Estado de Tamaulipas. TITULO PRIMERO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

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1 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES PRELIMINARES Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Seguridad Pública y tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en esta materia. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional. Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas. TITULO PRIMERO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES ARTICULO 1. La presente ley es de orden público, e interés social y de observancia general en el territorio de Tamaulipas, y tiene por objeto regular la coordinación entre las autoridades del Estado, de sus municipios y, en lo conducente, de la Federación que actúan en la entidad, mediante la integración, la organización, y el funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en el ámbito de la distribución de competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas LA SEGURIDAD PÚBLICA CAPITULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES ARTÍCULO La presente ley es de orden público e interés social, con observancia general en el Estado de Tamaulipas, reglamentaria del artículo 21 constitucional en lo relativo a la seguridad pública a cargo de los Estados y los Municipios en sus respectivas competencias. 2. Para los efectos de esta ley, la seguridad pública constituye el conjunto de programas, principios y ámbitos, a través de los cuales el Estado ejerce sus atribuciones operativas y técnicas, que redundan en la prevención, vigilancia, control y protección de los residentes del Estado contra cualquier acción criminal que pudiera ponerles en peligro o amenaza, a fin de garantizar el pleno goce y disfrute de sus derechos y libertades, privilegiándose la preservación armónica de la convivencia y el fomento de la cohesión social. 3. La presente ley tiene por objeto: I. Normar la función de seguridad pública preventiva que realizan el Estado y los Municipios en las respectivas competencias que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, la presente ley y las demás disposiciones legales de la materia; II. Precisar las autoridades responsables de la función de seguridad pública preventiva, su organización, funcionamiento, atribuciones y obligaciones; III. Designar las instituciones responsables de la seguridad pública preventiva, los Consejos de Honor y Justicia, y fijar las bases del Servicio Policial de Carrera; 1

2 Artículo 2. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ARTICULO 2. La seguridad pública es la función a cargo del Estado y de los municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos. Los fines de la seguridad pública se deberán alcanzar mediante la prevención integral, la investigación, la persecución, la sanción de las infracciones y de los delitos, así como mediante la reinserción social del sentenciado y la reintegración social y IV. Instituir el Sistema Estatal de Seguridad Pública; V. Establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios y, en su caso, con la Federación; VI. Alentar la participación de la comunidad en materia de prevención, inclusive, constituyendo los órganos o instancias auxiliares en materia de seguridad pública que se requieran; VII. Proveer lo necesario para la ejecución de las sanciones privativas y restrictivas de la libertad impuestas por los tribunales, en torno a la readaptación de los delincuentes; asimismo, en lo que corresponda en tratándose de personas a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tenga entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad; VIII. Ejecutar las medidas impuestas por las autoridades judiciales competentes en términos de las leyes de justicia para adolescentes, por conducto de las instituciones y órganos establecidos por dichos ordenamientos y demás leyes aplicables, velando por el estricto respeto de los derechos y garantías de los adolescentes; IX. Generar en la población conductas de desaliento a la corrupción, la impunidad y toda práctica lesiva, rechazando al delito, sus efectos y sus actores, cómplices o partícipes; y X. Determinar las sanciones y estímulos a que se hagan acreedores los miembros de las instituciones de seguridad pública preventiva, en términos de la presente ley y su reglamento. ARTÍCULO Para los efectos de esta ley, la función de seguridad pública se entiende como de carácter prioritario y permanente a cargo del Estado y los Municipios, según corresponda, para salvaguardar la integridad, derechos y bienes de las personas; para preservar las libertades, el orden y la paz públicos, con estricto respeto a los derechos humanos y su protección, mediante la prevención de las 2

3 El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas. Artículo 3. La función de Seguridad Pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las Instituciones Policiales, del Ministerio Público, de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, de las autoridades competentes en materia de justicia para adolescentes, así como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta Ley. familiar del adolescente. ARTICULO 3. La función de seguridad pública se realizará por conducto de las instituciones policiales, y de procuración de justicia, de los tribunales administrativos y los judiciales, de las instancias responsables de la prisión preventiva, la ejecución de penas y de la justicia para adolescentes, y de todos aquellos entes públicos que cuenten con atribuciones para contribuir directa o indirectamente a consolidar los fines de la seguridad pública. infracciones, las conductas antisociales y los delitos, incluyendo la administración del sistema penitenciario del Estado, la ejecución de penas por delitos del orden común y la ejecución de las medidas impuestas por las autoridades judiciales competentes en términos de las leyes de justicia para adolescentes; y para brindar auxilio y protección a la población en caso de accidentes, desastres o cualquier contingencia que atente contra la seguridad de los individuos. 2. El servicio de seguridad pública estatal en la entidad se regirá por lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, esta ley, el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y las demás disposiciones jurídicas aplicables. ARTÍCULO Las autoridades estatales y municipales de seguridad pública instrumentarán acciones permanentes de evaluación, depuración, adiestramiento, capacitación y profesionalización de sus recursos humanos; de modernización de la infraestructura, del equipo y de sus recursos técnicos; Así como la generación de información actualizada sobre 3

4 Artículo 4. El Sistema Nacional de Seguridad Pública contará para su funcionamiento y operación con las instancias, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la presente Ley, tendientes a cumplir los fines de la Seguridad Pública. seguridad pública, que permitan realizar programas conjuntos entre los tres órdenes de gobierno, en materia de prevención y de persecución de delitos en flagrancia. 2. Es obligación y responsabilidad de los titulares de las instituciones de seguridad, integrar una base de datos que contenga la totalidad de los incidentes de su incumbencia, aprovechando al efecto los avances de la tecnología. 3. Toda información se conservará de manera permanente e institucional, adicionándole nuevos elementos conforme se requiera. La coordinación en un marco de respeto a las atribuciones entre las instancias de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, será el eje del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: I. Academias: a las Instituciones de Formación, de Capacitación y de Profesionalización Policial; II. Bases de Datos Criminalísticas y de Personal: Las bases de datos nacionales y la información contenida en ellas, en materia de detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, sentenciados y las demás necesarias para la operación del Sistema. III. Carrera Ministerial: al Servicio Profesional de Carrera Ministerial; IV. Carrera Pericial: al Servicio Profesional de Carrera Pericial; V. Carrera Policial: al Servicio Profesional de Carrera Policial; VI. Conferencias Nacionales: a las Conferencias a las que se refiere el artículo 10 de esta Ley; VII. Consejo Nacional: al Consejo Nacional de Seguridad Pública; ARTICULO 4. Para efectos de esta ley se entenderá por: I. Consejo: El Consejo Estatal de Seguridad Pública; II. Consejo Nacional: El Consejo Nacional de Seguridad Pública; III. Instituciones policiales: Las corporaciones que cumplen funciones de prevención, de investigación, de reacción, de inspección, de vigilancia, de custodia y de vialidad; los cuerpos de policía, de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, de detención preventiva, o de centros de arraigos; y en general, todas las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, local o municipal, que realicen funciones similares; IV. Instituciones de Procuración de Justicia: El Ministerio Público, los servicios periciales y demás auxiliares de aquél; V. Instituciones de seguridad pública: Las instituciones policiales y de procuración de justicia, así como los tribunales e instancias responsables de la reinserción social del 4

5 VIII. IX. Instituciones de Seguridad Pública: a las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, del Sistema Penitenciario y dependencias encargadas de la Seguridad Pública a nivel federal, local y municipal; Instituciones de Procuración de Justicia: a las Instituciones de la Federación y entidades federativas que integran al Ministerio Público, los servicios periciales y demás auxiliares de aquél; X. Instituciones Policiales: a los cuerpos de policía, de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, de detención preventiva, o de centros de arraigos; y en general, todas las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel federal, local y municipal, que realicen funciones similares; XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. Institutos: a los órganos de las instituciones de seguridad pública de la Federación, de los Estados y del Distrito Federal, encargados de la formación y actualización especializada de aspirantes y servidores públicos de las funciones ministerial, pericial y de policía ministerial; Programa Rector: al conjunto de contenidos encaminados a la profesionalización de los servidores públicos de las Instituciones Policiales e Instituciones de Procuración de Justicia, respectivamente; Registro Nacional: el Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública; Secretaría: a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal; Secretario Ejecutivo: el Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema; Sistema: al Sistema Nacional de Seguridad Pública. sentenciado, al igual que la reintegración social y familiar del adolescente, estatales y municipales; VI. Ley: a la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas; VII. Ley General: La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; VIII. Procurador: El Procurador General de Justicia del Estado; IX. Procuraduría: La Procuraduría General de Justicia del Estado; X. Programa: El Programa del Sistema Estatal de Seguridad Pública; XI. Programa Integral: El Programa Integral de Prevención del Delito del Estado; XII. Secretaría: La Secretaría de Seguridad Pública; XIII. Secretario: El Secretario de Seguridad Pública; XIV. Secretario Ejecutivo: El titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; XV. Sistema: El Sistema Estatal de Seguridad Pública; XVI. Sistema Nacional: El Sistema Nacional de Seguridad Pública. ARTICULO 5. El Sistema se integrará con las autoridades, conferencia, los instrumentos, políticas, estrategias, acciones y servicios previstos en la presente Ley, dirigidos a cumplir los fines de la seguridad pública. ARTÍCULO 5. El Estado y los Municipios, de acuerdo con sus propios recursos, procurarán alcanzar los fines de la seguridad pública, combatiendo las causas que generan las infracciones, conductas antisociales y delitos, mediante la formulación, desarrollo e instrumentación de programas y acciones entre sociedad y gobierno, que fomenten la cultura de la legalidad en el ámbito de la prevención, asimismo, la corresponsabilidad y la coordinación institucional. ARTÍCULO 7. El Estado y los Municipios se coordinarán entre sí y con la Federación para la observancia general de los 5

6 Artículo 6. Las Instituciones de Seguridad Pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, su actuación se regirá además, por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Deberán fomentar la participación ciudadana y rendir cuentas en términos de ley. Artículo 7. Conforme a las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta Ley, deberán coordinarse para: I. Integrar el Sistema y cumplir con sus objetivos y fines; II. Formular políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, así como programas y estrategias, en materia de seguridad pública; III. Ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y acciones, a través de las instancias previstas en esta ley; IV. Proponer, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Procuración de Justicia, el Programa Nacional de Seguridad Pública y demás instrumentos programáticos en la materia previstos en la Ley de ARTICULO 6. El Sistema tendrá como base la coordinación y los objetivos siguientes, que observarán las autoridades e instancias correspondientes: I. Integrar el Sistema y los subsistemas de: a. Prevención integral; b. Investigación y persecución de infracciones y delitos; c. Administración de justicia; d. Reinserción social; e. Los demás que sean necesarios para cumplir los fines de la seguridad pública; II. Establecer las bases de colaboración entre las autoridades del Estado y los municipios y, en su caso, con la Federación; III. Promover la vigencia de las garantías individuales y fines de esta ley y demás ordenamientos aplicables, integrándose a los Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad Pública, a través de las instancias, programas, instrumentos, políticas, servicios y acciones que correspondan. ARTÍCULO 6. El titular del Ejecutivo Estatal o quien éste designe, y los Presidentes Municipales podrán celebrar entre sí, o con el Gobierno Federal, con otros poderes del Estado, con otros Gobiernos Estatales o Municipales del país, con personas físicas o morales, públicas o privadas, los convenios o acuerdos que el interés general requiera para la mejor prestación de la función de seguridad pública, conforme a lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esta ley y cualquier otro dispositivo legal de la materia. 6

7 Planeación; V. Distribuir a los integrantes del Sistema, actividades específicas para el cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública; VI. Regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública; VII. Regular los sistemas disciplinarios, así como de reconocimientos, estímulos y recompensas; VIII. Determinar criterios uniformes para la organización, operación y modernización tecnológica de las Instituciones de Seguridad Pública; IX. Establecer y controlar bases de datos criminalísticos y de personal; X. Realizar acciones y operativos conjuntos de las Instituciones de Seguridad Pública; XI. Participar en la protección y vigilancia de las Instalaciones Estratégicas del país en los términos de esta ley y demás disposiciones aplicables; XII. Determinar la participación de la comunidad y de instituciones académicas en coadyuvancia de los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las Instituciones de Seguridad Pública, a través de mecanismos eficaces; XIII. Implementar mecanismos de evaluación en la aplicación de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública; XIV. Fortalecer los sistemas de seguridad social de los servidores públicos, sus familias y dependientes, e instrumentar los complementarios a éstos, y XV. Realizar las demás acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública. sociales, y el respeto de los derechos humanos; IV. Definir políticas y programas, y propulsar su ejecución, seguimiento y evaluación; V. Desarrollar lineamientos, mecanismos e instrumentos para fortalecer la operatividad de las instituciones de seguridad pública; VI. Regular los procedimientos de ingreso, certificación, profesionalización y evaluación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública estatales y las municipales; VII. Instituir bases de datos y metodología para el suministro, el intercambio y la explotación de todo tipo de información sobre el personal, así como aquella de naturaleza administrativa y criminológica relativa a la seguridad pública; VIII. Determinar criterios para la organización, administración, operación y modernización del equipamiento y la infraestructura física y tecnológica de las instituciones de seguridad pública; IX. Promover operativos tácticos y acciones conjuntas entre las instituciones policiales estatales, municipales y, en lo procedente, las federales; X. Propulsar medidas para optimizar e incrementar el aprovechamiento de los recursos financieros para la seguridad pública; XI. Construir procedimientos eficaces de vigilancia y rendición de cuentas, sustentados en indicadores de medición del desempeño; XII. Fomentar la participación de la sociedad en la prevención y denuncia de infracciones y delitos, así como en la planeación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de programas y acciones; XIII. Impulsar la prevención integral de conductas antisociales; XIV. Fomentar en el individuo, la familia y la sociedad valores cívicos, éticos y culturales, que promuevan la vigencia del Estado de Derecho e induzcan el respeto a la legalidad; 7

8 XV. Diseñar estrategias tácticas y operativas en las instituciones policiales bajo su mando, a partir del análisis de información delictiva; XVI. Proponer la incorporación de acciones en los programas de desarrollo social que se instrumenten en el Estado, susceptibles de fortalecer la prevención integral; XVII. Analizar el marco jurídico en materia de seguridad pública y, en su caso, proponer su actualización; XVIII. Los demás que acuerden las instancias respectivas tendientes a superar la cobertura y capacidad de respuesta institucional y realizar los fines de la seguridad pública. ARTICULO 7. En la definición de políticas, programas, estrategias, objetivos y acciones, las autoridades e instancias de coordinación ceñirán sus acciones con base en las disposiciones de los siguientes ordenamientos legales y administrativos: I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. Constitución Política del Estado de Tamaulipas; III. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; IV. Código Municipal para el Estado de Tamaulipas; V. Convenios suscritos entre la Federación, los estados y municipios; VI. Acuerdos del Consejo Nacional; VII. Acuerdos del Consejo y de los consejos municipales y regionales de seguridad pública; VIII. Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública; IX. Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado; X. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; XI. Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; XII. Ley para regular los Servicios Privados de Seguridad en el Estado de Tamaulipas; XIII. Ley del Registro Público Vehicular; XIV. Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Tamaulipas; XV. Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Tamaulipas; 8

