86-T-2003 I. CONSIDERANDOS: A. ANTECEDENTES DE HECHO. ALEGATOS DE LAS PARTES. 1. DEMANDA.

Transcripción

1 86-T-2003 SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: San Salvador, a las quince horas y cuarenta minutos del día quince de noviembre de dos mil cuatro. En el presente juicio contencioso administrativo promovido por la Sociedad TRANSTOOLS DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, de este domicilio, por medio de su Apoderada General Judicial, la abogada Verónica de los Ángeles Altamirano Lacayo, se impugna de ilegal la resolución dictada por el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos, a las diez horas del treinta de abril de dos mil tres, por no haber admitido el recurso de apelación respecto a los DAI e IVA determinados por la Dirección Genera de la Renta de Aduanas por medio de la resolución de las ocho horas cuarenta y cinco minutos del dieciocho de diciembre de dos mil dos. Han intervenido: la parte actora en la forma antes indicada, el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos, como autoridad demandada y en forma sucesiva los licenciados Elba Janeth Henríquez Martínez y Manuel Francisco Rivas Pérez, mayores de edad, abogados, en carácter de delegados y en representación del Fiscal General de la República. I. CONSIDERANDOS: 1. DEMANDA. A. ANTECEDENTES DE HECHO. ALEGATOS DE LAS PARTES. a) Acto impugnado y autoridad demandada. La sociedad demandante dirige su pretensión contra el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos, por la emisión del acto antes mencionado, cuyo contenido ha sido descrito en el inicio de esta sentencia. b) Circunstancias. Por medio de su apoderada general judicial, la demandante expresa que el recurso de apelación lo interpuso contra la resolución pronunciada por la Dirección General de la Renta de Aduanas, a las ocho horas cuarenta y cinco minutos del dieciocho de diciembre de dos mil dos, en la cual determinó sumas en concepto de Derechos Arancelarios a la Importación, Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, e impuso además una multa. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos al admitir dicho recurso lo hizo respecto a la multa y no por la determinación de los DAI e IVA mencionados. Por lo anterior, la disposición legal que considera violada es el Art. 51 de la Ley Especial para Sancionar Infracciones Aduaneras. Menciona asimismo, que el Art. 45 de la precitada ley establece el recurso de apelación contra actos y resoluciones emitidas por las autoridades aduaneras competentes en las cuales sancionen infracciones administrativas o tributarias, es decir, que en tal disposición no se otorga al contribuyente el derecho de defenderse contra la ilegalidad de los actos de la Administración Pública, por lo que en su opinión se viola el derecho de

2 defensa que establece la Constitución. Al respecto agrega que el derecho de audiencia prescrito en el Art. 11 Cn., se caracteriza por ser un derecho de contenido procesal, instituido como protección efectiva de los demás derechos de los gobernados, estén o no reconocidos en la Constitución. Este derecho se vuelve efectivo frente a las leyes, debiendo el órgano legislativo instituir en la norma que crea los procedimientos que conceden al gobernado la oportunidad de ser escuchado en su defensa por las autoridades encargadas de aplicarla, antes de realizar en cumplimiento de ellas algún acto de privación u obstaculización de derechos. En consecuencia, toda ley que faculta privar de un derecho a la persona, debe establecer las causas para hacerlo y los procedimientos a seguir, por que de lo contrario se estaría violando el derecho de audiencia. En conclusión, señala la demandante, que la exigencia del proceso previo supone dar al demandado y todos los intervinientes en el proceso la posibilidad de exponer sus razonamientos y de defender sus derechos de manera plena y amplia. c) Argumentos jurídicos de la pretensión. La no admisión del recurso de apelación respecto a la determinación de los DAI e IVA contenidos en la resolución objeto del recurso interpuesto ante el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos, viola el Art. 51 de la Ley Especial para Sancionar Infracciones Aduaneras y el Art. 11 de la Constitución por las razones antes expuestas. d) Petición. La parte actora solicita que en sentencia definitiva se declare ilegal la resolución pronunciada por el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos. 2. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Se admitió la demanda, se tuvo por parte a la Sociedad TRANSTOOLS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., por medio de su apoderada general judicial, licenciada Verónica de los Ángeles Altamirano Lacayo. Se solicitó a la autoridad demandada informe sobre la existencia del acto atribuido y se ordenó la suspensión provisional del acto impugnado. Al contestarse afirmativamente dicho informe, se solicitó el informe que señala el Art. 24 LJCA; se confirmó la suspensión decretada provisionalmente y se ordenó notificar la existencia de este juicio al señor Fiscal General de la República. 3. INFORME DE LA PARTE DEMANDADA. El Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos señala que admitió el recurso de apelación respecto a la multa por clasificación incorrecta en la Declaración de Mercancías número 116, impuesta por la Dirección General de la Renta de Aduanas, Departamento Jurídico, mediante resolución DJCO 1696, de las ocho horas cuarenta y cinco minutos del dieciocho de diciembre de dos mil dos, en razón a que el artículo 51 de la Ley Especial para Sancionar Infracciones Aduaneras, sólo le otorga competencia para conocer del recurso de apelación contra las resoluciones en materia de infracciones y sanciones que emita la Dirección General de la Renta de Aduanas. Lo anterior equivale a decir, que la precitada normativa no lo habilita para conocer y resolver sobre el procedimiento liquidatorio que establecen los artículos 101 y 102 CAUCA, en relación con el artículo 15 de la Ley de

3 Simplificación Aduanera y artículo 197 RENCAUCA. Por lo antes expuesto, se abstuvo de admitir el recurso respecto a la determinación de los DAI e IVA y conocer sobre los mismos. Se agregó el escrito y la credencial presentados por la licenciada Elba Yaneth Henríquez Martínez a quién se dio intervención en este proceso en carácter de delegada y en representación del señor Fiscal General de la República. 4. TERMINO DE PRUEBA. El juicio se abrió a prueba por el término de ley, dentro del cual ninguna de las partes hizo uso de esta etapa procesal. 5. TRASLADOS. Se corrieron los traslados que ordena el Art. 28 L.J.C.A., los cuales fueron contestados en su orden en los siguientes términos: a) La parte actora es del criterio que al no admitirse el recurso interpuesto respecto a la determinación de los DAI e IVA, se le condena a pagar sumas en dichos conceptos, sin ser previamente oída y vencida en juicio con arreglo a las leyes. Que el art. 45 de la Ley Especial para Sancionar Infracciones Aduaneras, al conceder el recurso de apelación respecto a los actos y resoluciones emitidas por las autoridades aduaneras que sanciones infracciones administrativas o tributarias, no permite poder defenderse contra la ilegalidad de los actos de la administración pública y que por tanto viola el Art. 11 de la Constitución. b) El Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos reiteró que no admitió el recurso interpuesto respecto a la liquidación contenida en la resolución de mérito, por no tener competencia para conocer de resoluciones liquidatorias de la Dirección General de Renta de Aduanas; que el art. 45 de la Ley Especial para Sancionar Infracciones Aduaneras que cita la parte actora, se debe interpretar en el contexto del art. 1 inciso 1º de la citada ley, y así entender que cuanto el artículo 45 señala "que cuando se afecten en cualquier forma los derechos de los administrados", se refiere a aquellos derechos que resulten afectados como consecuencia de una resolución sancionadora y no a cualquier acto aislado que se considere lesionador de derechos. Sostuvo además, que en la Legislación Nacional no existe ninguna ley que le de competencia para conocer como contralor en materia arancelaria o de valoración, como requieren los artículos 103 y 104 del CAUCA. Si bien los artículos 230 y 231 del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA), disponen de un recurso de apelación contra los actos y resoluciones que emita la Autoridad Superior del Servicio Aduanero, en el entendido que la autoridad superior en el presente caso es el Director General de la Renta de Aduanas y de serlo así, el que conocería sería el Ministerio de Hacienda, salvo en lo correspondiente a materias de clasificación arancelaria y valoración, que según el CAUCA quedaría circunscrito a los Comités Arancelarios y de Valoración Aduanera de conformidad a los artículos 103 y 104 de dicho cuerpo normativo, para los que no se ha legislado internamente y sin atribuir competencia a un Tribunal Aduanero, excepto en materia sancionadora en la Ley Especial para Sancionar Infracciones Aduaneras que es la que confiere competencia al Tribunal de Apelaciones de los Impuestos

