Fundamento jurídico para reglamentación de Territorios libres de transgénicos

Transcripción

1 Fundamento jurídico para reglamentación de Territorios libres de transgénicos Por: Sofía Barquero Mata 1 Los organismos vivos modificados, también conocidos como transgénicos u organismos genéticamente modificados, representan un tema de actualidad. De las decisiones que se tomen, depende el futuro de la agricultura no solo nacional, sino mundial. Necesariamente se involucran otros temas, como la seguridad alimentaria, la salud humana, animal, vegetal, la biodiversidad, entre otros. Es precisamente por ello, que no se deben tomar medidas precipitadas, mucho menos, en respuesta a intereses económicos. A pesar de lo anterior, en el caso de Costa Rica, el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), autorizó la siembra de tres variedades de maíz genéticamente modificado. Esta decisión se ha tomado aún sin contemplar los requerimientos del Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la Biotecnología. El Protocolo, en su artículo 23, inciso segundo, expresa: Las Partes, de conformidad con sus leyes y reglamentaciones respectivas, celebrarán consultas con el público en el proceso de adopción de decisiones en relación con organismos vivos modificados y darán a conocer al público los resultados de esas decisiones, respetando la información confidencial según lo dispuesto en el artículo (Destacado no es del original). Sin considerar lo indicado en el Protocolo, el SFE realizó los procesos de autorización de una manera prácticamente secreta. No se tomó en cuenta a los gobiernos locales, ni se les notificó la existencia de solicitudes 1 Bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica, estudiante de la Licenciatura en Derecho con énfasis en Derecho Ambiental, asistente en la Federación Ecologista para la Conservación. Documento elaborado en marzo del 2013, como justificación de las declaratorias de territorios libres de transgénicos realizadas por las municipalidades costarricenses. 2 Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica: texto y anexos. Montreal: Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica Ratificado por el artículo 1 del decreto ejecutivo N del 27 de noviembre de Fundamento jurídico Territorios libres de transgénicos 1

2 para la liberación de transgénicos. Esto viene a violentar, de una forma inminente, la posibilidad que tiene la sociedad civil para participar en los procesos de adopción de decisiones. Lo anterior, en razón de que la información es requisito indispensable para hacer efectiva la posibilidad de participar en los procesos relativos a la decisión de aceptar -o rechazar- la liberación de transgénicos en el territorio costarricense, la cual consideramos que no corresponde solamente al Gobierno central, sino que, por tratarse de un tema de trascendencia ambiental, le compete a todas las personas. Dentro del Protocolo de Cartagena, también se consideran aspectos socioeconómicos, de forma expresa, el artículo 26, inciso primero, señala: Las Partes, al adoptar una decisión sobre la importación con arreglo a las medidas nacionales que rigen la aplicación del presente Protocolo, podrán tener en cuenta, de forma compatible con sus obligaciones internacionales, las consideraciones socioeconómicas resultantes de los efectos de los organismos vivos modificados para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, especialmente en relación con el valor que la diversidad biológica tiene para las comunidades indígenas y locales. 3 (Destacado no es del original) Si bien, se trata de una posibilidad y no una exigencia, en el caso costarricense, han existido una gran cantidad de movimientos en contra de la siembra de cultivos genéticamente modificados. Esto se convierte en una manifestación de la estrecha relación que tienen las comunidades locales con la diversidad biológica. Lo cual, ha sido ignorado por parte de las autoridades nacionales, a pesar, de que pudo tomarse en cuenta, en el marco de un Estado Social de Derecho que vela por los intereses de la colectividad. Con respecto a los transgénicos existe mucha discusión. Hay sectores que los defienden y los definen como una alternativa viable para atender a los problemas de alimentación que amenazan a gran parte de la población mundial. Por otra parte, son señalados como peligrosos, vinculados a problemas en la salud humana, la agricultura y el medio ambiente. 3 Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica: texto y anexos. Montreal: Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica Ratificado por el artículo 1 del decreto ejecutivo N del 27 de noviembre de Fundamento jurídico Territorios libres de transgénicos 2

