PONENTE: MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: JONATHAN BASS HERRERA.

Transcripción

1 QUEJOSA: **********. PONENTE: MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: JONATHAN BASS HERRERA. Vo. Bo. México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al **********. V I S T O S; Y R E S U L T A N D O: COTEJÓ PRIMERO. Por escrito presentado el seis de febrero de dos mil ocho ante la Oficialía de Partes de la Sala Regional Norte Centro I Chihuahua del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, **********, por conducto de su representante legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra de la autoridad y el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE: Los Magistrados que integran la Sala Regional Norte Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. ACTO RECLAMADO: La sentencia de fecha 14 de diciembre de 2007, dictada por los Magistrados que integran la Sala

2 Regional Norte Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, recaída al juicio contencioso administrativo relativo al expediente número **********; mediante la cual ilegalmente se determinó reconocer la validez de la resolución impugnada contenida en el oficio número 08.A /0438/, de fecha 16 de mayo de 2007, emitida por el Delegado Estatal en Chihuahua del Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con los artículos 49, 50, 51 y 52, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. SEGUNDO. La quejosa señaló como garantías violadas en su perjuicio las contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de garantías al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, cuyo Presidente, mediante acuerdo de seis de marzo de dos mil ocho, la admitió a trámite y ordenó su registro bajo el expediente **********. Seguidos los trámites de ley, el veintiuno de abril de dos mil ocho se emitió sentencia, terminada de engrosar el veintiocho del mismo mes y año, al tenor del siguiente punto resolutivo: 2

3 ÚNICO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, contra el acto reclamado a la Sala Regional Norte Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, residente en esta ciudad, mismo que se precisó en el resultando primero de esta ejecutoria. Las consideraciones que sirvieron de sustento para emitir la resolución antes señalada, respecto de los temas de constitucionalidad de normas generales planteados, fueron las siguientes: Por otro lado los conceptos de violación sintetizados bajo los incisos desde el A.i) hasta el A.k), en que se pretende la inconstitucionalidad del artículo 32, fracción II, del Reglamento de la Ley del Seguro Social, porque según alega la quejosa, dicho precepto conculca los principios de reserva de ley y subordinación jerárquica a que se refiere el precepto 89, fracción I, de la Constitución General de la República, devienen inoperantes. En efecto, la inoperancia se actualiza porque el artículo 74 de la Ley del Seguro Social, y el 32, fracción II, último párrafo, del Reglamento de la Ley del Seguro Social, de acuerdo a la interpretación que ya se dio en el presente fallo al contestar los primeros conceptos de violación, nos conllevan a concluir que el artículo 74, de la Ley del Seguro 3

4 Social, es insuficiente para determinar el aumento o disminución de la prima sino que es necesario tomar en consideración las disposiciones específicas contenidas en el Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, en el que se complementa y amplía lo previsto en la ley previamente expedida para lograr su exacta observancia, dado que explica de manera pormenorizada y a detalle, el procedimiento que se debe llevar a cabo para revisar la siniestralidad de las empresas; por tanto para determinar si la prima del seguro de riesgos de trabajo se modifica o no, es necesario desarrollar en primer lugar la fórmula contenida tanto en la Ley del Seguro Social, como en el reglamento correspondiente, para lo cual es necesario conocer los riesgos de trabajo acaecidos en la empresa durante el año que se pretende determinar, lo cual permite establecer que el uno por ciento que se debe considerar es un punto porcentual y no así un uno por ciento sobre la prima del año inmediato anterior, pues el precepto establece una cuestión de generalidad del aumento o disminución de la prima en términos porcentuales, y no así de relatividad sobre la prima que se venía cubriendo, cuestión que claramente se puede corroborar, si se toman en consideración los rangos máximos y mínimos en los que se pueden determinar las primas, donde se manejan 4

5 cuestiones porcentuales, incluso con las diversas clases en las que una empresa puede cotizar, pues también maneja una proporción porcentual general y no derivado su porcentaje de primas anteriores que se estuvieren cubriendo. Así, lo que pretende la quejosa en el motivo de inconformidad que ahora se analiza, es que se determine un uno porciento sobre la prima del año inmediato anterior y que ese resultado se sume a dicha prima, para así obtener la nueva prima, (lo cual, hizo totalmente nugatorio el sistema de indexar la movilidad de la prima del seguro citado, al índice de accidentes, pues si se le diera la interpretación que pretende el quejoso, no importaría el número de accidentes si la movilidad de la prima fuera infinito) empero, como se desprende del artículo 74 de la Ley del Seguro Social, el porcentaje de aumento podrá ser como máximo un uno por ciento, con respecto a la prima del año inmediato anterior, por lo que es inaplicable el procedimiento que señala como base de su inconformidad la gestionante del amparo, puesto que del mencionado numeral como ya se dijo, no se desprende como lo pretende la quejosa, que se determine un uno por ciento sobre la prima anterior y que ese resultado se sume a dicha prima, para de esa manera obtener la nueva prima; sin embargo se reitera, la interpretación a que conducen los 5