4 Internos. Por todo lo anteriormente expuesto se concluye que no existe violación al derecho de Defensa y Audiencia que alega la demandante y que para el caso de autos, la vía administrativa se agota con el acto liquidatorio de la Dirección General de la Renta de Aduanas. c) La representación fiscal es de la opinión que el Art. 51 de la Ley Especial para Sancionar Infracciones indica que la competencia del Tribunal de Apelaciones no está limitado sólo al conocimiento relacionado con la parte sancionadora, sino con los casos que afecten cualquiera de los derechos de los usuarios del Servicio de Aduanas. Por tanto, el precitado Tribunal tiene competencia para conocer de los recursos de apelación contra las resoluciones de la Dirección General de la Renta de Aduanas sobre materia de infracciones y sanciones administrativas o tributarias, suspensión o cancelación de autorizaciones y finalmente las que afecten en cualquier forma los derechos de los administrados. De conformidad con el art. 48 inciso 2º de la LJCA se solicitó a la autoridad demandada remitiera el expediente administrativo respectivo, el cual se ha tenido a la vista. B. FUNDAMENTOS DE DERECHO. 1.- OBJETO Y LIMITES DE LA PRETENSIÓN. La Sociedad demandante pretende se declare la ilegalidad de la resolución dictada por el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos a las diez horas del día treinta de abril de dos mil tres. En sus argumentaciones la parte actora expone, que el recurso de apelación se interpuso contra la resolución pronunciada por la Dirección de la Renta de Aduanas, a las ocho horas cuarenta y cinco minutos del dieciocho de diciembre de dos mil dos, en la cual determina cuotas en concepto de DAI e IVA y además impone una multa. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos al admitir el recurso únicamente lo hizo respecto a la multa y no sobre la determinación de los DAI e IVA. El hecho de no admitirse el recurso de apelación en lo concerniente a la determinación de los DAI e IVA, a consideración de la parte actora viola el art. 51 de la Ley Especial para Sancionar Infracciones Aduaneras. Por otra parte alega, que debido a que el art. 45 de la precitada ley no otorga al administrado el derecho de defenderse contra la ilegalidad de los actos de la Administración Pública, tal disposición viola el art. 11 de la Constitución por limitar el derecho de defensa. 2. NORMATIVA APLICABLE. La Ley de Organización y Funcionamiento del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos en los artículos 1 y 2 otorga competencia al referido órgano para conocer de los recursos de apelación que interpongan los contribuyentes contra las resoluciones definitivas, en materia de liquidación de oficio de impuestos e imposición de multas, que emita la Dirección General de Impuestos Internos.