3 Sobre los riesgos asociados a los organismos genéticamente modificados, el Estado costarricense, está obligado a velar para que la población tenga acceso y calidad en la salud, a que haya buenas prácticas agrícolas y además, debe garantizar el disfrute de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Todo lo anterior, en el marco de la normativa constitucional y de convenios internacionales, que por tratar temas relativos a los Derechos Humanos (DDHH), son supraconstitucionales. En lo relativo a la salud, la Constitución Política (CP), en su artículo 46, último párrafo, indica: Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo. El Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas materias. 4 (Destacado no es del original). Según lo que se desprende del texto indicado, el Estado, debe proteger la salud y el ambiente. Ahora bien, para que exista salud, el medio en el que se desarrolle un ser humano debe ser óptimo. De esta manera, tanto la salud humana como la ambiental y, por supuesto, el equilibrio ecológico están estrechamente relacionados. En el caso de los cultivos transgénicos, existe la posibilidad de que se den procesos de contaminación y los productos criollos adquieran propiedades genéticas de aquellos que fueron alterados. Si esto ocurre, la biodiversidad se verá seriamente afectada. Es decir, que los consumidores de productos criollos, cuentan con legitimidad desde el punto de vista constitucional, para exigir al Estado la protección de su salud y del ambiente. Así como de solicitar información adecuada y veraz, sin embargo, como se ha mencionado, el Servicio Fitosanitario del Estado tomó decisiones sin considerar a la sociedad civil. Por ende, la forma en la que esto se realizó, afecta un derecho fundamental y lo restringe más allá de lo autorizado por nuestra Carta Magna. Finalmente, en el extracto del artículo de cita, se indica la obligación del Estado de apoyar los organismo que se constituyan para la defensa del ambiente y la salud. En este caso, las municipalidades, grupos ecologistas y sociedad civil en general, se han movilizado para expresar su desacuerdo con la decisión del SFE. Esto se ha traducido en las declaratorias de territorios libres de cultivos transgénicos, las cuales, no han contado con el apoyo del Estado, sino que por el contrario, se han desvirtuado desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 4 Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de la República de Costa Rica. Publicada el 7 de noviembre de Fundamento jurídico Territorios libres de transgénicos 3

4 Otro precepto constitucional de relevancia para el caso, es el artículo 50, que reza: El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. original). La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes. 5 (Destacado no es del La obligación del Estado de estimular la producción y el adecuado reparto de la riqueza, no debe verse de forma aislada. Por ello, conviene traer a colación la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo que en su principio primero señala: Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sustentable. Tienen derecho a una vida productiva y en armonía con la naturaleza. 6 (Destacado no es del original) Es decir, que en el caso de los agricultores que realicen su actividad en el territorio de Costa Rica, por mandato supraconstitucional, tienen el derecho a realizar su actividad en armonía con la naturaleza, lo cual incluye la utilización de semillas criollas, uso de productos orgánicos, entre otros. Ahora bien, el Estado tiene el deber de estimular este tipo de producción, según se desprende del artículo 50 de la CP. Asimismo, debe atender las necesidades de este sector de la población. Estas obligaciones estatales han sido obviadas debido a que, como fue mencionado, la liberación de maíz genéticamente alterado pone en peligro el derecho a producir de forma sostenible. El cultivo de maíz de origen transgénico en el territorio costarricense, no solamente pone en peligro derechos fundamentales de consumidores, usuarios y agricultores, sino que también se debe hacer referencia obligada a derechos humanos que tiene toda persona. Tal es el caso del derecho a un ambiente sano y 5 Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de la República de Costa Rica. Publicada el 7 de noviembre de La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Río de Janeiro, Brasil Disponible en Consultado el 9 de noviembre, Fundamento jurídico Territorios libres de transgénicos 4

5 ecológicamente equilibrado, expresado en la CP. Así, se garantiza el derecho de toda persona de disfrutar de un medio en condiciones óptimas y la correlativa obligación del Estado de garantizarlo. Después de analizar algunas de las obligaciones del Estado costarricense, en defensa del interés común, es posible darse cuenta de que no han sido cubiertas a cabalidad. Sin embargo, esto forma parte del ejercicio democrático y de un tipo de gobierno que pretende velar por la mejor calidad de vida de sus habitantes. Es precisamente por ello, que también, a nivel constitucional se contempla la descentralización de la función pública. Es decir, frente al reconocimiento de la posibilidad de que el Estado centralizado no sea capaz de atender a los intereses y necesidades de la totalidad de la población, se divide el territorio nacional en 81 cantones a cargo de un Gobierno descentralizado. Así, las tareas más estrechamente relacionadas con la satisfacción del bien común, se convierten en una competencia de las municipalidades. Esta afirmación encuentra sustento en el numeral 169 de la CP que a la letra dice: La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley. 7 A partir de esa afirmación, se coloca a las municipalidades en una posición que les obliga a actuar según las exigencias de sus habitantes. Este precepto es una característica esencial de un gobierno democrático pues, se gesta la posibilidad de las personas que residen en una determinada localidad, vean satisfechas sus necesidades y atendidos sus intereses, sin necesidad de recurrir al gobierno centralizado. El artículo 169 de la CP, representa la tarea más grande que se asigna a los Ayuntamientos. Ahora bien, para que éstos tengan la posibilidad de cumplirla, el mismo cuerpo normativo les dota de autonomía. Esto se expresa en el artículo 170 que señala: Las corporaciones municipales son autónomas. 8 De acuerdo con el modelo constitucional de autonomía, esta comprende cuatro esferas del actuar de la Administración, a saber: la política, la administrativa, la reglamentaria y la financiera. La autonomía política significa que el gobierno centralizado debe interferir lo menos posible en las decisiones que tomen las Municipalidades. Además, le faculta a los entes autónomos a elegir libremente la forma en 7 Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de la República de Costa Rica. Publicada el 7 de noviembre de IDEM. Fundamento jurídico Territorios libres de transgénicos 5

