Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales

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Transcripción:

Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales

INTRODUCCION El Estado de Chile ha venido en el último tiempo fortaleciendo y consolidando la probidad y transparencia de los actos de la Administración. Ello se ve reflejado en la última reforma a la Constitución Política de la República, estableciéndose que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. La ley No 19.653, sobre probidad administrativa, dispone que la Administración del Estado deberá observar, entre otros, los principios de probidad, transparencia y publicidad administrativas. De modo coherente con este principio, Chile se ha hecho Parte de diversas Convenciones contra la corrupción en el ámbito internacional: la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Dando cumplimiento a estas obligaciones internacionales se han perfeccionado las disposiciones que sancionan los actos de corrupción e incorporado nuevos delitos. ORIGEN DE LA CONVENCIÓN DEL COMBATE AL COHECHO La Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales fue adoptada en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en el año 1997. La OCDE desarrolló este tratado internacional convencida que el cohecho a los funcionarios públicos extranjeros en transacciones internacionales se produce frecuentemente en esta clase de actividades y es una grave amenaza al desarrollo y preservación de las instituciones democráticas, lo que socava el desarrollo económico y distorsiona la competencia leal. Esta Convención fue adoptada al constatarse por parte de los Estados que contaban con legislación para combatir el cohecho a funcionarios públicos nacionales, pero que existía un vacío en lo relativo al soborno a funcionarios extranjeros, al participar en transacciones internacionales. El fin último que se persigue con esta Convención es que los contratos que sean adjudicados por las empresas, que involucren grandes cantidades de dinero, no provengan del ofrecimiento de sobornos y que, en consecuencia, se aseguren reglas equitativas de participación en las transacciones internacionales. ADOPCIÓN DE LA CONVENCION El 21 de noviembre de 1997, se adoptó la Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales. Para Chile es obligatoria desde el 18 de junio del 2001. Son Partes de la Convención: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Corea, Chile, República Checa, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, República Eslovaca, Suecia, Suiza, Sudáfrica, Turquía, Reino Unido. 1

PAPEL DE LA OCDE La OCDE tiene un papel muy importante en la instalación de la Convención a nivel internacional. Constituye, además, la Institución que efectúa su monitoreo o seguimiento a través de un Grupo de Trabajo sobre Anticorrupción. OBJETIVOS DE LA CONVENCIÓN - Objetivo principal La Convención establece como objetivo esencial que los Estados Parte adopten las medidas que sean necesarias para tipificar el delito de cohecho a funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales. - Otros objetivos La Convención busca además una serie de objetivos adicionales. Entre ellos los más importantes son: * Establecer responsabilidad de las personas jurídicas en el ordenamiento interno de los países. * Que se sancione el lavado de dinero asociado a este delito. * Que los países se otorguen asistencia legal mutua, pronta y eficaz, que incluya el levantamiento del secreto bancario. * Que los países aseguren que este delito será extraditable CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA CONVENCIÓN POR PARTE DE CHILE. ESTABLECIMIENTO DEL DELITO El delito es descrito de la siguiente forma: El que ofreciere dar a un funcionario público extranjero un beneficio económico, en provecho de éste o de un tercero, para que realice una acción o incurra en una omisión con miras a la obtención o mantención, para sí u otro, de cualquier negocio o ventaja en el ámbito de transacciones comerciales internacionales será sancionado con las mismas penas de reclusión, multa e inhabilitación establecidas en el inciso primero del articulo 248 bis. De igual forma será castigado el que ofreciere dar el aludido beneficio a un funcionario público extranjero por haber realizado o haber incurrido en las acciones u omisiones señaladas Se complementa esta norma con una segunda parte que señala: El que en iguales hipótesis a las descritas en el inciso anterior, consintiere en dar el referido beneficio, será sancionado con pena de reclusión menor en su grado mínimo, además de las mismas penas de multa e inhabilitación señaladas. SANCION DEL DELITO Los países firmantes de la Convención se comprometieron a castigar el delito de cohecho al funcionario público extranjero con penas eficaces, proporcionadas y disuasivas. El propósito de establecer sanciones de tal naturaleza es prevenir la comisión de este tipo de delitos, impedir su reincidencia y especialmente, dar lugar a la cooperación internacional y a la extradición. Chile, para dar cumplimiento a las normas de la Convención, estableció el delito de cohecho a funcionarios públicos extranjeros en el Artículo 250 Bis A del Código Penal, mediante la Ley N 19.829 publicada en el Diario Oficial de 8 de octubre del 2002. 2

CONTABILIDAD El delito en Chile, tiene contempladas penas de privación de libertad que van desde los 61 días hasta los 3 años. Además tiene una pena de inhabilitación para cargo público y una multa que puede llegar hasta el doble del valor del soborno ofrecido o aceptado, junto con el comiso de los bienes o dineros con los cuales se haya intentado sobornar a un funcionario público extranjero. PERSONAS JURÍDICAS Un objetivo adicional de la Convención es sancionar a las personas jurídicas que intervienen en el delito de cohecho a funcionario público extranjero en transacciones comerciales internacionales. Lo anterior, porque las estadísticas demuestran que uno de los principales delitos en los cuales se ven involucradas las personas jurídicas en el mundo es la corrupción pública. Los Estados deben tomar las medidas necesarias para establecer la responsabilidad de las personas jurídicas, con sanciones efectivas, proporcionales y disuasivas, incluyendo sanciones monetarias, si la responsabilidad penal no es aplicable en el sistema legal. LAVADO DE DINERO La Convención también apunta a sancionar el lavado de dinero cuando se asocie al cohecho. Chile sanciona el lavado de activos cuando tiene como delito base el cohecho de cualquier especie, incluido el cohecho al funcionario público extranjero. Los países signatarios de la Convención están obligados a adoptar medidas contables, auditoras y reguladoras adecuadas para combatir el cohecho a funcionarios públicos extranjeros y a establecer sanciones cuando se produzcan omisiones y falsificaciones de libros, registros, cuentas y estados financieros de las compañías. Las empresas deben contar con políticas contables claras y categóricas que prohíban la doble contabilidad o la identificación inadecuada de transacciones. Asimismo, las empresas deberán monitorear que sus estados de cuenta no tengan entradas contables ambiguas o engañosas que puedan significar pagos ilegales a nombre de la empresa. Las dádivas de cohecho son susceptibles de encubrirse como gastos lícitos en las deducciones a los impuestos. La OCDE requiere a los Estados que prohíban dicha deducción, demandando normas explícitas que impidan una deducción de esas dádivas y les solicita efectuar una fiscalización especial y efectiva a través de sus autoridades tributarias, de manera de hacer más eficaz el combate al delito de cohecho. Por Circular Nº 56 de fecha 8 de noviembre de 2007, el Servicio de Impuestos Internos reafirmó que las dádivas a funcionarios públicos extranjeros no son deducibles de impuesto. Esta instrucción es de cumplimiento obligatorio para los funcionarios del Servicio y para los contribuyentes y se encuentra disponible en el sitio web http://www.sii.cl/documentos/circulares/2007/circu56.htm 3

ASISTENCIA LEGAL MUTUA Y EXTRADICION El cohecho sancionado en esta Convención es un delito transnacional, con frecuencia participan en él personas naturales o jurídicas de diferentes nacionalidades o países. Igualmente, puede dar lugar a la utilización de distintos sistemas financieros para el ofrecimiento u ocultamiento de los sobornos. Por ello se hace necesaria la colaboración jurídica de los Estados miembros de la Convención en las investigaciones penales que se lleven a cabo. La Convención obliga a proporcionar una fluida asistencia legal entre los Estados Parte, incluido el ámbito financiero-bancario, no pudiendo invocarse la restricción del secreto bancario para no dar acceso a algún antecedente solicitado desde el extranjero. También se requiere una eficaz cooperación para garantizar la extradición. Los Estados Parte deben asegurar la entrega de una persona al Estado Parte, respecto del delito previsto en la Convención. 4

PREGUNTAS Y RESPUESTAS En qué consiste el cohecho a funcionario público extranjero? Desde el año 2002, en Chile se encuentra establecido en el Código Penal el delito de cohecho a funcionario público extranjero. De acuerdo a éste cuando una persona participe en transacciones comerciales internacionales no puede ofrecer dar (ni consentir en dar) algún tipo de beneficio económico, a un funcionario público extranjero, para obtener o mantener un negocio. Cuál es la pena aplicable al delito? La sanción para quien comete este delito es de reclusión menor en sus grados mínimo a medio, esto es, de 61 días a tres años. Adicionalmente se le aplicará una pena de inhabilitación especial o absoluta para cargos u oficios temporales en cualquiera de sus grados. Finalmente existe una multa que va desde el equivalente del provecho solicitado al doble del mismo. Quiénes pueden cometer este delito? Cualquier persona, chilena o extranjera, que ofrezca dar algún tipo de beneficio económico a un funcionario público extranjero cuando participen en transacciones comerciales internacionales. Qué se entiende por funcionario público extranjero? - Cualquier persona que tenga en el extranjero un cargo legislativo, administrativo o judicial, por nombramiento o elección; - Cualquiera que ejerza una función pública en el extranjero, en un organismo público o en una empresa de servicio público. - Cualquier funcionario o agente de una organización internacional pública. Dónde se puede cometer el delito? El delito se puede cometer en Chile. También lo puede ser en el exterior si el delito produce efectos en Chile. Cuándo se produce el delito? El delito no requiere que se otorgue efectivamente un soborno a un funcionario público extranjero tampoco que éste lo reciba. Basta con que se produzca la acción de ofrecer dar o de consentir en dar para que el delito se entienda consumado. Qué debo hacer si tengo conocimiento de un hecho que podría calificarse como cohecho a funcionario público extranjero? Corresponde dar inmediata cuenta, esto es, realizar la denuncia al Ministerio Público, Carabineros o Policía de Investigaciones de Chile, para que se adopten las acciones que puedan ser del caso pertinente. Qué función le corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores en esta Convención? El Ministerio debe efectuar una adecuada difusión de la Convención. Asimismo debe instruir a su personal, particularmente al que cumple funciones en el exterior, acerca de la existencia de este delito. 5

Qué labor le corresponde a las Embajadas, Oficinas Comerciales y Consulados respecto a este delito? Los funcionarios de las Embajadas, Oficinas Comerciales y, en la medida que sea pertinente, de los Consulados de Chile en el exterior deben tomar conocimiento de la Convención y del delito de cohecho a funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, con el objeto de darlo a conocer al público en general y en particular a las personas o compañías chilenas que operen o deseen realizar negocios en el exterior, que tomen contacto o busquen asesoría en la respectiva Misión. A estas personas se deberá además entregar la Cartilla Explicativa junto a una copia de la Convención. Los funcionarios de esta Cancillería, al igual que todos los funcionarios públicos, están obligados a denunciar en forma directa al Ministerio Público, Carabineros o Policía de Investigaciones, cuando tengan fundadas sospechas de la comisión de un hecho que revistiere caracteres de delito - en este caso del delito de cohecho internacional - de que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones. Lo anterior, sin perjuicio de informar a las autoridades del Ministerio que corresponda. Los funcionarios deben conocer la prohibición establecida en el Artículo 5º de la Convención en el sentido que no se deberá dejar de efectuar una denuncia a las autoridades competentes respecto al hecho de haberse cometido un delito, por consideraciones de interés nacional económico, por el efecto potencial de la denuncia sobre las relaciones con otro Estado o por la identidad de las personas naturales o jurídicas involucradas. Si soy propietario o gerente o representante legal de una empresa, qué función debo cumplir en relación con este delito? La labor de las compañías debe orientarse a evitar que se produzcan casos de cohecho. En particular, las compañías deberían impartir instrucciones a sus funcionarios sobre esta materia. Igualmente deberían propender a la dictación de códigos de ética que contengan reglas relativas a este delito. Qué rol les compete a las agencias que proveen ayuda al desarrollo? La OCDE ha elaborado una serie de instrumentos atingentes a materias de anti-corrupción. La Recommendation on Anti-Corruption Proposals for Bilateral Aid Procurement recomienda a los Estados miembros requerir la incorporación de cláusulas anticorrupción en la obtención de fondos de ayuda bilateral, lo que debe realizarse en colaboración con los países receptores. Podría darse un ejemplo práctico del delito? El señor González, presidente de una compañía chilena en el área metalera postula a una licitación en un país extranjero ofrecida por el gobierno de ese país. De obtenerla se le reportarán variadas ganancias a su compañía. Para ello tiene que competir con varias empresas del mismo rubro que postulan en la licitación respectiva. Conociendo lo anterior el señor González, ordena a YVES, representante de la compañía en el país que licita, que le ofrezca al funcionario público (A. LEIDEMAN) encargado de llevar a cabo la licitación en ese país, una suma de dinero de US $150.000, para que él le entregue las ofertas presentadas por las otras compañías que participan en la licitación. 6

De esa forma obtendrá los datos de la competencia y podrá eventualmente mejorar su oferta. El señor YVES procede a efectuar la oferta al funcionario indicado. YVES le comunica a González, que debe depositar la suma ofrecida en una cuenta determinada. El señor González, ordena a su banco en Chile el depósito del dinero y la transferencia de los fondos. Le entregan los antecedentes a YVES quien a su vez los reenvía al señor González en Chile. Como resultado de lo anterior, la compañía chilena gana la licitación por su mejor oferta. Las otras empresas participantes, dudosas de la oferta muy ventajosa, obtienen antecedentes de que el funcionario público A. LEIDEMAN fue cohechado por la empresa chilena por lo que denuncian el hecho al Ministerio Público y requieren efectuar una investigación. 7