Capítulo 5 El principio de legalidad y el debido proceso legal (garantías judiciales)

Transcripción

1 El derecho a la libertad y seguridad personales / 341 Capítulo 5 El principio de legalidad y el debido proceso legal (garantías judiciales) 5.1 Marco normativo básico Declaración Universal de Derechos Humanos Artículo 10 Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Artículo Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (Declaración Americana) Artículo XVIII. Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo

2 342 / Derecho internacional de los derechos humanos y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. Artículo XXVI. Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable. Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le impongan penas crueles, infamantes o inusitadas Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) Artículo Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores. 2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. 3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

3 El principio de legalidad y el debido proceso legal / 343 a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella; b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección; c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas; d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo; e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo; f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal; g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable. 4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social. 5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley. 6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido. 7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país.

4 344 / Derecho internacional de los derechos humanos Artículo Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. 2. Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Convención Americana) Artículo 8. Garantías judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a. derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b. comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c. concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d. derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e. derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;

5 El principio de legalidad y el debido proceso legal / 345 f. derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g. derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y h. derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. Artículo 9. Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable, ( ) 5.2 Instrumentos normativos complementarios Los Principios Básicos relativos a la independencia de la judicatura, aprobados en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985, constituyen un aporte valioso para la interpretación del concepto del derecho a ser oído por un tribunal competente, independiente e imparcial. 1 De particular importancia son los cuatro primeros principios, que merecen transcribirse integralmente: 1. La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas las ins- 1 Adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y aprobados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 del 29 de noviembre de 1985 y 40/146 del 13 de diciembre de 1985.

6 346 / Derecho internacional de los derechos humanos tituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura. 2. Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo. 3. La judicatura será competente en todas las cuestiones de índole judicial y tendrá autoridad exclusiva para decidir si una cuestión que le haya sido sometida está dentro de la competencia que le haya atribuido la ley. 4. No se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial, ni se someterán a revisión las decisiones judiciales de los tribunales. Este principio se aplicará sin menoscabo de la vía de revisión judicial ni de la mitigación o conmutación de las penas impuestas por la judicatura efectuada por las autoridades administrativas de conformidad con lo dispuesto en la ley. Los principios también reconocen el principio de inamovilidad de los jueces, y establecen salvaguardias relativas a medidas y procedimientos disciplinarios. 2 Se han adoptado posteriormente dos instrumentos complementarios, los Principios Básicos sobre la función de los abogados y las directrices sobre la función de los fiscales. 3 2 Al respecto ver los Principios 11 a 12 y 17 a Ambos fueron aprobados en 1990 por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente.

7 El principio de legalidad y el debido proceso legal / 347 Convención sobre los derechos del niño Artículo Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad. 2. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales, los Estados Partes garantizarán, en particular: a) Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se acuse o declare culpable a ningún niño de haber infringido esas leyes, por actos u omisiones que no estaban prohibidos por las leyes nacionales o internacionales en el momento en que se cometieron; b) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse de haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo siguiente: i) Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley; ii) Que será informado sin demora y directamente o, cuando sea procedente, por intermedio de sus padres o sus representantes legales, de los cargos que pesan contra él y que dispondrá de asistencia jurídica u otra asistencia apropiada en la preparación y presentación de su defensa; iii) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme a la ley, en presencia de un asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado y, a menos que se considerare que ello fuere contrario al interés superior del niño, teniendo en cuenta en particular su edad o situación y a sus padres o representantes legales; iv) Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que podrá interrogar o hacer que se interrogue a testigos de cargo y obtener la participación y el interrogatorio de testigos de descargo en condiciones de igualdad;

8 348 / Derecho internacional de los derechos humanos v) Si se considerare que ha infringido, en efecto, las leyes penales, que esta decisión y toda medida impuesta a consecuencia de ella, serán sometidas a una autoridad u órgano judicial superior competente, independiente e imparcial, conforme a la ley; vi) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprende o no habla el idioma utilizado; vii) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento. 3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes, y en particular: a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales; b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías legales. 4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción. Las Reglas Mínimas para la administración de justicia de menores, también conocidas como Reglas de Beijing y adoptadas en 1985, contienen normas de suma importancia relativas al derecho del adolescente acusado de una infracción a ser tratado de acuerdo con su edad y condición de menor. 4 4 Adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de

