Amnistía Internacional

Transcripción

1 Amnistía Internacional COREA DEL SUR Resumen de Preocupaciones de Amnistía Internacional DICIEMBRE 1994 RESUMEN ÍNDICE AI: ASA 25/36/94/s DISTR: SC/CO/GR La República de Corea (Corea del Sur) es una democracia con un gobierno civil elegido por los ciudadanos. Los derechos humanos de éstos se encuentran mejor protegidos que en las últimas décadas, cuando el gobierno era militar. Sin embargo, el gobierno surcoreano sigue permitiendo la detención de ciudadanos por ejercer su derecho a las libertades de expresión y asociación y mantiene en la cárcel a varios de los presos de conciencia con más largas condenas de todo el mundo. Basándose en información reunida de diversas fuentes durante todo el año, y tras una visita a Corea del Sur efectuada en octubre por representantes del Secretariado Internacional, Amnistía Internacional ha llegado a la conclusión de que la situación de los derechos humanos ha sufrido un empeoramiento en 1994 debido al uso generalizado que se ha hecho de la Ley de Seguridad Nacional para detener a presos de conciencia. La organización posee datos sobre decenas de estos presos a los que se arrestó, acusó y condenó por ejercer pacíficamente su derecho a la libertades de expresión y asociación. No se han llevado a cabo reformas clave necesarias para mejorar los derechos humanos, como la modificación de la Ley de Seguridad Nacional. Amnistía Internacional conoce los casos de al menos 30 presos cuyos juicios, celebrados bajo gobiernos anteriores, parecen haber presentado graves deficiencias, y que siguen detenidos sin perspectivas de lograr una revisión de sus casos. Durante una serie de huelgas decenas de trabajadores fueron encarcelados. Algunos de ellos, que no habían hecho uso ni apología de la violencia, eran presos de conciencia. Por primera vez en casi dos años se realizaron ejecuciones. En octubre de 1994 Amnistía Internacional envió a Corea del Sur una delegación compuesta por tres miembros para evaluar la situación en que se encontraban los derechos humanos en ese momento. En este informe se resumen varios de los hechos descubiertos por Amnistía Internacional durante la visita; también se recoge información reunida por la organización a lo largo de En este informe no se abordan todas las cuestiones de interés para Amnistía Internacional, sino que se destacan algunas de las más graves violaciones de los derechos civiles y políticos incluidos en el Mandato de Amnistía Internacional.

2 PALABRAS CLAVE: PRESOS POLÍTICOS / PRESOS DE CONCIENCIA / LEGISLACIÓN / CENSURA / ANCIANOS / FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE ASUNTOS RELIGIOSOS / ACTIVISTAS POLÍTICOS / CONDENA LARGA / MALA SALUD / RECLUSIÓN EN RÉGIMEN DE AISLAMIENTO / DETENCIÓN EN RÉGIMEN DE INCOMUNICACIÓN / TORTURA/MALOS TRATOS / PROFESORES UNIVERSITARIOS / DELITOS DE CARÁCTER POLÍTICO / ESPIONAJE / PENA DE MUERTE / HUELGAS / SINDICATOS / MISIONES / En este informe se resume el documento Corea del Sur: Resumen de preocupaciones de Amnistía Internacional (Índice AI: ASA 25/36/94/s), publicado por Amnistía Internacional en diciembre de Todo aquel que desee más detalles o emprender acciones en relación con este tema deberá consultar el documento completo. SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 8DJ, REINO UNIDO TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA

3 COREA DEL SUR Resumen de preocupaciones de Amnistía Internacional 1) Investigación de Amnistía Internacional sobre Corea del Sur Amnistía Internacional visita con regularidad Corea del Sur para investigar las cuestiones de derechos humanos incluidas en su mandato. También efectúa un seguimiento de la situación de los derechos humanos en Corea del Sur a lo largo del año en curso desde su Secretariado Internacional de Londres. Amnistía Internacional basa sus informes en diversos materiales que recoge durante el proceso de investigación. Entre ellos figuran testimonios orales y escritos; textos jurídicos, documentos judiciales incluidos; entrevistas con activistas de derechos humanos, especialistas en cuestiones legales y otros expertos, así como reuniones con representantes del gobierno. La organización hace también uso de los conocimientos y la experiencia adquiridos a lo largo de los años sobre los derechos humanos en Corea del Sur. En octubre de 1994 Amnistía Internacional envió una delegación de tres miembros a Corea del Sur para evaluar la situación de los derechos humanos en ese momento. En este informe se resumen varios de los hechos descubiertos por Amnistía Internacional durante dicha visita, y también se recoge información reunida por la organización a lo largo de En este informe no se abordan todas las cuestiones de interés para Amnistía Internacional, sino que se destacan algunas de las más graves violaciones de los derechos civiles y políticos incluidos en el Mandato de Amnistía Internacional. 