Conflicto Colombiano y Área Andina: Amenazas, Desafíos y Oportunidades

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1 Conflicto Colombiano y Área Andina: Amenazas, Desafíos y Oportunidades ANTONIO SANGUINO PÁEZ DIRECTOR EJECUTIVO CORPORACIÓN NUEVO ARCO IRIS Son muchos los análisis que ca lifican la guerra interna de Co lombia como una amenaza regional. El propio Gobierno no ha dudado en afirmar que el conflicto colombiano tiene el potencial para desestabilizar la democracia en el resto de Sudamérica, y se ha empeñado en una cruzada para alinderar a la comunidad internacional alrededor de su combate al terrorismo. Apoyada en esta hipótesis, la política exterior del gobierno Uribe, se propuso internacionalizar el conflicto colombiano. Son muchas las señales que indican ello : promovió la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que definió el acto terrorista del Club El Nogal de Bogotá como una amenaza a la paz y la seguridad internacional, solicitó la reforma al Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca TIARde incorporando como amenaza regional las que se deriven de situaciones internas de los países e insistió hasta lograrlo, que los EE.UU y Europa incluyeran a las FARC, el ELN y las AUC en las listas de organizaciones terroristas. No obstante y mas recientemente, la actual administración parece abrirse al mismo tiempo, hacia un papel mediador y facilitador de la comunidad internacional : la instalación de la misión de observación de la OEA en el caso de las negociaciones con las AUC, la facilitación de México para un eventual proceso con el ELN y los buenos oficios que adelanta Suiza con respecto a las FARC, estarían indicando este nuevo rasgo. Estos análisis tremendistas encuentran su justificación en la indudable constatación de que el conflicto colombiano no es un simple problema de orden nacional y representa una preocupación creciente y un desafío para la estabilidad política de la región, no sólo por el impacto de este sobre las fronteras vecinas y su conexión con el narcotráfico, sino por la magnitud de las violaciones a los derechos humanos que de él se derivan. Para el analista Adrián Bonilla en su ensayo Seguridad Humana en la Región Andina, cuatro amenazas se perciben en la región como consecuencia del conflicto internacional del narcotráfico y de la guerra en Colombia : Los países vecinos FOTO: ARCHIVO EL ESPECTADOR 4

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3 enfrentarían un problema que puede implicar la presencia de cualquiera de los actores armados colombianos en sus territorios, un desastre humanitario y conflicto social detonado por migraciones vecinas, una catástrofe ecológica por efecto de los cultivos de uso ilícito y la política de fumigaciones, y la diseminación de cultivos ilegales en las naciones del área. Este imaginario del conflicto colombiano como amenaza regional se fortalece al ritmo del escalamiento de la confrontación armada. A pesar de las propuestas de Gobierno, insurgencia y sectores de la sociedad colombiana, que buscan por lo pronto, acuerdos humanitarios, el país se enfrenta a un verdadero pulso militar. Las FARC, que parecieran encontrarse en una situación de defensiva táctica, han vuelto a la guerra de guerrillas para desgastar a las Fuerzas Armadas y dejar que el Estado haga todo el gasto militar en este período. Otro tanto y en mucho menor proporción hace el ELN. Por su parte las AUC, incumpliendo el cese de hostilidades es quien mantiene una mayor actuación militar que impacta gravemente a la población civil. Por su parte, el Gobierno ha puesto un especial énfasis en la recuperación de la autoridad del Estado y en la confrontación militar a las guerrillas, mientras adelanta un polémico proceso de diálogo con las Autodefensas Unidas de Colombia buscando recuperar el monopolio de la lucha contrainsurgente. E l drama del desplazamiento forzado, que en Colombia afecta a más de dos millones de personas, ha desbordado las fronteras y se ha extendido también a Venezuela y Panamá, como resultado del incremento de las acciones bélicas en las zonas fronterizas. La política de seguridad democrática y mas recientemente el Plan Patriota busca recuperar la confianza de la ciudadanía en la capacidad de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad en ciudades, carreteras y cascos urbanos de los municipios, recuperando territorios en poder de la guerrilla y respondiendo con prontitud a las acciones insurgentes. Ello pretende lograrlo con una mayor presencia de la Fuerza Pública e incorporando masivamente a la población civil al conflicto mediante la creación de una red de informantes de un millón de personas y la incorporación de soldados campesinos. Lo cierto es que es evidente el efecto de este pulso militar sobre la crisis humanitaria y de derechos humanos. Los últimos dos informes de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas da cuenta de una notable degradación del conflicto armado y un aumento de la crueldad de los métodos de combate utilizados por los grupos armados ilegales, así como un agravamiento de la situación de los derechos civiles y políticos caracterizada por violaciones graves, masivas y sistemáticas de los derechos, constituyendo muchas de ellas crímenes de lesa humanidad. Los informes señalan, un aumento significativo de denuncias de violaciones a los derechos humanos y de infracciones humanitarias atribuidas directamente a miembros de la Fuerza Pública, mientras denuncia un empleo creciente del terror por parte de las FARC y las AUC. Resulta evidente también el impacto del conflicto colombiano sobre la región y en particular sobre las fronteras de los países vecinos. Según la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, entre enero del 2000 y octubre del 2001 el número de colombianos desplazados al vecino país creció siete veces llegando a una cifra de 12 mil desplazados. El drama del desplazamiento forzado, que en Colombia afecta a más de dos millones de personas, ha desbordado las fronteras y se ha extendido también a Venezuela y Panamá, como resultado del incremento de las acciones bélicas en las zonas fronterizas en donde los actores armados recurren a las practicas del secuestro y las masacres, como las ocurridas sobre poblaciones indígenas en la zona del Darién. Según la ACNUR, el número de desplazados hacia Panamá por razones del conflicto colombiano pasó de 694 en el 2000 a 776 en el 2002, mientras que hacia Perú para la misma época, pasó de 694 a 776. El caso venezolano es junto con Ecuador, el de mayor preocupación: de 233 personas desplazadas en el año 2000, se pasó a en el Adicionalmente, informaciones de prensa señalan que se detectó la presencia de grupos armados en las fronteras con Brasil y Perú. La Revista Newsweek reveló testimonios de campesinos del centro y 6

4 sur del Brasil que dan cuenta de la presencia de las FARC y el presidente del Consejo Nacional de Inteligencia del Perú ha advertido en varias ocasiones que tiene información de la incursión de guerrilleros de las FARC al otro lado de la frontera. Existe también información de reclutamiento de personas para grupos armados colombianos en la región del Ucayali Peruano. Pero quizás el caso más grave de este desbordamiento del conflicto colombiano en los países del área lo constituye las denuncias hechas por autoridades venezolanas sobre la reciente presencia de un numeroso grupo de paramilitares en Caracas, que pretendían desestabilizar al gobierno del vecino país. Ello ha enrarecido las relaciones diplomáticas de Colombia con los países del área. Además del escándalo por la conexión Montesinos-FARC Jordania en el tráfico de armas, son permanentes las denuncias de las autoridades colombianas sobre la relación de guerrillas y paramilitares FOTO: ARCHIVO EL ESPECTADOR colombianos con redes internacionales del narcotráfico y del comercio ilegal de armamento que operan en países como Brasil, Panamá y Perú, especialmente. LA REGIÓN ANDINA: ENTRE LA DE- MOCRACIA Y LA INESTABILIDAD POLÍ- TICA. Si bien el conflicto colombiano constituye un desafío para la estabilidad política de la región, el deterioro progresivo de los derechos humanos representa el otro gran reto que debe enfrentar el área Andina para asegurar la gobernabilidad en una perspectiva de consolidación democrática. dad política derivada de un agravamiento de la situación de los derechos humanos y un deterioro de los indicadores sociales. La llamada tercera ola democratizadora de la década de los ochenta, que parecía dejar atrás los regímenes autoritarios y oligárquicos, caracterizados por dictaduras militares y gobiernos monopolizados por fuerzas políticas tradicionales ligadas a los grandes intereses económicos y financieros, se ha visto amenazada por una permanente inestabili- Sin embargo, esta llamada transición democrática no ha logrado superar las sempiternas fracturas económicas y sociales que caracterizan las sociedades de la región y la intolerancia de las fuerzas políticas tradicionales para darle paso a procesos reales de relevo en el ejercicio del poder o para soportar la protesta social o la oposición política. Vistos desde la noción de seguridad humana de Naciones Unidas, que incorpora las ideas de seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad en salud, seguridad ambiental, personal, comunitaria y seguridad política ciudadana, los países de la región Andina exhiben un panorama desalentador y hostil que tiene que ver con la forma histórica de construcción de estas sociedades que se levantaron sobre modelos de dominación, inequidad y exclusión 1. Más aún, ni el tránsito democrático ni las políticas de ajuste económico han podido resolver adecuadamente las contradicciones de carácter regional, los antagonismos de orden étnico y cultural y los enormes abismos sociales que se derivan de la concentración del ingreso y la exclusión. Las sociedades andinas siguen siendo racistas, jerárquicas y autoritarias, y sus instituciones estatales parecen insuficientes para procesar los conflictos y atender las demandas sociales en contextos de globalización y complejización de la sociedad civil. 1 PNUD, Reporte de Desarrollo Humano. 7

5 En el terreno político, la debilidad de los sistemas políticos y de los partidos y los fenómenos de exclusión en el ejercicio del poder socavan progresivamente la legitimidad de los nuevos marcos constitucionales y abrieron una importante brecha de incertidumbre política. Desde mediados de los noventa, los estados de la región han presenciado una crisis política permanente caracterizada por una legitimidad precaria, producto de un déficit crónico de representación. A juicio de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos del Ecuador, la situación en el país se caracteriza por la impunidad relacionada con los delitos de derechos humanos, asesinatos y corrupción. Para muchos analistas, esta fragilidad de las instituciones fortalece las relaciones clientelares en los asuntos públicos que se fundan en el intercambio de bienes y servicios por lealtades. Este prebendalismo y patrimonialismo reemplaza el papel del aparato público en la tramitación de los conflictos, la regulación de la vida social y la atención de las demandas ciudadanas. Ello además ha contribuído al surgimiento de caudillos, a partir de cuya capacidad de convocatoria se organizan las dinámicas políticas y los mecanismos de participación. Los partidos, en tal contexto, han derivado en maquinarias electorales, sin poderse convertir en el vehículo de expresión de las demandas ciudadanas hacia la sociedad política. Esta irrupción de fenómenos electorales unipersonales que revivieron el autoritarismo de otras épocas, pero esta vez, bajo la fórmula de gobiernos civiles, no desmantelaron las estructuras comprometidas en graves violaciones a los derechos humanos y en la persecución de la oposición política, y más bien afectaron enormemente los instrumentos previstos para la tutela de los derechos políticos, económicos y sociales. En muchos casos, la violencia política y social sirvió de argumento para el cierre de espacios democráticos y para afectar los derechos ciudadanos. Una rápida mirada a la situación de los derechos humanos en la región evidencian el factor perturbador que ello representa para las democracias del área. En Perú se ha venido debelando el poder siniestro y los anillos de la mafia que se enquistaron en el Estado en los dos períodos presidenciales de Alberto Fujimori. Según la Comisión Andina de Juristas entre y el 2000 hubo un total de 169 pedidos de investigación parlamentaria contra el gobierno sobre violaciones de derechos humanos, corrupción, narcotráfico y fraude electoral que fueron rechazados por la bancada oficialista Cambio 90-Nueva Mayoría. Más recientemente, se han evidenciado los atentados a la libertad de prensa, se han constatado y documentado las numerosas ejecuciones extrajudiciales y la inoperancia del Ministerio Público y el poder judicial para actuar oportunamente. Todo ello es materia de investigación de la Comisión de la Verdad creada por el Gobierno de Transición e instalada el 13 de julio del 2001 luego del abrupto final del régimen de Fujimori, que además ha tenido la enorme responsabilidad de contribuir a favorecer la transición democrática del Perú. En el caso ecuatoriano, inestabilidad política y violación de derechos humanos también han ido de la mano. En el marco de enconadas disputas políticas que propiciaron la caída de Bucaram y Mahuad, a juicio de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos la situación en este país se caracteriza por la impunidad relacionada con los delitos de derechos humanos, asesinatos y corrupción; la permanencia de la práctica de la tortura; las desapariciones forzadas cometidas por miembros de la Fuerza Pública, la intolerancia contra la población homosexual y la amenaza a los defensores de derechos humanos. No obstante, la vuelta a la nor- FOTO: ARCHIVO EL ESPECTADOR 8

6 malidad democrática y la gobernabilidad del presidente Gutiérrez dependerá de los avances en esta materia. Venezuela es otra de las preocupaciones regionales. Desde Abril del 2002 la crisis y la polarización de la sociedad venezolana se ha acentuado. Mientras la oposición se la juega a fondo por acorralar al gobierno y le exige una salida rápida del poder, este logró una solución constitucional que implicó la realización de un referendo, tal y como lo establece la Constitución Venezolana. Las marchas, la unión de empresarios y trabajadores contra Chávez, la incorporación de Petróleos de Venezuela (PVDSA) y los intentos golpistas han sido los principales recursos de la oposición, mientras Hugo Chávez que pudo superar su propia caída y la posterior huelga de los sectores empresariales, triunfador en el referendo, invita ahora a un diálogo nacional. En Bolivia, la crisis social, que se ha expresado en un permanente proceso de movilización ciudadana en los últimos años, entró en escena para poner en cuestión la estabilidad del nuevo gobierno, luego de una agitada campaña electoral. Los levantamientos populares en defena del gas o como respuesta al impuestazo, medida gubernamental que buscaba enfrentar el déficit fiscal, ocasionaron muertes y centenares de heridos. Las movilizaciones exigían la renuncia del recién elegido Sánchez Losada y produjeron una crisis política que incidirá en los resultados de las muy próximas elecciones presidenciales. LA POLÍTICA ANTIDROGAS: ENTRE LA FUMIGACIÓN Y LA MILITARIZACIÓN DE LA REGIÓN. La importancia del problema de las drogas en la agenda política norteamericana ha repercutido e involucrado también a los países de la región Andina. El impacto del fenómeno del nar-cotráfico en la vida económica y política de la región es inocultable : penetración de los capitales en las economías de la región, procesos de ampliación ilegal de la frontera agrícola y transformación perversa de la estructura de la propiedad agraria, intromisión de las mafias en la actividad política, conformación de redes internacionales con una gran poder delictivo, articulación de algunos eslabones de la cadena con los conflictos armados de la región, en especial el colombiano y el peruano, son algunos de los rasgos más sobresalientes. Ello, sumado a la vinculación de territorios y poblaciones inmensas a los cultivos de uso ilícito presionados por las exclusiones sociales, económicas y territoriales no resueltas en la región, hacen de este el otro gran desafío de la democracia andina. Pero las políticas y estrategias diseñadas y en ejecución en la región, en el marco de la política antidrogas norteamericana, han sido también fuente de conflicto, debate público, forcejeo diplomático y movilización social. La ejecución de estas estrategias se ha hecho en un marco de complejas negociaciones diplomáticas, frecuentes presiones a los gobiernos andinos, condicionamientos a la ayuda exterior, intervenciones militares directas o encubiertas, todo ello, bajo el pretexto de la guerra contra las drogas. La preocupación fundamental del gobierno americano ha sido, por un lado, la erradicación de los cultivos de hoja de coca existentes en Perú, Bolivia y Colombia; y de otro, la desarticulación de las organizaciones de traficantes de drogas. Más recientemente, la estrategia del Plan Colombia y de la Iniciativa Regional Andina, además de narcotizar las relaciones de cooperación de EE.UU hacia el área, constituye un nuevo combustible para el conflicto armado colombiano al articular política antidrogas con lucha contrainsurgente, contribuyendo a internacionalizar la guerra colombiana. Sin embargo, después de la suscripción de múltiples convenios de asistencia, grandes procesos judiciales y de extradición, la expedición de controvertidas leyes, la fumigación de cultivos y otras medidas de control, los resulta- 9

