RESPUESTA AL ESTADO MEXICANO FRENTE A LA AUDIENCIA:

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1 RESPUESTA AL ESTADO MEXICANO FRENTE A LA AUDIENCIA: Política pública en derechos humanos y buenas prácticas en México, en el marco del 150º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Jueves 27 de Marzo Hace un año exactamente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el Gobierno mexicano entrante sostuvo su primera audiencia: "Prioridades en materia de derechos humanos y armonización legislativa en México" en la cual pudimos participar y advertimos que si bien la armonización era importante, ésta sólo representa una parte de la agenda pendiente, dado el grave retroceso que en materia de derechos humanos enfrentamos en México. En ese momento señalamos que los retos en la agenda de derechos humanos no estaban en el diagnóstico sino en el diseño de las propuestas y en la coordinación entre dependencias, la implementación de las acciones y su evaluación de impacto. Referimos que los espacios de diálogo con la sociedad civil como la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos y sus respectivas subcomisiones temáticas eran inoperantes y que para hacerlas efectivas y eficientes requieren de una transformación profunda y de compromisos concretos por parte de las autoridades. Lo anterior en la medida que durante los últimos años estos espacios se han desgastado pues han sido utilizados para simular consultas y diálogo. Ahora, un año después, el Gobierno Federal, de nueva cuenta solicita una audiencia ante la CIDH para abordar: Políticas públicas en derechos humanos y buenas prácticas en México. Por parte del Gobierno se llevó a cabo un resumen sobre las reformas estructurales que se han aprobado, como son la de Educación, Hacienda, Energética y de Telecomunicaciones, Derechos Humanos y Justicia, acompañados de un Programa Nacional y programas sectoriales. En este marco sostenemos que el Diagnóstico en materia de derechos humanos continúa siendo poco alentador. México es un país de contrastes. Los avances normativos y la creación de instituciones gubernamentales coexisten con patrones generalizados de violencia y discriminación, de violaciones de derechos humanos y altos índices de corrupción e impunidad. Y la tasa de impunidad continúa siendo de entre 98%-99%. Si bien se habla de un Programa Nacional, seguimos sin conocer Qué mecanismos de diálogo con la sociedad civil impulsará la SEGOB para revertir el desgaste de la Comisión, garantizando la inclusión de las voces de la comunidad de DH, Cómo vincularán estos espacios a las entidades federativas? Sobre las reformas estructurales en materia educativa y hacendaria vemos muchos de sus elementos como un retroceso estructural en materia de derechos humanos, ya que dichas áreas que eran reservadas y protegidas, ahora se han liberalizado al mercado (reglas de competencia y operación de los recursos). La situación de los Estados de la República, la situación real de la nación contrasta con el Diagnóstico del Gobierno Federal. Existe un número indeterminado de personas desaparecidas, que de acuerdo con información emitida por la Secretaría de Gobernación en el mes de marzo del 2013, 1

2 podría ascender a 26 mil 121 personas desaparecidas o extraviadas todas ocurridas en un lapso de seis años. Hasta ahora, los familiares han hecho sus propias búsquedas a falta de investigaciones serias por parte de las autoridades. En Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas las organizaciones que trabajan ahí han registrado 1,500 personas desaparecidas. No es suficiente con el convenio suscrito con el Comité Internacional de la Cruz Roja, ya que los procedimientos de manejo de evidencias no están homologados y no se aplican en todos los estados, como ejemplo el caso de Coahuila, donde se emplearon excavadoras sin protección de las evidencias. Se ha estimado que más de 100,000 personas fueron asesinadas en el sexenio pasado. Por su parte el Ombudsman Nacional registró 46 mil 15 personas ejecutadas durante , 15 mil 921 cadáveres no identificados y mil 421 cadáveres inhumados en fosas clandestinas. Se registraron más de mil quejas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, un problema que hemos documentado sobre todo en el sistema penal y en las cárceles. A la fecha la Procuraduría General de la República únicamente ha realizado dos condenas federales por tortura entre enero de 1994 y enero de 2012, en un lapso de 18 años. La validación en procesos penales de pruebas obtenidas bajo tortura ha operado por décadas como incentivo de esta práctica. Con la transición al sistema penal acusatorio, el Estado tiene la oportunidad de establecer prácticas que cumplan con los tratados internacionales. Sin embargo, hemos visto que la mera implementación del nuevo sistema no es una garantía contra la tortura. Mientras dure el uso de la tortura como modus operandi, no se podrá avanzar en la profesionalización de la policía y de las investigaciones penales. México es un país de contrastes y sus discursos de política exterior son muestra de ello. Por ello, mientras México habla sobre apertura al escrutinio y validación de tratados internacionales, en los hechos se niega a eliminar la figura del arraigo si bien ha demostrado ser una figura que fomenta la tortura. Una verdadera política pública acorde al cumplimiento de los estándares de derechos humanos pasaría porque México retirase todas las reservas pendientes a la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares y la ratificación del Convenio 189 enfocado a la dignificación del trabajo del hogar. También reconocería la Competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas y ratificaría el Protocolo PIDESC. Sobre las personas refugiadas se detectado una práctica sistemática de obstaculización del acceso al derecho al asilo con los procedimientos que actualmente se implementan, así como un patrón de negativas por parte de las autoridades correspondientes de solicitudes de personas que reúnen los requisitos para ser reconocidas como refugiadas, sobre todo provenientes de países con violencia generalizada, por ejemplo Honduras y El Salvador. En México el fenómeno migratorio en un contexto en el que la migración tiene distintos papeles como de origen, tránsito, destino y retorno, sigue presentando diferentes retos respecto de la garantía y efectividad de los derechos de las personas migrantes, que pasa por la no detención de las personas migrantes, con especial atención en grupos en situaciones vulnerables, como es el caso de la niñez migrante, y en su caso el acceso real y en condiciones del monitoreo de las Estaciones Migratorias por parte de la sociedad civil 2

3 La ruta migratoria sigue siendo escena de decenas de miles de extorsiones, secuestros, agresiones sexuales, casos de trata y abusos de otra índole contra la población migrante, una problemática que alcanzó atención internacional en los últimos años ya que en 2011 el Ombudsman Nacional documentó un promedio de más de 22,000 secuestros a migrantes por año. En materia de mujeres en situación carcelaria cabe destacar que según cifras de la Comisión Nacional de Seguridad a enero de 2014, hay 12,580 mujeres privadas de libertad, en un sistema penitenciario donde los centros femeniles tienen capacidad únicamente para 3,083 mujeres dejando al resto en centros mixtos. También hemos documentado la amplia práctica de detener arbitrariamente y del uso excesivo de la prisión preventiva donde el 42% de las personas privadas de libertad viven bajo dicha medida cautelar. Además, el Código Nacional de Procedimientos Penales publicado en marzo de 2014, aún contempla la prisión preventiva de oficio cuando dicha medida es contraria a la esencia misma del Estado democrático de Derecho. Situación que representa un grave riesgo al principio rector del nuevo sistema de justicia penal acusatorio en México, la presunción de inocencia. En México las políticas criminales proponen mayores niveles de encarcelamiento como solución a los problemas de seguridad ciudadana, frente a este panorama la privación de libertad se continúa realizando con base en pruebas fabricadas o confesiones coaccionadas en vez de realizar investigaciones profesionalizadas para dar con los verdaderos responsables de delitos. A partir de la aprobación en varios estados de las reformas constitucionales que protegen la vida desde la concepción en 2008, la criminalización de mujeres por el delito de aborto ha aumentado. Durante el período , 679 mujeres han sido denunciadas por el delito de aborto. Ello implica un incremento significativo, ya que de 1992 a 2007 fueron en promedio 62 mujeres denunciadas y/o procesadas. Es decir, en el comparativo entre ambos períodos, un promedio de mujeres más son denunciadas cada año. Lo anterior resulta preocupante en un país donde la tercera causa de mortalidad materna es el aborto. Dadas las restricciones legales y el escaso acceso al aborto, las mujeres están en riesgo de ser procesadas y sentenciadas por cometer el delito de aborto, incluso cuando se encuentran en alguna de las causales legales o se trata de aborto espontáneo. GIRE ha registrado (34) y documentado (10) casos el periodo que va de junio de 2011 a marzo de 2014, de mujeres sujetas a procesos penales por el delito de aborto. En la mayoría de los casos se trata de mujeres con muy pocos recursos económicos y de información, denunciadas por personal de instituciones públicas de salud y trabajadoras sociales, maltratadas física y verbalmente, que luego enfrentan un proceso penal sin asesoría jurídica adecuada y sin los recursos suficientes para pagar fianzas y obtener su libertad bajo caución. En este país de diferencias y contrastes, persisten las prácticas discriminatorias y la falta de armonización del marco jurídico en materia de derechos indígenas. Esto es especialmente claro por cuanto hace al derecho a la libre determinación, al acceso a la justicia estatal y a la tutela de los derechos territoriales. Así, por un lado se mantienen obstáculos para el ejercicio del derecho a la libre determinación. El Estado criminaliza a quienes reivindican los derechos de los pueblos indígenas a regirse en base a sus sistemas normativos. Ejemplo de ello son las más de cuatro decenas de integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) de Guerrero que enfrentan actualmente procesos penales, aun cuando en las normas estatales se les 3

4 reconoce como un sistema de justicia indígena vigente en el estado de Guerrero. Por otra parte, se estima que actualmente hay más de 200 conflictos socio-ambientales relacionados con procesos de explotación de los recursos naturales en el país. México ha difundido como buena práctica que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ha aprobado un protocolo para llevar a cabo consultas con los pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, mientras que este protocolo no tiene jerarquía de norma legal, leyes secundarias vigentes como la Ley Minera, violan día con día el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, al permitir que los territorios indígenas sean concesionados a particulares sin consulta previa. Así ha ocurrido en la Montaña de Guerrero, donde se han entregado cerca de 30 títulos de concesión Sobre la política implementada en materia de una vida libre de violencia para las mujeres en México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia promulgada en 2007 y su Reglamento, contienen un novedoso mecanismo denominado alertas de violencia de género (AVG) para enfrentar la violencia feminicida. Del 2008 hasta la fecha, se ha solicitado ocho veces dicha alerta en el Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Guanajuato, Hidalgo y Chiapas. Sin embargo, desde su existencia nunca se ha emitido a pesar de las solicitudes, aún con nuevos procedimientos anunciados a principios de México es un país de diferencias. Un país donde contrastan los avances en los marcos normativos federales, como la reforma constitucional en materia de derechos humanos, con la incapacidad del Estado de empatarlos ante una realidad marcada por la violencia y la pobreza, en donde la cruzada contra el hambre ha resultado insuficiente para realizar cambios estructurales. Estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero son representativos de estas diferencias. En este último existe una realidad histórica de pobreza, discriminación y lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llamado violencia institucional castrense que se traduce en la sistemática violación de derechos, agravada por la violencia generalizada que vive el país y por la ausencia de controles civiles sobre las Fuerzas Armadas, aún no revertida dada la posposición de las reformas a la jurisdicción militar. México es un país de diferencias. La implementación de los derechos humanos no se agota con reformas legales a nivel federal. La situación de los derechos en México sólo puede entenderse a cabalidad mirando la crisis permanente que enfrentan los estados más violentos y pobres, como Guerrero, y recordando la marginación permanente de los colectivos más vulnerables, como los pueblos indígenas. Sólo atendiendo estos profundos contrastes se podrá impulsar la garantía de los derechos humanos en el país de contrastes que es México. No podemos dejar de mencionar que mientras el Estado mexicano habla aquí sobre buenas prácticas se han llevado agresiones, diversas, en contra de integrantes de Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ; El Padre Solalinde y El Centro Fray Tomás, por nombrar los más recientes que se han hecho públicos. Se cumplen dos meses del secuestro y asesinato del reportero Gregorio Jimenez. Según datos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) registró 95 homicidios de periodistas desde enero de 2000 hasta el 30 de junio del

5 Por su parte, la CNDH contabilizó 85 homicidios de periodistas cometidos en los últimos 13 años, más 20 desapariciones y 40 atentados a medios de comunicación. De acuerdo con Artículo 19, durante el año pasado, en promedio cada 26 horas y media fue agredido un periodista en México y de manera contundente destaca que 2013 ha sido el año más violento para la prensa desde 2007, con 330 casos documentados, de los cuales cuatro fueron homicidios.. Pero hay más: 6 de cada 10 agresiones fueron ejecutadas por funcionarios públicos. Respecto a 2012, el año pasado reportó un incremento de 59% en agresiones documentadas. Una suma total de 123 casos más. Según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) 15 reporteros han sido asesinados en Veracruz desde 2000; 10 tan sólo en un Estado, en el periodo de gobierno de un Gobernador: Javier Duarte De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que cuenta con un registro nacional sobre la situación de agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos en México en el periodo de 2010 a 2013 sumaron 809 casos de agresiones. Por su parte, tan solo durante 2013, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) documentó 242 agresiones contra defensoras de DH y mujeres periodistas en el país. Dicho esto, es importante señalar el subregistro existente, en la medida en que en muchas ocasiones las mujeres defensoras no denuncian las agresiones y amenazas que enfrentan. La impunidad es del 95%. La efectividad de los mecanismos se debe medir en función de sus resultados. El número de quejas o solicitudes que se hacen para recibir protección sólo demuestra el incremento en el miedo y peligro real en el que viven las y los defensores. Tampoco se puede medir la efectividad con base en el número de acciones burocráticas (oficios escritos, licitaciones, actos administrativos, o teléfonos celulares entregados). Nos parece que para evaluar la política pública de derechos humanos sería conveniente preguntarse: Qué porcentaje de las quejas y denuncias presentadas son investigadas sin dilación, de manera independiente y efectiva? Qué porcentaje de estas denuncias llega a una resolución judicial? Es decir, En cuántos de estos casos de los que habla el estado ha habido sentencias por las agresiones, ataques o asesinatos de defensores/as? Como bien lo ha reconocido la CIDH, las investigaciones efectivas es el mecanismo idóneo para evitar la impunidad y evitar que se perpetúen las violaciones a los DDHH. Y frente a eso, el Gobierno informa sobre un Mecanismo Gubernamental en el cual en diversas ocasiones hemos llamado la atención sobre el funcionamiento del Mecanismo pues resulta de gran importancia que el personal encargado de la operación del Mecanismo cuente con un perfil adecuado y con capacitación integral en la materia, incluyendo una perspectiva de género. En este sentido, es altamente preocupante que la mayoría del personal que sí cuenta con la trayectoria y capacidades indispensables para este trabajo, y requeridas por la Ley, ha sido forzado a renunciar en los últimos días. Ellos en una carta, cuya copia ha sido enviada también a esta Comisión, denuncian hostigamiento, discriminación y lo que se viene generando es una situación de un mal clima laboral que causa malos rendimientos y un equipo que difícilmente podemos esperar sea eficiente. Igualmente, al quedarse el Mecanismo sin el Coordinador, este actualmente no puede operar lo cual resulta grave porque actualmente hay 89 casos pendientes de revisar. Por otra parte, la rotación de personal y las renuncias por presiones no generan certeza y seguridad en las personas defensoras y periodistas, y configura un escenario de mayor indefensión, así como 5

6 acentúa la situación de riesgo que padecen aquellas personas que ya cuentan con medidas del Mecanismo, o que sus casos están en proceso de análisis. Ante esta situación 4 integrantes de la Junta de Gobierno han llamado la atención a los responsables levantándose de la mesa de discusión lo cual no amenaza la operación de la Junta y exigiendo pronta resolución de estas deficiencias. Si bien existe una agenda amplia de pendientes que han sido mínimamente mencionados y muchos también han sido invisibilizados, en ésta ocasión queremos dejar un mensaje claro. "El Estado ha pedido esta audiencia para ventilar sus buenas prácticas en materia de derechos humanos, pero no existe una sola práctica en la problemática más urgente que enfrenta el país: la crisis de personas desaparecidas causada por la guerra contra las drogas. Es esa medida, la CIDH bien puede preguntar o sugerir al Estado la adopción de prácticas que han adoptado otros Estados de la región para enfrentar este fenómeno: la creación de mecanismos nacionales de búsqueda, el fortalecimiento de los servicios forenses, el reconocimiento público de la responsabilidad estatales, la creación de bancos de ADN, la depuración de las listas de personas desaparecidas, el tratamiento digno a las víctimas, prácticas todas estas que se han verificado en otros países de la región, en buena medida gracias al acompañamiento de la CIDH, pero que en México hoy brillan por su ausencia como lo confirma la propia presentación del Estado que nada refiere al respecto. Las dimensiones de lo que ocurre en el país, reiteramos, son inconmensurables, si se considera que se han publicado cifras de más de 26,121 personas desaparecidas, lo que además explica la reticencia de México a aceptar la competencia del Comité en la materia del ámbito universal, indicador claro de la posición estatal frente al problema. En México se reconoce que existen por lo menos 26,121 personas registradas como desaparecidas en los últimos 7 años, mientras la impunidad se mantiene constante. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (Nuevo León) Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (Guerrero); Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Chihuahua); DOCUMENTA; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua) Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE); Equis: Justicia para las Mujeres; JASS (Asociadas por lo Justo) ASILEGAL; Mukira; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Sin Fronteras IAP, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (conformada por 74 organizaciones en 20 estados de la República mexicana): Agenda LGBT (Estado de México), Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos Miguel Hidalgo, A.C. (Jacala, Hgo.); Bowerasa, A.C. Haciendo Camino. (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Coahuila) Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P., A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos Don Sergio (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos 6

7 Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.) Centro de Derechos Humanos, Juan Gerardi, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chihuahua); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Distrito Federal); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Distrito Federal), Centro Mujeres (La Paz, BCS.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco, A.C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional Justicia, Paz y Vida (Distrito Federal); Comisión Regional de Derechos Humanos Mahatma Gandhi, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (Oaxaca, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos Fr. Pedro Lorenzo de la Nada, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo,Hgo.); El Caracol A.C (Distrito Federal); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria,S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla; Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.) 7