios y valores que la Constitución consagra. En desarrollo de esta idea, indica igualmente este fallo, que el esfuerzo interpretativo encuentra su justificación en la necesidad de armonizar el texto legal con el constitucional; de manera que, entre diversas posibilidades hermenéuticas, debe elegirse aquella interpretación acorde con el máximo texto normativo. Este criterio jurisprudencial, hace referencia a que el surgimiento de sentencias contentivas de interpretaciones conforme a la Constitución o sentencias interpretativas tiene su origen en aquellos ordenamientos que, al igual que el nuestro, sufrieron un cambio en su esquema constitucional, donde la entrada en vigencia de nuevos postulados constitucionales, hicieron que decayeran ciertas concepciones, institutos o interpretaciones que estuvieran conformes con el antiguo régimen. De tal manera que, la necesidad de mantener en vigor aquellas leyes preconstitucionales, para no crear un vacío legislativo por la pérdida de vigencia de tales normas por aplicación de la disposición derogatoria de la Constitución, obligaron a la interpretación de las mismas de acuerdo con el nuevo texto fundamental. El método interpretativo sistemático y armónico al cual se ha hecho referencia supra, enseña que, la dirección o sendero a transitar por el intérprete cuando pretende escudriñar el alcance, comprensión e inteligencia de una norma jurídica debe ser acompasado con los principios y normas constitucionales. Ahora bien el texto constitucional prescribe en su artículo N 2 lo siguiente:
Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político El Estado venezolano adopta como organización jurídico-política la figura de Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, garantizando el bienestar de todos los venezolanos, sin discriminación alguna; creando además las condiciones necesarias para el desarrollo social y espiritual de todos sus habitantes; y, procurando la igualdad de oportunidades para que todos los ciudadanos puedan desarrollar libremente su personalidad, dirigir sus proyectos de vida, disfrutar los derechos humanos y, como fin último, buscar su felicidad. Por Estado de Derecho deberá entenderse aquel poder que se ejerce únicamente a través de normas jurídicas y como consecuencia directa de ello, toda la actividad del Estado y de la Administración Pública en general, debe ser regulada por ley. Ahora producto de la evolución contenida en la Constitución de 1999 el Estado Social surge ante la desigualdad real existente entre las clases y grupos sociales, que atenta contra la igualdad jurídica reconocida a los individuos por la propia Carta Fundamental en su artículo 21. El Estado es el instrumento de transformación social por excelencia, a lo largo de la historia, y, por tanto, su función histórica es la de liberar al ser humano de la miseria, la ignorancia y la impotencia a la que se ha visto sometido desde el comienzo de la historia de la humanidad. Por otra parte, producto de explanado en párrafos anteriores se debe considerar que el Estado Social de Derecho, persigue la armonía de las clases, evitando que la clase dominante, por tener el poder económico, político o cultural, abuse y subyugue a otras clases o grupos sociales, impidiéndoles el desarrollo y sometiéndolas a la pobreza y a la ignorancia; a la categoría de explotados naturales y sin posibilidad de redimir su situación. De esta manera, esta forma de organización jurídico-política deberá tutelar a personas o grupos que en relación con otros se encuentran en estado de debilidad o minusvalía jurídica, a pesar del principio del Estado de Derecho Liberal de la igualdad ante la ley, el cual en la práctica no resuelve nada, ya que situaciones desiguales no pueden tratarse con soluciones iguales. Así pues, el Estado está obligado a proteger a los débiles, a tutelar sus intereses amparados por la Constitución; como valor jurídico, no puede existir una protección constitucional a expensas de los derechos fundamentales de otros
Inherente al Estado Social de Derecho es el concepto de interés social, entendido como un valor que persigue equilibrar en sus relaciones a personas o grupos que son, en alguna forma, reconocidos por la propia ley como débiles jurídicos o que se encuentran en una situación de inferioridad frente a otros grupos o personas, que por la naturaleza de sus relaciones, están en una posición dominante con relación a ellas. Por otro lado, los derechos individuales pierden efectividad ante derechos colectivos; así la plena autonomía de la voluntad de las partes sólo es tolerada si con ella se persigue el bienestar social, lo que significa que una parte no pretenda so pretexto de la autonomía, esquilmar a la otra, como puede ocurrir en el Estado de Derecho Liberal. La igualdad en un Estado Social no puede ser interpretada formalmente, sino teniendo en cuenta la situación real de los afectados, las relaciones sociales de poder, por lo que el Estado debe tender a interpretar el principio de equidad como igualdad material. Igualmente, derechos individuales pierden efectividad ante derechos colectivos, tal como ocurre con el de la libertad económica, ya que por razones de interés social (artículo 112 Constitucional), ella puede verse limitada, sobre todo si conforme al mismo artículo el Estado debe garantizar la justa distribución de la riqueza. En el Estado Social de Derecho, no pueden nacer derechos subjetivos a favor de las personas, pero no es menos cierto que el Estado Social de Derecho es un bien, un principio o valor jurídico, rector de la Constitución. De acuerdo a lo anteriormente expuesto se debe tomar especial consideración la aplicación de concepción plena del Estado Social de Derecho y sus implicaciones en el desarrollo de las actividades administrativas como jurisdiccionales por parte de los órganos del Estado, en especial atención, aquellas referidas a la protección de la jurisdicción constitucional (control difuso), entre las que tenemos: 1.- Cuando las leyes vigentes crearen situaciones contrarias al Estado Social de Derecho o a sus elementos esenciales, como la solidaridad o la responsabilidad social, tales leyes devendrían en inconstitucionales. 2.- La ley que ordene conductas, o produzca efectos, que hagan más gravosa la situación de los débiles jurídicos, que sustituya o ahonde desequilibrios sociales, deviene en inconstitucional, por contrariar la forma de Estado que impera en el país por mandato de la Carta Fundamental. 3.- La causa de inconstitucionalidad no nace de la violación literal del texto constitucional, sino que proviene de la contradicción de una ley con los principios,
valores y bienes jurídicos que informan la Constitución, y que puede ocurrir de manera sobrevenida. 4.- Se puede instituir el control concentrado producto de una demanda de nulidad, o puede quedar sin aplicación la ley o la norma inconstitucional con respecto a determinadas situaciones, con motivo del control difuso. La ley inconstitucional no se aplica al caso concreto; pero cuando el control difuso tiene lugar con motivo de una acción por derechos e intereses difusos, puede darse el caso de una desaplicación condicionada de la norma inconstitucional, referida a los efectos inconstitucionales de la ley, la cual deja de aplicarse en el tiempo o en el espacio, ya que la inconstitucionalidad se refiere a la situación concreta que produce la ley para un determinado período de tiempo, o en un sector territorial, situación que es la que se juzga. 5.- La inconstitucionalidad tiene varios ámbitos, cuando la ley colide con la Constitución o con sus principios, ella puede resultar absolutamente inconstitucional, y ser impugnada mediante las acciones ordinarias de inconstitucionalidad. 6.- Las leyes cuya inconstitucionalidad puede existir, mientras dure una situación determinada, una vez corregida tal situación exógena a la ley, ésta no tiene conflicto alguno con la Carta Fundamental. Esto es posible que ocurra con leyes que debido a determinadas condiciones sociales, económicas, políticas o de otra índole, contrarían el Estado Social de Derecho mientras duren esas condiciones, las cuales pueden ser transitorias. 7.- En los casos, la aplicación de la ley resulta contraria al bien público, a pesar que ella no colide directamente con ninguna norma constitucional, y que su perjuicio es sólo transitorio, mientras dure la nueva situación, distinta a la tenida en cuenta por el legislador cuando la dictó 8.- A la existencia de la incompatibilidad, el control difuso que se ejerce en el caso concreto, si es que la norma o la ley se han convertido en inconstitucionales para la época del proceso, puede originar una desaplicación de la ley o la norma por inconstitucional, hasta que cese la eventualidad que dejó a la ley sin efecto, o los hizo perniciosos. Este tipo de declaración sólo puede ser producto del control difuso de la Constitución (y no del concentrado), que cuando se ejerce con motivo de acciones por derechos o intereses difusos o colectivos, cuyas pretensiones por su naturaleza atañen
a toda la sociedad o a sectores de ella, la inaplicabilidad de la vigencia de la norma, a una determinada y concreta situación, puede condicionarse al regreso de la situación original que ella regulaba cuando se promulgó, siendo tal dispositivo jurídicamente posible. 9.- Los Tribunales Constitucionales, al contrario de otros tribunales que no ejercen la jurisdicción en materia Constitucional, no se rigen en sus fallos estrictamente por las normas del Código de Procedimiento Civil, ya que el deber de mantener la supremacía constitucional impide formalismos en el fallo que le limiten tal deber; y por ello, la sentencia con aplicación condicional es posible en materia de control constitucional, al menos de aquel que declara inaplicables normas de leyes que son incompatibles con la Constitución. Cuando la colisión o incompatibilidad es sobrevenida, al colidir las normas con principios o valores constitucionales que impiden la aplicación de los supuestos de hecho de la norma a las situaciones nuevas o sobrevenidas con relación a cuando se dictaron, pero que pueden modificarse regresando a lo que existía para el momento en que se dictó la ley, se puede declarar la inconstitucionalidad de la ley, dejando de aplicarla mientras la situación nueva se mantenga. 