2) Descripción general de la situación de los derechos humanos Corea del Sur es una democracia con un gobierno civil elegido por los ciudadanos. Los derechos humanos de éstos se encuentran mejor protegidos que en las últimas décadas, cuando el gobierno era militar. Sin embargo, el gobierno surcoreano sigue permitiendo la detención de ciudadanos por ejercer su derecho a las libertades de expresión y asociación y mantiene en la cárcel a varios de los presos de conciencia con más largas condenas de todo el mundo. Amnistía Internacional ha llegado a la conclusión de que la situación de los derechos humanos ha sufrido un empeoramiento en 1994 debido al uso generalizado que se ha hecho de la Ley de Seguridad Nacional para detener a presos de conciencia. La organización posee datos sobre decenas de estos presos a los que se arrestó, acusó y condenó por ejercer pacíficamente su derecho a las libertades de expresión y asociación. En octubre de 1994 había, según los informes recibidos, unos quinientos presos políticos, alrededor del setenta por ciento de los cuales se hallaban detenidos en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional. Amnistía Internacional, diciembre de 1994 Índice AI: ASA 25/36/94/s

4 2 Resumen de las preocupaciones de Amnistía Internacional No se han llevado a cabo reformas clave necesarias para mejorar los derechos humanos, como la modificación de la Ley de Seguridad Nacional. Amnistía Internacional conoce los casos de al menos 30 presos cuyos juicios, celebrados bajo gobiernos anteriores, parecen haber presentado graves deficiencias, y que siguen detenidos sin perspectivas de lograr una revisión de sus casos. Durante una serie de huelgas decenas de trabajadores fueron encarcelados. Algunos de ellos, que no habían hecho uso ni apología de la violencia, eran presos de conciencia. Por primera vez en casi dos años se realizaron ejecuciones. Amnistía Internacional contempla con satisfacción ciertos pasos de carácter reformista, entre ellos la preparación de un Código de Enjuiciamiento Criminal revisado. No obstante, la aparente falta de voluntad política para abordar algunos de los más acuciantes problemas, incluida una revisión de la Ley de Seguridad Nacional, suscita la inquietud de la organización. 3) Uso de la Ley de Seguridad Nacional para detener a presos de conciencia En aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, fueron arrestados durante 1994 decenas de presos de conciencia, entre los que había estudiantes, disidentes, activistas políticos, editores y personalidades del mundo académico. Los arrestos se produjeron durante todo el año, pero se intensificaron en el período que siguió a la muerte en julio de Kim Il Sung, Presidente de la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte) 1. Muchos estudiantes y activistas fueron arrestados por intentar expresar su condolencia por la muerte de Kim Il Sung mientras que otros lo fueron en una aparente campaña de represión contra los grupos izquierdistas. Los presos de conciencia son demasiado numerosos para citar todos los casos en este informe, pero sí se pueden mencionar algunos ejemplos. Todos los presos mencionados a continuación se encontraban en octubre en prisión en espera de juicio, coincidiendo con la visita de la delegación de Amnistía Internacional a Corea del Sur. Todos fueron considerados presos de conciencia por la organización. Nueve miembros de Saminchong (Unión de Juventudes Socialistas) fueron arrestados en agosto y acusados de publicar y repartir material considerado favorable a Corea del Norte. Esta organización cuenta con unos setenta y cinco miembros, opera con total transparencia y centra parte de su trabajo en la formación política de los obreros. Otra persona relacionada con este grupo, el profesor Yu Cho-ha, tuvo que ocultarse para evitar ser detenido. 