Reciban el fraternal saludo del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial, SITRAJUD.

Transcripción

1 San José, 18 de diciembre de 2015 Señores y Señoras Consejo Superior Poder Judicial S. M. Estimados señores y estimadas señoras Reciban el fraternal saludo del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial, SITRAJUD. Con el respeto y la firmeza que nos caracteriza, acudimos a ustedes a exponer lo siguiente: Desde la publicación de la ley 7302 el 15 de julio de 1992 (Régimen General de Pensiones con cargo al Presupuesto Nacional y de otros Regímenes Especiales, conocida como la Ley Marco de Pensiones), se generó un debate en torno a sus implicaciones en el régimen jubilatorio del colectivo judicial, y a pesar de que se había interpretado correctamente el descuento de un año a la edad establecida en esa ley (60) por cada dos años que se hubieran servido para la administración pública, antes del 15 de julio de 1992, recientemente y de manera sorpresiva, el Consejo Superior en la sesión Nº , que celebró el 12 de noviembre de 2015, Artículo LXXXVII, acordó entre otras cosas: 6.) Como medida precautoria y en resguardo de los intereses del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, se suspende temporalmente, a partir de la fecha de este acuerdo, la interpretación que se ha venido aplicando del Transitorio III de la Ley 7302 (Ley Marco de Pensiones). Antecedentes La Ley Marco de Pensiones tuvo el propósito original de concentrar en uno solo todos los regímenes especiales de pensiones que estaban vigentes en la administración pública, uniformando sus perfiles de requisitos y beneficios, además pretendió que a partir de su promulgación, todas las personas trabajadoras de nuevo ingreso al sector público, se incorporaran y cotizaran para el régimen del I.V.M. que administra la Caja Costarricense del Seguro Social. Ese objetivo se cumplió a medias, porque a la postre exceptuó de su aplicación a los regímenes jubilatorios del Magisterio Nacional y del Poder Judicial, en el caso de este último, porque tenía sus propias fuentes de financiamiento y los beneficios no se pagaban con cargo al Presupuesto Nacional. No obstante lo anterior, siempre afectó al régimen del Poder Judicial, porque aumentó la edad jubilatoria para el colectivo judicial, que pasó de 55 a 60 años, pero en aras de reducir el impacto que tendría en quienes estuvieran laborando a ese momento, dejó establecida una norma transitoria que permite descontar de esa nueva edad jubilatoria, un año por cada dos que se hubieran servido para la administración pública.

2 Detalle de las normas mencionadas ARTICULO 2.- Esta Ley no será aplicable a las personas cubiertas por el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte que administra la Caja Costarricense de Seguro Social ni a los regímenes de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional ni al del Poder Judicial. Sin embargo, los servidores de este Poder deberán haber cumplido al menos sesenta años de edad para jubilarse en forma ordinaria (El resaltado es suplido). "TRANSITORIO III.- Aquellas personas, cuya edad para pensionarse o jubilarse quede establecida a los sesenta años y que, a la entrada en vigencia de esta Ley, sean o hayan sido servidores de los regímenes contemplados en esta norma, podrán descontar de la edad de retiro un año por cada dos de los años servidos y cotizados para la Administración Pública. En todo caso, para poder pensionarse o jubilarse, se requerirá tener un mínimo de cincuenta y cinco años de edad y los años servidos que determine su régimen." (El resaltado es suplido). Aplicación práctica en el Poder Judicial Desde el mismo año 1992, la Corte Plena evacuó consultas sobre la forma en que habría de aplicarse aquella normativa en el Poder Judicial, a raíz de los cambios que introdujo la Ley Marco. Fue así como en la sesión Nº del 7 de octubre de 1992, Artículo XVII, se consigna: La Ley Marco de Pensiones no derogó, pero si modificó el régimen del Poder Judicial en dos sentidos: a) En cuanto a la edad de retiro, que la eleva a sesenta años, en lugar de los cincuenta y cinco actuales, para las jubilaciones ordinarias (Artículo 2 de la Ley). b) ( ) Sin embargo, ambas exigencias se atemperan; la de edad por lo dispuesto en los párrafos 1º y 2º del Transitorio III de la Ley, ya que conforme a su texto las personas que al 15 de julio de 1992 fueren beneficiarios del régimen del Poder Judicial podrán, por cada dos años que hubieran servido y cotizado en la Administración Pública disminuir la edad de retiro, indicada, en un año, hasta un límite de 55 ya sea para jubilarse o pensionarse-, desde luego siempre que cuenten con los años de servicio requeridos. Sigue diciendo ese acuerdo de la Corte Plena en conclusión, los servidores que tuvieran 10 años o más de trabajar en el Poder Judicial-o que se les hubiere reconocido un tiempo, que sumado al laborado dentro de éste complete esos 10 años-, siempre que hubieren cotizado para el régimen de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial y hubieren ingresado a él antes del 15 de julio 1992, podrán obtener su jubilación ordinaria si cumplen con los otros requisitos, a la edad de 55 años. Por otra parte, como la limitación de la edad lo es sólo para las jubilaciones ordinarias, en el caso de las extraordinarias regirán los 55 años que para ellas dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en todo caso no pueden obtenerse con menos de 10 años de servicio. (El resaltado es suplido).