9 Artículo 8. La coordinación, evaluación y seguimiento de lo dispuesto en esta Ley, se hará con respeto a las atribuciones que la Constitución establece para las instituciones y autoridades que integran el Sistema. XVI. Ley de Protección a Víctimas del Delito para el Estado; XVII. Ley de Protección Civil para el Estado; XVIII. Ley de Mediación para el Estado de Tamaulipas; XIX. Ley de Justicia para Adolescentes del Estado; XX. Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; XXI. Bandos de Policía y Buen Gobierno; XXII. Ley de Defensoría Pública del Estado; XXIII. Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado de Tamaulipas; XXIV. Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Tamaulipas; XXV. Presupuesto de Egresos de la Federación; XXVI. Presupuesto de Egresos del Estado; XXVII. Las demás que determinen otros ordenamientos aplicables. ARTICULO 8. La aplicación de la presente ley corresponde a las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas atribuciones constitucionales y legales. ARTÍCULO La aplicación de la presente ley compete a las autoridades estatales y municipales en sus respectivos ámbitos de competencia, con base en la misma, en los reglamentos, convenios y acuerdos que suscriban y demás ordenamientos aplicables. 2. El Sistema Estatal de Seguridad se integra con las instancias, programas, instrumentos, políticas, servicios y acciones previstos en la ley, tendentes a alcanzar los fines y objetivos de la seguridad pública. 3. Las autoridades de seguridad pública del Estado se coordinarán con la Federación y los municipios para integrar el Sistema Estatal de Seguridad Pública, y determinar las políticas y acciones que realizarán para el mejoramiento del mismo. 4. Al efecto, desarrollarán por sí o conjuntamente, los 9

10 Artículo 9. Las Conferencias Nacionales, los consejos locales y demás instancias del Sistema, observarán lo dispuesto en las resoluciones y acuerdos generales que emita el Consejo Nacional. En caso de contradicción entre las resoluciones y acuerdos generales adoptados por las conferencias, el Consejo Nacional determinará la que deba prevalecer. CAPITULO II DE LAS AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA ARTICULO 9. Las autoridades en materia de seguridad pública serán las siguientes: I. El Gobernador del Estado; II. El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia; III. El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado; IV. Los Presidentes Municipales; V. El Secretario General de Gobierno; VI. El Secretario, y los titulares de las instituciones policiales bajo su mando; VII. El Procurador, los agentes del Ministerio Público y el Titular de la Policía Ministerial; VIII. El Director General de Ejecución de Sanciones y los directores de los centros de prisión preventiva y los de ejecución de sanciones; IX. El Director del Centro de Reintegración Social y Familiar para Adolescentes; X. Los magistrados de la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia; lineamientos, mecanismos e instrumentos para la mejor organización y funcionamiento de las dependencias e instituciones policiales. 5. Igualmente, integrarán los mecanismos de información del Sistema Estatal y los datos que deban incorporarse al mismo, manteniéndolos debidamente actualizados. TITULO SEGUNDO DE LAS AUTORIDADES CAPITULO I AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES ARTÍCULO 8. Son autoridades estatales en materia de seguridad pública: I. El Gobernador del Estado; II. El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia; III. El Secretario de Seguridad Pública; IV. El Secretario General de Gobierno; V. El Procurador General de Justicia; VI. El Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública; VII. El Director General de Ejecución de Sanciones; VIII. El Director General de Operación Policial; IX. El Director de la Policía Ministerial; X. El Director de Reintegración Social y Familiar del Adolescente; XI. El Director de Protección Civil del Estado; XII. El Director de la Academia de Policía del Estado; y XIII. Las demás que con ese carácter determine la ley. 10

11 TÍTULO SEGUNDO DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CAPÍTULO I De la organización del Sistema Nacional de Seguridad Pública Artículo 10. El Sistema se integrará por: I. El Consejo Nacional de Seguridad Pública, que será la instancia superior XI. Los jueces de Primera Instancia, por lo que hace a su facultad de sancionar los hechos delictivos; XII. Los síndicos en funciones de Ministerio Público; XIII. Los titulares de las policías preventivas y de tránsito de los municipios; XIV. Los jueces calificadores o similares que las disposiciones jurídicas establezcan como instancias de justicia administrativa municipal; XV. El Director General de Operación Policial, XVI. El Secretario Ejecutivo; y XVII. Los demás que señalen otras disposiciones legales. ARTÍCULO 9. Son autoridades municipales en materia de seguridad pública: I. Los Ayuntamientos; II. Los Presidentes Municipales; III. Los Síndicos, en funciones de Ministerio Público; IV. Los Directores de Seguridad Pública Municipal; V. Los titulares de cada institución policial que hubiere; VI. Los Jueces Calificadores o similares, que las disposiciones jurídicas establezcan como instancias de justicia administrativa; VII. El titular de Protección Civil; y VIII. Las demás que determinen con ese carácter las disposiciones jurídicas aplicables. 11

12 de coordinación y definición de políticas públicas; II. La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia; III. La Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública o sus equivalentes; IV. La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario; V. La Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal; VI. Los Consejos Locales e Instancias Regionales, y VII. El Secretariado Ejecutivo del Sistema. El Poder Judicial de la Federación y los Tribunales Superiores de Justicia contribuirán con las instancias que integran el sistema, en la formulación de estudios, lineamientos e implementación de acciones que permitan alcanzar los fines de la seguridad pública. Artículo 11. Las Conferencias Nacionales establecerán los mecanismos de coordinación que permitan la formulación y ejecución de políticas, programas, acciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones. El Secretario Ejecutivo realizará las acciones necesarias para asegurar que la coordinación sea efectiva y eficaz e informará de ello al Consejo Nacional. ARTICULO 10. Las autoridades de seguridad pública regirán su actuación con fundamento en las atribuciones que les confieran la Constitución Política del Estado, la legislación secundaria correspondiente y, para efectos del funcionamiento del Sistema, las disposiciones establecidas en la presente ley. Las autoridades de seguridad pública proveerán en todo tiempo el cumplimiento de los fines de la seguridad pública, la coordinación y funcionalidad del Sistema, así como la instrumentación de los acuerdos y resoluciones de las instancias respectivas. Así mismo, serán responsables en los términos de lo dispuesto por el Título Décimo de este ordenamiento, en el caso de incumplimiento de las obligaciones que les competan en su calidad de integrantes del Sistema. ARTÍCULO 10. Las autoridades estatales y municipales de seguridad pública podrán disponer por sí, o coordinadamente, la ejecución de acciones con el fin de preservar o restablecer el orden público y la paz social que el interés general demande, y de garantizar la integridad física de las personas, sus bienes y sus derechos. 12

13 El Secretariado Ejecutivo se coordinará con los Presidentes de las Conferencias Nacionales para dar seguimiento a las resoluciones que se adopten por el Consejo Nacional, en los términos de esta Ley. CAPITULO III DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES ARTICULO 11. Las instituciones policiales serán las siguientes: I. Las policías estatales que cumplan funciones de prevención o reacción; II. La Policía Ministerial; III. Las policías preventivas y las de tránsito municipales; IV. Los cuerpos de vigilancia, custodia y seguridad de los Centros de Ejecución de Sanciones y los del Centro de Reintegración Social y Familiar para Adolescentes; y V. Las demás que se constituyan con apego a la Ley. ARTICULO 12. Las empresas que presten servicios privados de seguridad en el Estado, se ajustarán a las previsiones del artículo 45 de la ley que regula dichos servicios. Los prestadores de servicios privados de seguridad tienen la obligación de coadyuvar con las autoridades e instituciones competentes en situaciones de urgencia, desastre o cuando sean requeridos por alguna dependencia estatal o municipal, prestando inmediatamente la ayuda que se les solicite, la que se dará de manera gratuita. CAPITULO V DE LAS ATRIBUCIONES ARTICULO 19. Las facultades y obligaciones del Gobernador son las siguientes: I. Salvaguardar la integridad y los derechos de las personas; III. Mantener el orden público y preservar las libertades, la paz y la estabilidad del Estado; III. Promover la funcionalidad del Sistema como una política de ARTÍCULO 12. Son facultades y obligaciones del Gobernador del Estado: I. Velar por la preservación del orden y la paz públicos, y por la seguridad interior del Estado; II. Vigilar el estricto cumplimiento de esta ley y su reglamento; III. Participar en el Consejo Nacional de Seguridad Pública; IV. Presidir el Consejo Estatal de Seguridad Pública; V. Establecer las políticas de seguridad pública de la entidad; 13

14 Estado; IV. Presidir y convocar al Consejo por conducto del Secretario Ejecutivo; V. Proveer el cumplimiento en la entidad de los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional; VI. Instruir la vinculación y coordinación entre las dependencias estatales para la elaboración de los subprogramas de prevención integral, de procuración de justicia, y de reinserción social y tratamiento de adolescentes, y podrá proponer, al Poder Judicial la integración del relativo a la administración de justicia; VII. Nombrar a los titulares de las instituciones estatales; VIII. Celebrar convenios con los poderes del Estado, la Federación, otros estados y municipios, así como instituciones públicas, privadas o sociales, para el cumplimiento de los fines de la seguridad pública; IX. Promover la participación de la sociedad en el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de los programas, estrategias y acciones procedentes en los diversos ámbitos de la seguridad pública; X. Expedir los reglamentos y acuerdos que sean necesarios, y XI. Las demás que le confieran otras disposiciones legales. VI. Suscribir convenios de coordinación con los poderes del Estado, autoridades federales, de Entidades Federativas, de municipios y de organismos e instituciones públicas, privadas y sociales, por sí o por conducto del Secretario de Seguridad Pública; VII. Aprobar y expedir el Programa Estatal de Seguridad Pública y los que deriven del Plan Estatal de Desarrollo; VIII. Ordenar la realización de acciones específicas en la entidad o en determinadas zonas de su territorio; IX. Imponer las condecoraciones a que se refiere esta ley, a través del Secretario de Seguridad Pública en el Estado; X. Promover una amplia participación de la comunidad en el análisis y solución de las cuestiones de seguridad pública; XI. Autorizar a particulares, por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública, para que presten servicios privados de seguridad en los términos de la Ley para Regular los Servicios Privados de Seguridad en el Estado; y XII. Las demás que le señalen las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables. ARTICULO 12. Las empresas que presten servicios privados de seguridad en el Estado, se ajustarán a las previsiones del artículo 45 de la ley que regula dichos servicios. Los prestadores de servicios privados de seguridad tienen la obligación de coadyuvar con las autoridades e instituciones competentes en situaciones de urgencia, desastre o cuando sean requeridos por alguna dependencia estatal o municipal, prestando inmediatamente la ayuda que se les solicite, la que se dará de manera gratuita. 14