1 Las preocupaciones de Amnistía Internacional en relación con Corea del Norte se exponen en informes publicados por el Secretariado Internacional. Estos informes, en los que se incluyen recomendaciones dirigidas al gobierno de Corea del Norte, han sido el elemento desencadenante de campañas realizadas en todo el mundo por miembros de Amnistía Internacional. Durante 1994, el gobierno surcoreano hizo un uso público del material de Amnistía Internacional sobre Corea del Norte. Este uso incluía la reproducción no autorizada de dos recientes informes de la organización sobre Corea del Norte por parte de organismos del gobierno surcoreano. Amnistía Internacional expresó su desacuerdo con este uso selectivo que las autoridades habían hecho de su material, que era potencialmente lesivo para la reputación de imparcialidad de que goza la organización. Amnistía Internacional insta al gobierno surcoreano a que mejore su propio historial de derechos humanos y al gobierno norcoreano a que obre de la misma manera. Tal como establecen las normas de trabajo de Amnistía Internacional, la Sección Surcoreana de Amnistía Internacional y los miembros de Amnistía Internacional residentes en Corea del Sur no hacen campañas ni declaraciones públicas sobre Corea del Norte en nombre de Amnistía Internacional. Índice AI: ASA 25/36/94/s Amnistía Internacional, diciembre de 1994

5 Resumen de las preocupaciones de Amnistía Internacional 3 Cuatro miembros de Pomminnyon, grupo opositor en favor de la reunificación, fueron arrestados por presuntas actividades favorables a Corea del Norte. Entre los detenidos figura el reverendo Kang Hui-chol, de setenta años de edad, que hizo una tentativa pública esencialmente simbólica de visitar Corea del Norte para expresar su condolencia por el fallecimiento de Kim Il Sung. Nueve miembros de un grupo juvenil llamado SAM fueron arrestados en septiembre y acusados de intentar indoctrinar a estudiantes de enseñanza secundaria con la filosofía Juche de Corea del Norte. En octubre tres permanecían en prisión, en espera de juicio. El grupo está compuesto por jóvenes, antiguos estudiantes de enseñanza secundaria que han constituido un foro de debate para atenuar la presión académica que se ejerce sobre los estudiantes. Los líderes opositores Hwang In-sung y Lee Chang-bok fueron arrestados en agosto invocando la Ley de Seguridad Nacional. Se les acusó de apoyar las ideas de Corea del Norte con respecto a la reunificación y de dar muestras de dolor por la muerte del presidente de la República Popular Democrática de Corea, Kim Il Sung. Sus seguidores creen que el verdadero motivo de su detención era impedir que organizaran una gran manifestación a favor de la reunificación de Corea. El Colegio de Abogados de Corea ha hecho un llamamiento en favor de la abolición de la Ley de Seguridad Nacional, argumentando que la seguridad nacional podría salvaguardarse añadiendo disposiciones penales y que la Ley de Seguridad Nacional podría abolirse sin poner en peligro la seguridad del Estado. Entre los partidarios de abolir o modificar esta ley figuran el Partido Democrático (principal partido de la oposición), un número considerable de expertos juristas y muchas organizaciones de derechos humanos. El Ministerio de Justicia ha manifestado a Amnistía Internacional que es necesario conservar la Ley de Seguridad Nacional en su forma actual debido a la amenaza que representa Corea del Norte. A Amnistía Internacional le preocupa el uso que ha hecho el gobierno de esta amenaza para encarcelar a personas que no suponían riesgo alguno para la seguridad del Estado. Le preocupa que parezca que el gobierno está utilizando la Ley de Seguridad Nacional como moneda de cambio en sus negociaciones con Corea del Norte, negándose a modificarla hasta que las relaciones entre los dos países hayan experimentado una drástica mejora. Amnistía Internacional cree que el gobierno ha incumplido el compromiso que hizo cuando ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), tratado que protege específicamente el derecho a las libertades de expresión y de asociación. En julio de 1992 el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas estudió un informe elaborado por el gobierno surcoreano sobre las medidas que había adoptado en cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En sus recomendaciones al gobierno surcoreano, el Comité declaró: «Debería hacerse un serio intento por retirar gradualmente la Ley de Seguridad Nacional que el Comité considera un gran obstáculo para el pleno ejercicio de los derechos establecidos en el Pacto». Amnistía Internacional, diciembre de 1994 Índice AI: ASA 25/36/94/s

