EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Transcripción

1 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DE MIGRACIÓN EN MATERIA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MIGRATORIO. La que suscribe DIVA HADAMIRA GASTÉLUM Bajo, Senadora de la República, con fundamento en lo establecido en el artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral uno, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción V del artículo 111 de la Ley de Migración en materia de Procedimiento Administrativo Migratorio. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS En México el tema migratorio tiene gran relevancia, visto como un país de origen y tránsito los migrantes en su mayoría son sudamericanos y centroamericanos, aunado a que a que un millón de mexicanos documentados y no documentados migran hacia Estados Unidos cada año. A estos datos se suman aproximadamente 500,000 mexicanos repatriados anualmente de la Unión Americana. Estas cifras han convertido a la frontera entre México y Estados Unidos en la más transitada del mundo y a México en un país con una excepcional dinámica migratoria. La migración en México tiene impacto en las esferas social, político y económico, que es evidente, sobre todo, a nivel estatal, principalmente en los Estados fronterizos. Los Estados Unidos Mexicanos tienen una extensión territorial de 1,964,375 kilómetros y se componen de 31 entidades federativas más el Distrito Federal, el país cuenta con 4,301 kilómetros de frontera terrestre, en el norte y en el sur. La frontera norte con Estados Unidos mide 3,152 kilómetros, bajo ella se encuentran los Estados federales de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La frontera sur mide 1,149 kilómetros, de los cuales 956 kilómetros son limítrofes con Guatemala y 193 kilómetros con Belice. Los Estados federales fronterizos del sur son: Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. [1] En la frontera sur de México, los puntos de internación de migrantes centroamericanos y extrarregionales se encuentran en distintas zonas de los Estados de Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo. Durante su tránsito por México en el camino migratorio hacia Estados Unidos, estos migrantes son altamente vulnerables, pues enfrentan grandes peligros que atentan contra su salud física y mental y, a veces, ponen en riesgo su vida. En general, a lo largo de la ruta, los migrantes sufren asalto, secuestro y violación, entre otro tipo de crímenes graves, a manos de miembros del crimen organizado transnacional. Estos riesgos se concentran en los Estados que componen la red ferroviaria y que integran las rutas más importantes de tránsito para los migrantes, desde los Estados de la frontera sur hacia el norte del país: Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. [2] Por otra parte el artículo primero Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así mismo el artículo 33 Constitucional establece quienes son considerados como extranjeros, mismos que sin importar su nacionalidad ni situación migratoria en la mayoría de los casos están en el rubro de grupos vulnerables como son: Niños, niñas y adolescentes, mujeres, indígenas, personas de la tercera edad, etc. En todas las etapas del procedimiento administrativo migratorio, el Instituto Nacional de Migración será la autoridad competente para verificar los documentos y la situación migratoria de los extranjeros que se encuentran en el territorio nacional, así como asegurar y presentar a los migrantes con estancia irregular en un plazo máximo de 90 días. Los extranjeros con estancia irregular en el país detenidos por el Instituto Nacional de Migración deben ser alojados en una Estación o Estancia Migratoria.

