TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS Sala de lo Contencioso-Administrativo

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Josefa Toro Rivero
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1 AOMINISTRAClON TRIBUNAL SUPERIOR DE Sala de lo Contencioso-Administrativo APELACION N : 342/09 APELANTE: AYUNTAMIENTO DE OVIEDO PROCURADOR: D. Luis de Miguel-Bueres Fernández APELADO: UNIÓN DE CONSUMIDORES DE PROCURADOR: Da Florentina González Rubín SENTENCIA DE APELACIÓN n 9/11 limos. Sres.: Presidente: D. Julio Gallego Otero Magistrados: D. Rafael Fonseca González D. José Manuel González Rodríguez 01 FE8 íoíl En Oviedo, a treinta y uno de enero de dos mil once. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, compuesta por los limos. Sres. Magistrados reseñados al margen, ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso de apelación número 342/09, interpuesto por el AYUNTAMIENTO DE OVIEDO, representado por el Procurador D. Luis de Miguel-Bueres Femández, contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Oviedo de fecha 24 de julio de 2009, siendo 1

2 ADMINIS1RACION parte Apelada la UNIÓN DE CONSUMIDORES DE, representada por la Procuradora Da Florentina González Rubín. Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Rafael F onseca González. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- El recurso de apelación dimana de los autos de Procedimiento Ordinario no 313/08 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n 3 de los de Oviedo. SEGUNDO.- El recurso de apelación se interpuso contra Sentencia de fecha 24 de julio de Admitido a trámite el recurso se sustanció mediante traslado a las demás partes para formalizar su oposición con el resultado que consta en autos. TERCERO.- Conclusa la tramitación de la apelación, el Juzgado elevó las actuaciones. No habiendo solicitado ninguna de las partes el recibimiento a prueba ni la celebración de vista ni conclusiones ni estimándolo necesario la Sala, se declaró el pleito concluso para sentencia. Se señaló para deliberación, votación y fallo del presente recurso de apelación el día 28 de enero pasado, habiéndose observado las prescripciones legales en su tramitación. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Por la representación procesal del Ayuntamiento de Oviedo se interpone el presente recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de 10 Contencioso Administrativo número tres de Oviedo, de fecha 24 de julio de 2009, recaída en los autos de P.O. n 313/2008, que estimó el recurso contencioso administrativo interpuesto en nombre de la Unión de Consumidores de Asturias contra la desestimación presunta del recurso de reposición formulado por la citada Unión de Consumidores de Asturias contra la resolución n del Concejal de Gobierno de Consumo del Ayuntamiento de Oviedo de 7 de diciembre de 2007, declarando la anulación de los actos recurridos por no ser conformes con el Ordenamiento Jurídico, 2

3 ADtvllN1STRACION y que se proceda por el Ayuntamiento de Oviedo a la incoación del oportuno expediente por las denuncias formuladas por la UCE contra diferentes aparcamientos de la ciudad de Oviedo. SEGUNDO.- Discrepa la parte apelante de lo resuelto en la sentencia apelada sobre la legitimación activa de la recurrente en la instancia, denunciando también que la sentencia incurre en incongruencia omisiva en relación con la Administración competente para conocer de las denuncias formuladas por la señalada Unión de Consumidores, impugnando el recurso de apelación la representación procesal de dicha Unión de Consumidores. TERCERO.- Ante los argumentos que la parte apelante esgrime en orden a la legitimación activa de la recurrente en la instancia, se ha de señalar que la resolución objeto de la litis es la desestimación presunta del recurso de reposición formulado por la Unión de Consumidores de Asturias, contra la resolución municipal por la que se archivan las denuncias presentadas por la misma en la que se alegaban prácticas abusivas por parte de diferentes establecimientos de aparcamiento, planteando la apelante las cuestiones que sobre legitimación atañen a los denunciantes, cuya doctrina, en general, recoge, en el ámbito de los procedimientos sancionadores, pero dichos argumentos, y jurisprudencia en que se apoya, no desvirtúan lo acertado de los razonamientos de la sentencia apelada, pues, en efecto, partiendo de que en la materia no pueden darse normas de carácter general, como viene reiterando la jurisprudencia que se cita, y no es cuestionado por el apelante, en el presente caso, como se recoge por el Juzgador de instancia con apoyo en el artículo 19.1.b) de la LJCA, la normativa general para la defensa de los Consumidores y Usuarios, y los propios Estatutos de la recurrente en la instancia, no lleva a establecer que la asociación está actuando en la defensa exclusiva de la legalidad, lo que conduciría a negarle legimitación en este momento, sino en defensa de unos intereses colectivos que son directamente afectados por la resolución administrativa, que como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2006, el archivo de las denuncias incide directamente en la esfera jurídica y económica de sus asociados, y con carácter general en la de los usuarios de los servicios, y, en consecuencia, esa incidencia directa en la esfera jurídica y 3

4 ADMINISTRACION económica de los asociados que representa, supone un interés legítimo en la denunciante, es decir, una posición de ventaja o titularidad jurídica de quien ejercita la pretensión, y ello, en el caso concreto, y frente a la doctrina general sobre legitimación activa de los denunciantes, que la sentencia también tiene en cuenta, lleva en el caso que nos ocupa a mantener lo apreciado en la sentencia apelada. CUARTO.- Por lo que se refiere a la competencia de la Administración Local para instruir expedientes sancionadores como el que nos ocupa, la sentencia apelada ha hecho un análisis plenamente fundado de la normativa que le atribuye tal competencia y que este Tribunal hace suyo y se da aquí por reproducido, debiendo precisarse que el propio Ayuntamiento no cuestionó su competencia cuando le fueron remitidas las denuncias por parte de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias, es más, el archivo se fundamenta en el carácter jurídico privado de la relación entre los usuarios y los aparcamientos y empresas titulares de los mismos, y atribuyendo la normativa al Ayuntamiento apelante la competencia en la materia, como con claridad se recoge en la sentencia apelada, la incongruencia omisiva que se denuncia en el escrito de apelación, no puede estimarse, pues aparte de su alcance propio como recoge el mismo Ayuntamiento de Oviedo, no cabe duda que cualquiera que hayan sido las actuaciones administrativas o resoluciones judiciales que la parte apelante recoge, la sentencia apelada atribuye la competencia al Ayuntamiento con fundamento, no desvirtuado, en la normativa reguladora, desestimando aquellos argumentos, pues no sigue aquellas resoluciones y argumenta su criterio, por lo que no cabe hablar de incongruencia omisiva en el alcance que se pretende. QUINTO.- Lo razonado lleva a desestimar el presente recurso de apelación, procediendo la imposición de las costas de este recurso a la parte apelante, al estimar este Tribunal que no concurren circunstancias que fundamente su no imposición (artículo de la L.J.C.A.). Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación, 4

5 A[)MINIS'I'RACION FALLO En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha decidido: Desestimar el presente recurso de apelación interpuesto en nombre del Ayuntamiento de Oviedo contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de Oviedo, de fecha 24 de julio de 2009, que se confirma, con expresa imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante. Así por esta nuestra Sentencia, que se notificará haciendo la indicación de que contra la misma no cabe interponer recurso ordinario alguno, de la que se llevará testimonio a los autos, la pronunciamos, mandamos y firmamos. 5

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