6 multicitados preceptos no tienen el alcance que incorrectamente pretende, de donde deviene la inoperancia del motivo de disenso a estudio. CUARTO. Inconforme con dicha resolución, mediante escrito presentado el catorce de mayo de dos mil ocho ante la Oficina de Correspondencia Común del Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, por lo que en proveído de dieciséis de mayo de dos mil ocho se ordenó la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo Presidente, en acuerdo de veintisiete de los propios mes y año, registró el asunto bajo el expediente 860/2008 y, por otra parte, declinó la competencia del Pleno a favor de la Segunda Sala de este Alto Tribunal. Por acuerdo de dos de junio de dos mil ocho, el Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite el recurso de revisión, y ordenó turnarlo a su Ponencia para la elaboración del proyecto de resolución respectivo. El Agente del Ministerio Público Federal formuló pedimento recibido en este Alto Tribunal el nueve de junio de dos mil ocho, por lo que su presentación se realizó dentro del plazo que le fue conferido para tal efecto. 6

7 C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que en la presente instancia subsiste el planteamiento de inconstitucionalidad de un reglamento expedido por el Presidente de la República, en específico el artículo 32, fracción II, del Reglamento de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, publicado en el Diario Oficial de la Federación de primero de noviembre de dos mil dos. SEGUNDO. De las constancias de autos se advierte que la sentencia recurrida fue notificada por lista a la parte quejosa el veintinueve de abril de dos mil ocho, surtiendo sus efectos al día hábil siguiente, por lo que el plazo para la interposición del recurso de revisión a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del seis al diecinueve de mayo de dos mil ocho, descontando los días tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho de este último mes por corresponder a sábados y domingos, respectivamente; así como los días uno, dos y cinco de mayo de la presente anualidad, en términos del Acuerdo General G/10/2006 y de la Circular 21/2008, ambos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 7

8 De este modo, si el recurso de revisión se interpuso el catorce de mayo de dos mil ocho, resulta claro que su presentación fue oportuna. TERCERO. Resulta innecesario transcribir los agravios propuestos por la parte quejosa, toda vez que esta Segunda Sala estima que el presente recurso debe declararse improcedente, en atención a las consideraciones que se vierten a continuación. A efecto de determinar la procedencia del presente medio de impugnación, resulta conveniente tener presente que en términos del artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las resoluciones en amparo directo no admiten recurso alguno en su contra, excepto cuando decidan sobre la constitucionalidad de una ley o establezca la interpretación directa de un precepto de nuestra Ley Fundamental cuya resolución entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. siguiente: El precepto legal de referencia establece literalmente lo Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [ ] IX. Las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de 8

9 Circuito no admiten recurso alguno, a menos de que decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución cuya resolución, a juicio de la Suprema Corte de Justicia y conforme a acuerdos generales, entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. Sólo en esta hipótesis procederá la revisión ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia del recurso exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales; [ ]. Por su parte, el Acuerdo 5/1999 emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 94, segundo párrafo, constitucional, determinó lo que debe entenderse por importancia y trascendencia como requisitos de procedencia del recurso de revisión en materia de amparo directo, constituyéndose el primer requerimiento cuando de los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso (o del planteamiento jurídico, en los asuntos donde opere la suplencia de la queja deficiente en términos del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo), se vea que los argumentos son excepcionales o extraordinarios, es decir, que entrañen un especial interés; y será trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la resolución que se pronuncie establezca un criterio con efectos sobresalientes de naturaleza constitucionalidad. 9

10 En el mismo orden de ideas, los artículos 83, fracción V, 84, fracción II, 90 y 93 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: Artículo 83. Procede el recurso de revisión: [ ] V. Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución. La materia del recurso se limitará, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras. Artículo 84. Es competente la Suprema Corte de Justicia para conocer del recurso de revisión, en los casos siguientes: [ ] II. Contra las resoluciones que, en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, siempre que se esté en el caso de la fracción V del artículo