6 la que buscan la satisfacción de los intereses y de las necesidades de sus habitantes. Más aún cuando los acuerdos tomados se sustenten en mecanismos que representen la participación ciudadana. Bajo este tipo de autonomía, las Municipalidades pueden adoptar una política libre de cultivos transgénicos y tomar la decisión de no autorizar la siembra de estos productos dentro de su jurisdicción. Esta medida, siempre y cuando se fundamente en el propósito de salvaguardar el interés común de sus habitantes, es legítima. Siendo así, el gobierno centralizado y el mismo SFE deben acatarla. También conviene analizar la autonomía reglamentaria. En el marco de esta potestad, la decisión de emitir reglamentos que garantizan la satisfacción de los intereses y necesidades de sus habitantes, viene a encontrar asidero en el Ordenamiento Jurídico costarricense. Partiendo de lo que se ha analizado hasta este punto, dentro de las competencias municipales se incluyen todas las que se orienten a la búsqueda del bien común de sus habitantes. Ahora bien, el Estado como totalidad - incluidos los Ayuntamientos- tienen la obligación de garantizar el disfrute del derecho a un ambiente sano. También deben garantizar que los agricultores puedan realizar sus prácticas de forma ecológica y en completa armonía con la naturaleza. Asimismo, es un deber estatal el de posibilitar que los consumidores tengan acceso a la información y, tanto su salud como el medio que les rodea sean adecuados. Los organismos genéticamente modificados vienen a poner en peligro los bienes jurídicos mencionados. Esta situación autoriza a las Municipalidades a ejercer el principio de autonomía con el que se les ha dotado y a tomar decisiones que sean armoniosas con la defensa de los derechos. En vista de lo anterior, cuentan con toda la legitimidad y además, la obligación de dictar un reglamento que regule las actividades relacionadas con los transgénicos, dentro de su jurisdicción. El tema de los organismos vivos modificados está estrechamente vinculado al Derecho Ambiental. Dentro de esta rama, existe un principio de especial importancia y que justificaría las políticas de territorios libres de cultivos transgénicos. Se trata del Principio Precautorio, el principio 15 de la Declaración de Río sobre Medioambiente y Desarrollo que indica: Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza Fundamento jurídico Territorios libres de transgénicos 6

7 científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. 9 Este principio destaca pues cuando se habla de organismos vivos modificados, la comunidad científica está dividida. Ahora bien, el artículo supra citado corresponde a una definición acertada sobre las implicaciones del Principio Precautorio. Contempla el deber de los Estados de actuar con cautela a la hora de tomar decisiones y autorizar actividades cuyos efectos en el equilibrio ecológico sean negativos. En concordancia con lo anterior, Salvador Bergel afirma que: Corresponde al Estado asumir la protección y defensa de bienes comunes. En este caso la intervención debe pasar por la implementación de políticas activas de evaluación y gestión de los riesgos y en función de ello se impone recurrir al principio de precaución 10 De acuerdo con la afirmación del autor, el Estado está, no solo en la posibilidad sino en la obligación, de adoptar medidas en función de aplicar el Principio Precautorio. Esto en razón de defender los intereses comunes. Esta tesis, aplicada al caso costarricense, encuentra sustento normativo en el artículo 50 de nuestra Constitución Política, específicamente en su párrafo segundo. Ahora bien, sobre el daño potencial, es necesario observar cómo los organismos vivos modificados justifican la aplicación del Principio Precautorio. Para ello, se debe recurrir a los elementos que la doctrina jurídica califica como integrantes de este principio. Bergel señala los siguientes: a) Temor de un daño potencial a la salud o al medio ambiente derivado de una acción o inacción humana; daño cuyo efecto se considera irreparable e irreversible. b) Incertidumbre científica acerca del acaecimiento del daño o de la relación de causalidad entre la conducta observada y el daño. c) Necesidad del ejercicio de una acción anticipatoria del daño temido La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Río de Janeiro, Brasil Disponible en Consultado el 9 de noviembre, Salvador Bergel. El Principio Precautorio y los Riesgos en el Cultivo de Variedades Transgénicas. Revista do Programa de Mestrado em Direito do UniCEUB, Brasília, v. 2, n. 1, p , enero-junio Fundamento jurídico Territorios libres de transgénicos 7

8 En este orden de ideas, sobre el daño potencial, Herrera Izaguirre realiza la siguiente afirmación: Los OGM son altamente perniciosos y pueden fácilmente propagarse en el medio ambiente y así afectar la salud humana si se consumen involuntariamente. El daño potencial de estos organismos, por ende, puede ser grave e irreversible. 12 De esta manera, el temor de un daño potencial tanto a la salud como al medio ambiente se convierte en un aspecto evidente, por lo tanto, se está cumpliendo con el primero de los elementos que justifican la aplicación del Principio Precautorio. Con respecto al segundo punto, es decir, la incertidumbre, el autor Ezaine Ramírez confirma: ( ) la existencia de importantes incertidumbres científicas, concretamente, amenazas a bienes protegidos como la salud, el medio ambiente, la seguridad, el consumidor y la sociedad en general. No sólo se trata de dilemas éticos sobre la alteración de la naturaleza en los organismos vivos, sino específicamente del descontrol sobre los efectos nocivos que pudieran tener en las personas humanas el consumo de alimentos sobre los que se han aplicado manipulación genética. Ninguna Empresa o Laboratorio puede certificar que no exista efectos nocivos para la salud o la integridad sicosomática de los consumidores de estos alimentos. 13 Tras la vehemente afirmación del citado autor, es posible confirmar la incertidumbre que rodea a los productos transgénicos, a la vez, se cumple con el segundo de los elementos que se requiere para que la aplicación del Principio Precautorio, en relación con los organismos genéticamente modificados, sea justificada. Por lo tanto, en atención al Principio Precautorio y a las obligaciones que este representa para el Estado y dentro de él, las municipalidades, existe un deber con fundamento superior a la Constitución Política, que sustenta la adopción de medidas tendientes a evitar la liberación de organismos vivos modificados, las cuales, son una 11 Salvador Bergel. El Principio Precautorio y los Riesgos en el Cultivo de Variedades Transgénicas. Revista do Programa de Mestrado em Direito do UniCEUB, Brasília, v. 2, n. 1, p , enero-junio Juan Antonio Herrera Izaguirre. El principio precautorio en la era de los OGM: incertidumbre y conflicto internacional. Medio Ambiente & Derecho: Revista electrónica de derecho ambiental, 2005, no 12, p Amado Alonso Ezaine Ramírez. La protección de los derechos de los consumidores frente a los riesgos de los alimentos transgénicos. Vlex Internacional, 2008, no 3. Disponible en: Fundamento jurídico Territorios libres de transgénicos 8

9 expresión de los intereses de la población y responden a la necesidad de rechazar los cultivos potencialmente peligrosos dentro del territorio nacional, específicamente, en los cantones que se han declarado como territorios libres de cultivos transgénicos. Bibliografía Tratados Internacionales La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Río de Janeiro, Brasil Disponible en Consultado el 9 de noviembre, Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica: texto y anexos. Montreal: Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica Ratificado por el artículo 1 del decreto ejecutivo N del 27 de noviembre de Legislación nacional Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de la República de Costa Rica. Publicada el 7 de noviembre de Revistas Bergel, Salvador. El Principio Precautorio y los Riesgos en el Cultivo de Variedades Transgénicas. Revista do Programa de Mestrado em Direito do UniCEUB, Brasília, v. 2, n. 1, p , enero-junio Ezaine Ramírez, Amado Alonso. La protección de los derechos de los consumidores frente a los riesgos de los alimentos transgénicos. Vlex Internacional, 2008, no 3. Disponible en: Herrera Izaguirre, Juan Antonio. El principio precautorio en la era de los OGM: incertidumbre y conflicto internacional. Medio Ambiente & Derecho: Revista electrónica de derecho ambiental, 2005, no 12. Fundamento jurídico Territorios libres de transgénicos 9

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