9 El principio de legalidad y el debido proceso legal / 349 Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión Principio Las personas detenidas tendrán derecho a asistencia de un abogado. La autoridad competente les informará de ese derecho prontamente después de su arresto y les facilitará medios adecuados para ejercerlo. 5.3 Consideraciones generales i) Reseña de la normativa La esencia del derecho al debido proceso legal es, al tenor de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho de toda persona a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Es un derecho de especial importancia porque, junto con el derecho a un recurso, tutela todos los demás derechos de la persona. En lo que concierne a las acciones judiciales emprendidas por un individuo a fin de hacer valer sus derechos, el derecho a un recurso y el derecho al debido proceso son dos caras de la misma moneda. 5 El primero obliga al legislador a establecer recursos para este efecto, mientras que el segundo establece las características de los foros que tendrán competencia para conocer los recursos y la manera en que han de ser resueltos. El derecho al debido proceso es, sin embargo, más amplio que el derecho a un recurso. Aquél tiene una dimensión adicional, pues ampara a la persona en todo asunto agosto al 6 de septiembre de 1985, y aprobados por la Asamblea General en su resolución 40/33 del 29 de noviembre de Este vínculo se destaca en la estructura de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que reconoce el derecho al debido proceso legal y el derecho a un recurso en las dos frases que contiene su artículo XVIII.

10 350 / Derecho internacional de los derechos humanos jurídico que le concierne, incluso en procesos en su contra iniciados por el Estado o por terceros. La Declaración Americana, en su artículo XXVI, reconoce el derecho al debido proceso únicamente como derecho de la persona acusada de un delito. Los artículos XVII y XXV de la Declaración, que reconocen el derecho a un recurso para la tutela de los derechos constitucionales y la libertad, respectivamente, precisan apenas que los recursos deben ser rápidos. Las disposiciones del PIDCP y de la Convención Americana dedicadas al debido proceso son similares y extensas. Una parte de la normativa más pertinente, la contenida en el artículo 14.1 del PIDCP y artículo 8.1 de la Convención Americana, es aplicable a la administración de justicia en general. Esta parte medular de la normativa consagra la independencia del tribunal, la imparcialidad del mismo, el carácter público del proceso, la igualdad de las partes y la equidad de los procedimientos. La otra parte de la normativa pertinente, contenida en los demás párrafos del artículo 14 del PIDCP y del artículo 8 de la Convención, es aplicable principalmente a la justicia penal. 6 A pesar de la complejidad de las normas sobre el debido proceso, las diferencias entre la normativa universal e interamericana son básicamente de forma y no de fondo. El derecho a hallarse presente en el proceso, reconocido por el apartado d) del párrafo 3 del artículo 14 del PIDCP, y el derecho de comunicarse con su defensor, plasmado en el apartado d) del párrafo 2 del artículo 8 de la Convención Americana, son las únicas garantías consagradas por uno de estos instrumentos y no por el otro. 6 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención Americana consagran estas garantías en cuanto derechos propios de personas acusadas de un delito, pero la doctrina y jurisprudencia consideran que varios de ellos son elementos intrínsecos del debido proceso, por tanto aplicables a procedimientos de toda índole. Véase la sección 5.4.

11 El principio de legalidad y el debido proceso legal / 351 ii) Consideraciones semánticas Aunque la expresión garantías judiciales se emplea frecuentemente para denominar este complejo de derechos, la expresión debido proceso legal es más exacta, como señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte Interamericana): Este artículo, cuya interpretación ha sido solicitada expresamente, es denominado por la Convención Garantías Judiciales, lo cual puede inducir a confusión porque en ella no se consagra un medio de esa naturaleza en sentido estricto. En efecto, el artículo 8 no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales para que pueda hablarse de verdaderas y propias garantías judiciales según la Convención. Este artículo 8 reconoce el llamado debido proceso legal, que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. ( ) 7 La Corte observa que la expresión garantías judiciales, strictu sensu, se refiere a los medios procesales que sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o ejercicio de un derecho ( ) vale decir, los medios idóneos para que los derechos y libertades sean efectivos en toda circunstancia. 8 No obstante, el uso de la expresión garantías judiciales como título del artículo 8 de la Convención Americana ha favorecido el uso de este término para referirse genéricamente a los distintos requisitos enumerados en dicho artículo. En la presente obra, el término garantía se utiliza para referirse a cada uno de los requisitos específicos que sirven para ha- 7 Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte Interamericana), Opinión Consultiva OC-9/87, párrs Ibíd., párr. 25.

