ANTECEDENTES DEL CASO

Transcripción

1 13/03/13 ANTECEDENTES DEL CASO Una ciudadana presenta una queja aduciendo que el día 8 de mayo de 2012, sobre las 21 horas, se encontraba bebiendo una cerveza de lata con una amiga en el casco viejo de la ciudad cuando se personó la Policía Local de Vitoria-Gasteiz y, tras cachearlas, le interpusieron una denuncia, mediante la entrega del correspondiente boletín de denuncia, cuya descripción reza lo siguiente: "la persona epigrafiada se encontraba bebiendo cerveza". Con fecha 15 de mayo de 2012 la ciudadana presenta alegaciones en las que, sin negar en ningún momento que estuviera bebiendo cerveza, aduce su sorpresa porque se le imponga una multa por estos hechos; hechos que finalmente no fueron objeto de sanción administrativa. Con fecha 1 de octubre de 2012, sin embargo, esta vecina recibe una resolución de incoación de expediente sancionador cuyo concepto es el siguiente: "ocupación a la persona expedientada, el día 8 de mayo de 2012, en el Pasaje de San Pedro de esta ciudad, de 0,451 grs. de una sustancia compacta de color marrón que según análisis del área de Sanidad de la Subdelegación del Gobierno correspondiente da positivo a reacciones de identificación de cannabis (haschis), producto sometido al control internacional de estupefacientes". La reclamante en ningún momento niega que estuviera bebiendo cerveza en el momento de la denuncia, y se muestra dispuesta a asumir la multa correspondiente si ha lugar, pero por el contrario niega rotundamente que estuviera consumiendo o poseyera haschis o cualquier otra sustancia estupefaciente. Además, afirma que no se le formuló ni se le notificó ninguna denuncia en el momento, ni siquiera se le informó de que 1

2 iba a ser denunciada por ese motivo. Sólo se le informó de la primera denuncia, es decir, por beber cerveza, de la que le dieron copia del correspondiente boletín, que aporta. En el expediente administrativo constan, por un lado, el mencionado boletín de denuncia debidamente cumplimentado en el que se imputa el consumo de alcohol, boletín del que la reclamante aporta la copia destinada a las personas denunciadas, y por otro, "Acta de Denuncia e Incautación" de una "sustancia compacta de color marrón presumiblemente haschis", y en las observaciones "realizando patrulla de seguridad ciudadana se observa a dos jóvenes fumando sustancias estupefacientes y consumiendo bebidas alcohólicas en vía pública". Finalmente, la reclamante es sancionada con una multa de 300,51 euros por una infracción grave de tenencia y consumo de sustancias estupefacientes, de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1/1992, de Seguridad Ciudadana. ANÁLISIS DEL CASO El procedimiento sancionador se caracteriza por ser un procedimiento que se inicia de oficio, en virtud de acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia. En materia de seguridad del tráfico, la normativa sectorial contempla que el acto iniciador del procedimiento sancionador sea la propia denuncia de los agentes de la autoridad. Es un hecho consabido que las denuncias de los agentes de la autoridad gozan de una presunción de veracidad y fuerza probatoria, al responder a una realidad directamente apreciada por los mismos. Es igualmente obvio, que dicha presunción es iuris tantum, es decir, que admite prueba en contrario. 2

3 Por consiguiente, la persona denunciada puede aportar pruebas que contradigan la versión de los agentes de la autoridad, y de esa forma sostener y hacer prevalecer su presunción de inocencia. Sin embargo, no es menos cierto que la posibilidad que la ciudadanía tiene de aportar pruebas con auténtica fuerza absolutoria; una posibilidad ya de por sí notablemente mermada por la citada presunción de veracidad de las denuncias policiales, se ve aún más limitada cuando la notificación formal de la infracción, se produce mucho más tarde que la propia infracción, como en este caso, que la resolución de incoación del expediente sancionador por tenencia de estupefacientes se notifica casi 5 meses después de que se produjera la infracción. Vaya por delante que en el caso que nos ocupa no consta prueba alguna que refute los hechos relatados por los agentes en el acta de incautación, así como en el atestado y en el escrito de ratificación de los agentes, más allá del propio testimonio de la persona denunciada, que en sí mismo no es suficiente para hacer decaer la presunción de veracidad de los agentes. Asimismo, justo es reconocer que el procedimiento incoado se ajusta a Derecho, ya que la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, a diferencia del Texto Refundido de la Ley de Tráfico, no exige que la notificación de la denuncia se produzca (salvo los supuestos de excepción contemplados) en el momento mismo en que se haya cometido la infracción. Y sin embargo, no nos cabe duda de que la presunción de inocencia, así como el derecho de defensa, se garantizan con mucho mayor vigor cuando el ciudadano que presuntamente comete una infracción obtiene en ese mismo momento una notificación del acto que se le imputa y de sus circunstancias, pues es en ese momento cuando tiene mayores posibilidades de recabar y asegurar pruebas que sostengan su defensa. 3