3 También en el acta Nº del 16 de noviembre de 1992, Artículo XC, se conoció una solicitud para que la Corte Plena se pronunciara en relación con una duda que quedaba tras lo acordado el 7 de octubre y que en lo conducente dice: En ese acuerdo se expresa: En conclusión, los servidores que tuvieran 10 años o más de trabajar en el Poder Judicial siempre que hubieran cotizado para el régimen de jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial y hubieran ingresado a él antes del 15 de julio de 1992, podrán obtener su jubilación ordinaria si cumplen con los otros requisitos, a la edad de 55 años. Esta última frase es la que ha producido inquietud en algunos compañeros afiliados a la organización, sobre todo los que están próximos a obtener la jubilación, especialmente sobre la obligatoriedad de los 55 años, pues consideran que la actual ley en relación el con transitorio II de la Ley Marco les consagran la facultad de un retiro facultativo antes de dicha edad, al indicar como requisito único los 30 años de servicio a la Institución. Discutido el asunto, se resolvió: Adicionar el Artículo XVII de la sesión del 7 de octubre y concretamente el párrafo al que hizo referencia el señor Presidente de la Asociación Nacional de Empleados Judicial (Sic.), en el sentido de que los servidores judiciales podrán obtener su jubilación ordinaria si cumplen con los otros requisitos a la edad de 55 años o al cumplir 30 años de servicio (El sub-rayado y el resaltado son del original). Intervención de la Auditoría Judicial Después de estos acuerdos y otros que tomó el Consejo Superior para otorgar las jubilaciones en la Institución, la Auditoría Judicial ha elaborado varios informes donde cuestiona la forma en que se aplica el transitorio III de la Ley Marco en el Poder Judicial, sugiriendo que la única interpretación válida sería que las personas trabajadoras judiciales, que al 15 de julio de 1992 laboraban para la Administración Pública, sólo pueden jubilarse hasta alcanzar la edad de 60 años, o si pretenden que se aplique el descuento establecido en el transitorio, deben necesariamente cumplir simultáneamente 55 años de edad y 30 de servicio. De manera que la Auditoría Judicial ha interpretado que la frase del transitorio que dice : En todo caso, para poder pensionarse o jubilarse, se requiere tener un mínimo de cincuenta y cinco años de edad y los años servidos que determine su régimen, contiene la obligación de que esas personas alcancen los 30 años de servicio. Esta apreciación es a todas luces incorrecta, ya que la ley orgánica, tanto antes, como después, de la promulgación de la Ley Marco (7302), establecía y establece la posibilidad de acogerse a la jubilación por edad o por años de servicio y cuando se alcanza sólo uno de los dos requisitos, la ley prevé las fórmulas prácticas para calcular el monto a asignar. Criterio de la Procuraduría En varias ocasiones, la Auditoría Judicial ha acudido a la Procuraduría General de La República, con la intención de que se varíe la forma en que la administración ha aplicado esta normativa, sin embargo ese órgano, de manera reiterada, ha evacuado las consultas en el sentido de que la interpretación de la administración es la correcta. La consulta C , del 01 de marzo de 2005, es especialmente esclarecedora; oportunidad el Auditor Judicial realizó las siguientes preguntas: en esa