2 Los migrantes en situación irregular alojados en una Estación o Estancia Migratoria tienen los siguientes derechos: A la no discriminación, es decir ningún migrante puede ser discriminado por las autoridades debido a su origen étnico, nacionalidad, color, raza, sexo, religión, preferencia sexual o cualquier otra circunstancia. Los migrantes tienen derecho a recibir un trato digno y humano durante toda su estancia en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. A la información, por lo que al momento de su presentación, las autoridades migratorias deben informar a los migrantes por escrito, sus derechos y garantías,, el motivo de su presentación y los requisitos establecidos para su admisión, sus derechos y obligaciones, así como las instancias ante las que pueden presentar sus denuncias y quejas. Los migrantes alojados en instalaciones del Instituto Nacional de Migración tienen derecho a ser asistidos o representados por la persona que designen durante el procedimiento administrativo migratorio, así como a ofrecer y desahogar pruebas ante la autoridad competente. Los migrantes tendrán derecho a contar con un intérprete o traductor que conozca su idioma, durante todo el procedimiento administrativo migratorio, siendo incluyente ya que en el caso de que sea sordo y sepa leer y escribir, se le interrogará por escrito o por medio de un intérprete. Las autoridades migratorias estarán obligadas a notificar de inmediato la presentación del migrante a la Embajada o Consulado de su país en México y facilitarle la comunicación con estas instancias, que serán las responsables de vigilar el respeto a sus derechos y brindarle asistencia y asesoría, así como apoyarlo a localizar a sus familiares. Las estaciones o estancias migratorias deben ser instalaciones adecuadas, que eviten el hacinamiento, contar con servicios de asistencia médica, psicológica y jurídica, mantenerlos en espacios separados y con medidas que aseguren la integridad física de los migrantes, a hombres, mujeres y niños o familias. Los migrantes alojados en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración tienen derecho a hacer y recibir llamadas telefónicas de familiares y amigos y con sus representantes consulares. Las autoridades migratorias deben informar a los migrantes alojados en instalaciones del Instituto Nacional de Migración sobre su derecho a regularizar su estancia en México, bajo los lineamientos que establece la Ley de Migración, así como la posibilidad de solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen. [3] La legislación secundaria reviste un estándar mínimo de los derechos de los extranjeros, y la jurisprudencia sobre la materia no logra mantener a salvo los derechos de los migrantes contemplados tanto en los Tratados Internacionales cono en la Constitución. Aunque el artículo primero Constitucional, no sujeta el ejercicio de los derechos a gozar de legal estancia en el país y de que los tratados celebrados por México exigen que se garanticen de manera efectiva a toda persona dentro de la jurisdicción del Estado Mexicano los derechos humanos regulados en dichos instrumentos internacionales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación negaba el derecho de audiencia a un migrante bajo el argumento jurídico de que éste goza de expectativas de derechos. La tesis jurisprudencial más reciente refleja un cambio al respecto: EXTRANJEROS. SU DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA SE ENCUENTRA GARANTIZADO POR EL ESTADO MEXICANO, POR LO QUE ÉSTE DEBE PROVEER LAS MEDIDAS NECESARIAS E IDÓNEAS PARA PERMITIRLE SU EJERCICIO PLENO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, establecía que los extranjeros tienen derecho a las garantías que otorga su capítulo I, título I, con algunas salvedades (derecho de petición, asociación en materia política, sujetarse a las disposiciones en materia de migración e inmigración, así como la posibilidad de su expulsión por entrometerse en asuntos políticos de la Nación). Ulteriormente, esta tutela fue ampliada con la citada reforma constitucional, en la que se modificaron los numerales 1; 11 y 33, favoreciendo entre otros sectores, a aquellos, como es con el reconocimiento de garantía de audiencia previa frente a su posible expulsión del país. Congruente con esa dinámica, los extranjeros no son personas con algún estatus de protección menor de derechos humanos, por lo que

3 deben gozar plenamente de la tutela judicial efectiva, prevista tanto en sede internacional (artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), como en el ámbito nacional (artículo 17 de la Constitución Federal), optando por privilegiar el acceso a la justicia y, por ende, limitando los casos en que por excepción, no puedan ser oídos. De ahí que debe garantizarse su capacidad de intervención como parte en un juicio sin que el tribunal pueda limitarla por el hecho de haber nacido extranjero, o no hablar bien el español, pues implicaría un obstáculo injustificado, desproporcionado y carente de razón, al reducir su margen de tutela efectiva. Máxime que al armonizar el citado artículo 25 con el 1, numeral 1, de la referida Convención, debe privilegiarse el margen de la tutela judicial y su efectividad, sin que pueda discriminarse por motivos de origen nacional. Por tanto, deben dictarse las medidas conducentes para garantizarles dicho acceso y posibilidad de ser escuchados por los tribunales nacionales, al tener el derecho de asistir directamente al juicio en que sean parte, y si por alguna razón existiera una situación, factor o elemento que impidiera la comunicación material entre el tribunal y el justiciable, como es el idioma, o que el compareciente no dominara suficientemente el español, corresponde al Estado, como garante de tales derechos básicos, el proveer las medidas necesarias e idóneas para permitirle el ejercicio pleno de tal derecho, ya que el acceso al tribunal no sólo debe ser formal, sino también material, real y eficaz, pues de lo contrario, no habría la participación igualitaria en los foros jurisdiccionales, porque los extranjeros, por su condición, verían reducido su acceso a la justicia, cuestión que no es conforme al estándar internacional y nacional de tutela. [4] Esta tesis permite garantizar los derechos humanos de los migrantes, como establece el artículo primero Constitucional. El artículo 68 de la Ley de Migración contempla las formalidades de la presentación de los migrantes en situación irregular ante el Instituto Nacional de Migración, deberá constar en actas sin poder exceder en ningún caso del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición. Por otra parte el artículo 70 de la Ley de Migración señala que todo migrante tiene derecho a ser asistido o representado legalmente por la persona que designe durante el procedimiento administrativo migratorio, los migrantes tendrán derecho al debido proceso consistente en el derecho a ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, a tener acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio, y las resoluciones de la autoridad deben estar debidamente fundadas y motivadas. Se hace alusión a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Vélez Loor vs Panamá, misma que determina: Los Estados pueden establecer mecanismos de control de ingreso a su territorio y salida de él con respecto a otras personas que no sean nacionales suyas, siempre que dichas políticas sean compatibles con las normas de protección de los derechos humanos establecidas en la Convención Americana. En efecto, si bien los Estados guardan un ámbito de discrecionalidad al determinar sus políticas migratorias, los objetivos perseguidos por las mismas deben respetar los derechos humanos de las personas migrantes. [5] Los artículos Constitucionales aplicables son el 1, 14, 16, 21 y 33, así mismo los artículos 14 y 16 contemplan, el primero, actos privativos, en tanto que el segundo se refiere a actos de molestia. La distinción es importante porque la jurisprudencia ha definido el acto privativo oponiéndolo al concepto de acto de molestia que está previsto en el artículo 16 Constitucional. El criterio jurisprudencial más relevante al respecto es el siguiente: ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo ordenamiento supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, si no en virtud de

