JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 3 PALMA DE MALLORCA

Transcripción

1 JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 3 PALMA DE MALLORCA AUTO: 00121/2018 Modelo: N35350 CALLE JOAN LLUIS ESTELRICH, Nº PALMA.- Equipo/usuario: 6 N.I.G: Procedimiento: PSS PIEZA SEPARADA DE MEDIDAS CAUTELARES / PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO /2018 Sobre: OTROS ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL De D/Dª: DELEGACION DEL GOBIERNO, MINISTERIO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIONES TERRITORIALES Abogado: ABOGADO DEL ESTADO, ABOGADO DEL ESTADO Procurador D./Dª:, Contra D./Dª AJUNTAMENT DE POLLENÇA Abogado: MIGUEL RIPOLL TORRES Procurador D./Dª JUAN JOSE PASCUAL FIOL AUTO Nº 121/2018 En la Ciudad de Palma, a 28 de mayo de 2018 VISTOS por D. Pedro Antonio Mas Cladera, Magistrado-Juez titular del Juzgado de lo Contencioso número 3 de esta ciudad los presentados autos de la pieza de medidas cautelares, incoada bajo el número PO 41/18 (PSS) seguidos a instancia de la Abogado del Estado, en representación de la Administración General del Estado (Ministerio del Interior), en consideración a los siguientes HECHOS PRIMERO.- Por la Abogado del Estado, en representación de la Administración General del Estado (Ministerio del Interior), mediante escrito de 16 de abril de 2018 se interpuso recurso contencioso administrativo contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Pollença de fecha 22 de febrero de 2018, por el que se aprobaron las bases reguladoras de las subvenciones a las empresas que utilicen el catalán como lengua habitual (BOIB número 29, de 6 de marzo de 2018). SEGUNDO.- En dicho escrito la Administración recurrente interesó que se procediera a adoptar la medida cautelar de suspensión de la resolución impugnada, por lo que se formó pieza separada. El Ayuntamiento demandado presentó alegaciones en el plazo establecido, oponiéndose a la medida solicitada. FUNDAMENTOS DE DERECHO

2 PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto, la medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad al recurso. Podrá denegarse cuando de ésta pudiera seguirse perturbación grave para los intereses generales o de tercero que el Juez o Tribunal ponderará en forma circunstanciada. Esto es, que dado que la Administración sirve los intereses generales, se ha de partir del principio de la ejecutividad del acto y el de presunción de validez de la actuación administrativa (artículos 94 y 57 de la Ley 30/1992 y 38 y 39 de la Ley 39/2015), la LJCA supone la plasmación legal de una consolidada doctrina jurisprudencial y del Tribunal Constitucional de la que entresacamos algunos de los aspectos más relevantes para luego examinar los motivos aducidos: a) La justicia cautelar forma parte del contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva (SSTC 115/87, 7 de julio), ya que «la tutela judicial no es tal sin medidas cautelares que aseguren el efectivo cumplimiento de la resolución definitiva que recaiga en el proceso». Sucede, en consecuencia, que «la medida cautelar a adoptar en cada caso ha de ser adecuada a su finalidad de garantizar la efectividad de la tutela judicial que en su día se otorgue» (STC 148/93, 29 de abril). Por ello «la necesidad de atenerse a la singularidad de cada caso debatido por las circunstancias concurrentes en el mismo, lo que implica, desde luego un claro relativismo en desacuerdo con declaraciones dogmáticas y con criterios rígidos o uniformes» (Autos del TS de 23 de enero de 1990, 8 de octubre de 1991 y 31 de octubre de 1994). b) Es indiscutible que «la suspensión de la ejecutividad de los actos recurridos es una medida provisional establecida para garantizar la efectividad de la sentencia que en su día pueda recaer en el proceso principal» (STS de 20 de febrero de 2004). No cabe, por tanto, prejuzgar el fondo del asunto por lo que son ajenas al incidente cautelar las cuestiones que corresponde resolver al proceso principal (STC 148/1993, 29 de abril, ATS 22 de octubre de 2002, STS 2 de julio de 2004). c) El interesado en obtener la suspensión tiene la carga de probar adecuadamente qué daños y perjuicios de reparación imposible o difícil concurren en el caso para acordar la suspensión sin que sea suficiente una mera invocación genérica (Auto TS de 22 de octubre de 2002). d) La posibilidad de que la nulidad de pleno derecho pueda operar para justificar la suspensión está condicionada a que «de una manera terminante, clara y ostensible se aprecie la concurrencia de una de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en nuestro ordenamiento» (STS de 30 de enero de 2001, con cita de múltiples autos y sentencias anteriores en la misma línea). De tal suerte que la virtualidad de tal doctrina es escasa al no ser el incidente de suspensión el trámite idóneo para decidir la cuestión objeto del pleito. e) El principio de la apariencia de buen derecho ha de manejarse con mesura (Auto TS de 17 de enero de 2000, STS 12 de noviembre de 2003). Insiste así la STS de 12 de julio de 2004, al margen de que sólo puede ser un factor importante, como indicaban los Autos TS de 19 de mayo y 12 de noviembre de 1998 y la STS de 10 de julio de 1998, para dilucidar la prevalencia del interés que podría dar lugar a la procedencia