5 Por disposición expresa contenida en la Ley Especial para Sancionar Infracciones Aduaneras, se establece que contra los actos o resoluciones emitidos por la Dirección General de la Renta de Aduanas, por medio de las cuales sancione infracciones administrativas o tributarias, o se suspendan o cancelen las autorizaciones para operar o se afecten en cualquier forma los derechos de los administrados, podrá interponerse recurso de apelación, el cual será conocido por el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos, el cual tendrá en este caso el carácter de Tribunal Aduanero, en relación a lo dispuesto en el CAUCA. El Capitulo III de la indicada ley, en su artículo 45 hace referencia a los recursos administrativos disponiendo que: "Los actos y resoluciones emitidas por las autoridades aduaneras competentes, por medio de las cuales se sancionen infracciones administrativas o tributarias, o se suspendan o cancelen las autorizaciones para operar o se afecten en cualquier forma los derechos de los administrados, podrán ser impugnados por los afectados mediante los recursos, formas y plazos que establece la presente ley". Mas adelante, en el Art. 51 la misma ley expone que: "Contra las resoluciones de la Dirección General podrá interponerse el recurso de apelación, el que será conocido por el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos, conforme a las formalidades, plazos, procedimientos y disposiciones legales que regulan las actuaciones de ese Tribunal, el cual tendrá en estos casos el carácter de Tribunal Aduanero a los efectos de lo prescrito por el Código Aduanero Uniforme Centroamericano". De la lectura de los preceptos legales que anteceden y del mismo contexto de la Ley Especial para Sancionar Infracciones Aduaneras, resulta claro que la competencia que la expresada normativa confiere al Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos, únicamente se limita al conocimiento en grado de apelación, de las resoluciones que emita la Dirección General de la Renta de Aduanas, en materia de infracciones y sanciones a que hace referencia dicha ley. Lo que se confirma de lo establecido en el artículo 1 inciso. 1º que establece: "La Presente ley tiene por objeto tipificar y combatir las conductas constitutivas como infracciones aduaneras, establecer las sanciones y el procedimiento para aplicarla". De lo anterior se concluye que no existe violación al art. 51 que cita la parte actora, pues tal como se ha mencionado, del contexto mismo de la Ley Especial para Sancionar Infracciones Aduanas se establece que el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos no tiene competencia para conocer de las liquidaciones de Derechos Arancelarios a la Importación ni del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios que emita la Dirección General de la Renta de Aduanas. En lo referente a que el artículo 45 de la Ley Especial para Sancionar Infracciones Aduaneras, únicamente concede el recurso de apelación contra actos y resoluciones emitidas por las autoridades aduaneras competentes, por medio de las cuales se sancionen infracciones administrativas y tributarias, lo que a juicio de la demandante viola el derecho de defensa establecido en el Art. 11 Cn., puesto que la limita a defenderse contra la ilegalidad de los actos de la Administración Pública, prima facie se advierte que la inconformidad de la parte actora se centra en el ordenamiento jurídico antes citado y no contra el acto administrativo objeto de este proceso.

6 En ese sentido, esta Sala aprecia que no tiene competencia para pronunciarse respecto a los argumentos vertidos por la actora, por no ser materia de su competencia, siendo en este caso, la Sala de lo Constitucional el Tribunal competente para conocer sobre el agravio invocado a través de la vía del amparo contra ley. Sin perjuicio de lo anterior debe señalarse que el acceso a la justicia, lo que incluye tanto el derecho al planteamiento de los recursos en sede administrativa como el acceso a la vía judicial para el control de legalidad de los actos administrativos, es un derecho que sólo puede ejercerse a través de los causes que el legislador secundario establece. Así, conforme a los términos de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la posibilidad de desencadenar el control de la legalidad de los actos de la Administración Pública está sujeto a los límites y restricciones derivadas del cumplimiento de los presupuestos requeridos por parte de los administrados. Para el caso, el art. 7 letra a) establece como requisito de admisibilidad de la acción contencioso administrativa, que el acto que se pretende impugnar haya agotado la vía administrativa. La misma ley establece que este requisito se tiene por cumplido, cuando se haya hecho uso en tiempo y forma de los recursos pertinentes y cuando la ley lo disponga expresamente. Lo anterior implica, que previo a acceder a esta jurisdicción (a quien corresponde el control de la legalidad de los actos de la Administración Pública) el administrado debe hacer uso de los recursos establecidos en los respectivos ordenamientos jurídicos. Lógicamente si la ley de que se trate no tiene contemplado recurso alguno, al administrado le queda expedita la vía para impugnar directamente ante esta jurisdicción el acto cuestionado. De los precedentes párrafos se desprende que el hecho que un ordenamiento jurídico no tenga contemplado recurso contra determinado acto, no significa que la normativa en cuestión viole el derecho de defensa. En todo caso y tal como se ha expuesto, al administrado le queda la posibilidad de acudir directamente ante esta jurisdicción a efecto de impugnar el acto administrativo de que se trate. En atención a lo expuesto por la representación fiscal, relativo a que el artículo 51 de la Ley Especial para Sancionar Infracciones Aduaneras no limita la competencia al Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos para conocer exclusivamente de la materia sancionadora, sino también a los casos en que afecte cualquiera de los derechos de los administrados y que por tanto puede conocer sobre el acto objeto del recurso, esta Sala como acertadamente lo señala el Tribunal de Apelaciones demandado, sostiene que las disposiciones de la Ley Especial para Sancionar Infracciones Aduaneras, en especial el art. 45, no deben interpretarse de forma aislada sino dentro del contexto de la ley misma, la que en su artículo 1 inciso 1º establece: "La Presente ley tiene por objeto tipificar y combatir las conductas constitutivas como infracciones aduaneras, establecer las sanciones y el procedimiento para aplicarlas". Desde esta perspectiva resulta lógico que al señalar el artículo 45 "cuando se afecten en cualquier forma los derechos de los administrados", se refiere a aquellos derechos que

7 resulten afectados en ocasión de emitirse resoluciones que tengan por objeto combatir las conductas constitutivas de infracciones aduaneras y no a cualquier acto aislado que se considere lesionador de derechos. Sólo de existir resolución sancionadora que violente derechos de los administrados, se puede con toda seguridad recurrir en grado de apelación ante el expresado Tribunal de Apelaciones; por consiguiente resulta impropia la opinión invocada por la representación fiscal, por cuanto el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos no puede conocer de materias que la ley no le faculte expresamente. En conclusión, el acto administrativo del Tribunal de Apelaciones se enmarca dentro de lo dispuesto en el artículo 51 de la precitada Ley, cuya disposición no debe interpretarse de manera aislada, sino en conjunción con el mismo artículo 45 de ese mismo ordenamiento jurídico. Por concluirse en este proceso que el acto pronunciado por el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos, mediante el cual admitió el recurso de apelación únicamente respecto a la multa impuesta por la Dirección General de la Renta de Aduanas, no viola el artículo 51 de la Ley Especial para Sancionar Infracciones Aduaneras, sino por el contrario fue emitido con base en el mismo, resulta que acto impugnado es legal. II. FALLO. POR TANTO, con base en las razones expuestas y artículos 421 y 427 Pr. C.; 31 y 32 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, 45 y 51 de la Ley Especial para Sancionar Infracciones Aduaneras, a nombre de la República, esta Sala FALLA: A. Que es legal la resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos a las diez horas del día treinta de abril de dos mil tres, mediante la cual únicamente admitió el recurso de apelación contra la multa determinada por la Dirección General de la Renta de Aduanas, por medio de la resolución de las ocho horas cuarenta y cinco minutos del día dieciocho de diciembre de dos mil, y no contra los Derechos Arancelarios a la Importación e Impuestos a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, determinados en esa misma resolución. B. Condenase en costas a la parte actora conforme al Derecho común; C. En el acto de la notificación, entréguese certificación de esta sentencia al Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y a la representación Fiscal; y, E. Devuélvase el expediente administrativo a su oficina de origen. NOTIFÍQUESE. M. POSADA RENE FORTIN MAGAÑA J. N. R. RUIZ M. A. CARDOZA A PRONUNCIADA POR LOS SEÑORES

8 MAGISTRADOS QUE LA SUSCRIBEN RUBRICADAS ILEGIBLE.