15 CAPÍTULO II Del Consejo Nacional de Seguridad Pública Artículo 12. El Consejo Nacional estará integrado por: I. El Presidente de la República, quien lo presidirá; II. El Secretario de Gobernación; III. El Secretario de la Defensa Nacional; IV. El Secretario de Marina; V. El Secretario de Seguridad Pública; VI. El Procurador General de la República; VII. Los Gobernadores de los Estados; VIII. El Jefe del Gobierno del Distrito Federal, y IX. El Secretario Ejecutivo del Sistema. El Presidente del Consejo será suplido en sus ausencias por el Secretario de Gobernación. Los demás integrantes del Consejo Nacional deberán asistir personalmente. El Consejo podrá invitar, por la naturaleza de los asuntos a tratar, a las personas, instituciones y representantes de la sociedad civil que puedan exponer conocimientos y experiencias para el cumplimiento de los objetivos de la seguridad pública. Dicha participación será con carácter honorífico. Así mismo el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos será invitado permanente de este Consejo. SECCION PRIMERA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA ARTICULO 24. El Consejo será la instancia superior de coordinación, planeación de políticas públicas y evaluación del Sistema, y estará integrado por: I. El Gobernador, quien lo presidirá; II. El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia; III. El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso; IV. Los presidentes municipales; V. El Secretario General de Gobierno; VI. El Secretario de Seguridad Pública; VII. El Procurador General de Justicia; VIII. Los delegados o representantes en el Estado de la Procuraduría General de la República; de las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, y de Seguridad Pública, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional de la Secretaría de Gobernación, así como del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y IX. El Secretario Ejecutivo. Los funcionarios citados referidos en la fracción VIII, serán convocados en razón de los asuntos a tratar en la sesión respectiva y a juicio del Presidente del Consejo. Asimismo para cada sesión el Presidente podrá invitar a dos representantes de la sociedad civil. Su participación será de carácter honorífico. Los integrantes del consejo concurrirán personalmente a las sesiones sin que tengan potestad para que los represente otro funcionario. El Presidente podrá ser suplido por el Secretario General de Gobierno en quien, de ser el caso, delegará el ejercicio de sus atribuciones relativas al Sistema. CAPITULO II DE LAS INSTANCIAS DE COORDINACION Sección Primera DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA ARTÍCULO El Consejo Estatal de Seguridad Pública será la instancia superior de coordinación, planeación y supervisión del Sistema Estatal de Seguridad Pública y estará integrado por: I. El Gobernador Constitucional del Estado, quien lo presidirá; II. El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia; III. El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado; IV. El Secretario de Seguridad Pública del Estado; V. El Secretario General de Gobierno; VI. El Procurador General de Justicia del Estado; VII. El Director General de Ejecución de Sanciones; VIII. El Director de Reintegración Social y Familiar de Adolescentes; IX. Los Presidentes Municipales; X. Los representantes en el Estado de las siguientes dependencias federales: a) Secretaría de Gobernación; b) Secretaría de la Defensa Nacional; c) Secretaría de Marina; d) Secretaría de Seguridad Pública; y e) Procuraduría General de la República; XI. Un Secretario Ejecutivo; y XII. Los demás que el pleno del Consejo Estatal decida invitar a participar, y que por sus funciones estén vinculados con los fines de la seguridad pública. 2. Por cada miembro propietario se designará un suplente. 15

16 ARTICULO 26. El Presidente del Consejo podrá invitar a las sesiones del pleno o de las comisiones, a representantes de organizaciones productivas y sociales y de instituciones educativas y civiles, cuyo objeto sea promover el bienestar y desarrollo de la comunidad, así como a otros servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, y a profesionales y académicos que puedan aportar a los fines de la seguridad pública, quienes tendrán derecho de voz pero no de voto. ARTÍCULO 52. La participación de las autoridades federales, estatales y municipales en el Sistema y en el Consejo Estatal de Seguridad Pública, en ningún caso implica la transferencia de atribuciones o facultades legales, sino la coordinación en el ejercicio de éstas, con el propósito de lograr el mejoramiento de las condiciones de seguridad pública en la Entidad. ARTICULO 13. El Gobernador es el Jefe Supremo de las instituciones policiales estatales y del municipio en que resida habitual o transitoriamente. Asumirá temporalmente la dirección y el mando de las municipales, en todo o parte del territorio de la entidad, en los casos que juzgue de fuerza mayor o de alteración grave del orden público. ARTICULO 21. Las facultades y obligaciones del Secretario son CAPITULO II DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES ARTÍCULO El Gobernador del Estado tendrá en todo momento el mando de los cuerpos de seguridad pública estatales; asimismo de los municipales en donde resida habitual o transitoriamente. Al efecto, los titulares de las diversas instituciones de seguridad se asegurarán y serán responsables de su estricto cumplimiento. 2. La policía preventiva y de tránsito municipales estarán bajo el mando del Presidente Municipal. Aquellas acatarán las órdenes que el Gobernador del Estado les transmita en los casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público. 3. Previa determinación de los Ayuntamientos, las instituciones de policía preventiva y de tránsito municipales, podrán integrar un sólo cuerpo policial, con la amplitud de las atribuciones que les son propias, denominándose policía municipal. 4. Para los efectos del párrafo anterior, bastará la simple determinación del Cabildo para que un sólo cuerpo policial realice tanto las funciones de policía, como las de tránsito preventivo municipal. ARTÍCULO 13. Son facultades y obligaciones del Secretario 16

17 las siguientes: I. Promover, impulsar y apoyar, con respeto a los principios de distribución de competencias y de coordinación, la funcionalidad del Sistema, de los subsistemas que se desprendan del mismo y la participación organizada de la sociedad; II. Representar al Gobernador ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional; III. Coordinar los procedimientos de consulta e integración del Programa; IV. Presidir la Conferencia Estatal de instituciones policiales; V. Diseñar el subprograma relativo a las materias de prevención integral y de reinserción social, y reintegración social y familiar del adolescente; VI. Dar seguimiento a la ejecución del Subprograma e informar el avance y resultados al Consejo; VII. Coadyuvar con las instituciones correspondientes para instrumentar en la entidad, los acuerdos del Consejo Nacional, de las conferencias nacionales de Secretarios de Seguridad Pública, de Procuración de Justicia, del Sistema Penitenciario, de Seguridad Pública Municipal; VIII. Ampliar, en su caso, el Programa Rector de Profesionalización aprobado por la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública en razón de las necesidades de las instituciones policiales estatales y municipales, y someterlo a la aprobación de Consejo; IX. Proponer al Consejo el modelo de desarrollo y gestión policial y vigilar su instrumentación; X. Promover la incorporación de la sociedad y sus organizaciones en los procesos de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de programas, estrategias y acciones específicas; XI. Disponer la integración, la actualización y el uso adecuado de los registros de información sobre seguridad pública; de Seguridad Pública: I. Desarrollar las políticas de seguridad pública y proponer en el ámbito estatal los criterios para prevenir eficazmente la comisión de delitos, mediante la adopción de normas, acciones, estrategias y tácticas, así como la conjunción de los recursos a disposición del Ejecutivo del Estado; II. Diseñar y ejecutar programas para fomentar la cultura de legalidad. III. Generar y promover en la población conductas de desaliento a la corrupción, la impunidad y toda práctica lesiva, rechazando al delito, sus efectos y sus actores, cómplices o partícipes; IV. Proponer al Gobernador del Estado las medidas que garanticen la congruencia de la política de prevención eficaz de los delitos entre las dependencias de la administración pública; V. Participar en representación del Gobierno del Estado en el Sistema Nacional de Seguridad Pública; VI. Participar, conforme a lo establecido en la ley de la materia, en el Consejo Estatal de Seguridad Pública; VII. Proponer y ejercer las políticas, acciones y estrategias de coordinación estatal en materia de prevención del delito, al tiempo de alentar la coordinación regional en la materia; VIII. Fomentar la participación ciudadana en la elaboración de programas de prevención del delito; IX. Promover y facilitar la participación social para el desarrollo de actividades de vigilancia sobre el ejercicio de sus atribuciones; X. Atender y disponer la resolución de las denuncias y quejas ciudadanas relacionadas con el ejercicio de sus atribuciones; XI. Organizar, dirigir, administrar y supervisar las instituciones preventivas de seguridad pública estatales, así como aplicar el régimen disciplinario de dichas 17