4 1.- Es correcta la aplicación de la Ley 7302 denominada Ley Marco de Pensiones (año 1992) en el otorgamiento de las jubilaciones y pensiones judiciales, con el objeto de conferir los beneficios de la Ley anterior del Poder Judicial, a aquellos servidores que al 15 de julio del año 1992 hubiesen tenido al menos 10 años de tiempo reconocido o laborado en la institución, a pesar de que la Ley Marco en mención excluye al Poder Judicial de dicha normativa, ya que se cuenta con un Régimen de jubilaciones propio y además, tomando en cuenta que para el año 1992 todavía la Ley Orgánica del Poder Judicial ni siquiera se había modificado? 2.-En caso de que no fuese aplicable dicha normativa a la Institución, tal como lo han señalado varios criterios, qué tipo de derechos acarrea este acuerdo a los servidores judiciales que se verían beneficiados, pero que aún no han cumplido uno de los dos requisitos para acogerse al beneficio de jubilación? (servidores que al mes de julio del año 1992 tenían 10 años reconocidos o de laborar para el Poder Judicial). 3.-Por otra parte, y en caso de que la aplicación de la Ley 7302 no fuera la correcta, qué consecuencias jurídicas pueden darse respecto de las jubilaciones que se han otorgado amparadas en la aplicación de dicha normativa y cuyos efectos ya surgieron? En esta oportunidad, la Procuraduría General de La República, hace uso de copiosa información recopilada de los propios expedientes Legislativos en la tramitación de la Ley 7302, donde constan las manifestaciones de diputados y diputadas del Congreso y como parte de la respuesta a la Auditoría Judicial consigna lo siguiente: La anterior reseña del trámite legislativo del transitorio III de la Ley n es útil para tener claros los alcances de esa norma y sus implicaciones respecto al tema en consulta. Al respecto, obsérvese que la versión definitiva del transitorio no exige, como sí lo hacía la propuesta original, 10 años de servicio para poder reducir proporcionalmente los sesenta años de la edad de retiro en un año por cada dos servidos y cotizados. De esa forma, todos aquellos servidores que a la entrada en vigencia de la Ley n (15 de julio de 1992) tuviesen dos o más años servidos y cotizados para un régimen especial de pensiones, podrán reducir, en los términos ya indicados, su edad de retiro, siempre que al momento de jubilarse cuenten, al menos, con cincuenta y cinco años de edad. Aunado a lo anterior, se desechó también, de la propuesta original del transitorio, el requisito de contar con treinta años de servicio para poder optar a la jubilación, estableciéndose, más bien, que para poder pensionarse o jubilarse, se requerirá tener un mínimo de cincuenta y cinco años de edad "y los años servidos que determine su régimen". Con ello, aun cuando se asegura que nadie podrá jubilarse antes de cumplir cincuenta y cinco años de edad, se deja abierta la posibilidad de que las personas que se encuentren dentro de los presupuestos del párrafo primero del transitorio III, se jubilen con menos de treinta años de servicio, en los casos en que el régimen especial al que pertenecen así lo permita. En definitiva, el párrafo primero del transitorio III de la Ley n hizo dos concesiones a los servidores que tuviesen dos años o más de servir a la Administración Pública y de cotizar para un régimen especial de pensiones al momento de entrar en vigencia

