Índice AI: AMR 23/005/2010 Fecha: 16 de febrero de 2010

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1 Índice AI: AMR 23/005/2010 PÚBLICO Fecha: 16 de febrero de 2010 LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA: DECLARACIÓN ESCRITA DE AMNISTÍA INTERNACIONAL AL 13º PERIODO DE SESIONES DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU (1-26 DE MARZO DE 2010) Amnistía Internacional desea en primer lugar expresar su continuado agradecimiento a la labor de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destinada a mejorar el respeto hacia los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el país. Amnistía Internacional apoya asimismo la renovación del mandato de la Oficina cuando expire el actual, a fines de octubre de En esta declaración se presenta una breve descripción de los motivos de preocupación de Amnistía Internacional referidos a Colombia. CONFLICTO ARMADO Y ABUSOS CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS La situación humanitaria y de los derechos humanos en Colombia sigue siendo grave, y en ella la población civil sigue sufirendo la peor parte del prolongado conflicto armado interno del país. Las fuerzas de seguridad, los paramilitares y los grupos guerrilleros siguen siendo responsables de abusos graves contra los derechos humanos y de violaciones del derecho internacional humanitario, y haciendo caso omiso del derecho fundamental de los civiles a no verse involucrados en el conflicto. El panorama general de los derechos en el país presenta algunos elementos positivos y varios negativos. 1 En comparación con el año 2008, en 2009 menos civiles fueron ejecutados extrajudicialmente por las fuerzas de seguridad o secuestrados por grupos guerrilleros y bandas criminales. El desplazamiento forzado de población aumentó de nuevo si bien es cierto que en menor grado que en 2008 al igual que el homicidio de personas pertenecientes a grupos sociales marginados y a pueblos indígenas. Persisten las amenazas contra los defensores y defensoras de los derechos humanos y otros activistas. Muchos testigos de homicidios y sobrevivientes de abusos contra los derechos humanos y sus familias reciben amenazas y son víctimas de homicidio. Entre otros abusos de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario figuran la violencia sexual, la desaparición forzada, el reclutamiento forzado de menores, los ataques indiscriminados contra la población civil, y el uso de minas terrestres antipersonal. Los paramilitares siguen operando en muchas partes del país, en ocasiones en connivencia con sectores de las fuerzas de seguridad, a pesar de las declaraciones del gobierno de que esos grupos han sido todos desmovilizados. De hecho, los grupos paramilitares están ahora más organizados. El gobierno asegura que los actos de violencia atribuibles a esos grupos son exclusivamente de naturaleza criminal y relacionados con el narcotráfico, pero las tácticas que emplean para aterrorizar a la población civil, como las amenazas de muerte y las masacres, son reflejo de las que se utilizaban con anterioridad a la denominada desmovilización. Los defensores y defensoras de los derechos humanos y otros activistas, en especial, están en el punto de mira de tales grupos. Los grupos guerrilleros Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN) siguen cometiendo abusos graves contra los derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario, como homicidios, toma de rehenes, reclutamiento de menores como combatientes y empleo de minas terrestres antipersonal. El secuestro y posterior homicidio del gobernador del departamento de Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, en diciembre de 2009, y el homicidio de 15 personas del pueblo indígena Awá, entre

2 ellas dos mujeres embarazadas, en febrero de 2009, ilustran la falta de respeto de las FARC hacia el derecho de la población civil a no verse involucrada en el conflicto. En algunas ciudades está aumentando, de nuevo, la violencia. Este incremento en la violencia urbana está relacionado con el conflicto armado, con la delincuencia relacionada con el narcotráfico y con actos de limpieza social. En las áreas urbanas, los paramilitares buscan cada vez más reafirmar su control social sobre las comunidades pobres a través de amenazas y homicidios. Entre las víctimas hay personas jóvenes, trabajadores y trabajadoras del sexo, personas drogodependientes y pequeños delincuentes, personas sin techo y lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero LGBT y defensores y defensoras de los derechos humanos. En las zonas rurales, las principales víctimas de los abusos contra los derechos humanos siguen siendo los pueblos indígenas, la población afrodescendiente y las comunidades campesinas y sus dirigentes. LA RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES COLOMBIANAS A MOTIVOS ESPECÍFICOS DE PREOCUPACIÓN Amnistía Internacional acoge con satisfacción las invitaciones remitidas por el gobierno de Colombia en 2009 a cuatro Procedimientos Especiales de la ONU. Sus visitas e informes suponen una importante oportunidad para el sistema de la ONU de oír directamente los testimonios de las víctimas y de analizar la situación de los derechos humanos con organizaciones colombianas de derechos humanos y otros representantes de la sociedad civil. Amnistía Internacional acoge asimismo de forma satisfactoria los compromisos contraídos por el gobierno en el contexto del Examen Periódico Universal (EPU) y su decisión de informar a dicho mecanismo. La organización insta al gobierno a informar sobe los resultados concretos obtenidos en sus esfuerzos por aplicar esos compromisos. Amnistía Internacional recomienda también que se establezca un proceso con plazos y resultados definidos para evaluar el cumplimiento de esos compromisos y la conformidad con todas las recomendaciones de la ONU. Amnistía Internacional considera positivas, tras el escándalo que siguió a los homicidios de Soacha en 2008, las iniciativas adoptadas por el gobierno para abordar el problema que viene de largo de las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad. Esas iniciativas han contribuido a la reducción de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a las fuerzas de seguridad en 2009, pero sigue suscitando preocupación el hecho de que, al igual que en el pasado, esto pueda suponer un incremento paralelo de homicidios perpetrados por grupos paramilitares. Impunidad: Aunque Amnistía Internacional reconoce que ha habido progresos en algunas investigaciones de índole criminal en casos clave de derechos humanos en buena medida gracias a la labor de instituciones judiciales como la Corte Suprema de Justicia, el avance ha sido lento. La inmensa mayoría de los casos de abusos contra los derechos humanos se han caracterizado por la más absoluta impunidad. Preocupa cada vez más en Amnistía Internacional la seguridad de testigos, familiares de víctimas, abogados, fiscales y magistrados relacionados con determinadas investigaciones muy notorias relacionadas con los derechos humanos. Figuran entre ellas: El escándalo del DAS. La operación masiva, prolongada e ilegal de espionaje llevada a cabo contra defensores y defensoras de los derechos humanos y otras personas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) el servicio civil de inteligencia que actúa bajo autoridad directa del presidente ha supuesto amenazas y homicidios perpetrados por grupos paramilitares de algunas de las personas que fueron objetivo de esa operación. Otros activistas que fueron sometidos a vigilancia ilegal, particularmente quienes estuvieron relacionados con casos de derechos humanos ante los tribunales de justicia, continúan siendo objeto de investigaciones criminales y acusaciones infundadas que los relacionan con grupos guerrilleros. Esta situación los ha puesto en peligro de ser objeto de agresiones y ha socavado su labor contra la impunidad. Amnistía Internacional acoge con satisfacción la decisión de presentar cargos contra siete ex funcionarios del DAS y contra un ex director en relación con el escándalo, pero subraya que aún quedan

3 pendientes cuestiones como el saber quién ordenó la operación de espionaje ilegal y si se sigue con esta vigilancia. El escándalo de la parapolítica. Unos 80 congresistas están siendo investigados penalmente por la Corte Suprema de Justicia por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares. Mientras, el gobierno ha intentado repetidas veces socavar la legitimidad de la Corte Suprema. Varios magistrados que investigan el caso han recibido amenazas, han sido puestos bajo vigilancia y han visto sus comunicaciones interceptadas por instituciones del Estado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado al Estado colombiano que adopte medidas de protección para varios magistrados de la Corte Suprema. Ejecuciones extrajudiciales. Se siguen socavando las investigaciones criminales en curso sobre las aproximadamente ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad. En enero de 2010, unos 30 soldados detenidos por su presunta implicación en el homicidio de decenas de hombres jóvenes de Soacha en 2008 fueron liberados por los tribunales por motivos procedimentales. Socavan aún más la lucha contra la impunidad la resistencia por parte del sistema de justicia militar a aceptar la jurisdicción civil en estos casos, y la decisión del Consejo de Estado de suspender un acuerdo de 2006 entre la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia conforme al que investigadores civiles y no militares serían los responsables de levantar los cadáveres de lugares en los que se hubieran cometido presuntas ejecuciones extrajudiciales. Los abogados que trabajan en estos casos, y los testigos y familiares de las personas que fueron ejecutadas, siguen siendo víctimas de amenazas y de homicidios. 2 El proceso de Justicia y Paz. Aunque algunos paramilitares han confesado haber cometido algunas violaciones de derechos humanos y han implicado a otras personas activas en política, el mundo empresarial y el ejército, el proceso de Justicia y Paz sigue lejos de ajustarse a las normas internacionales sobre el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. En torno al 90 por ciento de quienes fueron desmovilizados eludieron una investigación efectiva. La mayoría de los 18 líderes paramilitares extraditados a Estados Unidos por cargos relacionados con el narcotráfico se han negado a cooperar con el sistema de justicia civil de Colombia en sus investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos. Funcionarios judiciales colombianos se han encontrado con dificultades cuando han intentado tener acceso a los escasos paramilitares que han accedido a colaborar. Las víctimas o sus familiares que han participado en el proceso, sus abogados y quienes han prestado su apoyo a las campañas en favor de la justicia, además de los funcionarios judiciales que han investigado casos en el proceso de Justicia y Paz, han sido víctimas de amenazas y de homicidios. Pueblos indígenas: El impacto del conflicto sobre los pueblos indígenas de Colombia es crecientemente destructivo. En 2009, más de 114 hombres, mujeres, niños y niñas indígenas fueron víctimas de homicidios. Altas autoridades gubernamentales y otros funcionarios del Estado siguen realizando declaraciones que vinculan con los grupos guerrilleros a los dirigentes indígenas y a las comunidades que representan, lo que ha fomentado un clima en el que se toleran, fomentan o facilitan los abusos contra los pueblos indígenas. Durante su visita a Colombia en julio de 2009, el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas describió la situación de los derechos humanos a la que hacían frente los pueblos indígenas del país como grave, crítica y profundamente preocupante. 3 En concreto, pidió a los grupos armados ilegales que pusiesen fin al reclutamiento de niños y niñas indígenas y a la utilización de minas antipersonal, y expresó preocupación por las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. Si bien reconoció que se habían producido algunos avances en temas indígenas, concluyó que la legislación del país, así como las prácticas y políticas del gobierno, no han protegido a los pueblos indígenas de forma efectiva ni han salvaguardado sus libertades fundamentales ni sus derechos humanos.

4 En un auto dictado en enero de 2009 sobre pueblos indígenas y desplazamiento, 4 la Corte Constitucional criticó la inapropiada respuesta del Estado a los problemas de los pueblos indígenas de Colombia. La Corte dio al gobierno un plazo de seis meses para confeccionar y aplicar un plan que garantizase los derechos de las personas desplazadas y de los pueblos indígenas cuya supervivencia está gravemente amenazada. Transcurrido más de un año de ese auto hay pocos indicios de que en este particular se hayan registrado progresos efectivos. Amnistía Internacional manifiesta su satisfacción por la reciente decisión de la Fiscalía General de la Nación de presentar cargos contra siete miembros de las fuerzas de seguridad por el papel presuntamente desempeñado en el homicidio de Edwin Legarda, esposo de la dirigente indígena Aída Quilcué, en diciembre de Amnistía Internacional acoge también positivamente la decisión de Colombia de respaldar, en 2009, la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, adoptada por la Asamblea General de la ONU en Defensores y defensoras de los derechos humanos: En Colombia siguen siendo víctimas de abusos los defensores y defensoras de los derechos humanos, de ONG nacionales y locales, sus familias, y los dirigentes comunitarios, los dirigentes de pueblos indígenas y de comunidades afrodescendientes y campesinas, los sindicalistas, los activistas estudiantiles y del colectivo LGBT, los que trabajan con víctimas y familiares que luchan por la verdad, la justicia y la reparación, los abogados, y los periodistas. Entre los abusos de que siguen siendo víctimas esas personas figuran el homicidio, el secuestro, la desaparición forzada, las amenazas, la estigmatización, el hostigamiento, la detención arbitraria, la vigilancia, el exilio o la irrupción en sus lugares de trabajo y el robo de información sensible sobre casos. La todavía grave situación a que han de hacer frente defensores y defensoras de los derechos humanos en toda Colombia se ve exacerbada por un clima de significativa hostilidad. Esa hostilidad ha sido fomentada por el gobierno, que percibe los derechos humanos y la seguridad como elementos mutuamente excluyentes. Altas autoridades gubernamentales y estatales con frecuencia buscan equiparar la labor de defensa de los derechos humanos con el apoyo a la guerrilla o al terrorismo. Esta estigmatización sistemática y pública en grado sumo, ha dado a su vez, poderosos incentivos a quienes desean amenazar y dañar físicamente a los defensores y defensoras de los derechos humanos. Los motivos de preocupación de Amnistía Internacional sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos se abordan en mayor detalle en una declaración escrita sobre el informe a este periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en Colombia.

5 1 Más información sobre la situación de los derechos humanos en Colombia en el informe de Amnistía Internacional Déjennos en paz!. La población civil, víctima del conflicto armado interno de Colombia (AMR 23/023/2008). 2 Véase el informe de Amnistía Internacional Buscando justicia: Las madres de Soacha (AMR 23/002/2010) Auto Nº 004 de 2009 de la Corte Constitucional.