18 XII. Promover la realización y contratación de asesorías, estudios multidisciplinarios, análisis y encuestas para investigar las causas, características y los costos sociales de la incidencia delictiva, así como para formular acciones pertinentes para combatir la delincuencia; XIII. Intercambiar experiencias con otras instituciones de seguridad pública nacionales e internacionales; XIV. Efectuar, con la colaboración de las instancias procedentes, estudios acerca de infracciones y hechos delictivos denunciados y no denunciados, a fin de considerar estas variables en la definición de políticas en la materia; XV. Tramitar ante las autoridades federales competentes la obtención y renovación de la licencia oficial colectiva para la portación de armas de fuego de cada institución policial; XVI. Proponer y diseñar políticas, estrategias, acciones y operativos, a fin de cumplir con la prevención integral de conductas antisociales y combatir las causas que las generan; XVII. Sugerir la adopción de políticas transversales de prevención integral; XVIII. Impulsar los programas de profesionalización y de evaluación y control de confianza; XIX. Administrar el sistema penitenciario del Estado, y realizar los actos inherentes a la ejecución de sanciones; XX. Desarrollar, en la entidad, los acuerdos de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario; XXI. Promover una eficaz participación de la sociedad en la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas de seguridad pública; y XXII. Proponer al Consejo a los Presidentes Municipales que deban participar en la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal; XXIII. Procurar que en las instituciones policiales se aplique de manera homogénea y permanente, el protocolo de certificación aprobado por el Centro Nacional de Certificación corporaciones; XII. Recopilar y mantener al corriente la información sobre los atributos personales, académicos y técnicos de los cuerpos de seguridad pública y de los servidores públicos ministeriales; XIII. Salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos del fuero común y preservar las libertades públicas, el orden y la paz sociales dictando las medidas administrativas que sean necesarias para ello; XIV. Establecer un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar y procesar información para la prevención de delitos, mediante métodos que garanticen el respeto a los derechos y libertades fundamentales; XV. Elaborar y difundir estudios multidisciplinarios y estadísticas sobre el fenómeno delictivo; asimismo, disponer la integración de una base de datos que contenga la totalidad de los incidentes de su incumbencia, aprovechando al efecto, los avances de la tecnología; XVI. Efectuar, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia, estudios sobre actos delictivos no denunciados para incorporar este elemento en el diseño de las políticas de prevención de los ilícitos penales; XVII. Determinar y aplicar las normas y políticas de ingreso, capacitación, desarrollo y disciplina del personal responsable de funciones de seguridad pública, de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes; XVIII. Organizar, dirigir y administrar el servicio civil de carrera de las corporaciones policiales y de seguridad bajo su mando; XIX. Otorgar autorización y, en su caso, suspender o revocar el permiso conferido a empresas que presten servicios privados de seguridad, cuando los mismos se realicen exclusivamente en el territorio del Estado, así como 18

19 y Acreditación; y XXIV. Las demás que le confieran otras disposiciones legales. Con el propósito de instrumentar en la entidad los programas, políticas, protocolos, criterios, lineamientos y demás acciones procedentes que acuerde el Consejo Nacional, el Secretario y sus unidades administrativas se coordinarán técnicamente con los centros nacionales de Acreditación y Certificación, de Información, y de Prevención del Delito y Participación Ciudadana previstos en la Ley General. supervisar su funcionamiento y desempeño en los términos de la Ley para Regular los Servicios Privados de Seguridad en el Estado de Tamaulipas; XX. Promover la celebración de convenios de colaboración con autoridades federales y estatales, de otras entidades federativas o municipales del Estado para el cumplimiento de sus atribuciones; XXI. Colaborar, dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a requerimiento de autoridades federales competentes, de otras entidades federativas o municipales del Estado, en la protección de la integridad física de las personas y en la preservación de sus bienes, cuando se vean amenazadas por situaciones de peligro que generen disturbios, violencia o riesgo inminente; XXII. Auxiliar a los Poderes Legislativo y Judicial del Estado y a la Procuraduría General de Justicia, cuando así lo requieran para el debido ejercicio de sus funciones; XXIII. Ejecutar las penas por delitos del orden común y administrar el sistema penitenciario del Estado, así como organizar y dirigir las actividades de apoyo a liberados; XXIV. Ejecutar las medidas de orientación, protección y tratamiento para la reintegración social y familiar de las personas entre 12 años cumplidos y menores de 18 años de edad que incurran en la comisión de una conducta considerada como delito por las leyes del Estado; XXV. Implementar, dirigir y ejecutar los programas de readaptación social de los infractores de la ley penal y administrar los Centros de Ejecución de Sanciones; XXVI. Tramitar las solicitudes de libertad anticipada y traslado de internos; XXVII. Ser conducto para el ejercicio de la atribución del Gobernador del Estado en materia de inclusión de reos del orden común para su traslado a su país de origen 19

20 con objeto de cumplir en éste la condena que les hubiere sido impuesta, conforme a lo dispuesto por el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; XXVIII. Coordinar los programas y comisiones de seguridad pública; XXIX. Proponer al Gobernador del Estado el proyecto del Programa Estatal de Seguridad Pública; XXX. Evaluar el cumplimiento del Programa Estatal de Seguridad Pública y los que se deriven del Plan Estatal de Desarrollo; XXXI. Informar oportunamente al Gobernador del Estado sobre los avances y resultados del Programa Estatal de Seguridad Pública y demás acciones emprendidas en materia de seguridad pública; XXXII. Aprobar las normas y políticas relacionadas con el desarrollo del personal que interviene en funciones de seguridad pública; XXXIII. Administrar el porte colectivo estatal de armas y suscribir las credenciales para tal efecto, a los integrantes de las instituciones policiales referidas en los términos de la presente ley; XXXIV. Formular a los Presidentes Municipales las recomendaciones que estime pertinentes para el mejoramiento de la seguridad pública en sus municipios; XXXV. Establecer la instancia idónea para la defensa legal, en todas sus etapas procesales, de los integrantes de los cuerpos de seguridad de su competencia que, con motivo del ejercicio de sus atribuciones, se vieran implicados en asuntos jurídicos; asimismo, deberá disponer que sin demora alguna sean cubiertos en su totalidad los montos que por concepto de fianza, gastos que genere su defensa en el proceso, e inclusive, los correspondientes a la reparación del daño, si fuere el caso, con recursos de la 20