3 de la suspensión, siempre que concurran daños y perjuicios acreditados por quien solicita la suspensión. Por ello reiterada jurisprudencia (Auto TS de 22 de octubre de 2002, con cita de otros anteriores, Sentencias de 7 de octubre y 11 de noviembre de 2003) ha resuelto que sólo cabe considerar su alegación cuando el acto haya recaído en cumplimiento o ejecución de una norma o disposición general que haya sido previamente declarada nula o cuando se impugna un acto o una disposición idénticos a otros que ya fueron jurisdiccionalmente anulados. f) No todo perjuicio económico derivado de la posibilidad de dejar sin efecto la ejecución del acto lleva consigo la necesidad de adoptar la medida cautelar por cuanto deben ponderarse los perjuicios que, desde el punto de vista de la eficacia administrativa, ocasionaría la dilación en llevar a efecto los acuerdos adoptados (STS de 7 de octubre de 2003). g) En cuanto a la ponderación de intereses se hace necesario una adecuada conjunción entre el interés público y el privado a la hora de resolver sobre la adopción de la medida cautelar (STS de 12 de julio de 2004) resolviendo según el grado en que el interés público esté en juego (Auto TS de 15 de marzo de 2000). También para la prosperabilidad de la pretensión es preciso un imprescindible juicio de ponderación (Sentencias de 14 de abril de 2003 y 16 de marzo de 2004) acerca del interés público a proteger. h) Para valorar los intereses en conflicto hay que tener en cuenta la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 1997, en la que se afirma que: El concepto jurídico indeterminado expresamente recogido en el art. 122 LJCA, ha de valorarse en cada caso en muy directa relación con el interés público presente en la actuación administrativa; y así, cuando las exigencias de ejecución que el interés público presenta son tenues, bastarán perjuicios de escasa entidad para provocar la suspensión, y por el contrario, cuando aquella exigencia sea de gran intensidad, sólo perjuicios de muy elevada consideración podrán determinar la suspensión de la ejecución. i) Estas ideas rectoras podrían resumirse en las siguientes: a) La justicia cautelar se configura como instrumento al servicio del derecho a la tutela judicial efectiva; b) El criterio que ha de presidir la adopción de cualquier medida cautelar consiste en que la ejecución del acto o la aplicación de la disposición objeto de recurso puedan hacer perder la finalidad legítima al mismo, pero siempre sobre la base de una ponderación suficientemente motivada de todos los intereses en conflicto; y, en fin, c) El criterio de que no existe límite en cuanto a las medidas cautelares que pudieran adoptarse, dándose pie incluso a las de carácter positivo. (Sentencia 87/2017, de 17 de febrero de 2017, de la Sala de lo Contenciosoadministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección 7ª). SEGUNDO.- La Administración recurrente pretende en este incidente que se conceda medida cautelar consistente en dejar en suspenso la ejecución del acto impugnado, basándose en que la actuación municipal impugnada contraviene el sistema legal diseñado por el artículo 3 de la Constitución en materia de lenguas oficiales, aduciendo que la doctrina constitucional ha sentado el principio de que la regulación de la cooficialidad lingüística no puede imponer la primacía de una de las lenguas oficiales en relación con otra, ni suponer una postergación o menoscabo de alguna de ellas. Considera, así, que el acuerdo objeto de recurso incluye medidas tendentes a la eliminación de la otra lengua oficial, esto es, el castellano, y de ahí que interese la suspensión de la ejecución de ese acuerdo, alegando que procede por ello decretar la suspensión, pues quebrar la Constitución constituye un perjuicio irreparable no admisible en un Estado de Derecho. Añade que, si se otorgan las

