TEMA 3: PROCESO DE DESAMORTIZACIÓN Y CAMBIOS AGRARIOS. HISTORIA DE ESPAÑA 2º BACHILLERATO. Profesor: Rafael Esparragoso Vázquez.

Transcripción

1 TEMA 3: PROCESO DE DESAMORTIZACIÓN Y CAMBIOS AGRARIOS 1. El concepto de desamortización y sus precedentes La desamortización es el proceso por el cual el Estado se incauta de bienes de propiedad colectiva (eclesiásticos o civiles). Estos bienes son nacionalizados y posteriormente puestos en venta a través de subastas, los convierte por tanto en propiedades privadas. Por otra parte, es preciso distinguir entre bienes desvinculados y bienes desamortizados. En el primer caso, los bienes se hacen libres en sus mismos poseedores (por ejemplo, en los mayorazgos), en el segundo, sus poseedores los pierden. Durante el reinado de Carlos III los ilustrados defendieron la necesidad de cambiar el sistema de propiedad de la tierra. En el Antiguo Régimen, una gran parte de la tierra era de manos muertas, es decir, tierras vinculadas a dominios monásticos o a municipios y, además de no tributar, no podían ser vendidas por sus titulares. Si se quería promover la reforma agraria era necesario que pasaran a ser bienes privados susceptibles de mejoras técnicas. Entre , con Godoy, los gastos derivados de la política belicista y el crecimiento de la deuda pública obligaron a iniciar una desamortización de bienes municipales y eclesiásticos. Se expropiaron así los bienes de los jesuitas y de obras pías (hospicios, beneficencia, etc.). Las Cortes de Cádiz elaboraron una legislación proclive a la supresión de conventos y órdenes religiosas, que implicaba también la venta de sus propiedades. No obstante, la restauración del absolutismo en 1814 significó la anulación de estas medidas y la consecuente devolución de los bienes vendidos. Por último, durante el Trienio Liberal volvieron a entrar en vigor las decisiones de las Cortes de Cádiz, pero en 1823 retornó el régimen absolutista, y Fernando VII obligó a restituir los bienes vendidos. 2. La desamortización de Mendizabal Contexto Histórico: Durante la Regencia de Mª Cristina ( ) los liberales pusieron los cimientos para la construcción del Estado liberal. Por su parte, los moderados, consideraban que las reformas tenían que llevarse a cabo sin poner en peligro sus propiedades y sustentadas en el orden y en una autoridad fuerte, por ello fortalecerán las atribuciones de la Corona y limitarán al máximo la participación política. En cambio, los progresistas, serán partidarios de acometer reformas profundas y radicales, limitando el papel político de la Corona y ampliando la base electoral. Tras la sublevación de los sargentos de la Granja de San Ildefonso en agosto de 1836, los progresistas acceden al poder. Fue entonces cuando Mendizabal (responsable de las carteras de Estado, Guerra, Marina y Hacienda) elaborará la Ley de desamortización eclesiástica. Los objetivos que Mendizabal aspiraba a alcanzar, con sus leyes desamortizadoras: Conseguir ingresos para pagar, por un lado, la deuda pública contraída por el Estado, por otro, obtener recursos económicos para sufragar la guerra carlista. Crear un sector de propietarios que se sintiesen afines al régimen liberal. Los compradores de bienes desamortizados ligarían su suerte a la victoria del bando liberal en la guerra, pues un hipotético triunfo de los carlistas obligaría a devolver los bienes a la Iglesia. Crear una clase media de campesinos propietarios.

