PRESENTACIÓN DE LA SEÑORA MINISTRA DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES DEL PERU EN EL PANEL SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO Saludo muy especialmente a quienes integran esta mesa y a todas las y los asistentes a este panel. Agradezco la invitación realizada por la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe para participar en este Panel referente al capítulo sobre Igualdad de Género de la Guía operacional para la implementación y el seguimiento del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. Estoy convencida de que esta guía marca un hito en la historia de los compromisos internacionales de derechos humanos que se forjan en las instancias políticas de decisión tanto regionales como universales. Y marca un hito porque contiene orientaciones específicas para la implementación de medidas concretas que permitan medir los avances en la implementación del Consenso que logramos construir en 2012. Y esa medición será a nivel interno de los países, pero también nos permitirá poder mejorar la comparación de avances entre los diferentes países de la región. Quiero comentar cuatro aspectos respecto de este capítulo de la Guía que agrupa 19 medidas prioritarias. Aspectos que responden a las preguntas orientadoras que nos alcanzaron previamente como base para las presentaciones. Un primer aspecto que se me ha solicitado es destacar las acciones, metas e indicadores que me resultan más significativos. El capítulo incluye diversas medidas pero creo que son especialmente novedosos los indicadores respecto del número de normas que garanticen la paridad y el acceso al poder de las mujeres en la medida prioritaria 51, el indicador sobre legislación y reglamentación para sancionar y penalizar el acoso político contra las mujeres en la medida prioritaria 52, al porcentaje de mujeres de puestos de alto nivel en las empresas en la medida prioritaria 55 y la construcción de nuevas masculinidades en la medida prioritaria 59. Estos cuatro puntos, que están presentes en el Consenso de Santo Domingo, los aprecio significativos por las siguientes razones: el primero sitúa la meta de la paridad como horizonte legislativo a nivel regional, lo que resulta inspirador para aquellos países como el Perú que estamos consolidando aún el sistema de cuotas. Lo relacionado al acoso político y administrativo me resulta significativo en la medida de que es una de las modalidades de violencia que muestra más
claramente cómo esta forma de discriminación afecta el ejercicio de los demás derechos humanos, como el de la participación en igualdad en la vida pública, pero que no se encuentra expresamente recogida aún en ningún instrumento de carácter jurídicamente vinculante por lo que su consideración dentro de los indicadores releva su importancia y pone en todos nuestros Estados el compromiso expreso de regular la problemática. Lo referido al indicador de mujeres en posiciones de poder en las empresas es significativo también porque realza la necesidad de que el sector público tenga un seguimiento activo de la concreción de la igualdad en el sector privado, en una parte emblemática del mismo como lo es el campo empresarial. En cuanto a la construcción de nuevas masculinidades lo considero un avance significativo, pues es el primer instrumento internacional que utiliza y visibiliza explícitamente este término y se ocupa del trabajo con varones, no sólo en la prevención, sanción y/o recuperación de agresores sino para la reestructuración del modelo de las relaciones de poder, eje fundamental para el logro de la igualdad de género. Un segundo aspecto que se me ha pedido comentar es mi apreciación respecto de las acciones, metas o indicadores que resultarían más complejos de abordar. En este campo creo que un primer desafío es el asociado a los presupuestos con enfoque de género. Las metas de incorporar el enfoque de igualdad de género en los presupuestos gubernamentales de los distintos sectores, de asignar recursos específicos para la igualdad de género en los presupuestos gubernamentales, y de asegurar que los mecanismos para el empoderamiento de la mujer cuenten con los recursos necesarios para su autonomía financiera, así como sus indicadores asociados, plantean exigencias concretas para nuestros gobiernos y clarifican en porcentajes los avances de un aspecto crucial para concretar cambios estructurales en pro de la igualdad de género. Un segundo desafío que identifico es la meta de servicios universales de cuidado que está asociado al indicador del porcentaje de personas que requieren de servicios de cuidado y que efectivamente los reciben. Este aspecto me parece particularmente complejo pues países de renta media como el Perú han apostado por instalar servicios de cuidado de la mano del mercado laboral formal y en torno a las variables de pobreza y extrema pobreza; la universalización de los mismos es un horizonte que demandará múltiples cambios de orden estructural. Por último, considero como uno de los aspectos más complejos la valoración del trabajo doméstico no remunerado pues el indicador de porcentaje del PBI correspondiente al mismo implica que tengamos una metodología que sea comparable para el cálculo de las cuentas satélites, de forma que los datos puedan ser analizados en perspectiva regional.
Un tercer aspecto que se me ha solicitado es comentar los aspectos que sugeriría desarrollar con mayor detalle para que la Guía cumpla el objetivo de contribuir a la implementación y seguimiento del Consenso. Considero que sigue siendo un desafío clarificar los indicadores en las medidas 57, 58 y 65 que están relacionadas al campo de la violencia contra las mujeres tanto a nivel de las medidas para la protección y atención integral a las víctimas y a las acciones de sensibilización sobre la problemática sobre todo en el sistema de justicia en todas las formas de violencia. Es un reto establecer indicadores que dialoguen con el Sistema de indicadores de progreso para la medición de la implementación de la Convención de Belém do Pará, el mismo que fue elaborado por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará para la Segunda Ronda de Seguimiento de 2013. Por el matiz de la Guía del Consenso sería pertinente revisar la concordancia con los indicadores de resultado del Sistema de la Belém do Pará tanto a nivel de la recepción del derecho, del contexto financiero y compromisos financieros y las capacidades estatales en los cinco módulos identificados en este instrumento: legislación, planes nacionales, acceso a la justicia, información y estadística y diversidad, haciendo una priorización que responsa a los desafíos regionales comunes. Un último aspecto que se me ha solicitado es el referido a la complementariedad y reforzamiento mutuo del Consenso de Montevideo con otros instrumentos internacionales y regionales. Las medidas priorizadas en este capítulo están contempladas en instrumentos, instancias y mecanismos especializados como la Plataforma de Acción de Beijing, el Consenso de Santo Domingo (2013), el Consenso de Brasilia (2010) y el Consenso de Quito (2007) los cuales tienen un carácter acumulativo para la región en la medida en que cada consenso reconoce el valor político y programático de sus antecesores y la importancia de todos ellos en su conjunto. Los indicadores clarifican la ruta para afrontar los desafíos de hacerlos realidad en la práctica. De la misma manera la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, 1979) y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belém Do Pará - 1994) han permitido generar las condiciones para que los países asuman el firme compromiso de eliminar efectivamente todas las formas de discriminación contra la mujer así como la discriminación en el mundo. En ese sentido se debe tener una lectura dialógica de la Guía con estos instrumentos. La Guía apunta a ofrecer indicadores que ayudarán a hacer más objetiva la medición de avances de estos cuerpos normativos, lo que es central en el caso de la CEDAW que es un tratado
que no cuenta con un mecanismo semejante, que sí existe en el caso de la Belém do Pará. El Consenso de Montevideo refleja un compromiso y preocupación con diferentes situaciones de desigualdad y pobreza que afectan a miles de personas en nuestra región. Por eso dialoga con la realidad que ha sido analizada para la formulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tienen una fuerte dimensión social, aunque también económica y ambiental. El Consenso de Montevideo centra su eje de acción en el ser humano siendo uno de sus principales objetivos el reconocimiento de la necesidad de empoderar a las mujeres como un elemento clave para mejorar la calidad de vida de todas las personas, hace un llamado a proteger los derechos de adolescentes y jóvenes, a tener control y decisión sobre su salud sexual y reproductiva, a la educación sexual integral y a tomar medidas para prevenir el embarazo adolescente, e incluye dentro de su ámbito de protección a diversas identidades femeninas que están expuestas a diferentes vulnerabilidades en razón del entorno de exclusión en el que aún vivimos. Por eso el Consenso está íntimamente conectado con la propuesta de Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular en el Objetivo 5 dedicado a lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Sin embargo, la igualdad de género solo será posible en la medida de que esta perspectiva se incorpore de manera transversal en la implementación de los demás objetivos que conforman la agenda al 2030, especialmente el primero, sobre erradicación de la pobreza en todas sus formas en todo el mundo; el tercero, sobre una vida saludable para todos y todas; el cuarto, sobre garantía de una educación de calidad inclusiva e igualitaria; el octavo, sobre crecimiento económico y el trabajo decente y el décimo sexto, sobre promoción de sociedades pacíficas e inclusivas en las que se facilite el acceso a la justicia para todas y todos y se fortalezcan las instituciones. Como en su momento lo hicieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los ODS ofrecen una pauta mundial común para la acción con la que la Guía dialoga desde los acentos propios de nuestra región. Esta presencia transversal de la igualdad está presente en la Guía pues este enfoque es parte de las medidas de sus otros capítulos. Quisiera terminar esta intervención destacando nuevamente la importancia de la Guía, pues permitirá que los diferentes gobiernos podamos avanzar en la implementación de los acuerdos políticos regionales sobre la igualdad, desde una aproximación objetiva que nos permita ver nuestras fortalezas y desafíos comunes. La igualdad de género es un pilar de nuestro camino común al desarrollo.
Muchas gracias.