4 Desde la oficina del Síndico se efectuó la oportuna consulta al Departamento de Seguridad Ciudadana sobre si cuando los agentes incautan cualquier tipo de sustancias estupefaciente o útiles para su uso a un ciudadano, se le facilita en el momento un copia del acta de incautación, y si se le ofrece el acta de incautación para que la firme, a lo que desde el Departamento se nos contesta que los impresos de Acta de Ocupación sólo los llevan los agentes 1º y no siempre hay uno en todas las actuaciones. Por tanto, no es habitual que se confeccione al Acta en el momento ni que se le entregue una copia de la misma." En relación con las infracciones contempladas en las ordenanzas municipales, en el informe del Departamento de Seguridad Ciudadana se nos responde que "si se trata de infracciones de Tráfico o Medioambiente, lo habitual es entregar una copia del boletín de denuncia. En el resto de las infracciones no se suele entregar nada, salvo que el agente opte por rellenar los datos en un boletín de denuncia de tráfico. Finalmente, se pregunta sobre cuál es el criterio que se sigue en materia de infracciones de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, y se nos responde que "no existen boletines para otro tipo de infracciones y, por tanto, no se entrega boletín alguno. No obstante, a la persona infractora siempre se le informa de que se va a confeccionar un informe del que, posiblemente, se derivará una sanción administrativa." y finalmente, se apostilla: "siempre que se trata de menores, además, se envía una carta informativa a los padres. En estos casos se hace mención expresa al agente notificador para que se entregue la misma a los padres". Es obvio que cuando un agente incauta cualquier sustancia sospechosa a un ciudadano, en ese momento aún no puede conocer la naturaleza de la sustancia y si la misma dará lugar, o no, a la imposición de una sanción administrativa, o incluso a la apertura de diligencias penales. Tampoco ponemos en cuestión que los agentes adviertan en el momento a los ciudadanos sobre las posibles consecuencias que puedan derivarse de dicha incautación. Pero a pesar de tales premisas, consideramos muy 4

5 pertinente que el ciudadano al que se le incauta cualquier sustancia pueda certificar mediante su firma que dicha sustancia le ha sido incautada (y no cualquier otra, o de cualquier otra clase) y si no desea firmarlo, al menos pueda obtener una copia del Acta de incautación, pues de ese modo puede tener constancia fehaciente de los hechos por los que presumiblemente se le impondrá la correspondiente sanción, e incluso, si no finalmente no se trata de ninguna sustancia estupefaciente o útil destinado al consumo, podría, eventualmente solicitar su devolución. Lógicamente, este criterio no sería de aplicación cuando la tenencia diera lugar a diligencias penales. Del mismo modo, cuando un ciudadano o ciudadana comete una infracción administrativa que no constituya una infracción de tráfico, pero que tenga su origen en "una realidad apreciada directamente por los agentes de la autoridad", es decir, cuando se derive de la constatación instantánea de un hecho infractor por parte de un agente (la tenencia o consumo de sustancias estupefacientes, la tolerancia al consumo, incumplimiento en materia de horario de establecimientos, alteraciones leves de la seguridad colectiva, desórdenes leves, desobediencia a los mandatos de la autoridad o de sus agentes, etc.), sería muy recomendable que en ese momento los agentes de la autoridad expidieran a la persona infractora el correspondiente boletín de denuncia. Por todo lo anterior, y con base en lo estipulado en el artículo 19.b) del Reglamento del Defensor Vecinal del Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz, en aras a lograr una mejora de los servicios de la Administración municipal, emitimos las siguientes Recomendaciones 1.- Que siempre que la Policía Local incaute cualquier tipo de sustancia estupefaciente o útil para su consumo que pudiera ser causa de una infracción administrativa, se le aporte a la persona decomisada copia del Acta de Incautación, ofreciéndole la posibilidad de firmar la copia de 5

6 dicha acta destinada a la Administración, para dar fe de su recepción. 2.- Que cuando una persona cometa una infracción administrativa distinta de las infracciones de tráfico, también se le expida el correspondiente boletín de denuncia, con un contenido análogo al de aquellas. En Vitoria-Gasteiz, el 13 de marzo de Síndico Defensor Vecinal Sindikoa-Herritarren Defendatzailea Fdo.: Martin Gartziandia Gartziandia 6