Excmo. Sr. Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Excmo. Sr. Ministro de Justicia, Excmo. Sr. Fiscal General del Estado, Excmos. Sres. Magistrados del Tribunal Constitucional, Excmos. Sres. Vocales del Consejo y Magistrados de este Tribunal, Queridos colegas, Queridos amigos y amigas, queridos familiares, Representa para mí un gran honor participar en este acto conmemorativo, que desea homenajear a todos aquellos servidores de la justicia que han sufrido en nuestro país el embate terrorista. Ante todo, quisiera agradecer y saludar a los organizadores de este acto, cuyo acierto a la hora de convocarnos hoy en este Palacio de la Justicia es indiscutible, así como a las víctimas y familiares de las víctimas del terrorismo que nos acompañan, cuyo ejemplo supone siempre un acicate poderoso para continuar trabajando en aras de la defensa de nuestro Estado de Derecho. Aprovecho la ocasión para saludar a los representantes de las diversas asociaciones en defensa de dichas víctimas que asimismo nos prestigian con su presencia. Como todos sabemos, durante las últimas décadas los españoles hemos aprendido, con dolor y con aplomo, que el terrorismo es un fenómeno sin rostro, que se esconde detrás de variadas ideologías, que no persigue ni consigue metas y que en definitiva no posee cabal justificación de clase alguna. No por casualidad, hoy 19 de junio se cumplen 30 años de uno de los peores atentados sufridos por España en toda su historia: la explosión de un artefacto en la superficie comercial Hipercor de la Avenida Meridiana de Barcelona, que dejó un saldo de 21 muertos y 45 heridos, y que se atribuyó a ETA. Cargados con este bagaje, los españoles hemos tenido el coraje de hacer frente juntos a las organizaciones terroristas, hemos aprendido la sensatez de honrar el sacrificio de aquellos que fueron
presa de sus objetivos, y hemos podido usar la democracia como el más eficaz instrumento de respuesta frente a los fanáticos, sean del signo que sean. Hoy, nuestra dura experiencia es compartida por muchos, y la lucha contra la plaga terrorista se erige como uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan el mundo en general y Europa y Occidente en particular. Los atentados que han asolado al pueblo británico por tres veces en los últimos meses, los ataques contra Francia en los últimos años, o la matanza indiscriminada de civiles en pleno centro de Kabul, sucedida el pasado 31 de mayo, son sangrientos botones de muestra que nos enseñan que el terrorismo representa una amenaza diaria a nuestro modo de vida y a nuestros principios y valores más íntimos, una amenaza que no desfallece, que nos concierne a todos, que golpea en todas partes, y frente a la que no podemos ser nunca indiferentes o equidistantes. Precisamente por esta razón, un acto como éste cobra singular importancia, puesto que, con particular intensidad, el emocionado recuerdo de todos aquellos compañeros, Jueces, Magistrados o Fiscales, que cayeron en defensa de nuestros derechos y libertades, constituye un recordatorio permanente de la vital importancia que una justicia vigorosa e independiente juega a la hora de erradicar el terrorismo. Ahora les hablo no sólo como Presidente del Tribunal Constitucional, sino como compañero de la Carrera Judicial y Magistrado del Tribunal Supremo en situación de servicios especiales, que ha servido al Estado en este palacio de justicia, durante 25 años de su actividad profesional. En este Salón de los Pasos Perdidos acuden a mi memoria los actos celebrados a los que asistí, y especialmente, muchos nombres queridos de personas de las que guardo el mayor respeto y el mayor afecto, y que fueron objetivo en su mayor parte de la banda terrorista ETA, así como del denominado GRAPO, grupo ya disuelto. Todos ellos amigos o conocidos, con los que incluso coincidí en mi etapa como Presidente de la Sala Cuarta de lo Contenciosoadministrativo de la extinta Audiencia Territorial de Madrid, en el