11 Artículo 90. [ ] Siempre que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia o, en sus respectivos casos, el Pleno, o la Sala correspondiente, desechen el recurso de revisión interpuesto contra sentencias pronunciadas por Tribunales Colegiados de Circuito, por no contener dichas sentencias decisión sobre la constitucionalidad de una ley o no establecer la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, impondrán, sin perjuicio de las sanciones penales que procedan, al recurrente o a su apoderado, o a su abogado, o a ambos, una multa de treinta a ciento ochenta días de salario. Artículo 93. Cuando se trate de revisión de sentencias pronunciadas en materia de amparo directo por Tribunales Colegiados de Circuito, la Suprema Corte de Justicia únicamente resolverá sobre la constitucionalidad de la ley, tratado internacional o reglamento impugnados, o sobre la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, en los términos del artículo 83, fracción V, de esta ley. Finalmente, los artículos 10, fracción III, y 21, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la parte que interesa, rezan: 11

12 Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno: [ ] III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los tribunales colegiados de circuito, cuando habiéndose impugnado la inconstitucionalidad de una ley federal, local, del Distrito Federal o de un tratado internacional, o cuando en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dichas sentencias decidan u omitan decidir sobre tales materias, debiendo limitarse en estos casos la materia del recurso a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales; ( ) Artículo 21. Corresponde conocer a las Salas: [ ] III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito: a) Cuando habiéndose impugnado la constitucionalidad de un reglamento federal expedido por el Presidente de la República, o de reglamentos expedidos por el gobernador de un Estado o por el Jefe del Distrito Federal, o en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos 12

13 Mexicanos en estas materias, se haya decidido o se omita decidir sobre la misma inconstitucionalidad o interpretación constitucional ( ). Ahora bien, como se advierte de los antecedentes atinentes a la reforma de la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de mil novecientos noventa y nueve, el Constituyente Permanente estableció en forma excepcional, la procedencia del recurso de revisión interpuesto contra sentencias emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito, en congruencia al carácter uniinstancial del amparo directo, solamente en aquellos casos en los que fuese indispensable que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cómo Órgano terminal, se pronunciara en relación con los temas de constitucionalidad, es decir, delegó sus facultades a los Tribunales Colegiados de Circuito en aquellos asuntos en los cuales no se analizará algún aspecto de constitucionalidad y, en consecuencia, no se fijará un criterio de importancia y trascendencia. En tal virtud, debe señalarse que en el Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, relativo a los asuntos que el Alto Tribunal conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a los Tribunales Colegiados de Circuito, se delegó a estos últimos la competencia para conocer de aquellos asuntos en los que se cuestione la constitucionalidad de un reglamento, por lo que dichos tribunales actúan como órganos 13

14 terminales en esa materia, asumiendo la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En efecto, en el acuerdo de mérito, específicamente en su punto Quinto, fracción I, inciso B), se delegó a los Tribunales Colegiados de Circuito la competencia para conocer de los recursos de revisión en contra de sentencias dictadas por los Jueces de Distrito en la audiencia constitucional, cuando en el juicio se haya cuestionado la constitucionalidad, entre otros, de reglamentos federales o locales. En ese sentido, si bien dicha delegación de competencia es relativa al juicio de amparo indirecto, no menos cierto es que revela la intención de establecer el carácter de órganos terminales que, en esa materia, corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito, razón por la cual se estimó innecesaria la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en asuntos relativos a esa problemática. En consecuencia, si en amparo indirecto los referidos tribunales tienen el carácter de órganos terminales para resolver respecto de la constitucionalidad de reglamentos federales o locales, por identidad de razón, dado el carácter uni-instancial del amparo directo, debe concluirse que cuando en este último se cuestione la constitucionalidad de una disposición reglamentaria, y la solución del asunto no implique emitir un pronunciamiento relativo a la interpretación de un precepto de la Norma Fundamental sobre un tema inédito, es improcedente el recurso de revisión dado que la solución de el conflicto no entraña la 14

15 fijación de un criterio sobre temas constitucionales que revista características de importancia y trascendencia. En el caso particular, la parte quejosa cuestiona a través del recurso de revisión la determinación adoptada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, mediante la cual se resolvió que el artículo 32, fracción II, último párrafo, del Reglamento de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización no resulta violatorio de lo dispuesto por el artículo 89 constitucional, pues se limita a complementar y ampliar lo previsto por el artículo 74 de la Ley del Seguro Social; lo anterior, dado que a juicio del órgano jurisdiccional, se explica de manera pormenorizada y detallada el procedimiento que se debe llevar a cabo para revisar la siniestralidad de las empresas, y determinar así el aumento o disminución de la prima respectiva. En tal virtud, dado que en el presente recurso de revisión la materia de constitucionalidad que subsiste se refiere a un reglamento federal, debe decirse que no se reúnen los requisitos para su procedencia, en términos de la tesis 2ª. XXXVI/2008, sustentada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 731, Tomo XXVII Abril de 2008, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: 15