4 subvenciones y finalmente se estima el recurso, los beneficiarios deberán devolver las cantidades recibidas, lo que ocasionaría mayor perjuicio, por tratarse de terceros. La representación procesal del Ayuntamiento demandado ha formulado alegaciones en las que se opone a la medida cautelar, por considerar que la solicitud no reúne requisitos para ser estimada. Rechaza que se trate de supuesto de prohibición de la lengua castellana, sino de medidas tendentes a fomentar el uso de la lengua catalana, en consonancia con las previsiones constitucionales y de la Ley 3/1986, de normalización lingüística, plenamente adecuada a aquellas. Niega, igualmente, que se vaya a perder la finalidad legítima del recurso y manifiesta que, dada la escasa cuantía de las ayudas, no plantearía ningún problema su devolución, caso de ser estimado el recurso. TERCERO.- Los intereses confrontados que han de ponderarse en esta pieza son los que haya acreditado la parte recurrente, de carácter público al tratarse de una Administración pública, y los propios de todo acto administrativo, ínsitos en el acuerdo impugnado. Así como examinar si concurren los requisitos necesarios para la aplicación del citado artículo 130 LJCA, es decir, que el recurso pierda su finalidad legítima. Esto significa que de ejecutarse el acto, se crearían situaciones jurídicas irreversibles, haciendo ineficaz la sentencia que se dicte e imposibilitando el cumplimiento de la misma en sus propios términos. En el presente caso, dado el contenido del acto recurrido, no se aprecia ese periculum in mora, para el supuesto de no adoptar la medida cautelar; dado el objeto del recurso y pese a que puedan serse afectadas terceras personas (los beneficiarios de las subvenciones), lo cierto es que habida cuenta de las cantidades de que se trata (que se mueven entre 150 y 450 por beneficiario), no puede considerarse que se esté en presencia del mismo supuesto alegado por la Administración demandante, Auto núm. 40/18, de 21 de febrero, en el que se estaba hablando de la percepción de un complemento salarial por un elevado número de empleados públicos durante tiempo indeterminado, lo que, en ese caso sí, podría dar lugar a situaciones de más difícil reversibilidad. No puede apreciarse, pues, perjuicio en la demora en los términos postulados por la parte recurrente. Tampoco se aprecia la existencia de perjuicios irreparables o de difícil reparación, pues, habida cuenta del contenido del acto impugnado, no se puede considerar como tal, sin más, la quiebra de la Constitución que se alega, ya que ello implica prejuzgar el asunto, lo que, como se ha expuesto más arriba, se halla vedado a esta fase cautelar, que no puede adentrarse en el fondo del asunto más allá de lo imprescindible. Tratándose, como se trata, de litigio entre dos administraciones públicas territoriales, cuyos intereses generales por ellas representados gozan de igual protección, no se observa que exista ninguna causa que impida aplicar la regla general de la eficacia y validez de los actos administrativos, manteniendo su ejecutividad. No hay duda de que, cualquiera que sea el resultado del pleito, no se habrán producido daños o perjuicios de carácter irreparable. Sin que sea procedente, como se ha dicho, entrar en los motivos de fondo del litigio, puesto que esto significaría adelantar el conocimiento del asunto, sin que se aprecien, a título indiciario, motivos suficientes para acordar la suspensión en esta fase preliminar, basados en la apariencia de un mejor derecho.

5 En definitiva, por lo expuesto, procede desestimar la solicitud de suspensión CUARTO.- Según dispone el artículo 139 de la LJCA, no concurren circunstancias que hagan aconsejable la expresa condena en costas, Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, PARTE DISPOSITIVA DENIEGO la medida de suspensión de la ejecución del acto impugnado, solicitada por la representación procesal de la Administración recurrente, en los Autos PO núm. 41/18. Sin especial pronunciamiento en cuanto a las costas. Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación en un plazo de quince días siguientes a su notificación. Así lo acuerda, manda y firma Don Pedro Antonio Mas Cladera, Magistrado-Juez titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. Tres de esta Ciudad. Doy fe.