7 dos, de acuerdo con la información disponible y el reconocimiento de los propios actores involucrados, dejan enormes dudas sobre su eficacia. La polémica sobre la eficacia de la lucha antidrogas se centra hoy sobre temas como la insistencia en las políticas de fumigación de los cultivos, el cuestionamiento al mecanismo de certificación, la presión económica y política sobre los países productores; la militarización de la lucha contra el fenómeno, la irracional política interdictiva y la instalación de bases militares antinarcóticas en suelo andino. Las cifras hablan por si solas. Según diversas fuentes, incluyendo la de expertos del gobierno de EE.UU, las políticas de fumigación y erradicación produjeron en Colombia, como resultado la eliminación en 1997 de hectáreas cultivadas de coca, cifra que se incrementó en el año 2000 a hectáreas erradicadas. Sin embargo, en el mismo período ( ) la producción de cocaína pasó de 125 a 580 toneladas métricas. En el Perú, de acuerdo con fuentes gubernamentales, durante el año 2000 se logró erradicar manualmente más de hectáreas que representó la reducción del 12% de la superficie ilícita, sin embargo varias fuentes advierten de las amenazas al éxito en la lucha contra el narcotráfico, si ellas no ocurren en un marco de una verdadera inclusión económica, social y territorial. Estas amenazas tienen que ver con el incremento de los precios de hoja de coca, el aumento del cultivo de amapola y un procesamiento sofisticado de productos derivados de la coca y la amapola. CONTENER EL DRAMA HUMANITARIO Y DARLE UNA OPORTUNIDAD A LA PAZ. Atender los múltiples desafíos que tiene la región Andina para avanzar en una perspectiva democrática que le confiera estabilidad política y mejore su gobernabilidad, implica esfuerzos en múltiples direcciones y compromisos de los más diversos actores. V arias fuentes advierten de las amenazas al éxito en la lucha contra el narcotráfico, si ellas no ocurren en un marco de una verdadera inclusión económica, social y territorial. Muy seguramente se hace imperativo una agenda común de los gobiernos y desencadenar procesos de concertación en cada una de las naciones que signifiquen verdaderos pactos democráticos para afrontar los problemas mas relevantes, pero por sobre todo, que ofrezcan garantías reales para el pluralismo político, el respeto a los derechos humanos y la mejora de los indicadores sociales. Fortalecer los mecanismos de integración andina que le conceda una mayor capacidad negociadora a los países del área en el contexto internacional y trabajar por una actuación mas decidida de organismos como la OEA y las Naciones Unidas en una perspectiva democrática y civilista, pueden ser estrategias de gran ayuda. Ello sólo es posible, si se configuran importantes fuerzas sociales y expresiones políticas que se coloquen en esa dirección. La región Andina requiere de esfuerzos en cada país y acciones coordinadas que ayuden a enfrentar problemas comunes y que favorezcan la integración por abajo, esto es, desde las organizaciones e iniciativas de la sociedad civil, en cuyo contexto, el Programa Andino de Democracia y Derechos Humanos de la Unión Europea puede ser de gran utilidad. Un problema común que podemos afrontar tiene que ver con el impacto regional del conflicto colombiano. Se requiere, a juicio de diversas organizaciones e iniciativas civiles colombianas una acción andina que contribuya a considerar el problema humanitario que se deriva de la guerra interna colombiana como un asunto prioritario en la agenda regional, pero que al mismo tiempo compita con la lógica de internacionalización del conflicto desde una perspectiva de internacionalización de los esfuerzos de paz. Se trata de darle una nueva oportunidad a la solución política, única posibilidad viable para poner punto final a la guerra colombiana y para desactivar una variable de perturbación regional, al tiempo que se atiende la crisis humanitaria más importante del hemisferio occidental. Ese es uno de los desafíos de primer orden de los gobiernos, los actores políticos, las sociedades civiles del área y los organismos internacionales. 10