EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Transcripción

1 DEL DIP. LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DERECHO DE PETICIÓN. INICIATIVA DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 8 DE LA DE PETICIÓN. EL QUE SUSCRIBE, LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA LVIII LEGISLATURA, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME OTORGA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADO UNIDOS MEXICANOS, Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 56, 62 Y 63 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADO UNIDOS MEXICANOS, PRESENTO ANTE LA HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN INICIATIVA DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 8 DE LA DE PETICIÓN, AL TENOR DE LA SIGUIENTE: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: EL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CONSAGRA UNA GARANTÍA ESPECÍFICA DE LIBERTAD, EL DERECHO DE PETICIÓN: COMO POTESTAD JURÍDICA PARA SOLICITAR LA INTERVENCIÓN DEL PODER PÚBLICO EN UN CASO CONCRETO. EN CONTRA DE LO QUE OCURRE EN LA MAYORÍA DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES, QUE IMPONEN AL ESTADO UNA OBLIGACIÓN NEGATIVA O DE ABSTENCIÓN RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES QUE PUEDAN REALIZAR LOS PARTICULARES, EL DERECHO DE PETICIÓN SUPONE UNA OBLIGACIÓN POSITIVA DE PARTE DE LOS ÓRGANOS ESTATALES, QUE ES PRECISAMENTE LA DE CONTESTAR POR ESCRITO Y EN BREVE TÉRMINO AL AUTOR DE LA PETICIÓN. DE ESTA MANERA, EL DERECHO DE PETICIÓN ES EL SUSTENTO DE GRAN PARTE DE LAS RELACIONES JURÍDICAS ENTRE GOBERNANTES Y GOBERNADOS. CONSTITUYE EL MECANISMO POR VIRTUD DEL CUAL LOS PARTICULARES REALIZAN TODA CLASE DE TRÁMITES FRENTE A LAS AUTORIDADES Y PONEN EN MOVIMIENTO A LOS ÓRGANOS DEL ESTADO, SEAN ESTOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS E INCLUSO, EN ALGUNOS CASOS, LEGISLATIVOS. Y COMO GARANTÍA INDIVIDUAL, SE CONVIERTE EN LA CONSECUENCIA DE UNA EXIGENCIA JURÍDICA Y SOCIAL EN UN RÉGIMEN DE LEGALIDAD. EL TEXTO CONSTITUCIONAL ES TERMINANTE, LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS RESPETARAN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN, SIEMPRE QUE ESTA SE FORMULE POR ESCRITO, DE MANERA PACIFICA Y RESPETUOSA...A TODA PETICIÓN DEBERÁ RECAER UN ACUERDO ESCRITO DE LA AUTORIDAD A QUIEN SE HAYA DIRIGIDO, LA CUAL TIENE OBLIGACIÓN DE HACERLO CONOCER EN BREVE TERMINO AL PETICIONARIO. SIN EMBARGO, LA FALTA DE REGLAMENTACIÓN Y DE DESARROLLO NORMATIVO DEL DERECHO DE PETICIÓN HA DEJADO ABIERTA UNA ENORME BRECHA PARA QUE LAS AUTORIDADES LO INTERPRETEN A SU ARBITRIO, CASI SIEMPRE EN DETRIMENTO DE SU EXTENSIÓN Y EFICACIA. LA MISMA JURISPRUDENCIA, A PESAR DE SU ABUNDANCIA,