6 4 Resumen de las preocupaciones de Amnistía Internacional 4) No revisión de los casos de presos políticos con largas condenas Amnistía Internacional ha documentado los casos de unos treinta presos políticos sentenciados a largas penas (más de siete años de prisión) durante gobiernos anteriores en juicios que no cumplían los requisitos que establecen las normas internacionales. Los grupos de defensa de los derechos humanos de Corea del Sur estiman que hay unos cuarenta casos de esta índole. La mayor parte de estos presos fueron detenidos durante las década de los setenta y los ochenta y, al parecer, fueron torturados en el transcurso de largos interrogatorios que tuvieron lugar mientras se encontraban detenidos en régimen de incomunicación. Muchos no pudieron contratar a abogados que les defendieran en el juicio y parece que se les declaró culpables principalmente sobre la base de confesiones realizadas bajo coacción. Según la legislación surcoreana, los criterios según los cuales se puede celebrar un nuevo juicio son muy específicos y es muy difícil que se cumplan. Los abogados que trabajan a favor de estos presos han manifestado a Amnistía Internacional que por el momento les ha resultado imposible conseguir las pruebas necesarias para propiciar un nuevo juicio de los presos en cuestión. Amnistía Internacional ha instado al gobierno surcoreano a que ordene una revisión de estos casos, sin que el gobierno haya dado muestra alguna de tener intención de hacerlo. Muchos de estos presos tienen actualmente mala salud debido a los efectos a largo plazo del encarcelamiento, a las torturas sufridas y a la deficiente atención médica de la prisión. Entre estos presos se encuentra el preso de conciencia Yu Chong-sik, condenado a cadena perpetua en 1975 y que al parecer ahora tiene mala salud física y mental. Las familias de algunos presos con largas condenas que han pasado más de diez años en la cárcel dijeron a Amnistía Internacional en octubre que los presos están perdiendo la esperanza y que esta circunstancia contribuye al empeoramiento de su salud. Dos de los presos de conciencia que más tiempo llevan en la cárcel de todo el mundo son surcoreanos. Kim Sun-myung y Ahn Hak-sop llevan más de cuarenta y un años encarcelados en situación de aislamiento prácticamente total y aparentemente con escasas perspectivas de ser liberados, salvo por razones de edad. Los dos fueron arrestados durante la Guerra de Corea ( ) y condenados por espionaje, pero Amnistía Internacional cree que el único motivo por el cual continúan en prisión es por su negativa a firmar una declaración de "conversión" en la que renunciarían a sus convicciones comunistas. En 1993 a un abogado que deseaba trabajar en favor de los dos presos las autoridades penitenciarias le denegaron la entrada a la prisión. Este hecho ha bloqueado efectivamente todos los medios legales de conseguir un cambio en su situación. 5) Deficiencias de los procedimientos de arresto e interrogatorio y malos tratos a los detenidos Los procedimientos de arresto e interrogatorio usados en Corea del Sur violan las normas internacionales sobre derechos humanos en varios aspectos, algunos de los cuales se indican aquí. A Amnistía Internacional le preocupa que las deficiencias de los procedimientos hayan provocado condenas injustas. A los presos políticos a menudo se les detiene sin mandamiento judicial, se les maltrata durante largos períodos de interrogatorio y se les considera efectivamente culpables antes de ser acusados y juzgados. Índice AI: ASA 25/36/94/s Amnistía Internacional, diciembre de 1994

7 Resumen de las preocupaciones de Amnistía Internacional 5 En la práctica a muchos sospechosos de haber cometido delitos políticos se les detiene empleando una orden de arresto de carácter urgente, firmada por un fiscal sin relación con ningún juzgado. En estos casos los detenidos pueden permanecer recluidos hasta 48 horas antes de que se obtenga un mandamiento judicial. Amnistía Internacional cree que la policía y la Agencia para la Planificación de la Seguridad Nacional han utilizado en ocasiones este período de 48 horas para obtener de los detenidos "confesiones" que fundamenten un mandamiento judicial. En la actualidad los jueces no tienen derecho a interrogar a los detenidos cuando cursan órdenes de arresto. Según el Código de Enjuiciamiento Criminal revisado, cuyo borrador se halla en este momento sometido a la aprobación de la Asamblea Nacional, en algunos casos al juez se le permite interrogar a determinados detenidos. Amnistía Internacional ha solicitado que esta importante salvaguarda se convierta en preceptiva, de forma que todos los detenidos comparezcan ante un juez. A los detenidos en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional se les puede interrogar hasta cincuenta días antes de presentar cargos contra ellos, lo cual constituye un período exageradamente largo. Amnistía Internacional considera que la policía y la Agencia para la Planificación de la Seguridad Nacional han aprovechado este largo período de interrogatorio para ejercer una presión excesiva sobre los detenidos, en un intento de extraer "confesiones" que se puedan utilizar en su contra en el juicio. A Amnistía Internacional le inquieta el uso generalizado de la privación del sueño durante el interrogatorio de los detenidos. De hecho, la organización no conoce ningún detenido reciente por razones políticas que no haya sido privado del sueño. Los detenidos relatan que lo típico es que se les impida dormir durante las primeras 48 horas de interrogatorio y que posteriormente sólo se les permita durante dos o tres horas cada noche hasta veinte días seguidos. Algunos detenidos recientes (especialmente los detenidos e interrogados por la Agencia para la Planificación de la Seguridad Nacional) informaron que habían recibido golpes y amenazas durante el interrogatorio. 6) Actividades ilegales realizadas por la Agencia para la Planificación de la Seguridad Nacional La Agencia para la Planificación de la Seguridad Nacional (APSN) tiene poder para arrestar e investigar a todas las personas a las que se les pueda aplicar alguna de las disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional. En diciembre de 1993 nuevas disposiciones legislativas dieron a la Asamblea Nacional (parlamento) poderes de control del presupuesto de la APSN y en junio de 1994 se constituyó un Comité de Inteligencia parlamentario para supervisar las actividades de la APSN. Amnistía Internacional contempló con satisfacción esta reforma pero teme que estos controles de las actividades cotidianas de la APSN puedan resultar insuficientes en relación con el poder facultades de la Agencia para arrestar e investigar a personas que presuntamente realizan actividades políticas ilegales. En junio de 1994 la APSN arrestó a 23 personas que fueron posteriormente acusadas de realizar actividades "contra el Estado" (en favor de Corea del Norte). Entre ellas se encontraba el ex profesor universitario Ahn Jae-ku, de 61 años, que fue acusado de actividades "contra el Estado" y "espionaje" en favor de Corea del Norte y condenado a cadena perpetua. Estos cargos se basaban en los vínculos existentes entre Ahn Jae-ku y un supuesto grupo pronorcoreano de Japón. Amnistía Amnistía Internacional, diciembre de 1994 Índice AI: ASA 25/36/94/s

8 6 Resumen de las preocupaciones de Amnistía Internacional Internacional cree que los cargos presentados contra él y otras personas en este caso carecen de fundamento y siente preocupación por que parece que la APSN ha exagerado los delitos y que puede haber proporcionado al ministerio fiscal pruebas exageradas o falsas. Estos motivos de preocupación aumentaron en octubre de 1994 con las revelaciones de un hombre que había trabajado para la APSN, en relación con un caso anterior por el que Amnistía Internacional se había interesado. Este hombre manifestó que en 1992 la APSN le había ordenado falsificar vínculos incriminatorios entre determinadas organizaciones no gubernamentales surcoreanas y un grupo de Japón favorable a Corea del Norte. También dijo que se le había ordenado proporcionar pruebas falsas contra dos hermanos (hombre y mujer), Kim Sam-sok y Kim Un-ju, que fueron arrestados en septiembre de Kim Sam-sok, preso de conciencia, cumple una condena de cuatro años de prisión acusado de contravenir las disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional. Amnistía Internacional sabe de dos ocasiones en 1994 en las que la APSN reveló a los medios de comunicación datos sobre detenidos por motivos políticos que convertían a éstos en culpables, aunque las personas en cuestión no habían sido juzgadas ni acusadas. En el caso de Ahn Jae-ku (mencionado anteriormente), la ANSP publicó un organigrama de una organización supuestamente dirigida por aquél, en el que todos los principales sospechosos figuraban como miembros de una organización que trabajaba para Corea del Norte. Amnistía Internacional considera este comportamiento una violación de la presunción de inocencia que puede comprometer la imparcialidad de los juicios. Amnistía Internacional considera a Ahn Jae-ku preso de conciencia e insta a su liberación inmediata e incondicional. 