16 REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE CUESTIONE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UN REGLAMENTO. El punto Quinto, fracción I, inciso B), del Acuerdo General Plenario 5/2001, delegó a los Tribunales Colegiados de Circuito la competencia para conocer de los recursos de revisión en amparo indirecto cuando se cuestione la constitucionalidad de reglamentos federales o locales, lo cual revela la intención de establecer la calidad de órganos terminales que les asiste en esa materia; así, por identidad de razón, dado el carácter uni-instancial del amparo directo, debe concluirse que cuando en este último se cuestione la constitucionalidad de una disposición reglamentaria y la solución del asunto no implique emitir un pronunciamiento relativo a la interpretación de un precepto de la Ley Fundamental sobre un tema inédito, resulta improcedente el recurso de revisión, ya que la solución del conflicto debe considerarse definitiva al no presentarse la única razón que justificó el establecimiento, en forma excepcional, de dicho recurso en amparo directo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a saber, que como órgano terminal pudiera pronunciarse sobre la materia constitucional, lo que no acontece cuando por competencia delegada los Tribunales Colegiados de Circuito cumplen con esa función, como si fueran ese Alto Tribunal. 16

17 Similares consideraciones sustentó esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos directos en revisión 282/2008, 2071/2007 y 631/2008. Ahora bien, no obstante que lo antes expuesto es suficiente para concluir que el presente asunto no entraña la fijación de un criterio de importancia y trascendencia en relación con la facultad reglamentaria, en el caso existe otra razón que hace improcedente el recurso, a saber, que este Alto Tribunal no puede analizar las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por la parte quejosa en su ocurso de mérito, en razón de que los conceptos de violación vertidos ante el órgano jurisdiccional respecto del artículo 32, fracción II del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, fueron declarados inoperantes, tal y como se expuso en los resultandos de esta sentencia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2ª.CLVIII/2007, sustentada por esta Segunda Sala, visible en la página 455, Tomo XXVI, Octubre de 2007, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. DEBE DESECHARSE SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES CONSTITUCIONALES, ADVIERTE QUE NO PUEDE ANALIZARLAS AL RESULTAR 17

18 INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Cuando habiéndose planteado en la demanda de garantías un problema de constitucionalidad de una ley, de reglamentos federales o locales, o de un tratado internacional, el Tribunal Colegiado de Circuito al entrar al análisis del tema advierte que técnicamente no puede hacerlo porque los argumentos correspondientes resultan inoperantes, el recurso de revisión debe desecharse, pues el hecho de que los conceptos de violación en los que se haya planteado el problema de constitucionalidad se declaren inoperantes, implica que el Tribunal Colegiado advirtió una razón de tipo técnico que le impidió abordar su estudio. En un caso así, las consideraciones que sustenten el fallo constitucional lógicamente estarán dirigidas a demostrar la inoperancia de los motivos de inconformidad, cuestión que corresponde a la competencia habitual de esos órganos jurisdiccionales que resuelven en forma terminal los asuntos correspondientes. Luego, si contra dicho fallo se interpusiera revisión, la materia de ésta se circunscribiría a determinar si las razones en las que se sustentó el cuerpo colegiado para concluir que los conceptos de violación son inoperantes, resultan o no jurídicamente acertadas, lo que evidentemente constituye un problema de legalidad ajeno a las cuestiones propiamente constitucionales que no 18

19 puede ser materia del recurso de revisión. Admitir lo contrario implicaría desconocer la capacidad de los Tribunales Colegiados de Circuito para pronunciar sentencias contra las que no procede recurso alguno, definiendo esa cuestión meramente técnica que consiste en comparar la resolución jurisdiccional impugnada o las resoluciones de Jueces de Distrito recurridas en amparo indirecto con los agravios hechos valer y decidir si pueden operar de manera tal que den base para estudiar las cuestiones de fondo. En ese supuesto, por lógica, tendría que haberse establecido la recurribilidad de esos asuntos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues de no hacerlo se estaría incurriendo en la incongruencia de ante idéntica situación aceptar la revisión en amparo directo y rechazarla en indirecto. Por los motivos señalados con antelación, resulta claro que el presente medio de impugnación resulta improcedente y, por tanto, debe desecharse. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se desecha el recurso de revisión a que este expediente 860/2008 se refiere. 19

20 Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al Tribunal Colegiado de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de cuatro votos de los señores Ministros: Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos y Presidente José Fernando Franco González Salas. El Ministro Genaro David Góngora Pimentel votó en contra. Firman el señor Ministro Presidente y ponente, con el Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala que autoriza y da fe. PRESIDENTE Y PONENTE MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SALA LICENCIADO MARIO EDUARDO PLATA ÁLVAREZ En términos de lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte en su sesión del veinticuatro de abril de dos mil siete, y conforme a lo previsto en el/los artículo(s) 13, 14 y 18 * de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 20

21 Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos 21