Gabinete Técnico de la Presidencia del Tribunal Supremo y como Magistrado de dicha Sala. En concreto, estoy hablando del Magistrado Excmo. Sr. D. José Francisco Mateu Canoves, asesinado en noviembre de 1978. Estoy hablando también del Presidente de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, Excmo. Sr. D. Miguel Cruz Cuenca, abatido por integrantes del GRAPO en enero de 1979; Estoy vindicando a los Magistrados del Tribunal Supremo, Excmos. Sres. D. Rafael Martínez Emperador y D. José Francisco De Querol y Lombardero, y al Magistrado de la Audiencia provincial de Vizcaya, Excmo Sr. D. José María Lidón Corbi, asesinados en 1997, en 2000 y en 2003, sin olvidar a la Fiscal de la Audiencia Nacional Dña. Carmen Tagle, abatida por ETA en septiembre de 1989 y asimismo del Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ilmo. Sr. D. Luis Portero García, que fue asesinado en Granada el año 2000. También estoy recordando los viles intentos de acabar con las vidas del Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Excmo. Sr. D. Antonio Hernández Gil, en 1986; del Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Excmo. Sr. D. Eduardo Fungairiño, en 1990; del entonces Presidente de la Audiencia Nacional, Excmo. Sr. D. Fernando de Mateo Lage, ese mismo año; o del Magistrado de la Audiencia Nacional, Excmo. Sr. D. José Antonio Jiménez Alfaro, en 1996 Todos ellos abnegados servidores públicos que engrosan una lista iniciada por el atentado contra José Javier Jáuregui Bernaola, juez de paz de Lemona en julio de 1978, y a la que hay que añadir otras víctimas, como el conductor Armando Medina y el escolta Jesús Escudero Garcia que trabajaban junto con el Magistrado De Querol y Lombardero. Como Presidente del Tribunal Constitucional, quiero singularizar la figura de quién fue nuestro segundo Presidente, el Excmo. Sr. D. Francisco Tomás y Valiente, hombre admirado y respetado fuera y dentro del mundo del Derecho, cuya vida fue sesgada el 14 de febrero de 1996 en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid. Se da la circunstancia, además, de que yo serví
a sus órdenes como Secretario General Adjunto del Tribunal Constitucional en 1986. Aprovechando la presencia de sus hijos Ana y Francisco, desearía recalcar en su presencia la entereza, la inteligencia, y el civismo de los que siempre hizo gala D. Francisco, cualidades que perduran más allá de su persona y que el Tribunal Constitucional posee como norte de su labor. También me gustaría aprovechar esta ocasión para ensalzar la memoria de todas las víctimas del terrorismo y muy en especial en la persona de Miguel Ángel Blanco. En este sentido, creo pertinente señalar que el mayor número de bajas producidas por el terrorismo en nuestro país pertenecen a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que defienden dentro y fuera de nuestras fronteras nuestro modelo de convivencia y nuestra libertad. Y también, de manera muy especial y afectiva, quisiera rememorar a las 192 víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004. A todas las personas que han sufrido por culpa de tanta inhumanidad, en suma, mi más vivo recuerdo, y mi gratitud constante como ciudadano y como español. Queridos amigos y amigas, Las víctimas del terrorismo sois la encarnación misma de la certeza moral que asiste a nuestra democracia en la lucha contra esa execrable lacra. Por este motivo, vuestra presencia debe ser reconocida, amparada y proyectada, porque ella misma es un antídoto contra la radicalización y el adoctrinamiento de los que se nutre todo fenómeno terrorista. La sociedad, que guarda un inmenso cariño por cada uno de vosotros, os debe asimismo un permanente respaldo porque representáis una parte importante de su propia conciencia frente a la locura del terror. Esta reflexión resulta particularmente significativa en el caso de los servidores de la justicia caídos en su defensa. Jueces y Fiscales son atacados porque manifiestan con su trabajo todo aquello que más detesta el terrorismo: la paz social en el marco del Derecho como expresión misma de la democracia, la igualdad de todos ante la ley, la rendición de cuentas ante los actos cometidos, sin amparos
o justificaciones posibles, como digo, en ninguna idea o creencia. Esta circunstancia, hoy como ayer, vuelve esencial a la justicia para luchar y vencer, desde la serenidad del derecho. De igual forma, la muerte del Presidente Tomás y Valiente, lejos de amilanar a la sociedad, se convirtió en un símbolo de la fortaleza del Tribunal Constitucional, que precisamente se dedica a garantizar los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos sin excepción, así como la supremacía normativa de nuestra Carta Magna como orden de la convivencia pacífica. En definitiva, creo firmemente que el sacrificio de tantas personas no podrá ser nunca considerado en vano, y creo asimismo que el sentido que ese sacrificio nos ha dejado pervivirá y continuará guiando nuestros pasos, en el fortalecimiento de los principios y valores democráticos de nuestro Estado de Derecho. Muchas gracias por su atención.