2 Poco antes del ascenso de Mendizábal se aprobaron dos Reales Decretos (15 julio 1834 y 4 julio 1835) que suprimieron de forma definitiva tanto la Inquisición como la Compañía de Jesús. También se decretó la supresión de conventos y monasterios que contasen con menos de doce profesos. Los bienes de todos ellos pasaron a ser de propiedad estatal. El 11 de octubre de 1835 Mendizábal promulgó un decreto mediante el cual se suprimían las órdenes religiosas, una medida justificada en tanto que se consideraban desproporcionados sus bienes respecto a los que entonces tenía la nación. Cuatro meses más tarde, el 19 de febrero de 1836, se declaraban en venta todos los bienes de las Comunidades y corporaciones religiosas extinguidas. El medio de venta sería el de la subasta pública, previa tasación, y se contemplaba como un posible medio los títulos de la deuda consolidada por todo su valor nominal. Entre se desamortizaron el 62 % de las propiedades de la Iglesia, primero del clero regular (tierras, casas, monasterios y conventos con todos sus enseres) y después del clero secular (Catedrales e iglesias en general). Los bienes subastados alcanzaron una puja media del 220% sobre el precio de salida; fueron adquiridos en su mayoría por los inversores burgueses, puesto que eran los únicos que tenían liquidez. En estas compras sólo se abonaba el 20% al contado, el resto se pagaba aplazado. Dentro del sector del progresismo, uno de los pocos opositores a las leyes desamortizadoras de Mendizabal fue Flórez Estrada quien, a pesar de declararse partidario de la desamortización, propuso arrendar las tierras por 50 años a los mismos colonos que las estaban trabajando a la Iglesia. De este modo, el Estado no perdería la propiedad de los bienes y podía destinar las rentas al pago de las deudas. Por último, a pesar de que los moderados ( ) paralizaron el decreto de desamortización, en realidad, ya quedaban muy pocos bienes eclesiásticos que nacionalizar. 3. La desamortización de Madoz La segunda gran desamortización fue iniciada, de nuevo con los progresistas en el poder ( ), que habían accedido otra vez a través de un pronunciamiento militar, único recurso posible ante las restricciones que les imponía la Ley Electoral de 1846 y la propia Corona, que nunca confiará en ellos para las tareas de gobierno. La Ley Madoz o de desamortización general, de 1 de mayo de 1855, afectaba no solo a los bienes de la Iglesia. Se declararon en venta todos los bienes pertenecientes a manos muertas no afectados en anteriores desamortizaciones. De todos ellos, sobresalen por su importancia los bienes pertenecientes a los municipios, tanto los propios (bienes propiedad del pueblo y cuyos beneficios revertían en la totalidad de la comunidad, por ejemplo, a través de mejoras en infraestructuras), como los comunes (bienes de propiedad del pueblo pero que eran aprovechados de forma individual por los vecinos, por ejemplo, para llevar el ganado a pastar o para recoger leña). La finalidades de la ley Madoz era similares a las leyes desamortizadoras de Mendizábal, por lo tanto, la de obtener recursos económicos para el Estado. En este caso tampoco existió una preocupación por parte de los progresistas sobre el acceso a la tierra de los desposeídos. Otra coincidencia es la del procedimiento de subasta pública para la venta de los bienes. No obstante, se introdujeron algunas novedades, por ejemplo, la forma de pago que sólo podría hacerse en metálico y en un plazo máximo de quince años (en 1856 se admitieron títulos de Deuda para pagar la mitad del valor total de los bienes adquiridos)

3 Entre 1855 y 1856 se subastaron más de fincas rústicas y unas urbanas, por un valor cercano a los 8000 millones de reales. La desamortización de los bienes del clero incluidos en esta ley supuso la ruptura de la Corona con la Iglesia. Las consecuencias de las desamortizaciones fueron muy variadas: Desmantelamiento de buena parte de los bienes de la Iglesia. Por su parte, el diezmo, fue igualmente suprimido en Para compensar las pérdidas en 1845 se estableció una contribución de culto y clero. A pesar de haber perdido su condición de estamento privilegiado, la Iglesia mantuvo su influencia en las mentalidades y en la educación, que casi monopolizaba Eliminación de la propiedad comunal, esto provocó un agravamiento en la situación del campesinado al no poder hacer uso de los terrenos comunes de su municipio. Fue una de las causas que explican que una parte de la población rural emigrara a las ciudades. La desamortización atenuó el problema de la deuda, pero no lo resolvió. No obstante, comenzaron a tributar un importante número de propiedades que hasta entonces habían permanecido exentas, aumentando así los ingresos de la Hacienda. La desamortización no produjo un aumento de la producción agraria puesto que los nuevos propietarios, en general, no emprendieron mejoras, sino que se limitaron a seguir cobrando las rentas al sustituir los antiguos derechos señoriales por nuevos contratos de arrendamiento más caros. La compra de tierras, inutilizó un dinero líquido que hubiera sido de vital importancia para poner en práctica la incipiente industrialización de España. La desamortización supuso la pérdida y expolio de los bienes culturales, especialmente de los antiguos monasterios. Muchas obras de arte fueron vendidas a precios muy bajos y, en gran parte, salieron hacia otros países. Todo ello, a pesar de que en 1840 se habían creado unas comisiones cuya misión era la de catalogar y custodiar esos bienes. En las ciudades la alta burguesía acaparó los mejores edificios del centro. Asimismo los conventos se convirtieron en cuarteles o edificios públicos, en algunos casos incluso fueron derribados para construir grandes plazas. La desamortización acentuó el latifundismo en Andalucía y Extremadura. Las tierras y las fincas urbanas fueron a parar a los antiguos terratenientes locales, a nuevos inversores de la burguesía financiera, industrial o profesional. Durante el reinado de Isabel II, en pleno siglo XIX, la población aumentó de unos once millones a principios del XIX a unos diecinueve a fines del siglo; se construyó una gran parte de la red ferroviaria; las ciudades crecieron con gran rapidez; varias industrias, como la textil algodonera, la siderúrgica, la minera vieron su producción multiplicada; pero a pesar de estos avances la economía española distaba mucho de la de la mayor parte de Europa. Los cambios introducidos en la primera mitad del siglo XIX (eliminación del señorío y de los mayorazgos; libertad de cercamiento de tierras, de comercialización y de precios, entre otros) no se tradujeron en innovaciones. Así, la productividad de la tierra no aumentó, y sólo se incrementó la producción debido a la puesta en cultivo de más tierras después de la desamortización.

4 Un hecho destacado en este periodo es la decadencia de la cabaña ganadera como consecuencia de la explotación de tierras hasta entonces destinadas a pastos. Del mismo modo disminuyó el abono natural aportado a la tierra, lo que contribuyó a hacer descender los rendimientos. La población agrícola se mantuvo en permanente amenaza de hambre a causa de malas cosechas o de plagas. Se sucedieron varias crisis agrarias (1825, 1837 y 1847) que repercutieron en la capacidad de compra del campesinado, que utilizaba aproximadamente más del 50% de su presupuesto en la compra del pan y un poco más del 60% en la alimentación en general. Por su parte, los gobiernos moderados, que defendían sobre todo los intereses de los propietarios de la tierra, realizaron una política comercial proteccionista precisamente para garantizar la venta a precios elevados de la producción, reservando para ello el mercado nacional. El resultado es que, en años de buenas cosechas, los precios se mantuvieron relativamente altos al no haber competencia exterior ni un mercado nacional suficientemente articulado (buenas comunicaciones entre los distintos puntos del país), mientras que en años de malas cosechas los precios se disparaban. Así los propietarios conseguían de esta manera acumular enormes ganancias, pero sin invertir en la mejora de la producción, puesto que el gobierno les garantizaba un mercado nacional reservado. En definitiva, a pesar de todos los cambios agrarios de la primera mitad del siglo XIX, estamos ante una agricultura estancada que ni aportaba mano de obra a la industria (por su falta de mecanización) ni mercado suficiente para los productos fabriles, ni capitales necesarios de ser susceptibles de inversión. En conjunto, la agricultura supondrá un lastre importante para el desarrollo de los demás sectores productivos. 4. Conclusión de los inicios del desarrollo industrial en España durante el reinado de Isabel II En contraposición a Inglaterra, Francia o Bélgica, la incorporación de España a la revolución industrial resultó tardía, incompleta y desequilibrada, tanto regional (periferia industrial catalana, asturiana y vasca, y en los medios financieros de Madrid) como sectorialmente (industria textil y siderúrgica). En definitiva, el fracaso de la industrialización en España viene protagonizado por: Carencia de materias primas. Una deficiente red de comunicaciones. El atraso tecnológico. La falta de capitales. Dependencia técnica, financiera y energética del exterior. Debilidad del mercado interior español a causa de la baja capacidad adquisitiva y de consumo de la mayor parte de la población. Excesivo apego de los grupos industriales españoles a las protecciones arancelarias, cuya consecuencia fue la escasa competitividad de los productos españoles La debilidad de la economía española generó una serie de crisis periódicas simultáneas a las de la economía internacional, pero con efectos más profundos: 1847, 1856 y, sobre todo, , cuyos efectos se prolongaron hasta Como conclusión, se puede advertir que el reinado de Isabel II se avanzó en la construcción de un sistema económico capitalista en el que la burguesía española comenzó a integrarse. Sin embargo, la realidad nacional seguía manteniendo una estructura socioeconómica atrasada, que era esencialmente agraria, con graves desequilibrios en el reparto de la riqueza y con una mayoría de la población analfabeta.

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