4 mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. El acto de molestia se refiere a la restricción de manera provisional o preventiva de un derecho, que tiene el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad competente. Mismo que debe estar fundado y motivado si bien es cierto en estricto sentido tratándose de migrantes no se estará frente a una privación de la libertad, la realidad es que al encontrarse el migrante en una estación migratoria se constituye un acto de molestia, y finalmente es privativo de la libertad. Con la reforma de derechos humanos publicada el 10 de Junio de 2011 se eleva a rango Constitucional la detención de las personas migrantes. En este contexto también debemos observar la Convención Americana sobre Derechos Humanos [6], el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [7], el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles [8], y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares [9], adoptados en Naciones Unidas y ratificados por el Estado Mexicano. La Convención Americana en su artículo 7 establece lo relativo a la privación de la libertad: Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. 6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona. 7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.

5 Por otra parte el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece lo siguiente: ARTÍCULO 9 1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. 2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella. 3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. 4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. 5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación. Así mismo el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, establece en su artículo 4 el carácter de detención y privación de la libertad que tiene el aseguramiento por parte de las autoridades migratorias. Artículo 4 1. Cada Estado Parte permitirá las visitas, de conformidad con el presente Protocolo, de los mecanismos mencionados en los artículos 2 y 3 a cualquier lugar bajo su jurisdicción y control donde se encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de su libertad, bien por orden de una autoridad pública o a instigación suya o con su consentimiento expreso o tácito (en adelante denominado lugar de detención). Estas visitas se llevarán a cabo con el fin de fortalecer, si fuera necesario, la protección de estas personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 2. A los efectos del presente Protocolo, por privación de libertad se entiende cualquier forma de detención o encarcelamiento o de custodia de una persona por orden de una autoridad judicial o administrativa o de otra autoridad pública, en una institución pública o privada de la cual no pueda salir libremente. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, establece el derecho a la libertad de los migrantes, documentados o no documentados, observando en todo momento el debido proceso y en su caso la indemnización por la privación ilegal de la libertad. Artículo Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la libertad y la seguridad personales. 2. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la protección efectiva del Estado contra toda violencia, daño corporal, amenaza o intimidación por parte de funcionarios públicos o de particulares, grupos o instituciones.

