Lima, 29 de enero de 2013 ANTECEDENTES

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1 PROCEDENCIA : COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE LA LIBERTAD PROCEDIMIENTO : DE OFICIO DENUNCIADA : ARZOBISPADO METROPOLITANO DE TRUJILLO MATERIAS : SERVICIOS EDUCATIVOS NULIDAD ACTIVIDAD : ENSEÑANZA SECUNDARIA DE FORMACIÓN GENERAL SUMILLA: Se declara la nulidad de todo lo actuado en el procedimiento que halló responsable al Arzobispado Metropolitano de Trujillo, debido a que dicho acto administrativo se emitió sin cumplir con el procedimiento regular establecido por nuestro ordenamiento jurídico. Lima, 29 de enero de 2013 ANTECEDENTES 1. Mediante Resolución 1 del 29 de abril de 2011, la Secretaría Técnica de la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de La Libertad inició un procedimiento de oficio contra el Arzobispado Metropolitano de Trujillo 1 (en adelante, el Arzobispado) por presunta infracción de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), puesto que: (i) No brindó información por escrito, antes de finalizar el período escolar 2010 y durante el proceso de matrícula 2011, sobre el monto de la matrícula y su Reglamento Interno; (ii) no informó por escrito, antes de finalizar el período escolar 2010 y durante el proceso de matrícula 2011, el monto, número, oportunidad de pago y posibilidad de incremento de las pensiones escolares; (iii) exigió el pago adelantado de las pensiones de enseñanza; y, (iv) suspendió el servicio educativo por falta de pago de pensiones escolares. 2. Mediante Resolución 2 del 20 de mayo de 2011, la Comisión dispuso que debía entenderse como parte denunciada a Institución Educativa Parroquial Dante Aligheri (en adelante, el Colegio). 1 RUC Con domicilio Fiscal en: Av. América Sur 2380, Urb. Santa María, Trujillo; de acuerdo con la información obtenida en M-SPC-13/1B

2 3. En sus descargos, el Colegio señaló lo siguiente: (i) Era una persona jurídica distinta a su promotora Arzobispado Metropolitano de Trujillo-; (ii) únicamente le era aplicable la Resolución Ministerial ED, Reglamento de Centros Educativos de Acción Conjunta Iglesia Católica - Estado Peruano; (iii) informó las condiciones económicas del servicio educativo antes de finalizar el año escolar 2010, durante la clausura del año escolar y a través del documento denominado Cláusulas que contienen las condiciones y especificaciones institucionales, pedagógicas y económicas respecto de la prestación del servicio educativo de la Institución Educativa Parroquial Dante Alighieri para el año escolar Adicionalmente, precisó que dicha información se encontraba publicada en los periódicos murales de su institución; (iv) negó haber requerido el pago adelantado de las pensiones escolares. A efecto de evitar confusiones entregó a los padres de familia un nuevo cronograma de pagos; (v) cumplió con entregar a los padres de familia su Reglamento Interno; y, (vi) a partir del año 2011, dejó de condicionar el servicio educativo al pago de pensiones escolares. 4. Mediante Resolución /INDECOPI-LAL del 19 de octubre de 2011, la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de La Libertad (en adelante, la Comisión) resolvió lo siguiente: (i) Halló responsable al Arzobispado por infringir el artículo 74º literal a) del Código, al haber quedado acreditado que no brindó información por escrito, antes de finalizar el período escolar 2010 y durante el proceso de matrícula 2011, sobre el monto de la matrícula y su Reglamento Interno; (ii) halló responsable al Arzobispado por infringir el artículos 75º del Código, al haber quedado acreditado que no informó por escrito, antes de finalizar el período escolar 2010 y durante el proceso de matrícula 2011, el monto, número, oportunidad de pago y posibilidad de incremento de las pensiones escolares; (iii) halló responsable al Arzobispado por infringir el artículo 1.1º literal c) del Código, al haber quedado acreditado que requería el pago adelantado de las pensiones de enseñanza; (iv) halló responsable al Arzobispado por infringir el artículo 1.1º literal c) del Código, al haber quedado acreditado que condicionaba el servicio educativo al pago de las pensiones de enseñanza; y, 2/8

3 (v) sancionó al Arzobispado con una multa de 2 UIT 2 y le ordenó medidas correctivas destinadas a revertir los efectos de las conductas infractoras El 23 de noviembre de 2011, el Arzobispado apeló la Resolución /INDECOPI-LAL argumentando lo siguiente: (i) cuestionó la competencia del Indecopi para iniciar y tramitar procedimientos en su contra; (ii) informó las condiciones económicas del servicio educativo antes de finalizar el período escolar; (iii) el hecho de cobrar las pensiones escolares el último día del mes no configuraba una infracción al Código; (iv) negó haber condicionado el servicio educativo al pago de pensiones escolares; y, (v) no correspondía la imposición de una multa, dado que no incurrió en infracción alguna. 6. El 29 de noviembre de 2011, el Colegio apeló la Resolución /INDECOPI-LAL alegando que: (i) era una institución promovida por el Arzobispado; (ii) dado que pertenecía a la Iglesia Católica no le eran aplicables las normas de derecho interno sino las del Derecho Canónico; (ii) cuestionó la competencia del Indecopi para conocer los hechos materia de controversia; y, (iii) reiteró los argumentos presentados en sus descargos. 7. Mediante Resolución /INDECOPI-LAL del 16 de diciembre de 2011, la Comisión declaró: (i) improcedente el recurso de apelación del Colegio; y, (ii) la nulidad parcial de la Resolución 2 del 20 de mayo de 2011 en el extremo que encausó el procedimiento contra el Colegio 8. El 2 de enero de 2012, el Arzobispado y el Colegio dedujeron la nulidad de la Resolución /INDECOPI-LAL. 9. Mediante escrito del 25 de julio de 2012, el Arzobispado y el Colegio solicitaron el uso de la palabra. 2 3 La Comisión impuso al Arzobispado las siguientes multas: - Por no informar por escrito, antes de finalizar el período escolar y durante el proceso de matrícula, el monto de la matrícula del siguiente período, así como su Reglamento Interno: 0,5 UIT - Por no informar por escrito, antes de finalizar el período escolar y durante el proceso de matrícula, el monto, número, oportunidad de pago y posibilidad de incremento de las pensiones escolares: o,5 UIT - Por requerir el pago adelantado de las pensiones escolares: Amonestación - Por condicionar el servicio educativo: 1 UIT La Comisión ordenó al Arzobispado que cumpla con: (i) Brindar información a los padres de familia, antes de finalizar el período escolar y durante el proceso de matrícula, sobre las condiciones económicas del servicio educativo y su Reglamento Interno; (ii) abstenerse de requerir el pago adelantado de las pensiones de enseñanza; y, (iii) publicar el comunicado anexo a la resolución en un lugar visible y cercano a la puerta de ingreso del centro educativo y a la Oficina de Tesorería o el área que haga sus veces. 3/8

4 ANÁLISIS La solicitud de informe oral 10. El Arzobispado y el Colegio solicitaron a la Sala Especializada en Protección al Consumidor (en adelante, la Sala) que les conceda el uso de la palabra para sustentar sus alegatos referidos al asunto objeto de controversia. 11. El artículo 16º del Decreto Legislativo 1033, Ley de Organización y Funciones del INDECOPI, señala que quedará a criterio del órgano resolutivo convocar o denegar la solicitud para la actuación del informe oral En el presente caso, la Sala considera que cuenta con elementos de juicio suficientes para emitir un pronunciamiento. Asimismo, en la solicitud de informe oral, no se hizo referencia a la necesidad de presentar ante la Sala nuevos elementos de juicio para la resolución del caso que justifiquen la audiencia. 13. En consecuencia, corresponde denegar el uso de la palabra solicitado por el Arzobispado y el Colegio. La validez de la Resolución /INDECOPI-LAL 14. Los procedimientos administrativos seguidos por la Comisión de oficio o a instancia de parte para investigar presuntas infracciones a las normas de protección al consumidor son procedimientos que implican el ejercicio de la potestad sancionadora y, en mérito a dicha naturaleza, están sujetos a la observancia de los principios que rigen la función punitiva de la Administración. 15. El artículo 230º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, comprende una relación detallada de los principios aplicables a este tipo de procedimientos. Dentro de la relación consignada en dicho artículo, se encuentran el principio del debido procedimiento y el principio de causalidad 5, 4 5 DECRETO LEGISLATIVO LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL INDECOPI. Artículo 16º. Audiencia de informe oral ante las Salas del Tribunal Las Salas del Tribunal podrán convocar a audiencia de informe oral, de oficio o a pedido de parte. En este segundo caso, podrán denegar la solicitud mediante decisión debidamente fundamentada. LEY LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Artículo Principios de la potestad sancionadora administrativa: La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 8. Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. 4/8

5 el primero establece que la autoridad administrativa deberá aplicar sanciones respetando las garantías del debido proceso y el segundo principio prescribe expresamente que la responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. 16. En tal sentido, la autoridad administrativa tiene la obligación de encausar el procedimiento conforme lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico y verificar que el destinatario de una sanción administrativa sea la persona natural o jurídica que cometió la infracción Así, únicamente cuando la Comisión hubiera cumplido con identificar certeramente al proveedor con el cual se configura la relación de consumo, podrá luego determinar los alcances de su responsabilidad administrativa y, de ser el caso, imponer una sanción que pueda ser ejecutada. 17. Asimismo, el artículo 10º de la Ley del Procedimiento Administrativo General contempla como causales de nulidad del acto administrativo, el defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez 6. Entre tales requisitos se encuentra la conformación del acto mediante el procedimiento regular previsto para tal fin 7. Sobre esta línea de razonamiento, debe tenerse en cuenta que el artículo 234º de la norma mencionada 8 establece que para ejercer la potestad sancionadora, la autoridad administrativa requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o reglamentariamente establecido LEY LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Artículo 10º.- Causales de nulidad. Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14. LEY LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Artículo 3º.- Requisitos de validez de los actos administrativos.- Son requisitos de validez de los actos administrativos: 5. Procedimiento regular.- Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación. LEY LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Artículo 234º.- Caracteres del procedimiento sancionador: Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o reglamentariamente establecido caracterizado por: 1. Diferenciar en su estructura entre la autoridad que conduce la fase instructora y la que decide la aplicación de la sanción, cuando la organización de la entidad lo permita. 2. Considerar que los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a las entidades en sus procedimientos sancionadores. 3. Notificar a los administrados los hechos que se le imputen a título de cargo la calificación de las infracciones que tales hechos pueden construir y la expresión de las sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer, así como la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuya tal competencia. 4. Otorgar al administrado un plazo de cinco días para formular sus alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico conforme al numeral del articulo 162, sin que la abstención del ejercicio de este derecho pueda considerarse elemento de juicio en contrario a su situación. 5/8

6 18. De la revisión de los actuados este Colegiado ha advertido que el procedimiento materia de análisis presentó una serie de irregularidades. Ello, en la medida que: - La Comisión inició el procedimiento contra el Colegio, pero en la persona de su promotor el Arzobispado 9. - La Cédula de Notificación que contenía la resolución de imputación de cargos estaba dirigida al Arzobispado, sin embargo, consignaba la dirección domiciliaria del Colegio, siendo este último quien recibió el cargo de notificación y presentó su escrito de descargos. - Mediante Resolución 2 del 20 de mayo de 2011, la Comisión dispuso que debía entenderse como parte denunciada al Colegio, notificándose dicho acto únicamente al Colegio. - Posteriormente, mediante Resolución /INDECOPI-LAL del 19 de octubre de 2011, la Comisión halló responsable al Arzobispado y lo sancionó con 2 UIT. Cabe resaltar que dicho acto administrativo no contiene una explicación de por qué se cambió a la parte denunciada respecto de lo señalado en la Resolución 2. - La Resolución /INDECOPI-LAL fue notificada únicamente al Arzobispado, quien presentó su recurso de apelación, el mismo que fue concedido mediante Resolución ST/INDECOPI-LAL del 28 de noviembre de El Colegio también apeló la Resolución /INDECOPI-LAL, pese a que esta no le fue notificada. 9 RESOLUCIÓN 1, del 29 de abril de EXPEDIENTE : /CPC-INDECOPI-LAL DENUNCIANTE : COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE LA LIBERTAD (LA COMISIÓN) DENUNCIADO : ARZOBISPADO METROPOLITANO DE TRUJILLO (EL COLEGIO). (El subrayado es nuestro) I. HECHOS: 1. Mediante Carta N /CPC-INDECOPI-LAL, DEL 21 DE FEBRERO DE 2011, SE NOTIFICÓ A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Parroquial Dante Alighieri (en Adelante el Colegio). En este punto la Comisión señaló a pie de página lo siguiente: 1 Con Carta N /CPC-INDECOPI-LAL se inició una investigación preliminar contra Institución Educativa Parroquial Dante Alighieri, en la persona de su promotor Arzobispado Metropolitano de Trujillo requiriéndole determinada información, la cual fue atendida el 02 de marzo de (sic) 6/8

7 - Mediante Resolución /INDECOPI-LAL del 16 de diciembre de 2011, la Comisión resolvió declarar improcedente el recurso de apelación del Colegio por falta de legitimidad para obrar y la nulidad parcial de la Resolución 2 del 20 de mayo de 2011 en el extremo que encausó el procedimiento contra el Colegio. - Finalmente el Arzobispado y el Colegio dedujeron la nulidad de la Resolución /INDECOPI-LAL. 19. Los hechos antes descritos permiten verificar que la Comisión encausó el procedimiento sin respetar las garantías mínimas legales reconocidas por nuestro ordenamiento jurídico, tales como el derecho a exponer argumentos, ofrecer pruebas y recibir una resolución motivada en derecho, pues declaró responsable al Arzobispado sin haberle notificado la resolución de imputación de cargos, es decir, sin haberle permitido tomar conocimiento del procedimiento seguido en su contra y presentar sus descargos a fin de alcanzar una decisión justa. 20. Asimismo, dado que la Cedula de Notificación que contenida la resolución de imputación de cargos consignaba una dirección domiciliaria que no correspondía al destinatario de la misma (Arzobispado), adolecía de un vicio de nulidad cuyo efecto se extendía a todos los actos subsiguientes a este. En este punto, es preciso indicar que incluso si se pasara por alto el referido vicio y se entendiera como denunciado al Colegio, pues fue este quien presentó sus descargos, el referido procedimiento continuaría siendo nulo toda vez que la Comisión declaró responsable al Arzobispado sin hacer mención alguna sobre el Colegio. 21. Esta Sala considera que a efectos de evitar este tipo de inconsistencias en la tramitación del procedimiento resultaba indispensable que la Comisión determinara previamente cuál era el sujeto de derecho (el Colegio o el Arzobispado) sobre cuya esfera de responsabilidad recaerían las conductas imputadas y la eventual sanción. Es decir, la Comisión debió determinar con certeza si el Colegio tenía personería jurídica 10 a fin de iniciar un procedimiento en su contra, y en su defecto encausarlo contra su promotor. 22. En atención a lo expuesto, esta Sala considera que la resolución apelada incurre en una causal de nulidad por haber incumplido uno de los requisitos de validez señalados en el artículo 3º de la Ley del Procedimiento 10 Cabe indicar que la existencia de un número de RUC no constituye indicio suficiente para la Administración respecto de la personería jurídica del sujeto investigado en el marco de un procedimiento administrativo de carácter sancionador, debiendo agotarse por tanto la determinación de dicha condición a través de otros medios a disposición de la Administración, como su inscripción ante la SUNARP. 7/8

8 Administrativo General, referido al procedimiento regular previsto para la conformación del acto administrativo. En consecuencia, corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado en el procedimiento. 23. En virtud a ello, se llama la atención de la Comisión por los defectos advertidos en la tramitación del presente procedimiento, ordenándole que tramite nuevamente el mismo subsanando los vicios detectados y determinando previamente al responsable de las conductas infractoras verificadas. Asimismo, se deja sin efecto la medida correctiva ordenada así como la sanción impuesta en la resolución apelada. RESUELVE: PRIMERO: Denegar el pedido de informe oral solicitado por el Arzobispado Metropolitano de Trujillo y la Institución Educativa Parroquial Dante Aligheri. SEGUNDO: Declarar la nulidad de todo lo actuado en el procedimiento que halló responsable a Arzobispado Metropolitano de Trujillo por infringir los artículos 74º literal a), 75º y 1.1º literal c) del Código de Protección y Defensa del Consumidor, debido a que dicho acto administrativo se emitió sin cumplir con el procedimiento regular establecido por nuestro ordenamiento jurídico. TERCERO: Ordenar a la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de La Libertad que tramite nuevamente el presente procedimiento subsanando los vicios detectados y determinando previamente al responsable de las conductas infractoras verificadas. CUARTO: Dejar sin efecto la multa impuesta y la medida correctiva ordenada al Arzobispado Metropolitano de Trujillo. Con la intervención de los señores vocales Julio Baltazar Durand Carrión, Hernando Montoya Alberti, Ana Asunción Ampuero Miranda, Alejandro José Rospigliosi Vega y Javier Francisco Zúñiga Quevedo. JULIO BALTAZAR DURAND CARRIÓN Presidente 8/8