7) Aumento de la aplicación de la pena de muerte Quince criminales convictos fueron ejecutados el 6 de octubre (en 1993 no se produjo ninguna ejecución y hubo nueve en 1991 y otras nueve en 1992). El Ministerio de Justicia declaró que se llevarían a cabo más ejecuciones. Unos cincuenta presos declarados culpables de asesinato están condenados a muerte. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, por considerarla la forma más extrema de castigo cruel e inhumano. La pena de muerte es irreversible, se puede aplicar a un inocente y a menudo se aplica a los miembros más pobres de la sociedad, que disponen de menos medios de defensa. Las familias de algunos presos de Corea del Sur actualmente condenados a muerte no se podían permitir contratar a un abogado que defendiese al preso. La pena de muerte también niega al condenado toda posibilidad de rehabilitación. Al parecer, uno de los presos ejecutados en octubre, Suh Chae-taek, se había convertido en un preso modelo desde su arresto en Las últimas ejecuciones se llevaron a cabo al calor de la información sensacionalista de algunos medios de comunicación en relación con una serie de asesinatos y, al parecer, tanto para que sirvieran de aviso como para aplacar a la opinión pública. En octubre altos funcionarios del Ministerio de Justicia dijeron a Amnistía Internacional que las ejecuciones eran necesarias para reducir el índice de delitos de carácter violento de Corea del Sur. Sin embargo, dichos funcionarios desconocían si el gobierno había realizado un estudio sobre el impacto de la pena de muerte en el índice de delincuencia. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, ninguno de los estudios realizados en Índice AI: ASA 25/36/94/s Amnistía Internacional, diciembre de 1994

9 Resumen de las preocupaciones de Amnistía Internacional 7 otros países han indicado que la aplicación de la pena de muerte tenga un efecto especialmente disuasorio sobre los delitos de carácter violento. 8) Derechos humanos de los trabajadores Durante 1994 más de 100 trabajadores fueron arrestados en el transcurso de conflictos laborales en siete lugares de trabajo distintos. A la mayoría se les acusó, en virtud de la legislación laboral vigente, de realizar huelgas ilegales, de cometer actos violentos durante los enfrentamientos con policías antidisturbios y de alterar las actividades de la empresa. A Amnistía Internacional le preocupa que algunos de esos trabajadores que actualmente se encuentran en prisión sean presos de conciencia. En un conflicto relacionado con la Empresa Nacional Coreana de Ferrocarriles, ocho dirigentes sindicales, Suh Son-won incluido, fueron detenidos en septiembre en un templo durante una sentada pacífica. Los ocho trabajadores ferroviarios y decenas de otros trabajadores pertenecían al sindicato Chongihyop, que es ilegal porque la legislación actual no permite más de un sindicato en cada lugar de trabajo. Se consideró que habían realizado una huelga ilegal porque la legislación actual no permite que los funcionarios del Estado se pongan en huelga. Amnistía Internacional estima que la acusación de cometer actos violentos presentada contra Suh Son-won carece de fundamento. A la organización le preocupa que se enfrente a una condena de cárcel siendo preso de conciencia. También suscita preocupación que a su esposa y a sus dos hijos de corta edad se les haya desalojado de su vivienda social a consecuencia de la detención y posterior despido de Suh Son-won de la Empresa Nacional Coreana de Ferrocarriles. La legislación laboral surcoreana viola las normas internacionales en varios aspectos. La prohibición de la "intervención de terceros" en los conflictos laborales impide efectivamente a las organizaciones sindicales asesorar a los sindicatos filiales; a los funcionarios y maestros del Estado no se les permite la pertenencia a un sindicato; sólo se permite un sindicato en cada lugar de trabajo, lo que supone la negación efectiva del derecho de los trabajadores a afiliarse libremente a un sindicato; a los funcionarios del estado no se les permite ir a la huelga. En octubre altos funcionarios del gobierno dijeron a Amnistía Internacional que la prohibición sobre la intervención de terceros sería levantada en un futuro próximo. Amnistía Internacional, diciembre de 1994 Índice AI: ASA 25/36/94/s