12 352 / Derecho internacional de los derechos humanos cer efectivo el derecho al debido proceso legal y los cuales en su conjunto conforman el debido proceso legal. 9 iii) Algunas consideraciones relativas a la relación entre el derecho al debido proceso y el derecho a un recurso en la normativa, la doctrina y la jurisprudencia internacionales Se ha señalado que el derecho a un recurso y el derecho al debido proceso legal pueden considerarse dos caras de la misma moneda, en el sentido de que el primero consagra la obligación del legislador de establecer recursos, mientras que el segundo rige las características de los fueros competentes y los principios procesales que deben respetarse. La estructura de los instrumentos internacionales, en especial el PIDCP y la Convención Americana, es tal que contienen reiteradas referencias al derecho a un recurso. También hay diferencias entre la forma como este derecho está plasmado en los instrumentos universales y los interamericanos. Estas diferencias afectan el contenido de la doctrina y jurisprudencia sobre el artículo 14 del PIDCP y artículo 8 de la Convención Americana, que constituyen el principal marco de referencia para el presente Capítulo. El PIDCP reconoce la obligación del Estado de proporcionar un recurso en el artículo 2.3 a) pero en su artículo 2 no reconoce el derecho a un recurso en cuanto derecho sujetivo del individuo. El PIDCP consagra el derecho del individuo a un recurso en la segunda frase del artículo 14.1, que establece: Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. El primer párrafo del artículo 8 de la Convención 9 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), caso Figueredo Planchart c. Venezuela, párr. 92 (1999).

13 El principio de legalidad y el debido proceso legal / 353 Americana es casi idéntico a la citada frase del artículo 14.1 del PIDCP, pero el artículo 25 de la Convención se dedica específicamente al derecho a un recurso. El primer párrafo del artículo 25 consagra el derecho a un recurso en cuanto derecho sujetivo de la persona, y el segundo párrafo, similar en su contenido al artículo 2.3 del PIDCP, establece las obligaciones correspondientes del Estado. El hecho de que el PIDCP no contenga una disposición equivalente al artículo 25.2 de la Convención Americana, hace que la mayor parte de la doctrina y jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos sobre el derecho a un recurso haya sido elaborada con referencia al artículo 14, cuya finalidad principal es el reconocimiento del derecho al debido proceso. La doctrina procesal del Comité, en el sentido de que carece de competencia para examinar denuncias del artículo 2, salvo en la medida que una violación de dicho artículo sea consecuencia de una violación de uno de los derechos reconocidos en la Parte III del PIDCP, refuerza esta tendencia en la jurisprudencia del Comité. En contraste, la jurisprudencia de los órganos competentes del sistema interamericano tiende a calificar las violaciones del derecho a un recurso como violaciones de los artículos 8.1 y 25. No obstante la estrecha relación entre el derecho a un recurso y el derecho al debido proceso, y el hecho de que la jurisprudencia universal del derecho a un recurso se base en forma preponderante en un artículo del PIDCP analizado en el presente Capítulo, no cabe duda que el derecho a un recurso y el derecho al debido proceso son conceptos distintos que conviene analizar separadamente. Por tanto, el Capítulo 6 es dedicado al tema del derecho a un recurso. Cabe señalar en este contexto otra diferencia importante entre la jurisprudencia universal e interamericana relativa al alcance del derecho al debido proceso. Como se verá en el Capítulo 6, la doctrina universal considera la investigación y persecución penal de graves violaciones de los derechos humanos una obligación del Estado, pero no un derecho subjetivo de la víctima. La doctrina interamericana sí considera la investigación y el castigo de graves violaciones de los derechos humanos un derecho de la víctima y sus allegados. Con

14 354 / Derecho internacional de los derechos humanos base en esta posición doctrinal, se ha elaborado una jurisprudencia que considera que el artículo 8 es aplicable a las investigaciones que las autoridades nacionales hayan emprendido o hayan tenido la obligación de emprender, aún en ausencia de toda acción legal iniciada por los particulares interesados. 10 En una sentencia reciente, después de comentar que el artículo 8.1 de la Convención debe interpretarse de manera amplia de modo que dicha interpretación se apoye tanto en el texto literal de esa norma como en su espíritu, y debe ser apreciado de acuerdo con el artículo 29, inciso c) de la Convención, según el cual ninguna disposición de la misma puede interpretarse con exclusión de otros derechos y garantías inherentes al ser humano o que se deriven de la forma democrática representativa de gobierno, la Corte Interamericana declara lo siguiente: Así interpretado, el mencionado artículo 8.1 de la Convención comprende también el derecho de los familiares de la víctima a las garantías judiciales ( ) En consecuencia, el artículo 8.1 de la Convención Americana confiere a los familiares del señor Nicholas Blake el derecho a que su desaparición y muerte sean efectivamente investigadas por las autoridades de Guatemala; a que se siga un proceso contra los responsables de estos ilícitos; a que en su caso se les impongan las sanciones pertinentes, y a que se indemnicen los daños y perjuicios que han sufrido dichos familiares. 11 iv) El alcance del derecho al debido proceso en lo penal El primer párrafo del artículo 14 del PIDCP reconoce el derecho de la persona a ser oída públicamente y con las debidas garantías ( ) en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal ( ), mientras que el párrafo 3 enumera las garantías que han de 10 Véase, por ejemplo, la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Paniagua Morales (Fondo), párr. 155 (1998). 11 Corte Interamericana, caso Blake (Fondo), párrs (1998).

15 El principio de legalidad y el debido proceso legal / 355 respetarse Durante el proceso [de] toda persona acusada de un delito ( ). Las disposiciones de la Convención Americana son sustancialmente idénticas. El Comité de Derechos Humanos consideró que la palabra delito no se debe interpretar como indicación de que esta garantía se limita a las infracciones más graves. 12 Si bien este comentario se hizo con respecto al derecho de apelación, plasmado en el párrafo 5 del artículo 14, cabe presumir que es igualmente válido para el párrafo 3. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su decisión en el caso Hernández Lima, llegó a una conclusión similar al establecer que las garantías enumeradas en el párrafo 2 del artículo 8 se aplican no sólo a personas acusadas de un delito strictu sensu, sino también a personas acusadas de faltas, contravenciones o infracciones, al menos cuando el acusado está detenido o corre el riesgo de ser sentenciado a una pena privativa de libertad. 13 Si bien el artículo 14.3 del PIDCP y 8.2 de la Convención Americana se refieren a garantías que deben respetarse durante el proceso, la jurisprudencia aclara que ciertas garantías son aplicables no sólo durante el plenario sino también en el sumario, e incluso durante la investigación previa. La CIDH adoptó una decisión importante sobre este tema en el caso de un diputado y antiguo ministro condenado por los delitos de malversación y peculado. Previo al sumario en este caso, la Contraloría General de la República realizó una investigación de carácter administrativo y la Corte Suprema de Justicia celebró un antejuicio de méritos. 14 La CIDH concluyó que el artículo 8 de la Convención era aplicable a ambos procedimientos. En cuanto a la investigación realizada por la Controlaría, en la cual no se oyó a la víctima, la CIDH consideró el derecho al debido pro- 12 Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 13, párr CIDH, caso Hernández Lima c. Guatemala, párrs (1996). 14 CIDH, caso Figueredo Planchart c. Venezuela, párrs (1999). El Estado arguyó que el antejuicio era privilegio otorgado por ley a altos funcionarios no con objeto de determinar responsabilidades sino para determinar la viabilidad de un juicio.

16 356 / Derecho internacional de los derechos humanos ceso aplicable porque el informe producido sirvió de base para la acusación y condena. 15 En cuanto al antejuicio, la CIDH hizó hincapié en que todo procedimiento en el cual un sospechoso es oído debe desarrollarse de conformidad con las garantías del debido proceso. Sus observaciones al respecto merecen citarse en extenso: La Comisión Interamericana no puede considerar estas comparecencias como el derecho efectivo del inculpado a ser escuchado por un tribunal, por cuanto las garantías del derecho a la defensa consagradas en el artículo 8(2)(d) de la Convención fueron violadas sistemáticamente por los tribunales. Estos actos en los cuales el sujeto investigado comparece sin asistencia de abogado a un interrogatorio basado en un expediente que él desconoce, sin saber qué hechos criminales se le imputan, no constituyen a juicio de la Comisión el ejercicio del derecho a ser oído por un tribunal, consagrado en el artículo 8(1) de la Convención. Oír a una persona investigada implica permitir que se defienda con propiedad, asistida por abogado, con conocimiento de todos los elementos que puedan obrar en su contra en el expediente; oírle es permitir su presencia en los interrogatorios de testigos que puedan declarar en su contra, permitirle tacharlos, contrainterrogarlos con el fin de desvirtuar sus declaraciones incriminatorias por contradictorias o por falsas; oír a un procesado es darle la oportunidad de desconocer, de restar valor a los documentos que se pretenden utilizar en su contra. Está probado que el inculpado no tuvo acceso a estos derechos en todas las etapas previas al auto de detención, el cual en la práctica no le permitía defenderse en libertad. Dicho en otras palabras, a Reinaldo Figueredo Planchart se le dictó auto de detención sin haber sido oído con todas las garantías del debido proceso en la sustanciación de la acusación penal en su contra La CIDH también considera que ciertas garantías de debido proceso son aplicables a procedimientos de carácter administrativo relativos al indulto y conmutación de una pena (véase la sección 5.4). 16 CIDH, caso Figueredo Planchart, supra, párr. 112.

17 El principio de legalidad y el debido proceso legal / 357 Si bien la decisión pone énfasis en la pérdida de libertad, el razonamiento de la CIDH es válido para todo procedimiento preliminar que pueda tener consecuencias importantes en el desenlace del proceso. El siguiente extracto de la decisión sirve para resumir el aporte de ésta a la jurisprudencia interamericana: Dicho en otras palabras, los antejuicios y los sumarios secretos están tan estrechamente vinculados al proceso penal que tratarlos separadamente restringiría y debilitaría considerablemente la protección del debido proceso legal a que tienen derecho los acusados. 17 v) La responsabilidad del Estado y del defensor En el ámbito universal, una amplia jurisprudencia indica que por lo general el Estado no tiene responsabilidad por la actuación del abogado defensor, pues éste no es agente del Estado. En el caso Henry c. Jamaica, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos señaló que una vez que el autor optó por ser representado por un abogado de su elección toda decisión de este abogado relativa a la marcha de la apelación ( ) no puede atribuirse al Estado parte sino que es de responsabilidad del autor. 18 Algunas decisiones indican que la presunción de ausencia de responsabilidad del Estado es más fuerte cuando el abogado es contratado por el acusado. 19 Se reconoce una excepción a esta regla para situaciones en las cuales el incumplimiento de los deberes profesionales del defensor es tan manifiesto que entraña la responsabilidad del Estado. Diferentes fórmulas han sido empleadas para definir esta excepción. En el caso Collins, el Comité de Derechos Humanos indicó que en ausencia de una prueba clara de negligencia profesional por parte 17 Ibíd., párr Comité de Derechos Humanos, caso Henry c. Jamaica, párr. 8.3 (1991). Véase también Robinson (M.) c. Jamaica, párr (2000). 19 Comité de Derechos Humanos, caso Berry c. Jamaica, párr (1994); Henry y Douglas c. Jamaica, párr. 6.5 (1996); Griffith c. España, párr. 9.8.

18 358 / Derecho internacional de los derechos humanos del abogado, no corresponde al Comité cuestionar el juicio profesional de este último. 20 En el caso Tomlin se señala que El Comité considera que no se puede hacer a los Estados responsables de las decisiones que hayan podido adoptar los abogados en el ejercicio de su criterio profesional, ( ) a menos que sea evidente que han actuado en contra de los intereses de su cliente. 21 En el caso Brown y Parish, expresó que el Estado no puede ser considerado responsable de la falta de preparación o de presuntos errores cometidos por los abogados defensores, a menos que haya negado a los [acusados] y a su abogado tiempo para preparar la defensa o que haya resultado manifiesto al tribunal que la manera en que los abogados llevaron el caso fue incompatible con el interés de la justicia. 22 En el caso Ricketts manifestó que si bien incumbe al Estado Parte facilitar una representación jurídica efectiva, no corresponde al Comité determinar la forma en que ésta se ha debido garantizar, a menos que sea evidente que se ha cometido una injusticia. 23 La CIDH llegó a la misma conclusión en una decisión adoptada en 1999, relativa a la asistencia proporcionada a un acusado por un defensor de oficio. La CIDH declaró lo siguiente: El Estado en este caso cumplió con el extremo de dar al peticionario asistencia jurídica. Si el peticionario no pone en conocimiento del Estado que considera que la asistencia jurídica es de alguna manera insuficiente, durante el juicio o durante la apelación, esta Comisión no puede responsabilizar al Estado por actos que desconoce, dado que el peticionario no los señaló a su atención Comité de Derechos Humanos, caso Collins (Willard) c. Jamaica, párr. 8.3 (1991). 21 Comité de Derechos Humanos, caso Tomlin c. Jamaica, párr. 8.1 (1996). 22 Comité de Derechos Humanos, caso Brown y Parish, párr. 9.2 (1999). 23 Comité de Derechos Humanos, caso Ricketts c. Jamaica, párr. 7.3 (2002). 24 CIDH, caso Briggs c. Trinidad y Tobago, párr. 58 (1999).

19 El principio de legalidad y el debido proceso legal / 359 La jurisprudencia interamericana sobre este tema es todavía incipiente. vi) Alcance del capítulo El derecho al debido proceso está estrechamente vinculado con otros derechos, en particular tratándose de la justicia penal. Dos de las garantías plasmadas en el artículo 14 del PIDCP y 8 de la Convención Americana el derecho a ser informado de los cargos en contra y de ser juzgado sin demora también figuran en el articulado sobre la libertad personal, analizado en el Capítulo El derecho al debido proceso es aplicable al derecho a impugnar la legalidad de toda privación de libertad, tema también tratado en el Capítulo 4. El derecho de un acusado a no ser obligado a confesarse culpable, consagrado por el artículo 14.3 del PIDCP y 8.2 de la Convención Americana y el tema de la admisibilidad de pruebas en general está vinculado con la prohibición de tortura y trato cruel e inhumano, analizado en el Capítulo 2. El tema de la admisibilidad de pruebas también está vinculado con el derecho a no ser objeto a injerencias arbitrarias o ilegales en su familia, hogar y correspondencia, que se analiza en el Capítulo 7. Los artículos 6 del PIDCP y 4 de la Convención, sobre el derecho a la vida, establecen requisitos sustantivos y procesales sobre la pena de muerte, que son abordados en el Capítulo 1. El derecho de los extranjeros a no ser expulsados de un país sin un mínimo de debido proceso, consagrado por el artículo 13 del PIDCP y artículo 22 de la Convención Americana, se aborda en el Capítulo Cfr, los incisos a) y c) del párrafo 3 del artículo 14 del PIDCP con los párrafos 2 y 3 de su artículo 9, y los párrafos 1 y 2 b) del artículo 8 de la Convención Americana con los párrafos 4 y 5 de su artículo 7.

20 360 / Derecho internacional de los derechos humanos 5.4 El debido proceso en procedimientos civiles y administrativos i) La jurisprudencia universal La estructura de los artículos 14 del PIDCP y 8 de la Convención Americana es parecida en tanto ambos contienen un primer párrafo que establece los requisitos aplicables a todo proceso judicial, seguido por varios párrafos aplicables a los procesos penales. Los requisitos aplicables a todo proceso se refieren principalmente a las características del tribunal y no al procedimiento como tal. El tribunal debe ser competente, independiente e imparcial. La publicidad del proceso también está prevista por los artículos 14.1 y 8.1. El PIDCP refirma el principio de igualdad en el primer párrafo del artículo 14, mientras que la Convención lo reafirma en el segundo párrafo del artículo 8 relativo a los procesos penales. 26 El derecho a ser oído dentro de un plazo razonable está plasmado en el primer párrafo del artículo 8 de la Convención, aplicable en todo proceso legal, y en el artículo 14.3 del PIDCP relativo a los procesos penales. Tanto el artículo 14.1 como el artículo 8.1 reconocen el derecho genérico a ser oído con las debidas garantías. Esta cláusula abre una puerta para la aplicación a procesos civiles o administrativos de ciertas de las garantías plasmadas en los párrafos relativos a procesos penales. 27 La presente sección se dedica al tema de la extensión a la justicia no penal de otras garantías del debido proceso. La piedra angular de la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos sobre el debido proceso en lo civil se encuentra en el caso Morael, relativo a un juicio ventilado ante un tribunal comercial. Refiriéndose al primer párrafo del artículo 14 del PIDCP, la decisión señala lo siguiente: 26 Cfr. el párrafo 1 del artículo 14 con el párrafo 2 del artículo Esta cláusula también tiene un significado que trasciende tales garantías específicas, como se verá en la sección 5.