5 esa ley. La primera de ellas consistió en reducir la edad de retiro conforme mayor fuera - en ese momento - la cantidad de años servidos y cotizados para un régimen especial. La segunda radicó en no variar a esas personas los años de servicio requeridos en su régimen especial para poder jubilarse. (Lo destacado es nuestro). (El destacado es del original). Finalmente, cabe señalar que en el dictamen C de 5 de mayo de 2004, apegándose a lo que el propio transitorio III establece, se rectificó en lo conducente el citado pronunciamiento C , de la siguiente manera: (...) en el Transitorio III de esa normativa, se establece el derecho para aquellas personas cuya edad para pensionarse quedaba fijada en sesenta años (según lo indicado en el artículo 4º), de descontar el requisito de la edad de retiro hasta un mínimo de cincuenta y cinco años. Así, por cada dos años servidos y cotizados para la Administración Pública se puede descontar uno de edad, hasta llegar a ese límite de cincuenta y cinco años. Y en tales casos, la jubilación o la pensión se concederá siempre y cuando se contara con los años servidos que determinara el régimen especial originario al cual se pertenezca. En virtud de lo expuesto, y especialmente porque según indicamos: en su momento devino aplicable el comentado Transitorio III de la Ley Nº 7302 al régimen de pensiones del Poder Judicial, estimamos que resulta innecesario evacuar las otras dos interrogantes que se someten a nuestro conocimiento, ya que las mismas se formulan hipotéticamente en el caso de que aquella normativa no resultase aplicable. Conclusiones: Si bien el artículo 2 de la Ley Marco de Pensiones establece que no es aplicable al régimen del Poder Judicial, dicha exclusión lo es en cuanto a la totalidad del nuevo marco jurídico integrador de los sistemas de pensiones, pero no así en lo que atañe a las reformas introducidas a ese sistema, concretamente en materia de la edad de retiro ordinario, que con base en esa normativa para los servidores judiciales quedó fijada en sesenta años de edad. Así las cosas, al quedar establecida la edad de retiro ordinario en sesenta años de edad, y mientras ésta se mantuvo, por así disponerlo el numeral 2 de la Ley Marco o bien la reforma introducida por la Ley 7333, en el caso del régimen de jubilaciones y pensiones judiciales, resulta lógica e irremediablemente necesaria la aplicación del Transitorio III de aquel cuerpo normativo, que permitía descontar de la edad de retiro un año por cada dos servidos y cotizados, con la condición de que la edad no podría ser inferior a los cincuenta y cinco. CONCLUSIONES DE SITRAJUD La Ley 7302 de 15 de julio de 1992, conocida como la Ley Marco de Pensiones, lo ÚNICO que modificó en el régimen jubilatorio del Poder Judicial fue el factor de la edad, que lo

6 pasó de 55 a 60 años, pero dejó garantizada una metodología de descuento, de manera que por cada dos años servidos a esa fecha se rebajara un año a la nueva edad que estableció. De manera que la aplicación correcta de las leyes para las personas trabajadoras judiciales que tenían al menos dos años de servicio público al 15 de julio de 1992, es descontar del factor de la edad un año por cada dos años laborados, el resto de la normativa se mantiene incólume. En razón de esto, la forma en que la Dirección de Gestión Humana venía aplicando la normativa es la correcta y cualquier modificación afecta derechos adquiridos consolidados del colectivo judicial, ya sea en servicio activo o acogido a la Jubilación. SOLICITUD DE REVISÓN DEL ACUERDO DEL CONSEJO SUPERIOR Con fundamento en los argumentos que hemos desarrollado, en el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial, (SITRAJUD), consideramos que la forma en que se venía aplicando la normativa de comentario, estaba ajustaba a la legislación vigente y por ello manifestamos nuestra inconformidad con el acuerdo del Consejo Superior de la Sesión Nº , de 12 de noviembre del 2015, Artículo LXXXVII, que suspendió temporalmente la aplicación del transitorio III de la Ley Nº 7302 (Ley Marco de Pensiones) para el colectivo judicial, en la forma en que se venía haciendo. Solicitamos respetuosamente, que en apego al principio de legalidad, ese Consejo Superior revise lo actuado y restituya de inmediato la aplicación del transitorio III de la Ley 7302 de 15 de julio de 1992, para todas las personas que al 15 de julio de 1992, laboraban para la Administración Pública, conforme las reglas prácticas que se habían dictado y que estaba ejecutando la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial, en aplicación de la legislación que hemos citado. Sin más que agregar por el momento, nos es grato suscribirnos Atentamente Hernán Campos Vargas Secretario General Jorge Cartín Elizondo Secretario de Actas y Correspondencia SITRAJUD Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial

7 Cc. Magistrados y Magistradas que integran la Corte Plena Procuraduría General de La República Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial