VENEZUELA. Situación económica y social

Transcripción

1 132 IWGIA EL MUNDO INDIGENA 2016 VENEZUELA La Constitución de Venezuela de 1999 reconoció por primera vez en la historia el carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de la sociedad venezolana. Se reconoce la existencia de más de 40 pueblos indígenas. De los 30 millones de habitantes, el 2,8% se identifica como indígena. En 2002 se ratificó el convenio 169 de la OIT y se han aprobado un conjunto de leyes que desarrollan de forma directa los derechos humanos específicos de los pueblos indígenas reconocidos en la Constitución, entre ellas: la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas (2001), la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (2005), la Ley de Idiomas Indígenas (2007), la Ley de Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas (2009) y la Ley del Artesano y Artesana Indígena (2009). Venezuela votó a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Situación económica y social D urante el año 2015 continuó el descenso abrupto de los precios del petróleo, principal producto de la economía venezolana. Adicionalmente, se siguió evidenciando el acaparamiento, boicot y desabastecimiento programado de alimentos, productos de higiene personal y medicinas por parte de algunos actores del sector privado nacional e internacional, especialmente en aquellos sectores económicos en los cuales existen monopolios u oligopolios. Todo esto ha generado afectaciones importantes al disfrute de los derechos de la población en general, particularmente en materia de alimentación y salud. También se evidencia durante este período un fuerte contrabando hacia Colombia, especialmente de productos de primera necesidad que están sujetos a una regulación estatal de precios, pero también de gasolina, causando importantes pérdidas a la economía del país. Esta situación trajo como consecuencia la declaración del estado de excepción y el cierre de la frontera con Colombia.

2 AMERICA DEL SUR 133 Puerto Ayacucho Es importante señalar una disminución del Producto Bruto Interno 1 y una paralización de la disminución de la pobreza y pobreza extrema que venía verificándose durante los últimos años. Sin embargo, se evidencia durante este período una constante en la tasa de empleo y un aumento de los ingresos mínimos legales de los trabajadores, manteniéndose la inversión social pública de manera sostenida. Ejemplo de ello fue la política de construcción de vivienda a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela para los sectores históricamente excluidos y particularmente para los pueblos indígenas.

3 134 IWGIA EL MUNDO INDIGENA 2016 Elecciones y polarización política La situación política y social durante el año 2015 estuvo caracterizada por las dinámicas y tensiones propias de los escenarios electorales en contextos de alta polarización política, pero también estuvieron rodeadas de situaciones muy complejas de vulneración de derechos a la población, como el sabotaje constante al sistema eléctrico mediante cortes de luz, una fuerte escasez inducida de productos de primera necesidad en los días previos a las elecciones, como también una inflación elevada. A pesar de este panorama adverso, en diciembre se produjeron las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional, donde la oposición al gobierno obtuvo la mayoría de los diputados postulados (65.27%). Las elecciones se desarrollaron en un clima de paz y de transparencia electoral, y el gobierno nacional, a través del presidente Nicolás Maduro, reconoció inmediatamente los resultados desfavorables, señalando el triunfo de la democracia y un llamado a toda la población y los sectores de la oposición a trabajar en conjunto para el bienestar general. Juicio y castigo a los asesinos del cacique Sabino Romero El mundo indígena fue estremecido en 2013 por el asesinato del cacique Sabino Romero, líder indígena que protagonizó la lucha del pueblo Yukpa por sus tierras ancestrales en la Sierra de Perijá, en el estado Zulia. En 2015 finalizó el juicio penal contra sus asesinos, condenando a 30 años de prisión a Ángel Romero Bracho por resultar responsable de la muerte del cacique. Igualmente, en 2014 resultaron condenados a diez años de prisión cinco personas por el delito de homicidio calificado en grado de complicidad, lesiones personales en detrimento de la pareja de Sabino Romero. Si bien estas sentencias constituyen un hecho de fundamental importancia en la lucha del pueblo indígena hacia el acceso a la justicia y contra la impunidad, los movimientos sociales siguen solicitando la condena a los autores intelectuales de los hechos y manifestaron que se encuentran alertas frente a las posibles represalias solicitando a las autoridades velar por la seguridad de la familia de Sabino Romero.

4 AMERICA DEL SUR 135 La participación del Estado venezolano en la ONU Durante el año 2015 Venezuela inicia su participación como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Así mismo, también fue electa nuevamente como miembro del Consejo de Derechos Humanos. Estas incorporaciones muestran fortalezas del Estado en el marco del respeto y cumplimiento de los derechos humanos, al tiempo que también se presentan como oportunidades para los pueblos indígenas para el mejoramiento de sus derechos. Al mismo tiempo, el Estado venezolano ha rendido informes en el marco del Comité de Derechos Humanos (HRC, por sus siglas en inglés) y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), donde ha presentado el avance y los desafíos que tiene en la garantía de los derechos de los pueblos indígenas. En el marco de la presentación de los informes, numerosas organizaciones de pueblos indígenas brindaron informaciones alternativas a las presentadas por el Estado, donde exponían los avances y los desafíos en el reconocimiento de sus derechos. En ese sentido, si bien ambos comités saludaron el avance en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Venezuela, recomendaron fortalecer las medidas para completar la demarcación y titulación de tierras y territorios ancestrales de los pueblos indígenas y garantizar la celebración de las consultas previas de acuerdo a lo establecido en la Constitución. 2 En este sentido, resulta un reto para el Estado, durante el 2016, la adopción de estas recomendaciones. La corresponsabilidad en el desarrollo de las políticas públicas La creación del Consejo Presidencial para la gestión de la política pública ha sido una novedosa figura de cogobierno. Para la conformación del Consejo se realizaron asambleas de consulta en comunidades indígenas y se eligieron a ocho voceros principales. 3 A partir de allí, durante el año 2015 este Consejo Presidencial ha venido desarrollando una agenda de trabajo de carácter colectivo que incluye demandas históricas para la reivindicación de sus derechos. Una de las acciones logradas fue el diseño de manera conjunta de viviendas que fueran respetuosas de su legado arquitectónico y la aprobación de recursos económicos para la construcción de nuevas viviendas que beneficiará a integrantes de los diferentes pueblos indígenas. 4

5 136 IWGIA EL MUNDO INDIGENA 2016 Se puede mencionar también el desarrollo de una consulta pública sobre el Proyecto de Plan Nacional de Derechos Humanos, donde los pueblos indígenas tuvieron un papel fundamental mediante la discusión y entrega de propuesta para el fortalecimiento de sus derechos. Derecho a la salud intercultural La Constitución reconoce el derecho de los pueblos indígenas a una salud integral que considere sus prácticas y culturas, así como su medicina tradicional y terapias complementarias. En el año 2003, el Ministerio del Poder Popular para la Salud dio el paso inicial para la creación, en 2006, de la Dirección de Salud Indígena como encargada del diseño e implementación de políticas de salud especialmente dirigidas a la atención de los pueblos indígenas. Durante varios años la Dirección de Salud Indígena implementó una serie de proyectos que buscaban garantizar el acceso de los indígenas a servicios de salud adaptados a sus particularidades culturales. Sin embargo, desde el año 2010 se viene experimentando un período de retroceso en la agenda de salud indígena, debido a los cambios contantes de ministros del área y la paulatina reducción presupuestaria, lo que ha ocasionado un debilitamiento institucional. Durante los dos últimos años, el Sistema Público Nacional de Salud viene padeciendo, además, los embates del acaparamiento y la consecuente escasez de medicamentos e insumos médicos, que derivó en dificultades para el acceso a los mismos, lo que ha impactado negativamente en las comunidades indígenas. Uno de los casos más graves en los servicios asistenciales de salud es el que se presenta entre los Warao, el segundo pueblo indígena más numeroso del país (cerca de ) quienes habitan la inmensa red de ríos e islas del delta de la desembocadura del río Orinoco. Los centros de salud dispuestos para la asistencia médica de 345 comunidades, dispersas en un territorio de km 2, son insuficientes y presentan escasez crónica de combustible y embarcaciones a motor para visitar las comunidades y trasladar pacientes, así como falta de médicos y déficit de dotación de insumos. Los warao presentan una de las mayores tasas de mortalidad infantil del país, que supera hasta en 20 veces la media nacional, y sus niños mueren mayoritariamente por enfermedades fácilmente prevenibles, como diarreas y otras enfermedades gastrointestinales. 5 La tuberculosis y la malaria están entre las principales causas de morbimortalidad pero, además, una epidemia de VIH/sida fue detectada en el año 2007 y está en rápido crecimiento. Según una investigación publicada en 2013, 6 entre 576 habitantes de ocho comunidades se encontró que el 9,55% estaban

6 AMERICA DEL SUR 137 infectados del virus VIH-1, y se estima que la población portadora se duplicará cada año. Esta prevalencia, dramáticamente alta, puede resultar catastrófica para el pueblo Warao. Resulta urgente que el Estado venezolano implemente programas de prevención, atención y tratamiento del VIH, tomando en consideración las particularidades culturales y la participación del pueblo Warao. Demarcación de tierras indígenas El Estado venezolano garantiza, a través de la Constitución de 1999, el derecho de los pueblos indígenas a su tierra y al hábitat que ancestralmente habitan. El proceso de demarcación involucra las Comisiones Regionales de Demarcación, que tienen presencia en todos los estados con población indígena del país, y son las encargadas de desarrollar la labor técnica para comprobar el uso histórico y ancestral de las tierras por parte de los pueblos indígenas y delimitar el área para luego remitirlo a la Comisión Nacional de Demarcación. Hasta 2014 se habían entregado 93 títulos de propiedad colectiva a los pueblos y comunidades indígenas. 7 Sin embargo, durante el 2015 no se hizo entrega de ningún nuevo título de propiedad colectiva, lo que dio lugar a un pronunciamiento por parte de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas (COIAM), que planteó al gobierno nacional una revisión urgente de todos los expedientes de demarcación solicitados y que se elabore e implemente, con la participación activa de las organizaciones indígenas, un plan de acción para avanzar en el proceso de demarcación con criterios claros y dando prioridad a las demarcaciones colectivas por pueblos indígenas y multiétnicos partiendo de las solicitudes realizadas por autodemarcación. 8 A pesar de ello, destaca en 2015 la preparación, por parte de la organización Horonami, de los requisitos para la solicitud de demarcación de la tierra del pueblo Yanomami, los cuales están en proceso de presentación ante las instancias correspondientes para su aprobación. Así mismo, resaltó la publicación del primer mapa binacional de los territorios Yanomami y Ye kwana de Brasil y Venezuela, realizado por las organizaciones Yanomami Horonami y Hutukara con el apoyo del Instituto Socioambiental (Brasil) y el Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba (Venezuela). Movimiento indígena El movimiento indígena venezolano está viviendo un proceso de organización y movilización en todo el país, entre otros para la reivindicación de sus derechos humanos frente a

7 138 IWGIA EL MUNDO INDIGENA 2016 proyectos extractivistas, el aceleramiento de los procesos de demarcación de tierras, la consulta previa, el fortalecimiento de los servicios de salud y educación. Estas organizaciones desarrollan un trabajo de monitoreo de las políticas públicas que se ha verificado a través de solicitudes, manifestaciones, participación en consultas públicas y mesas de trabajo sectoriales, donde levantaron sus voces para el fortalecimiento y la reivindicación de sus derechos. Muestra de ello son las recomendaciones brindadas en el marco del Plan Nacional de Derechos Humanos, la participación en los Comités de Naciones Unidas brindando informes o la toma de espacios públicos para el restablecimiento de derechos. Un ejemplo resaltante es el trabajo desarrollado por la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía, que agrupa a más de 15 organizaciones indígenas de base y la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA) en un espacio permanente de intercambio de información, debate y toma de decisiones sobre las acciones a desarrollar para el avance en una agenda de reivindicación de sus derechos, en la que han priorizado los temas de demarcación de tierras, salud, educación intercultural, ambiente y formación para el fortalecimiento organizativo. Otro ejemplo interesante es el de la organización yanomami Horonami, que realizó una marcha en Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas, exigiendo garantías por el derecho a la vida y a la salud debido a las problemáticas que se encuentran padeciendo las comunidades Yanomami del Alto Orinoco, y solicitaron la conformación de una mesa de trabajo sobre la atención de salud al pueblo Yanomami. En respuesta a la solicitud, el vicepresidente de la República convocó a una mesa de trabajo de alto nivel, con la presencia de representantes del Ministerio de Salud, las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Pueblos Indígenas, CorpoAmazonas, y representantes de Horonami, para abordar la situación de salud del pueblo Yanomami, y en la que se acordó diseñar un Plan de Atención en Salud al Pueblo Yanomami para ser presentado al vicepresidente, quien gestionaría los recursos ante la Presidencia de la República. Adicionalmente, como respuesta a la solicitud de Horonami, a lo largo del año se hicieron algunas mejoras en los establecimientos de salud del Alto Orinoco, que implicó la reparación de infraestructuras, dotación de insumos y el envío de un contingente médico para la atención del pueblo Yanomami. Minería y derechos de los pueblos indígenas Proyecto de minería de carbón y planta termoeléctrica en el estado Zulia El 10 de febrero de 2015, el presidente Maduro aprobó el decreto Nº publicado en Gaceta Oficial Nº , mediante el cual se reserva al Ejecutivo Nacional por

8 AMERICA DEL SUR 139 órgano del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, el ejercicio directo de las actividades de exploración y explotación de carbón y demás minerales asociados a éste, que se encuentren dentro de una superficie de hectáreas, correspondientes a cinco concesiones mineras ubicadas en los municipios Mara y Guajira del estado Zulia, designando a la empresa Carbones del Zulia, filial de PDVSA, para llevar a cabo las actividades de exploración y explotación. 9 La promulgación del decreto Nº fue una sorpresa para los movimientos sociales y ambientalistas y, especialmente, para las comunidades indígenas Wayúu que habitan las cuencas de los ríos Guasare, Socuy, Maché y Cachirí, en la Sierra de Perijá, los que se verían afectadas por esta ampliación del área de explotación decretada. Estos colectivos vienen enfrentando desde hace varios años los proyectos y empresas carboníferas, especialmente de dos concesiones activas: las minas Paso Diablo y Mina Norte, por la amenaza que representan al ambiente, a las propias comunidades indígenas y a las cuencas hidrográficas que suministran agua potable a Maracaibo (capital del Zulia) y a otras ciudades del estado. Frente a ello, el Frente de Resistencia Ecológica del Zulia, agrupando los distintos colectivos ambientalistas, miembros de movimientos sociales y habitantes de comunidades del norte de la Sierra de Perijá, iniciaron movilizaciones en contra de la explotación de carbón y la construcción de una planta carboeléctrica, promoviendo alternativas para la generación de energía limpia (eólica y solar), como es el caso del Parque Eólico de La Guajira. El Ejecutivo Nacional, en respuesta a las solicitudes realizadas por los movimientos sociales y los pueblos indígenas, rectificó el decreto en favor de las mismas, reduciendo considerablemente el área en cuestión. Minería ilegal en los estados Bolívar y Amazonas La minería ilegal de oro, diamantes y coltán aún continúa desarrollándose en los estados Bolívar y Amazonas, sin que las medidas implementadas por el gobierno hayan sido suficientes para controlar los daños que se vienen ocasionando en el ecosistema, degradando importantes sistemas fluviales, contaminando con mercurio y afectando la salud y el tejido social de los pueblos indígenas. Cuenca del río Caura A pesar de los esfuerzos que ha realizado el Estado contra la minería ilegal, a través del Plan Caura, entre otras acciones, aún persiste esta problemática, afectando la garantía y el disfrute de los derechos de los pueblos indígenas. En este sentido, la Organización Indígena de la Cuenca del Caura Kuyujani, que agrupa a 53 comuni-