2 TAMPOCO HA SIDO SUFICIENTE PARA DAR PLENA VIGENCIA A ESTE DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO. EN PRINCIPIO, LA REGULACIÓN DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN DEBE CARACTERIZARSE POR SU SENCILLEZ Y ANTIFORMALISMO. AUNQUE SE TRATA DE UN DERECHO QUE SE EJERCITA SIEMPRE POR ESCRITO, EN EL TEXTO QUE SE PROPONE, SE PERMITE LA UTILIZACIÓN DE CUALQUIER MEDIO, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL IMPULSO DE LOS DE CARÁCTER ELECTRÓNICO, SIEMPRE QUE RESULTE ACREDITADA LA DECLARACIÓN DE VOLUNTAD. EN CUALQUIER CASO, EL PRINCIPIO CONTRARIO A FORMAS OBLIGA A ESTABLECER LOS REQUISITOS MÍNIMOS IMPRESCINDIBLES PARA SU EJERCICIO. EN LA INICIATIVA DE LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE DERECHO DE PETICIÓN QUE SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA, TAMBIÉN SE DELIMITA EL ÁMBITO SUBJETIVO DE LOS TITULARES DEL DERECHO DE PETICIÓN, RECONOCIENDO EL EJERCICIO DE ESA GARANTÍA A TODA PERSONA FÍSICA O MORAL, POR SÍ O POR MEDIO DE REPRESENTANTE. ESTABLECIÉNDOSE COMO ÚNICA SALVEDAD, ATENTOS AL TEXTO CONSTITUCIONAL, QUE EN MATERIA POLÍTICA EL USO DEL DERECHO DE PETICIÓN ESTARÁ RESERVADO A LOS CIUDADANOS DE LA REPÚBLICA. COMO DESTINATARIOS, EL DERECHO DE PETICIÓN PODRÁ EJERCERSE ANTE CUALQUIER AUTORIDAD, FUNCIONARIO, EMPLEADO PÚBLICO U ÓRGANO DEL SUPREMO PODER PÚBLICO DEL ESTADO. Y EL EJERCICIO DE ESTE DERECHO PODRÁ TENER POR OBJETO CUALQUIER ASUNTO O MATERIA, CON INDEPENDENCIA DE QUE LA PETICIÓN INCIDA EXCLUSIVAMENTE SOBRE INTERESES PARTICULARES DEL PETICIONARIO O SEA DE INTERÉS COLECTIVO O GENERAL. EN ESTE ASPECTO, ES DE RESALTARSE QUE EN EL PROYECTO SE INTRODUCE LA FIGURA DE LA LLAMADA PETICIÓN DE INTERÉS GENERAL, PARA QUE MEDIANTE ELLA UNA AUTORIDAD TENGA QUE PRONUNCIARSE SOBRE UN ASUNTO QUE AFECTA A LA COMUNIDAD. LAS PETICIONES PUEDEN INCORPORAR UNA SUGERENCIA O EXPRESAR QUEJAS O SÚPLICAS. SU OBJETO, POR TANTO, SE CARACTERIZA POR SU AMPLITUD Y ESTÁ REFERIDO A CUALQUIER ASUNTO DE INTERÉS GENERAL, COLECTIVO O PARTICULAR. AHORA BIEN, SU CARÁCTER SUPLETORIO RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS FORMALES ESPECÍFICOS DE CARÁCTER PARLAMENTARIO, JUDICIAL O ADMINISTRATIVO OBLIGA A DELIMITAR SU ÁMBITO A TODO AQUELLO QUE NO DEBA SER OBJETO DE UN PROCEDIMIENTO ESPECIALMENTE REGULADO. AL ENTRAR EN EL DETALLE DE SU TRAMITACIÓN, ORIENTADA NECESARIAMENTE A LA SATISFACCIÓN DEL DERECHO, EN LA INICIATIVA SE PRESTA SINGULAR ATENCIÓN A LAS OBLIGACIONES DE LOS PODERES PÚBLICOS Y AUTORIDADES DESTINATARIAS DE LAS PETICIONES. PREVINIÉNDOSE QUE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 30 DÍAS NATURALES, A TODA PETICIÓN DEBERÁ RECAER UNA RESOLUCIÓN ESCRITA, DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA, DE LA AUTORIDAD A QUIEN SE HAYA DIRIGIDO, Y QUE ESTA RESOLUCIÓN DEBERÁ SER CONGRUENTE CON LO SOLICITADO; EFECTIVA PARA LA SOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE PLANTEA; SUSTANCIAL, RESOLVIENDO EL FONDO DEL ASUNTO QUE SE SOMETE, Y OPORTUNA. SIGUIENDO AL DERECHO COMPARADO SE INTRODUCE LAS PREVISIONES DE QUE EL PETICIONARIO PUEDE DESISTIR DE LA PETICIÓN PRESENTADA SIN INCURRIR EN NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD; Y QUE DEL EJERCICIO DEL DERECHO NO PUEDE DERIVARSE PERJUICIO ALGUNO PARA EL SOLICITANTE, SALVO CUANDO INCURRA, CON OCASIÓN DE SU EJERCICIO, EN DELITO. Y EN GENERAL, EN EL PROYECTO EXISTE EL ESPÍRITU DEFINIDO HACIA LA EFECTIVA SATISFACCIÓN DEL DERECHO QUE SE MANIFIESTA TANTO EN LA

3 REGULACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE COMPETENCIA DE LA INSTITUCIÓN O AUTORIDAD QUE DEBEN RESOLVERLA, COMO EN EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN JURISDICCIONAL DE LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL. EN VISTA DE LAS ANTERIORES CONSIDERACIONES, Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 71 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA LA SIGUIENTE INICIATIVA DE DECRETO QUE EXPIDE LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE DERECHO DE PETICIÓN. ARTÍCULO ÚNICO.- SE EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 8 DE LA DE PETICIÓN: Ley Reglamentaria del Artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derecho de Petición. Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto reglamentar el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho de petición. Artículo 2. Toda persona física o moral, por sí o por medio de representante, estará legitimada para ejercer el derecho de petición, a condición que se formule de manera pacífica y respetuosa. Artículo 3. En materia política el uso del derecho de petición estará reservado a los ciudadanos de la República. Artículo 4. La petición de interés general se fundamenta en la necesidad de protección del bien común y el interés general. Mediante ella se solicita a la autoridad que se pronuncie sobre un aspecto que afecta a la comunidad. Artículo 5. Del ejercicio del derecho de petición no podrá derivarse perjuicio alguno para el peticionario. Artículo 6. El derecho de petición podrá ejercerse ante cualquier autoridad, funcionario, empleado público u órgano del Supremo Poder Público del Estado. Artículo 7. El ejercicio de este derecho podrá tener por objeto cualquier asunto o materia, con independencia de que la petición incida exclusivamente sobre intereses particulares del peticionario o sea de interés colectivo o general. Artículo 8. Las peticiones para cuya satisfacción otro ordenamiento jurídico establezca un procedimiento específico, deberán sujetarse al mismo. Artículo 9. Las peticiones se formularán por escrito, pudiendo utilizarse cualquier medio, incluso de carácter electrónico, que permita acreditar su autenticidad, e incluirán necesariamente la identidad del solicitante, la nacionalidad, el lugar o el medio elegido para la práctica de notificaciones, el objeto y el destinatario de la petición. En el caso de peticiones colectivas, además de cumplir los requisitos anteriores, serán firmadas por todos los peticionarios, debiendo figurar, junto a la firma de cada uno de ellos su nombre y apellidos. Artículo 10. En todo momento los peticionarios podrán exigir la confidencialidad de sus datos. Artículo 11. El peticionario estará facultado para dar cuenta del ejercicio de su derecho a institución u órgano diferente de aquel ante quien dirigió la petición, remitiéndole copia del escrito sin otro efecto que el de su simple conocimiento.