6 3. La verificación por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de la identidad de los trabajadores migratorios o de sus familiares se realizará con arreglo a los procedimientos establecidos por ley. 4. Los trabajadores migratorios y sus familiares no serán sometidos, individual ni colectivamente, a detención o prisión arbitrarias; no serán privados de su libertad, salvo por los motivos y de conformidad con los procedimientos que la ley establezca. 5. Los trabajadores migratorios y sus familiares que sean detenidos serán informados en el momento de la detención, de ser posible en un idioma que comprendan, de los motivos de esta detención, y se les notificarán prontamente, en un idioma que comprendan, las acusaciones que se les haya formulado. 6. Los trabajadores migratorios y sus familiares detenidos o presos a causa de una infracción penal serán llevados sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrán derecho a ser juzgados en un plazo razonable o a ser puestos en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. 7. Cuando un trabajador migratorio o un familiar suyo sea arrestado, recluido en prisión o detenido en espera de juicio o sometido a cualquier otra forma de detención: a) Las autoridades consulares o diplomáticas de su Estado de origen, o de un Estado que represente los intereses del Estado de origen, serán informadas sin demora, si lo solicita el detenido, de la detención o prisión y de los motivos de esa medida; b) La persona interesada tendrá derecho a comunicarse con esas autoridades. Toda comunicación dirigida por el interesado a esas autoridades será remitida sin demora, y el interesado tendrá también derecho a recibir sin demora las comunicaciones de dichas autoridades; c) Se informará sin demora al interesado de este derecho y de los derechos derivados de los tratados pertinentes, si son aplicables entre los Estados de que se trate, a intercambiar correspondencia y reunirse con representantes de esas autoridades y a hacer gestiones con ellos para su representación legal. 8. Los trabajadores migratorios y sus familiares que sean privados de su libertad por detención o prisión tendrán derecho a incoar procedimientos ante un tribunal, a fin de que éste pueda decidir sin demora acerca de la legalidad de su detención y ordenar su libertad si la detención no fuere legal. En el ejercicio de este recurso, recibirán la asistencia, gratuita si fuese necesario, de un intérprete cuando no pudieren entender o hablar el idioma utilizado. 9. Los trabajadores migratorios y sus familiares que hayan sido víctimas de detención o prisión ilegal tendrán derecho a exigir una indemnización. La Ley de Migración en su artículo 3 fracción X establece lo que es una estación migratoria, definiéndola como la instalación que establece el Instituto para alojar temporalmente a los extranjeros que no acrediten su situación migratoria regular, en tanto se resuelve su situación migratoria. El aseguramiento y alojamiento es utilizado por el Instituto Nacional de Migración, como medida preventiva, aunque la reforma constitucional prevé la detención de personas extranjeras estableciendo que la ley regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y el tiempo que dure ésta, el término de una detención realizada por autoridades administrativas no puede exceder de 36 horas conforme a lo dispuesto por el artículo 21 Constitucional. Así mismo la Ley de Migración en su artículo 111 estipula que la situación migratoria deberá resolverse en un plazo no mayor de 15 días hábiles, que pueden ser prorrogables a 60 días hábiles y cuando se interponga un recurso

7 administrativo el tiempo es indefinido, y con ello se nos presenta un escenario en el cual una persona migrante se enfrenta a un aseguramiento por tiempo indefinido provocándose de facto sin intencionalidad una privación a su libertad. Artículo 111. El Instituto resolverá la situación regular de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de su presentación. El alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder de los 15 días hábiles a que se refiere el párrafo anterior cuando se actualicen cualquiera de los siguientes supuestos: I. Que no exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionalidad, o exista dificultad para la obtención de los documentos de identidad y viaje; II. Que los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia requieran mayor tiempo para la expedición de los documentos de identidad y viaje; III. Que exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para establecer el itinerario de viaje al destino final; IV. Que exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente acreditada que imposibilite viajar al migrante presentado, y V. Que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; o se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país. En los supuestos de las fracciones I, II, III y IV de este artículo el alojamiento de los extranjeros en las estaciones migratorias no podrá exceder de 60 días hábiles. Transcurrido dicho plazo, el Instituto les otorgará la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha condición de estancia. Agotado el mismo, el Instituto deberá determinar la situación migratoria del extranjero. La Ley de Migración prevé que el plazo de 15 días únicamente podrá exceder, no más de 60 días hábiles en los siguientes casos: Si la autoridad migratoria no puede resolver el problema que tiene para llevar a cabo la deportación de la persona en los plazos anteriormente señalados, de conformidad con el artículo 111 de la Ley de Migración, tendría que ponerla en libertad, otorgándole la condición de estancia de visitante con permiso para poder desarrollar actividades laborales en el país, mientras subsista el supuesto por el que se le otorgó dicha condición de estancia. PROBLEMÁTICA ACTUAL Y OBJETIVO DE LA INICIATIVA: Actualmente el que la Ley estipule que las personas que interponen un recurso judicial o administrativo deben permanecer en la estación migratoria por el tiempo que dure este, imposibilita el acceso a la justicia. Por tanto lo viable sería que la suspensión se otorgara a la persona migrante con la posibilidad de quedar en libertad garantizando con una fianza, o bien, que su procedimiento administrativo se llevase fuera de la estación migratoria, considerando también que la autoridad se enfrenta a la posibilidad de que la persona detenida se sustraiga. También es importante considerar que el aseguramiento deberá estar debidamente fundado y motivado, para su exacta aplicación como mecanismo precautorio sin arbitrariedad.

8 La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas define que una detención o prisión es arbitraria cuando se efectúe: a. Por motivos o conforme a procedimientos distintos de los prescritos por la ley, o b. Conforme a una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y seguridad. [10] La prohibición de salir de la Estación Migratoria, afecta la libertad de tránsito del individuo, encontrándose privado de su libertad su principal afectación, se produce con relación a su libertad personal y no así con la libertad negativa que constituye el libre tránsito. ARRAIGO, ORDEN DE. AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL Y DE TRÁNSITO. La orden de arraigo no sólo afecta la libertad de tránsito sino también la personal, por lo que en términos de los artículos 133 y 136 de la Ley Amparo, procede la concesión de la suspensión provisional respecto de actos de esta naturaleza, pues al concederse esta medida, se obliga a la parte quejosa a permanecer durante el tiempo que se le fije, en un determinado inmueble, sin que pueda salir de éste. [11] Desde el rubro de los derechos humanos se reconoce que los indocumentados a pesar de carecer de legal estancia en nuestro país, no pueden ser privados de su derecho a la libertad, teniendo un trato justo, no discriminatorio, sin vulnerar su libertad de circulación, y en todo momento se deberá velar el acceso a la justicia en los términos que regulan los instrumentos internacionales armonizando con la legislación nacional. En este orden de ideas se considera importante que la autoridad migratoria no exceda los términos que la Ley de Migración contempla a fin de que no sean vulnerados los derechos de los migrantes, objetivo de la presente propuesta. Por los argumentos vertidos con anterioridad, someto a consideración de ésta H. Soberanía la siguiente Iniciativa con: Proyecto de Decreto: Que deroga la fracción V del artículo 111 de la Ley de Migración, para quedar como sigue: Artículo 111 I-V V. Se deroga ARTÍCULO TRANSITORIO: ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO. Senadora de la República.

9 Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 9 días del mes de septiembre de CUADRO COMPARATIVO TEXTO VIGENTE Artículo 111. El Instituto resolverá la situación regular de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de su presentación. El alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder de los 15 días hábiles a que se refiere el párrafo anterior cuando se actualicen cualquiera de los siguientes supuestos: Que no exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionalidad, o exista dificultad para la obtención de los documentos de identidad y viaje; PROPUESTA DE REFORMA Artículo 111 I-V V. Se deroga Que los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia requieran mayor tiempo para la expedición de los documentos de identidad y viaje; Que exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para establecer el itinerario de viaje al destino final; Que exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente acreditada que imposibilite viajar al migrante presentado, y Que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; o se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país. En los supuestos de las fracciones I, II, III y IV de este artículo el alojamiento de los extranjeros en las estaciones migratorias no

10 podrá exceder de 60 días hábiles. Transcurrido dicho plazo, el Instituto les otorgará la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha condición de estancia. Agotado el mismo, el Instituto deberá determinar la situación migratoria del extranjero. [1] Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México. [2] Victimas Invisibles. Migrantes en movimiento en México. Amnistía Internacional [3] Instituto Nacional de Migración, Derechos Humanos de las Personas Migrantes que Transitan por México, [4] Tesis III. 3o.T.4K (10a), EXTRANJEROS. SU DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA SE ENCUENTRA GARANTIZADO POR EL ESTADO MEXICANO, POR LO QUE ÉSTE DEBE PROVEER LAS MEDIDAS NECESARIAS E IDÓNEAS PARA PERMITIRLE SU EJERCICIO PLENO. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, México. [5] Corte IDH, Caso Vélez Loor vs Panamá, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia 23 de noviembre de Serie C No. 218, párrafo 97. [6] San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de [7] Adoptado por la Asamblea General en su resolución del 16 de diciembre de [8] Adoptada por la Asamblea General en su Resolución 77/199, de 18 de diciembre de [9] Corte IDH. Caso No. 10,274. Sentencia del 21 de enero de 1994 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 47. [10] Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, Estudio del derecho de todo individuo a no ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado, párrafo 17, [11] Tesis Jurisprudencial. Registro No , localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999, página: 828 Tesis: I.4º.P.18 P Tesis Aislada Materia: Penal. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.