10.- Quién constata que se cumplió la condición y cómo se efectúa tal constatación, y lo lógico es que sea el tribunal de la causa quien lo haga, de oficio o a instancia de parte. En este último caso mediante una articulación probatoria se podría demostrar que finalizó la situación por la que devino la inconstitucionalidad de la Ley, y que se restableció la existente para la oportunidad en que se dictó la ley, por lo que la desaplicación a los casos concretos y determinados que la originaron, cesa. 11.- Como resultado de todo control difuso, la ley sobre la que se ejerce el control no ha sido anulada por inconstitucional, y sólo deja de aplicarse en el caso concreto, que en materia de acciones por derechos e intereses difusos o colectivos, que es la conduce a la de desaplicación de mayor amplitud, producto de lo universal de la pretensión y de la naturaleza erga omnes de los fallos que en ellos se dictan; y por ello la desaplicación de la ley al caso, no resulta tan puntual como cuando en un juicio concreto se declara inaplicable una ley por inconstitucional, o se declara inconstitucional a una norma ligada a la situación litigiosa. Es interesante señalar que la precitada sentencia enriquece de manera muy amplia las concepciones que hasta la fecha se venían manejando sobre las definiciones doctrinarias de Estado de Derecho, Estado Social y de Justicia; asimismo, en ella se plantea la debida interpretación constitucional de los efectos del artículo 2º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999),
según el cual el Estado venezolano adopta como organización jurídico-política la figura de Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, garantizando así el bienestar de todos los venezolanos, sin discriminación alguna; creando además las condiciones necesarias para el desarrollo social y espiritual de todos sus habitantes; y, procurando la igualdad de oportunidades para que todos los ciudadanos puedan desarrollar libremente su personalidad, dirigir sus proyectos de vida, disfrutar los derechos humanos y, como fin último, buscar su felicidad. En este orden de ideas se debe señalar, en primer término, que por Estado de Derecho deberá entenderse aquel poder que se ejerce únicamente a través de normas jurídicas y como consecuencia directa de ello, toda la actividad del Estado y de la Administración Pública en general, debe ser regulada por ley. Asimismo, sostiene que la esencia de esta conceptualización del Estado de Derecho está centrada en el control judicial de la legalidad desde la norma suprema, como ley normativa suprema y garantizada por la separación y autonomía de los poderes públicos que conforman el Estado. Ahora bien, a este concepto de Estado de Derecho, la Constitución de 1999 vigente le agrega el aditivo de Estado Social. En este sentido, la jurisprudencia in comento señala que el concepto de Estado Social surge ante la desigualdad real existente entre las clases y grupos sociales, que atenta contra la igualdad jurídica reconocida a los individuos por la propia Carta Fundamental. Se hace necesario pues, reconocer la evolución histórica que ha sufrido el Estado como organización jurídicopolítica, para llegar a entender al Estado Social de Derecho y de Justicia actual, acuñado por la vigente Constitución Bolivariana, y ese es el criterio de la Sala Constitucional. Revisados dichos antecedentes se puede entonces plantear un concepto actual de Estado Social de Derecho. En efecto, se debe considerar que el Estado Social de Derecho lo que persigue es la armonía de las clases, evitando que la clase dominante, por tener el poder económico, político o cultural, abuse y subyugue a otras clases o grupos sociales, impidiéndoles el desarrollo y sometiéndolas a la pobreza y a la ignorancia; a la categoría de explotados naturales y sin posibilidad de redimir su situación. De esta manera, esta forma de organización jurídico-política deberá tutelar a personas o grupos que en relación con otros se encuentran en estado de debilidad o minusvalía jurídica, a pesar del principio del Estado de Derecho Liberal de la igualdad ante la ley, el cual en la práctica no resuelve nada, ya que situaciones desiguales no pueden tratarse con soluciones iguales. Así pues, el Estado está obligado a proteger a los débiles, a tutelar sus intereses amparados por la Constitución; como valor jurídico, no puede existir una protección constitucional a expensas de los derechos fundamentales de otros.