9 140 IWGIA EL MUNDO INDIGENA 2016 dades Ye kuana y Sanema, denunció el aumento de la minería ilegal en el río Caura, estado Bolívar, donde más de mineros se encontrarían extrayendo oro. En un comunicado, hicieron un llamado al Gobierno nacional a combatir el ecocidio en el Caura y proteger a las comunidades indígenas en esta área. Desde el año 2014, la organización Kuyujani ha venido denunciando la dificultad para el acceso al combustible por parte de las comunidades indígenas y solicitando a los militares mejorar la distribución. Como consecuencia de esas protestas, el 18 de febrero en un acto unilateral y discrecional, un Comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana procedió a quemar las viviendas en dos comunidades indígenas. Los ye kuana y sánema retuvieron al agresor y a nueve soldados como acción de protesta por la violación a los derechos humanos que ocasionaron y exigieron la presencia de altas autoridades del Estado para iniciar un proceso de diálogo, el retiro de los militares de Pie de Salto y del Salto Pará; el desalojo minero en su totalidad y el reconocimiento de sus derechos sobre el hábitat que ocupan de manera ancestral y tradicional. 10 Ante ello, se hizo presente la ministro para los Pueblos Indígenas, quien se comprometió a hacer efectivas las exigencias de Kuyujani y se procedió a la liberación de los militares retenidos. Cuenca del medio y alto río Ventuari El 30 de enero se reunió en la comunidad de Cacurí la IV Asamblea General de la Organización Indígena Kuyunu del medio y alto Ventuari (municipio Manapiare del estado Amazonas), en la que las comunidades ye kuana y sánema discutieron la problemática de la minería ilegal y exhortaron al respeto del territorio y hábitat y el rechazo a la minería en todas sus formas, denunciando la presencia en el río Parú de 15 máquinas para la extracción de oro operadas por colombianos que se encuentran trabajando la minería ilegal y exigiendo al gobierno las acciones para el cese de las actividades. 11 Parque Nacional Canaima En 2014, más de 400 indígenas pemón kamarakoto cerraron la pista en el aeropuerto del Parque Nacional Canaima, en el estado Bolívar, en protesta contra la minería ilegal de oro en el río Carrao. Como respuesta a esta situación altos funcionarios del gobierno nacional, como la ministro para los Pueblos Indígenas, la ministro para el Turismo y los principales comandantes de las Fuerzas Armadas de la región, se comprometieron a dar respuestas a los planteamientos de las comunidades para la

10 AMERICA DEL SUR 141 erradición de la minería ilegal, así como en las áreas de salud, educación, alimentación y vivienda. Notas y referencias en html 2 Observaciones Finales sobre el cuarto informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela ante el Comité de Derechos Humanos y Observaciones Finales sobre el tercer informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela ante el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales. 3 Sesiones 24ª y 25ª, celebradas los días 2 y 3 de junio de 2015 en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Alto Comisionado de Naciones Unidas para DDHH, Ginebra Wilbert, W. y C. Ayale Lafée-Wilbert Los Warao, en Salud Indígena en Venezuela. Volumen II. Caracas: Ministerio del Poder Popular para la Salud. 6 Villalba, J.A. et al HIV-1 epidemic in Warao Amerindians from Venezuela: spacial phylodinamics and epidemiological patterns. AIDS, 27(11): Sesiones 24ª y 25ª, celebradas los días 2 y 3 de junio de 2015 en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Alto Comisionado de Naciones Unidas para DDHH, Ginebra. 8 COIAM. Comunicado de la COIAM sobre el proceso nacional de demarcación de hábitat y tierras indígenas a los 15 años de aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Petróleos de Venezuela, S. A., empresa propiedad del Estado venezolano. 10 Organización Indígena de la Cuenca del Caura Kuyujani. Comunicado a la opinión pública Asociación Civil Indígena Kuyunu. Declaración Urgente de la IV Asamblea de la Organización Indígena Kuyunu sector Medio y Alto Ventuari sobre la minería ilegal Aimé Tillett y Lucrecia Hernández son miembros del Grupo de Trabajo Socioambiental Wataniba.