ANTECEDENTES CONSIDERACIONES

Transcripción

1 CN DICTAMEN QUE SE EMITE EN RELACIÓN A UNA CONSULTA PLANTEADA POR UNA MANCOMUNIDAD SOBRE LA CESIÓN DE DATOS A LOS AYUNTAMIENTOS INTEGRADOS EN LA MISMA, RELATIVOS A LAS AYUDAS CONCEDIDAS POR LA MANCOMUNIDAD ANTECEDENTES PRIMERO: Con fecha 27 de enero de 2016 tiene entrada en esta Agencia Vasca de Protección de Datos (AVPD) consulta de la Presidenta de una Mancomunidad sobre el asunto arriba referenciado. SEGUNDO: El artículo 17.1 de la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, en su apartado n) atribuye a la AVPD la siguiente función: Atender a las consultas que en materia de protección de datos de carácter personal le formulen las administraciones públicas, instituciones y corporaciones a que se refiere el artículo 2.1 de esta Ley, así como otras personas físicas o jurídicas, en relación con los tratamientos de datos de carácter personal incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley. Corresponde a esta Agencia Vasca de Protección de Datos, en virtud de la normativa más arriba citada, la emisión del informe en respuesta a la consulta formulada. CONSIDERACIONES I La mancomunidad consultante, después de detallar los fines de la misma, que vienen recogidos en el artículo 3 de sus estatutos, motiva la consulta en el siguiente contexto: Desde las diferentes Áreas se realizan intervenciones psico-socioeducativas con familias y personas menores de edad en riesgo de desprotección, y se interviene con personas dependientes, personas en riesgo de exclusión social y mujeres víctimas de violencia de género. Para ello cuenta entre otros con un Servicio de Ayuda a Domicilio, piso de acogida para mujeres que viven en situaciones de violencia de género, piso de emergencia y Servicio de Asesoramiento Jurídico dirigido a mujeres. Para el cumplimiento de sus fines la mancomunidad procede también a la concesión de ayudas económicas de distinto tipo (ayudas de emergencia social, ayudas extraordinarias, ayudas de apoyo escolar, etc.). Recientemente se ha planteado por parte de algunos representantes municipales la posibilidad de que la Mancomunidad facilite a los ayuntamientos o a los representantes municipales en el ente comarcal, la información sobre las ayudas concedidas en cada municipio, no de manera global o estadística (como ya se hace actualmente) sino de forma individual, con indicación de la persona perceptora de la c/ Beato Tomás de Zumárraga, 71, 3º Vitoria Gasteiz - Tel Fax avpd@avpd.eus -

2 ayuda. Se plantea como precedente similar la comunicación mensual que realiza Lanbide a los ayuntamientos sobre las rentas de garantía de ingresos concedidas en cada municipio. ( ) y teniendo dudas sobre si esta cesión de datos estaría amparada por el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se formula esta consulta a la Agencia Vasca de Protección de Datos. Se somete, pues, al criterio de la Agencia Vasca de Protección de Datos la adecuación a la normativa en materia de protección de datos de la comunicación por la Mancomunidad consultante a los Ayuntamientos respectivos, de las ayudas concedidas en cada municipio, no de manera global o estadística, sino de forma individual, con indicación de la persona perceptora de la ayuda. II Se impone con carácter previo estudiar la normativa reguladora tanto de la naturaleza jurídica de las mancomunidades y de las concretas atribuciones que tiene conferidas la entidad consultante, como de la competencia municipal en materia de servicios sociales, para seguidamente y teniendo en cuanta dicha normativa abordar la consulta desde la perspectiva de la protección de datos de carácter personal. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local (LBRL) recoge la figura de las mancomunidades dentro del Título IV otras entidades locales señalándose en el artículo 44 lo siguiente: 1.- Se reconoce a los municipios el derecho a asociarse con otros en mancomunidades para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia. 2.- Las mancomunidades tienen personalidad y capacidad jurídicas para el cumplimiento de sus fines específicos y se rigen por sus Estatutos propios. Los Estatutos han de regular el ámbito territorial de la entidad, su objeto y competencia, órganos de gobierno y recursos, plazo de duración y cuantos otros extremos sean necesarios para su funcionamiento. En todo caso, los órganos de gobierno serán representativos de los ayuntamientos mancomunados. ( ). El Estatuto de Autonomía para el País Vasco (artículo 37.3.c) y la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos (artículo 7.a.3) establecen que los órganos forales de los Territorios Históricos ostentan la competencia exclusiva dentro de sus respectivos territorios en materia de demarcaciones supramunicipales que no excedan de los límites provinciales. Consecuencia de todo ello, es la aprobación de la Norma Foral 3/95, de 30 de marzo, reguladora de las Entidades de Ámbito Supramunicipal de Bizkaia, que en su artículo 1 dispone lo siguiente: 1. Los Municipios del Territorio Histórico de Bizkaia podrán asociarse entre sí para la ejecución en común de obras o servicios determinados de su competencia mediante la constitución de Mancomunidades. 2

3 2. En ningún caso el ámbito competencial de las Mancomunidades podrá extenderse a la totalidad de las obras, servicios u otros fines atribuidos a los Municipios integrantes de las mismas ( ). El apartado 1 del artículo 3 de la Norma Foral 3/95 relativo a la personalidad jurídica, establece: 1. Las Mancomunidades y los Consorcios tendrán personalidad y capacidad jurídica propia para el cumplimiento de sus fines específicos. En el artículo 4 de la Norma Foral 3/95, se recogen las potestades administrativas que corresponden a la Mancomunidad, y en el Capítulo III se regula su régimen económico en el marco de la Norma Foral 5/89 reguladora de las Haciendas Locales y disposiciones que la desarrollen, siendo las aportaciones de los Ayuntamientos de los Municipios integrados en la Mancomunidad uno de los recursos que constituyen la Hacienda de la Mancomunidad, de conformidad con lo que establezcan sus Estatutos. Según se explica en la consulta y como se desprende de sus Estatutos, la Mancomunidad consultante tiene plena capacidad jurídica para el cumplimiento de los fines expuestos en el artículo 3º. (Artículo 5 de los Estatutos). El artículo 3º de los Estatutos dispone: La Mancomunidad tiene los fines siguientes: 1.- Promover los recursos necesarios para la información y asesoramiento de todos los ciudadanos en cuanto a sus derechos sociales y los medios existentes para hacerlos efectivos. 2.- Promocionar la protección y el apoyo a la familia mediante servicios específicos de orientación, asesoramiento y terapia. 3.- Promocionar el bienestar de la infancia y la juventud especialmente si carecen de ambiente familiar adecuado, con vista a su plena adaptación social. 4.- Apoyar a la tercera edad mediante servicios tendentes a mantener al anciano en su entorno social, a promover su desarrollo socio-cultural y, en su caso, procurarle un ambiente residencial adecuado. 5.- Promocionar la máxima integración posible de los minusválidos en los aspectos educativo, laboral y social, en su caso, el desarrollo, mediante servicios especiales, de sus respectivas capacidades. 6.- Apoyar y promover mediante las adecuadas acciones y servicios de prevención, tratamiento y reinserción social de alcohólicos y drogadictos. 7.- Apoyar la prevención y tratamiento de la delincuencia y la reinserción social de los mismos. 8.- Promocionar los servicios que permitan prevenir y eliminar todo tipo de discriminaciones entre los sexos, de modo que pueda conseguirse la plena y efectiva participación de la mujer en la vida social. 9.- Prevenir y eliminar las causas de la marginación mediante servicios específicos para cada grupo social, así como su inserción en el mundo laboral. 3

4 El artículo 4º de los estatutos, en su párrafo 2º y 3º, asimismo, dispone: La Mancomunidad sustituirá a los Ayuntamientos en la prestación de los servicios mancomunados, según se vayan estableciendo. Los Ayuntamientos estarán vinculados a los compromisos adquiridos para cada uno de los servicios mancomunados. En cuanto a los órganos de gobierno de la Mancomunidad, en concreto, la Junta General, el artículo 7º de los Estatutos establece lo siguiente: La Junta General es el órgano supremo de gobierno y administración de la Mancomunidad a la que representa y personifica con el carácter de Corporación de Derecho Público. La Junta General estará integrada por los Corporativos de los Ayuntamientos de los Municipios mancomunados ( ). De la normativa referida y de los estatutos de la mancomunidad resulta el carácter administrativo de la Mancomunidad y la condición de ente local con personalidad jurídica propia para el cumplimiento de los fines recogidos en sus estatutos. En cuanto a la normativa reguladora de la competencia municipal en materia de servicios sociales, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local (LBRL) dispone en su artículo 25.2 que el municipio ejercerá en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas en diversas materias, entre otras, la prestación de los servicios sociales (artículo 25.2.k de la Ley 7/1985). El apartado 3 del mismo artículo dispone que sólo la ley determina las competencias municipales en las materias enunciadas en el artículo 25. La Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, en su artículo 28 regula la competencia municipal en materia de servicios sociales, así como la posibilidad de agrupación para una mejor prestación de dichos servicios: Artículo 28.- Servicios sociales municipales. 1.- Los ayuntamientos, a través de los servicios sociales municipales, serán los responsables de ejercer, en su ámbito territorial, las competencias atribuidas a los mismos por la presente ley y sus disposiciones de desarrollo en el marco del Sistema Vasco de Servicios Sociales. 2.- Cuando lo estimen oportuno para garantizar la mejor prestación de los servicios sociales de su competencia, los ayuntamientos podrán agruparse y encomendar a la entidad organizativa resultante de dicha agrupación el ejercicio de las competencias que les son atribuidas en la presente ley. 3.- Los servicios sociales municipales o, en su caso, la entidad organizativa correspondiente ejercerán las siguientes funciones: a) Apoyo técnico, en particular: - Realización de diagnósticos que requieren mayor profundidad, una vez realizada por el servicio social de base una primera valoración de necesidades. - Desarrollo de acciones e intervenciones incorporadas al plan de atención personalizada. 4

5 - Promoción de la aplicación de criterios uniformes de actuación en el conjunto de las intervenciones desarrolladas por el servicio social de base. - Supervisión de casos, formación y orientación de profesionales. - Establecimiento de criterios técnicos y participación en mesas de coordinación con otros sistemas o políticas públicas de atención. b) Coordinación con otros sistemas o políticas públicas afines o complementarias orientadas al bienestar social, en los términos previstos en los artículos 45 y 46 de la presente ley. c) El resto de funciones derivadas de las competencias atribuidas a los ayuntamientos en la presente ley. El Título IV de la Ley 12/2008 regula la financiación del sistema vasco de servicios sociales; así, el artículo 54 determina las fuentes de financiación, y el artículo 55 regula la obligatoriedad de establecer consignaciones presupuestarias en el presupuesto de cada administración competente en materia de servicios sociales: Artículo 54.- Fuentes de financiación. El Sistema Vasco de Servicios Sociales se financiará con cargo a: a) Los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. b) Los presupuestos generales de los territorios históricos. c) Los presupuestos de los ayuntamientos. d) Los precios públicos o las tasas abonados por las personas usuarias. e) Cualquier otra aportación económica que, amparada en el ordenamiento jurídico, vaya destinada a tal fin. Artículo 55.- Consignaciones presupuestarias. 1.- El Gobierno Vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos consignarán anualmente en sus respectivos presupuestos cantidades suficientes destinadas a hacer frente a los gastos que se deriven del ejercicio de las competencias que se les atribuyen en la presente ley y en sus disposiciones de desarrollo, sin perjuicio de que también puedan establecer entre sí fórmulas de colaboración financiera. 2.- Las consignaciones presupuestarias referidas en el apartado anterior se harán tanto en relación con la provisión de prestaciones y servicios contenidos en el Catálogo de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales como en relación con el resto de las funciones asignadas a cada nivel administrativo. El artículo 56 de la Ley 12/2008 recoge diferentes fórmulas de colaboración financiera entre las administraciones, y en su apartado 5 se establece: La colaboración de las administraciones públicas vascas entre sí y con otras entidades públicas, prevista en los apartados anteriores, se instrumentará a través de convenios de colaboración o cualquiera de las fórmulas reguladas en la legislación vigente, al objeto de dimensionarla, de condicionarla al cumplimiento de los objetivos establecidos y de sujetarla a las medidas de control financiero que se estimen pertinentes en cada caso. 5

6 III Hechas las anteriores consideraciones, pasamos a abordar la consulta desde la perspectiva de la protección de datos. El tratamiento de datos a que se refiere la consulta es una cesión o comunicación de datos (que realizaría la mancomunidad al ayuntamiento respectivo), que se define en el artículo 3.i) de la LOPD como toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado. La regla general de la cesión de datos contenida en la LOPD es el consentimiento. Concretamente, el artículo 11 dispone que los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado. Consentimiento que no es necesario en determinados casos tasados, entre otras circunstancias, cuando la cesión esté autorizada por una ley. Dado que en la consulta planteada el cedente sería una Mancomunidad y el cesionario un ayuntamiento integrado en la misma (ambos entes locales), habrá que ver si es de aplicación el artículo 21 de la LOPD, que regula la comunicación de datos entre Administraciones Públicas. Este artículo dispone lo siguiente: 1. Los datos de carácter personal recogidos o elaborados por las Administraciones públicas para el desempeño de sus atribuciones no serán comunicados a otras Administraciones públicas para el ejercicio de competencias diferentes o de competencias que versen sobre materias distintas, salvo cuando la comunicación tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos. 2. Podrán, en todo caso, ser objeto de comunicación los datos de carácter personal que una Administración pública obtenga o elabore con destino a otra. 3. No obstante lo establecido en el artículo 11.2.b), la comunicación de datos recogidos de fuentes accesibles al público no podrá efectuarse a ficheros de titularidad privada, sino con el consentimiento del interesado o cuando una ley prevea otra cosa. 4. En los supuestos previstos en los apartados 1 y 2 del presente artículo no será necesario el consentimiento del afectado a que se refiere el artículo 11 de la presente Ley. Como puede verse, este artículo 21 de la LOPD excluye de la necesidad de recabar el consentimiento de los afectados a que se refiere el artículo 11 de la LOPD cuando la comunicación se produce entre dos administraciones públicas, siempre y cuando se produzca para el ejercicio de las mismas competencias o de competencias que traten materias iguales. Así, en el caso de que los Ayuntamientos de los municipios integrados en la Mancomunidad consultante se hayan reservado funciones en materia de servicios sociales para cuyo ejercicio resulte imprescindible conocer los datos de identidad de los vecinos de su respectivo municipio y la ayuda concedida por la mancomunidad, sería legitima la comunicación de dichos datos sin necesidad de consentimiento de los afectados. 6

7 En los demás casos, la comunicación al Ayuntamiento peticionario de la información habrá de efectuarse previo procedimiento de disociación, en aplicación del artículo 11.6 de la LOPD, de forma que la información que se obtenga no pueda asociarse a persona identificada o identificable. CONCLUSIONES La indicación de la persona física perceptora de ayudas de servicios sociales, así como la información sobre el servicio que han recibido o reciben estas personas, son datos de carácter personal protegidos por la LOPD. Cualquier comunicación de dichos datos personales por parte de la mancomunidad, en tanto que responsable y cedente, al ayuntamiento del municipio donde reside la persona beneficiaria, y que forme parte integrante de la mancomunidad, se deberá someter al régimen general previsto en los artículos 11 y 21 de la LOPD. Aplicando el régimen de los citados artículos 11 y 21 de la LOPD, sería legítima la comunicación al Ayuntamiento de la identidad y de la ayuda concedida por la mancomunidad a sus vecinos siempre y cuando ese ayuntamiento se haya reservado funciones en materia de servicios sociales para cuyo ejercicio resultase imprescindible conocer dichos datos. En los demás casos, la comunicación de dicha información habrá de efectuarse previo procedimiento de disociación que impida asociar la misma a una persona identificada o identificable. Vitoria-Gasteiz, 19 de febrero de