4 Artículo 12 En ningún caso la presentación de una petición ante una autoridad no competente en razón de la materia dará causa a su rechazo o archivo. Cuando un órgano público reciba una petición cuya satisfacción corresponda a otro, el ente receptor la transferirá al competente dentro de los cinco días de recibida, debiendo notificar oportunamente al peticionario la transferencia. Artículo 13. Si quien presenta una petición verbal afirma no saber o no poder escribir, el funcionario encargado expedirá la constancia escrita de haberse presentado. Artículo 14. El peticionario puede desistir de la petición presentada sin incurrir en ningún tipo de responsabilidad. Sin embargo, si la entidad considera que el asunto del derecho de petición es de interés público podrá continuar de oficio con la actuación. Artículo 15. La institución pública o autoridad que reciba una petición acusará recibo de la misma y proveerá en forma inmediata a su trámite. Esta actuación se llevará a efecto por el órgano correspondiente de acuerdo con la norma organizativa de cada entidad. Artículo 16. Si la petición no reúne los requisitos exigidos o no contiene todos los datos requeridos, el ente correspondiente deberá hacérselo saber al peticionario a fin de que corrija y complete los datos, para ello contará con el apoyo y asesoramiento de la misma oficina receptora. La omisión de uno de esos requisitos nunca será causa para no admitir a trámite la petición. Artículo 17. También se podrá requerir al peticionario la aportación de aquellos datos o documentos complementarios que obren en su poder o cuya obtención esté a su alcance y que resulten estrictamente imprescindibles para tramitar la solicitud. La no aportación de tales datos y documentos tampoco determinará la no admisión a trámite de la petición. Artículo 18. No se admitirán las peticiones cuyo objeto sea ajeno a las atribuciones de los Poderes Públicos del Estado, así como aquéllas cuya resolución deba ampararse en un título específico distinto al establecido en esta Ley que deba ser objeto de un procedimiento parlamentario, administrativo o de un proceso judicial. Tampoco se admitirán aquellas peticiones sobre cuyo objeto exista un procedimiento parlamentario, administrativo o un proceso judicial ya iniciado, en tanto sobre los mismos no haya recaído acuerdo o resolución firme. Artículo 19. En un plazo máximo de 30 días naturales, a toda petición deberá recaer una resolución escrita, debidamente fundada y motivada, de la autoridad a quien se haya dirigido. Esta resolución deberá reunir además las siguientes características: I. Ser congruente con lo solicitado; II. Ser efectiva para la solución de la problemática que se plantea; III. Ser sustancial, resolviendo el fondo del asunto que se somete; IV. Ser oportuna. Artículo 20. El peticionario será notificado de la resolución en un término nunca superior a 15 días naturales. Artículo 21. Los órganos de los Poderes Públicos del Estado instrumentarán la creación de un sistema probatorio o demostración del trámite y resolución de las peticiones que les sean formuladas. Artículo 22. Cuando la petición se estime fundada, la autoridad u órgano competente para conocer de ella, estará obligado a atenderla y a adoptar las medidas que estime oportunas a fin de lograr su plena efectividad, incluyendo, en su caso, el impulso de los procedimientos necesarios para adoptar una disposición de carácter general.

5 Artículo 23. En caso de que, como resultado de la petición, se haya adoptado cualquier acuerdo, medida o resolución específica, se agregará copia de ella a la contestación. Artículo 24. Se considerará causa grave de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, la negativa de atender el derecho de petición. Artículo 25. Las responsabilidades administrativas que se generen por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Ley, serán independientes de las del orden civil o penal que procedan. Artículo 26. El derecho de petición será objeto de tutela de la justicia federal mediante los procedimientos establecidos. Transitorios Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente ordenamiento. PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL DOS. DIPUTADO FEDERAL LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA