Lima, tres de noviembre. Del año dos mil ocho.

Transcripción

1 Lima, tres de noviembre Del año dos mil ocho. LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, vista la causa número cuatro mil setecientos cuatro dos mil siete, en Audiencia Pública de la fecha, y producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia; MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el demandado Hugo Alfredo García Salvatecci, mediante escrito de fojas ciento doce contra la resolución de vista emitida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, su fecha veinte de junio del año dos mil seis, que confirmó la sentencia apelada de fojas sesenta y uno, que declara fundada la demanda, procediéndose con la ejecución del proceso; FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Que, el recurso de casación fue declarado procedente por resolución del ocho de enero del año dos mil ocho, por la causal prevista en el inciso tercero del artículo trescientos ochenta y seis del Código Procesal Civil, en virtud de lo cual, el recurrente denuncia la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, por cuanto la Sala Superior no ha valorado lo manifestado en su escrito de contestación de la demanda, en el que señaló que formalizó denuncia contra el vendedor del inmueble sub litis Iván Julio Zalaquett Salazar por los delitos de fraude y estafa, habiéndose originado el expediente número doscientos trece dos mil cuatro, que se tramita ante el Trigésimo Tercer Juzgado Penal de Lima, debido a que la verdadera propietaria de dicho inmueble es su hermana Norma Ruth García Salvatecci; asimismo, tampoco ha tenido en cuenta que en el año dos mil cuatro, el demandante le interpuso una demanda de desalojo por la causal de conclusión de arrendamiento, en la que señaló que existía un contrato entre las partes, en el que se había acordado el pago de una renta mensual de ochocientos nuevos soles; y, por tales motivos, el A quo antes de emitir pronunciamiento, debió proceder de conformidad a lo dispuesto en el artículo ciento noventa y cuatro del Código Procesal Civil y solicitar como prueba de oficio que se le remitieran tanto el expediente número mil ciento noventa y ocho dos mil cuatro sobre desalojo por conclusión de arrendamiento como el expediente penal número doscientos trece dos mil cuatro, para determinar si el recurrente posee o no la calidad de ocupante precario; y, CONSIDERANDO: Primero. Que, en el caso de autos, por medio del escrito obrante a fojas catorce, John Vicente Robertson Argote interpone demanda de desalojo por ocupación precaria y la dirige contra Hugo Alfredo García Salvatecci, para que desocupe y restituya el inmueble de su propiedad, ubicado en la Calle Los Alcanfores número quinientos sesenta y cinco, departamento mil dos, distrito de Miraflores, el mismo que adquirió de su anterior propietario Iván Julio Zalaquett Salazar mediante Escritura de Compraventa de fecha dieciséis de junio del año dos mil tres y que el demandado viene ocupando hace años sin tener título ni vínculo contractual alguno, por lo que le cursó una carta notarial requiriéndole la desocupación del inmueble, sin que el referido demandado cumpla con desocuparlo hasta la fecha; Segundo. Que, el demandado al contestar la demanda mediante escrito de fojas treinta y nueve, refiere que se encuentra en posesión del inmueble, en mérito a que su hermana, que es la verdadera propietaria del bien se lo permite, y en cuyo nombre posee, cuida y administra el inmueble sub litis; y, que el contrato de compraventa celebrado entre el demandante e Iván Julio Zalaquett Salazar, ambos ciudadanos bolivianos, adolece de nulidad insubsanable y constituye un hecho delictivo concertado que viene siendo ventilado penalmente ante el Trigésimo Tercero Juzgado Penal de Lima, cuyo expediente es el

2 signado con el número doscientos trece dos mil cuatro, sobre fraude y estafa; agregando que el demandante primero le interpuso una dem anda de desalojo por vencimiento de contrato ante el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, alegando que existía entre ambos un contrato verbal de arrendamiento, siendo que en dicho proceso se declaró fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante y demandado, al acreditarse que era falsa la calidad de arrendador que ostentaba el actor; y, ahora le interpone otra demanda de desalojo por ocupación precaria, resultando ambas incongruentes; Tercero. Que, a fojas sesenta y uno obra la sentencia que declara fundada la demanda y ordena que el demandado cumpla con restituir al demandante el inmueble sub litis en el plazo de seis días, señalándose que con el documento obrante a fojas cinco, el demandante ha acreditado la calidad de propietario que tiene respecto del mencionado inmueble, sin embargo, el demandado no ha acreditado con prueba alguna que cuenta con título para poseer el bien, conforme lo había señalado en su escrito de contestación a la demanda; Cuarto. Que, apelada que fuera la sentencia de fojas sesenta y uno por la parte demandada, la Sala Superior la confirmó, señalando que no obstante a que la contradicción del demandado se sustenta en que posee, cuida y administra el inmueble sub litis, que es de propiedad de su hermana, resulta de aplicación al presente caso, el principio de legitimación previsto en el artículo dos mil trece del Código Civil, en virtud del cual los asientos registrales se presumen ciertos, exactos y veraces, en tanto no se rectifique o se declare judicialmente su invalidez; no existiendo prueba alguna que la hermana del demandado sea la propietaria del inmueble sub litis, en consecuencia la copia literal de la Partida número cuarenta y un millones setecientos treinta mil ochocientos cincuenta y cuatro de fojas cinco resulta cierta, sin existir prueba en contrario, por tanto, produce todos sus efectos legales; Quinto. Que, al sustentar su causal procesal, el demandado refiere que la Sala Superior no ha valorado lo manifestado en su escrito de contestación de la demanda, respecto a que formuló denuncia por los delitos de fraude y estafa contra Iván Julio Zalaquett Salazar, que es la persona que vendió el inmueble sub litis al demandante, originándose el Expediente número doscientos trece dos mil cuatro, el mismo que se tramita ante el Trigésimo Tercer Juzgado Penal de Lima, y que la verdadera propietaria de dicho inmueble es su hermana Norma Ruth García Salvatecci; asimismo, tampoco tomó en cuenta que en el año dos mil cuatro, el demandante le interpuso una demanda de desalojo por la causal de conclusión de arrendamiento, originándose el Expediente número mil ciento noventa y ocho dos mil cuatro, en el que alegó que existía un contrato de arrendamiento entre ambos; por lo que, el A quo antes de emitir pronunciamiento, debió aplicar lo dispuesto en el artículo ciento noventa y cuatro del Código Procesal Civil, y por tanto solicitar como prueba de oficio que le remitieran los dos expedientes mencionados, para determinar si el recurrente tiene o no la calidad de ocupante precario; al respecto cabe mencionar que el referido dispositivo legal señala que el Juez en decisión motivada e inimpugnable puede ordenar la actuación de los medios probatorios adicionales que considere convenientes, cuando los ofrecidos por las partes sean insuficientes para que le formen convicción; Sexto. Que, efectivamente el demandado tanto en su escrito de contestación a la demanda como en su recurso de apelación contra la sentencia mencionó la existencia de los procesos señalados en el considerando precedente, habiendo acreditado la existencia sólo del proceso de desalojo número mil ciento noventa y ocho dos mil cuatro, conforme se verifica del Acta de Audiencia Única obrante a fojas treinta y tres, en la que se declararon fundadas las excepciones de falta de legitimidad para obrar del demandante y

3 demandado, declarándose concluido el proceso, por lo que no resultaba necesa rio que el A quo cuente con el mencionado expediente al momento de resolver, por obrar en autos el Acta de Audiencia antes mencionada; y, con respecto al proceso penal número doscientos trece dos mil cuatro, que refiere haber instaurado contra la persona que le vendió el inmueble sub litis al demandante, no existe en autos medio probatorio alguno que acredite su existencia, ya que a lo largo del proceso, el demandado quien es el que alegó dicho hecho, no presentó ninguna prueba tendiente a corroborar la existencia y el estado del proceso mencionado, y conforme a lo previsto en el artículo ciento noventa y seis del Código Procesal Civil, debía corresponder a dicha parte procesal probar sus afirmaciones; Sétimo. Que, sin embargo en el numeral segundo del artículo cincuenta y uno del Código Procesal Civil, se señala que los Jueces están facultados para ordenar los actos procesales necesarios para el esclarecimiento de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes; concordante con lo previsto en el artículo ciento noventa y cuatro del Código acotado, referido a que pueden ordenar de oficio la actuación medios probatorios adicionales a los ofrecidos por la partes; atendiendo a que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica; es decir, que el Juez como director del proceso tiene el deber de verificar los hechos expuestos por las partes y en tal virtud dirigir el proceso hacia el establecimiento de la verdad jurídica objetiva; y para cumplir con su deber de verificación, cuenta con determinados poderes inquisitivos para el esclarecimiento de la certeza de los hechos controvertidos, poderes de iniciativa probatoria que son independientes de la carga de la prueba, la cual incumbe a las partes; Octavo. Que, en ese sentido resultaba necesario contar con el expediente penal mencionado al momento de resolver la presente causa, toda vez que en dicho proceso se podría verificar si el Contrato de Compraventa mediante el cual el demandante adquirió el inmueble sub litis está siendo cuestionado, y si la posesión que ostenta el demandado sobre el referido inmueble, le habría sido autorizada por su hermana Norma Ruth García Salvatecci, quien habría tenido la calidad de propietaria del bien; más aún cuando la Partida Registral número cuarenta y un millones setecientos treinta mil ochocientos cincuenta y cuatro obrante a fojas cinco y seis se encuentra incompleta, no pudiendo verificarse de quién adquirió el inmueble sub litis Iván Julio Zalaquett Salazar, quien es el que vendió el inmueble al demandante, ya que falta el asiento número tres, por lo que también resultaba necesario contar con dicha partida al momento de resolver la presente litis; Noveno, siendo así, al verificarse la contravención de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, debe ampararse el presente recurso de casación y proceder conforme a lo dispuesto en el numeral dos punto tres, inciso segundo del artículo trescientos noventa y seis del Código Procesal Civil; RESOLUCION: Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandado Hugo Alfredo García Salvatecci mediante escrito de fojas ciento doce, CASARON la resolución impugnada, en consecuencia, declararon NULA la sentencia de vista de fojas noventa y uno, su fecha veinte de junio del año dos mil seis, e INSUBSISTENTE la resolución apelada de fojas sesenta y uno, su fecha treinta de setiembre del año dos mil cinco; MANDARON que el Juez de la causa emita nuevo fallo con arreglo a lo actuado y a derecho; DISPUSIERON se publique la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano ; en los seguidos por John Vicente Robertson Argote contra Hugo Alfredo García Salvattecci; sobre Desalojo por Ocupación Precaria; y, los devolvieron; interviniendo como Vocal Ponente el señor Ticona Postigo.

4 S.S. TICONA POSTIGO SOLÍS ESPINOZA PALOMINO GARCÍA CASTAÑEDA SERRANO MIRANDA MOLINA cbs Corte Suprema de Justicia de la República Sala Civil Transitoria CASACIÓN LIMA DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA PAGE PAGE 3

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