10 8 Resumen de las preocupaciones de Amnistía Internacional 9) Recomendaciones de Amnistía Internacional al Gobierno de Corea del Sur Modificar la Ley de Seguridad Nacional El gobierno debe garantizar que se modifica la Ley de Seguridad Nacional de manera que el derecho a las libertades de expresión y de asociación quedan totalmente protegidos. Estos derechos fundamentales se hallan recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del cual el gobierno de Corea del Sur es parte. Se trata de derechos que no deben depender del establecimiento de mejores relaciones con Corea del Norte. Liberar a todos los Presos de Conciencia Amnistía Internacional insta a la inmediata e incondicional liberación de todos los presos de conciencia de Corea del Sur. Define a los presos de conciencia como personas encarceladas por el ejercicio no violento de su derecho a las libertades de expresión y de asociación. Amnistía Internacional ha documentado los casos de decenas de presos de conciencia, algunos arrestados en 1994 y otros en años anteriores. La mayoría de estos presos se hallan detenidos en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional. Los presos de conciencia Kim Sun-myung y Ahn Hak-sop llevan más de cuarenta años encarcelados en régimen de aislamiento casi total. Amnistía Internacional cree que siguen presos sólo porque se niegan a firmar una declaración de "conversión" al anticomunismo. La organización ha hecho un llamamiento a favor de su liberación inmediata e incondicional. Revisar los casos de presos políticos con largas condenas Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento al gobierno para que inicie una revisión de los casos de presos políticos que se cree que fueron injustamente condenados durante gobiernos anteriores. Amnistía Internacional ha documentado unos 30 casos de este tipo, en la mayoría de los cuales los acusados fueron condenados a cadena perpetua por espionaje. Garantizar que los procedimientos de arresto e interrogatorio cumplen las normas internacionales de derechos humanos Deben modificarse algunos de los actuales procedimientos de arresto e interrogatorio hasta que cumplan las normas internacionales de derechos humanos. Todos los detenidos deben comparecer inmediatamente ante un juez. A los detenidos no se les debe someter a privación del sueño ni a otros malos tratos durante el interrogatorio, y la duración (actualmente hasta cincuenta días) del interrogatorio de los detenidos en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional antes de la presentación de cargos debe sufrir una drástica reducción. Los procedimientos de arresto e interrogatorio deben estar en consonancia con las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención contra la Tortura, de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, del Índice AI: ASA 25/36/94/s Amnistía Internacional, diciembre de 1994

11 Resumen de las preocupaciones de Amnistía Internacional 9 Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y de otras normas internacionales relevantes. Abolir la pena de muerte y conmutar todas las condenas a muerte El gobierno debe adoptar medidas encaminadas a la abolición de la pena de muerte. En el período transitorio previo a dicha abolición, debe reducir el número de delitos punibles con la muerte, dejar de llevar a cabo ejecuciones y conmutar todas las condenas a muerte. Respetar el derecho de los trabajadores a la libertad de expresión y asociación No se debe arrestar ni encarcelar a los trabajadores por ejercer su derecho a las libertades de expresión y de asociación. La actual legislación laboral debe modificarse para que se ajuste a las normas internacionales, lo que incluye el levantamiento de la prohibición de la "intervención de terceros" en los conflictos laborales. Amnistía Internacional, diciembre de 1994 Índice AI: ASA 25/36/94/s