Cabe señalar además, que este concepto no se limita solo a los derechos sociales, sino que abarca una amplitud de derechos que van desde los derechos económicos, pasando por los derechos culturales y ambientales. En este sentido, el Estado Social de Derecho debe buscar alcanzar una mejor distribución de las riquezas producidas, un mayor acceso a la cultura, un manejo lógico de los recursos naturales, y por tanto, el Estado a fin de garantizar esta función social, deberá intervenir en la actividad económica, reservarse rubros de estas actividades y vigilar, inspeccionar y fiscalizar la actividad concedida en estas áreas a los particulares, por lo que la propia Constitución vigente restringe la libertad de empresa consagrada en el artículo 112 (criterio de la Sala). También hace referencia esta jurisprudencia al derecho de propiedad y el de libre empresa, al señalar que no quedan abolidos en un Estado Social, sino que quedan condicionados en muchas áreas, al interés social, y en este sentido deben interpretarse las leyes. Asimismo, recoge la jurisprudencia, que la Doctrina nacional ha reiterado grandes diferencias entre el Estado tradicional y el Estado Social, en este sentido, Rondón de Sansó (2000) señala que el Estado tradicional se sustentaba en la justicia conmutativa, mientras que el Estado Social se sustenta en la justicia distributiva; el Estado tradicional es el legislador, en cuanto que el Estado Social es fundamentalmente un gestor al cual debe sujetarse la legislación (de allí el predominio de los decretos leyes y de las leyes habilitantes); el Estado tradicional se limita a asegurar la justicia legal formal, en cuanto que el Estado Social busca la justicia legal material. El Estado tradicional profesó los derechos individuales como tarea fundamental; en cuanto que el Estado Social entiende que la única forma de asegurar la vigencia de los valores es su propia acción; entre muchas otras características distintivas que recoge la Doctrina venezolana. Este señalamiento nos demuestra que el tránsito hacia el Estado Social de Derecho ya venía dado desde la Constitución de la República de Venezuela de 1961, como lo reconoce la Doctrina, pero que se profundiza en nuestra Constitución de 19999 vigente desde su mismo Preámbulo. De esta forma, del Preámbulo Constitucional se colige que el Estado Social está destinado a fomentar la consolidación de la solidaridad social, la paz, el bien común, la convivencia, el aseguramiento de la igualdad, sin discriminación ni subordinación; para luego anteponer la Constitución de 1999 vigente el bien común (el interés general) al particular, y reconoce que ese bien común se logra manteniendo la solidaridad social, la paz y la convivencia. Inherente al Estado Social de Derecho es el concepto de interés social, entendido como un valor que persigue equilibrar en sus relaciones a personas o grupos que son, en alguna forma, reconocidos por la propia ley como débiles jurídicos o que se encuentran en una situación de inferioridad frente a otros grupos o personas, que por la naturaleza de sus relaciones, están en una posición dominante
con relación a ellas, por lo que si en esas relaciones se les permitiera contratar en condiciones de igualdad formal, los poderosos obligarían a los débiles a asumir convenios o cláusulas que los perjudicarían o que obrarían en demasía en beneficio de los primeros, empobreciendo a los segundos. En este sentido, corresponde a la Constitución y a las Leyes evitar este desequilibrio determinando las materias objeto de interés social; se observa entonces como la precitada Carta Fundamental recoge entre su articulado los llamados derechos sociales, como medio de protección a los débiles, pues con ellos se puede formar un mapa de quiénes son los sujetos protegidos por el Estado Social. Asimismo, debemos acuñar al concepto de Estado Social de Derecho, elementos inherentes a este como son la solidaridad y la responsabilidad social, donde se puede notar, en primer término, que las obligaciones y deberes creadas por el Estado Social no son sólo para el Estado, sino también para los particulares. Al hablar de solidaridad, establece la sentencia in comento, se debe establecer que ella nace del deber de toda persona de contribuir a la paz social, de ayudar al Estado, según su capacidad, en las obligaciones que a él corresponden en cumplimiento de los fines del bienestar social general; y en el ámbito familiar, de participar en los procesos establecidos constitucionalmente y, finalmente, la obligación solidaria por el bienestar social general. Por otro lado, la responsabilidad social comprende los aportes que los particulares hacen al Estado para que éste cumpla con sus funciones de bienestar social; tales obligaciones vienen dadas por la Constitución y las leyes. Se puede hablar aquí, de obligaciones compartidas que coadyuvan en la satisfacción de los derechos básicos y esenciales de toda la sociedad. Nace así la corresponsabilidad del Estado y los particulares en satisfacer el mayor número de necesidades en cualquiera de los ámbitos de la vida social. Ahora bien, existen instituciones y concepciones jurídicas que se deben analizar e interpretar a la luz de la concepción del Estado Social de Derecho; ellas son: el imperio de la autonomía de la voluntad y el de la voluntad contractual del Estado y de los particulares. De esta forma, ni la autonomía de la voluntad ni la libertad contractual pueden lesionar los beneficios que produce el Estado Social, como consecuencia de ello se puede observar como la Constitución Bolivariana limita, por ejemplo, la actividad económica. Asimismo, es responsabilidad del Estado promover la riqueza con la meta de garantizar la creación y justa distribución de la riqueza; por tanto, el objetivo del Estado es el bien común, sin desigualdades ni discriminaciones, sin abusos y, tanto en la leyes como en la interpretación constitucional deberán propender a él, lo cual limita la autonomía de la voluntad contractual y a la actividad económica irrestricta, que permite a las personas realizar todo aquello que la ley no prohíba expresamente, así sea en perjuicio de la población o de sus grupos.
No se trata entonces, que bajo la interpretación y análisis del Estado Social de Derecho, se vaya a prohibir el lucro, la ganancia o la libertad negocial, lo que aquí sucede es que la creación de riqueza y su justa distribución no pueden partir de una ilimitada y desorbitada explotación de los demás, y menos en áreas que por mandato constitucional pertenecen al Estado, o donde éste otorga a particulares concesiones; o los autoriza para que exploten dichas áreas o actúen en ellas, por lo que los particulares pueden crear en estos espacios autorizados riqueza propia, pero esta creación no puede ser en detrimento de quienes entran en contacto con las actividades que se realizan en ellas, y que por ser atinente a todos los venezolanos, mal pueden ser aprovechados por algunos en desmedido perjuicio de los otros. Se trata pues, de otorgar la debida tutela judicial efectiva a los débiles jurídicos en este tipo de relaciones desiguales. Igualmente, señala la prenombrada sentencia, que los derechos individuales pierden efectividad ante derechos colectivos; así, la plena autonomía de la voluntad de las partes sólo es tolerada si con ella se persigue el bienestar social, lo que significa que una parte no pretenda so pretexto de la autonomía, esquilmar a la otra. En este sentido, acota esta sentencia que es totalmente falso que por el hecho de que una persona sea capaz funciona a plenitud y validez el principio de la autonomía de la voluntad de los contratos, pues el error y el dolo, son causas de nulidad de contratos efectuados por personas capaces. Ricardo Ulloa Esteves