Contribución del Procurador de los Derechos Humanos sobre la Situación de la Pena de Muerte en Guatemala

Transcripción

1 Contribución del Procurador de los Derechos Humanos sobre la Situación de la Pena de Muerte en Guatemala Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala Guatemala, abril de 2016

2 En carta dirigida a las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, Ms. Nathalie Prouvez, Jefe de Estado de Derecho y Sección de Democracia, Estado de Derecho, Igualdad y No-Discriminación, solicitó información sobre la pena capital y la aplicación de las salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a muerte, prestando especial atención a la imposición de la pena de muerte a personas que en el momento de cometer el delito tuvieran menos de 18 años, a mujeres embarazadas y a personas con discapacidad mental o intelectual, en base la resolución A/HRC/DEC/18/117 del 17 de octubre de 2011 del Consejo de Derechos Humanos. El Procurador de los Derechos Humanos de la República de Guatemala, Jorge Eduardo de León Duque, se complace en brindar la siguiente contribución: 1. Aplicación de la pena de muerte en Guatemala Actualmente no existen personas condenadas a pena de muerte en el país. En el año 2000 la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala 1 suspendió la ejecución de las sentencias condenatorias a pena de muerte 2 ; y, en 2012, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió revocar 54 sentencias condenatorias a muerte dictadas contra procesados por secuestro, asesinato y violación, otorgando en su lugar la sentencia máxima de 50 años de prisión en cada caso 3, dando un paso importante hacia la abolición de facto de la misma. La moratoria de facto en la aplicación de la pena de muerte se extendió en , sin embargo, se dio como resultado de las dificultades legales surgidas alrededor del recurso de gracia, y no de una posición gubernamental oficial sobre el tema. El 11 de febrero de 2016, la CC resolvió suspender la aplicación de la pena de muerte por el delito de asesinato, como estaba contemplada en el artículo 132 del Código Penal guatemalteco 5. No obstante, la pena de muerte aun se encuentra vigente en el país para los delitos de parricidio, ejecución extrajudicial, plagio o secuestro, desaparición forzada, dar 1 Expediente No Corte de Constitucionalidad en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo: Guatemala, 31 de octubre de Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La pena de muerte en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: de restricciones a abolición Pág Crónica. Pena capital una ley muerta, 19 de febrero de En: consultada el Desde el 2000 no se aplica le pena de muerte. En enero de 2012 la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia anunció la anulación de la pena de muerte para 54 condenados, debido a que se alegó una violación a la legítima defensa (Prensa Libre, consulta del 25/03/2013), para 2013 no existen condenados a muerte. 5 Expediente Publicado en el Diario Oficial el 22 de marzo, 2016 Página 1 de 4

3 muerte al Presidente o Vicepresidente de la República 6, y no existe un procedimiento legal que regule el indulto 7. El Procurador de los Derechos Humanos, en su Informe Anual de Situación 2014 señaló que la moratoria de facto de la aplicación de la pena de muerte puede verse como la mayor señal de que el Estado está encaminado a abolirla. Sin embargo, al mantener la prolongación del suspenso sin el impulso de ninguna acción legislativa que busque la abolición definitiva de dicha pena, se está dando un mensaje equivocado de que eventualmente se pueda reactivar su aplicación Recurrentes intentos de reactivar la aplicación de la pena de muerte en Guatemala En julio de 2012, diputados del Congreso de la República presentaron el proyecto de ley 4476, Ley reguladora de la pena de muerte o cadena perpetua; en mayo de 2013 la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del mismo emitió dictamen desfavorable; el dictamen todavía no ha sido conocido por el Pleno. En el primer trimestre de 2016, parlamentarios de varios bloques partidarios, incluido el del partido oficial, presentaron dos nuevas iniciativas de ley con el objetivo de reactivar la aplicación de la pena de muerte: la primera en febrero, iniciativa 4941 Ley Procedimental de la Pena de Muerte; y la segunda en marzo, iniciativa 5038 Ley Reguladora del Procedimiento para la Conmutación de la Pena de Muerte. Por su parte, el Presidente y Vicepresidente de la República, quienes tomaron posesión de sus cargos en enero de 2016, han emitido sendas declaraciones a favor de la aplicación de la pena de muerte Larga data de la vigencia de la pena de muerte en Guatemala La historia constitucional de Guatemala da cuenta de una larga data de la vigencia de la pena de muerte en el país, como se observa en el siguiente cuadro. 6 De conformidad con los artículos 131, 132, 132 bis, 201, 201 ter y 383, respectivamente, del Código Penal, Decreto del Congreso de la República. 7 El indulto en Guatemala se conoce también como recurso de gracia y es por medio del cual la autoridad competente (que en su oportunidad era el Presidente de la República) sustituye o conmuta la pena de muerte por otra más benigna para el condenado y que en el país consiste en la pena máxima de privación de libertad por 50 años. 8 PDH. Informe Anual Circunstanciado Situación de los Derechos Humanos. Pág. 9 (consultado el 12 de abril de 2016) ; (consultado el 12 de abril de 2016). Página 2 de 4

4 Federal de Centro América, 1824 Constitución Política del Estado de Guatemala, 1825 Reformas a la Constitución Federal de Centroamérica, decretadas en año 1835 Ley Reglamentaria adicional a la de 5 de diciembre de 1839 Constitución Política de la República de Centroamérica del 9 de septiembre de 1921 Asamblea Nacional Constituyente el 11 de marzo de 1945 Asamblea Constituyente en 2 de febrero de 1956 Asamblea Constituyente el 15 de septiembre de 1965 Asamblea Constituyente el 15 de septiembre de 1965 Constitución Política de la República de Guatemala 1985 Tabla 1 Vigencia de la pena de muerte en Guatemala. Periodo Art. 152 Art. 182 Art. 157 Art. 24 Art. 32 Art. 52 Art. 69 Art. 54 Art. 189 Art. 18 No podrá imponerse pena de muerte sino en los delitos que atenten directamente contra el orden público, y en el asesinato, homicidio premeditado o seguro. No podrá imponerse pena de muerte sino en los delitos que atenten directamente contra el orden público, y en el asesinato, homicidio premeditado o seguro. No podrá imponerse pena de muerte, sino en los delitos que atenten directamente contra el orden público, y en el de asesinato, homicidio premeditado o seguro. No podrá imponerse la pena de muerte sino por los crímenes que atenten contra el orden público, por el de asesinato, homicidio alevoso o premeditado y seguro, y por los delitos puramente militares que tengan pena capital por la Ordenanza del Ejército. La Constitución garantiza a los habitantes de la República, la vida, la honra, la seguridad individual, la libertad, la propiedad, la igualdad ante la ley y el derecho de defensa. Queda, en consecuencia abolida la pena de muerte. A nadie debe condenarse sin haber sido citado, oído y vencido en juicio. La pena de muerte sólo se aplicará previa sentencia dictada en juicio por los tribunales de la República, y por los delitos que determina la ley, cometidos por varones mayores de edad. Contra tales sentencias -que nunca podrán fundarse en prueba de presunciones- cabrán siempre todos los recursos legales existentes, inclusive los de casación y gracia, exceptuándose los casos de invasión del territorio, plaza o ciudad sitiadas y movilización con motivo de guerra. Los Tribunales de justicia impondrán la pena de muerte por los delitos que determina la ley. No podrá imponerse con fundamento en presunciones, ni podrá aplicarse ni a las mujeres ni a los menores de edad. Contra las sentencias que impongan esta pena serán admisibles todos los recursos legales existentes, inclusive los de casación y gracia. Los dos últimos recursos no serán admitidos en casos de invasión del territorio, plaza o ciudad sitiadas y movilización con motivo de guerra. La pena de muerte tendrá carácter extraordinario. No podrá imponerse con fundamento en presunciones, ni se aplicará a mujeres o menores de edad, a mayores de setenta años, a reos de delitos políticos, ni a reos cuya extradición haya concedida bajo esa condición. Contra las sentencias que impongan la pena de muerte serán admisibles todos los recursos legales pertinentes, inclusive los de casación y de gracia. Estos dos recursos no serán admitidos en los casos de invasión del territorio, plaza o ciudad sitiadas o movilización con motivo de guerra. La pena se ejecutará después de agotarse todos los recursos. Son funciones del Presidente de la República 30. Conmutar la pena de muerte por la inmediata inferior y conceder indulto en lo relativo a delitos políticos y comunes conexos. Pena de muerte. La pena de muerte no podrá imponerse en los siguientes casos: a) Con fundamento en presunciones; b) A las mujeres; c) A los mayores de sesenta años; d) A los reos de delitos políticos y comunes conexos con los políticos; y e) A reos cuya extradición haya sido concedida bajo esa condición. Contra la sentencia que imponga la pena de muerte, serán admisibles todos los recursos legales pertinentes, inclusive el de casación; éste siempre será admitido para su trámite. La pena de ejecutará después de agotarse todos los recursos. El Congreso de la República podrá abolir la pena de muerte. Fuente: elaboración PDH/DIDH, en base al Digesto Constitucional de Guatemala. Página 3 de 4

5 La Constitución de 1921, abolió la pena de muerte, sin embargo, las subsiguientes Constituciones volvieron a contemplar su aplicación. Si bien la Constitución de 1985, vigente en la actualidad, establece una firme protección del derecho a la vida, al expresar en su artículo 2 que es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida,.y en su artículo 3 que El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona, mantiene vigente la aplicación de la pena de muerte, y a pesar de que establece importantes excepciones. Es importante tener en cuenta que la Constitución de 1985 prevé un mecanismo relativamente sencillo para la abolición de la pena de muerte, mediante un procedimiento legislativo fuera del rigorismo que implica una reforma constitucional (art. 18). 4. Recomendación del Procurador de los Derechos Humanos para abolir la pena de muerte En el marco de la posibilidad que da la CPRG para abolir la pena de muerte, el Procurador de los Derechos Humanos, en su Informe Anual Circunstanciado 2013, recomendó al Congreso de la República impulsar un procedimiento legislativo para abolir la pena de muerte, ya que dicho procedimiento no requiere de los formalismos que deben cumplirse para reformar otras normas constitucionales 10. De forma consecutiva, el Procurador de los Derechos Humanos ha señalado en sus informes anuales circunstanciados 11 la demora del Estado de Guatemala en adoptar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 12, y el Protocolo de la Organización de los Estados Americanos de , ambos instrumentos destinados a abolir la pena de muerte. 10 PDH. Informe Anual Circunstanciado Situación de los Derechos Humanos Pág. 366 (disponible en: 11 PDH. Informe Anual Circunstanciado Pág. 268; Informe Anual Circunstanciado Pág. 353; Informe Anual Circunstanciado Pág. 253; Informe Anual Circunstanciado Pág. 86; Informe Anual Circunstanciado Pág Aprobado y proclamado por la Asamblea General en su resolución 44/ de diciembre de Adoptado en Asunción, Paraguay, el 6 de agosto de Página 4 de 4