Resolución Nº SETENA

Transcripción

1 Resolución Nº SETENA EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL, A LAS 07 HORAS 00 MINUTOS DEL 06 DE FEBRERO DEL PLAN REGULADOR SECTOR COSTERO TURÍSTICO ARÍO-MANZANILLO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EAE SETENA Conoce la Comisión Plenaria el informe técnico DT-EAE , sobre el estudio Incorporación de la Variable Ambiental en el Plan Regulador Sector Costero Turístico Arío- Manzanillo, expediente administrativo EAE RESULTANDO PRIMERO: El 26 de junio de 2007, mediante oficio ECO , ingresa a esta Secretaría los estudios de la incorporación de la variable ambiental en el Plan Regulador Sector Costero Turístico Arío-Manzanillo, presentado por la empresa Pochote y Laurel S.A. al cual se le otorgó el expediente administrativo EAE SEGUNDO: En fecha 12 de julio del 2007, mediante oficio ECO se presentó a esta Secretaría Técnica estudios de la incorporación de la variable ambiental en el Plan Regulador Sector Costero Turístico Arío-Manzanillo, presentado por la empresa Pochote y Laurel S.A. al cual se le otorgó el expediente administrativo EAE Además, solicita el proponente anular la revisión de la documentación entregada para este mismo efecto el día 26 de junio de 2007 mediante oficio ECO , pues en ella se habían omitido algunos elementos que se incorporan en esta nueva entrega. TERCERO: Mediante oficio SG-DEAE SETENA del 3 de junio del 2008, se realizó la prevención al interesado para que aportara la siguiente información, Quién elaboró el Plan Regulador?, Cuál es el papel que desempeña su representada en el proyecto del Plan Regulador?, Se trata de un trámite que realiza directamente su representada o es una consultoría contratada? En caso de ser una consultoría, quién es el contratante? CUARTO: El 13 de junio 2008, la sociedad Pochote y Laurel S. A. aportó la documentación solicitada. Además, reitera la anulación de la documentación presentada de manera preliminar por medio del oficio ECO perteneciente al expediente administrativo EAE SETENA. QUINTO: Mediante resolución SETENA, de fecha 5 de agosto de 2008, la Comisión Plenaria de esta Secretaría emite el criterio legal acerca de los planes reguladores que son presentados por entes privados. Ministerio de Ambiente y Energía Secretaría Técnica Nacional Ambiental Av. 15, Barrio Escalante, de la Iglesia Santa Teresita, 300 Norte y 150 Este. Tel. (506) Fax (506) Apartado Postal , San José, Costa Rica. 1

2 SEXTO: Mediante resolución N SETENA del 24 de setiembre de 2008, la Comisión Plenaria resolvió rechazar y archivar los estudios de la incorporación de la variable ambiental en el Plan Regulador Sector Costero Turístico Arío-Manzanillo, expediente administrativo EAE SETENA. SÉTIMO: Mediante oficio SG-DEAE SETENA del 30 de noviembre de 2011, se procede a anular los estudios técnicos denominados Introducción de la Variable Ambiental para el Plan Regulador Sector Costero Turístico Arío-Manzanillo, expediente administrativo EAE SETENA. (visible en el folio 434). OCTAVO: Mediante oficio DEAE SETENA de fecha 13 de mayo de 2016, se solicita criterio legal en relación con los expedientes administrativos EAE y EAE SETENA. NOVENO: El día 7 de agosto de 2017 se recibe oficio AJ SETENA del Departamento de Asesoría Jurídica, con el criterio legal, en el cual se recomienda emitir resolución para resolver dicha petición de anulación (archivo) del expediente administrativo EAE , y de esta manera cumplir con la formalidad necesaria. CONSIDERANDO PRIMERO: En relación al ordenamiento territorial el artículo 28 de la Ley Orgánica del Ambiente establece: Es función del Estado, las municipalidades y los demás entes públicos, definir y ejecutar políticas nacionales de ordenamiento territorial, tendientes a regular y promover los asentamientos humanos y las actividades económicas y sociales de la población, así como el desarrollo físico-espacial, con el fin de lograr la armonía entre el mayor bienestar de la población, el aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación del ambiente. Asimismo, el Reglamento General sobre Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, publicado mediante Decreto Ejecutivo Nº MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, indica en su artículo 67 sobre la Integración de variable ambiental en los Planes Reguladores, lo siguiente: Los Planes Reguladores establecidos por la Ley de Planificación Urbana y por la Ley de la Zona Marítima Terrestre, o aquellos otros planes o programas oficiales de ordenamiento del uso del suelo, como forma de planificar el desarrollo de actividades humanas potencialmente impactantes al medio, deberán cumplir el requisito de integrar la variable de impacto ambiental, la cual estará sujeta a un proceso de viabilidad ambiental por parte de la SETENA, de previo a su aprobación por las autoridades correspondientes. SEGUNDO: La función que debe ser realizada por la SETENA en la evaluación ambiental de los Planes Reguladores; considerando la competencia de esta Secretaría, es analizar los estudios técnicos elaborados por otras personas o entidades y con base en esos estudios e informes determinar si un plan de ordenamiento del territorio es ambientalmente viable. Lo anterior es aclarado por el voto No de la Sala Constitucional, al establecer lo siguiente...lo que se ha pretendido exigir en el caso concreto, es la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica, cuyo objetivo es precisamente integrar la variable de impacto ambiental a la planificación del desarrollo económico del país y que se aplica a los planes, programas y políticas de desarrollo nacional, regional y local generados en municipios, cuencas hidrográficas y regiones específicas y cuyo fin sea el planeamiento del uso del suelo, el desarrollo de infraestructura o bien, el aprovechamiento de los recursos naturales, sin que ello sea un obstáculo para que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental pudiere ordenar la 2

3 realización de otros estudios que considerara necesarios para evaluar lo relativo al impacto ambiental del proyecto, a su influencia sobre el paisaje, preservación del ambiente y recursos naturales, protección de acuíferos, abastecimiento y distribución de agua, ordenamiento y planificación urbana entre otros, para lo cual, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y de conformidad con lo dispuesto en la sentencia de las quince horas dieciséis minutos del quince de junio del dos mil cinco, ordenará a los entes correspondientes, la presentación de tales estudios y a partir de los mismos se realizará el análisis de la viabilidad ambiental propio de sus competencias. Así las cosas, deberá entenderse entonces que desde el punto de vista técnico lo que se está ordenando a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental es ordenar, a quien corresponda, la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica en los términos indicados o de cualquier otro estudio que considerará necesario y en este sentido deberá ser interpretada la sentencia de cita. TERCERO: La Ley de Planificación Urbana N 4240 en el artículo 15 establece: Conforme al precepto del artículo 169 de la Constitución Política, reconócese la competencia y autoridad de los gobiernos municipales para planificar y controlar el desarrollo urbano dentro de los límites de su territorio jurisdiccional (El resaltado no es del original). Consecuentemente, cada uno de ellos dispondrá lo que proceda para implantar un plan regulador, y los reglamentos de desarrollo urbano conexos, en las áreas donde deba regir, sin perjuicio de extender todos o algunos de sus efectos a otros sectores, en que priven razones calificadas para establecer un determinado régimen contralor. Asimismo, para efectos de realizar un plan regulador el artículo 17 del mismo cuerpo normativo establece condiciones esenciales previas a considerar por parte de la municipalidad. CUARTO: La Ley Orgánica del Ambiente (LOA) N 7554 en el artículo 28 establece las políticas del ordenamiento territorial señalando que Es función del Estado, las municipalidades y los demás entes públicos, definir y ejecutar políticas nacionales de ordenamiento territorial tendientes a regular y promover los asentamientos humanos y las actividades económicas y sociales de la población, así como el desarrollo físico-espacial, con el fin de lograr la armonía entre el mayor bienestar de la población, el aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación del ambiente. En este mismo sentido, la Sala Constitucional en Voto N de las dieciséis horas y cincuenta y siete minutos del diez de mayo del dos mil seis en relación con la Planificación Urbana manifestó: Este Tribunal en reiteradas ocasiones ha indicado que en consonancia con lo dispuesto en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, la Ley de Planificación Urbana, número 4240, de quince de noviembre de mil novecientos sesenta y ocho, parte del supuesto de que la titularidad primaria en materia de planificación urbana corresponde a las municipalidades, lo cual ha sido plasmado en los artículos 15 y 19 de dicha ley. De manera que es a los municipios a quienes corresponde asumir la planificación urbana local por medio de la promulgación de los respectivos reglamentos -planes reguladores- (el resaltado y subrayado no es del original), y haciendo efectiva la normativa que al efecto dicte el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, como institución encargada de la planificación urbana a nivel nacional.. Desprendiéndose entonces, que la función es pública. 3

4 QUINTO: La Procuraduría General de la República (PGR) en Opinión jurídica 096- del 14 de julio del 2005 consultada acerca del criterio de la Procuraduría General de la República sobre la aprobación por parte de la municipalidades y el Instituto Costarricense de Turismo, de planes reguladores cuya elaboración ha sido financiada por los particulares interesados señaló: Pero en atención a lo consultado hay que señalar que la elaboración de un plan costero pagado y contratado a profesionales por parte de sujetos de derecho privado, para que luego sea aprobado por la administración competente, plantea una hipótesis distinta. En tal caso, la administración estaría renunciando al ejercicio de la potestad que el ordenamiento jurídico le atribuye como medio para la satisfacción de fines e intereses públicos, esto es, la potestad de ordenar el territorio en la zona marítimo terrestre, ya sea a nivel local, regional o nacional.el hecho es que el acto mismo de elaborar el plan, no en sus aspectos puramente técnicos, sino en tanto este contiene, concreta y define para un ámbito local específico políticas de ordenamiento territorial, supone el ejercicio de una potestad pública, la de planificar el territorio y la de una función pública, la de ordenar el territorio a cuyo servicio está la planificación, que no puede ser asumida por sujetos de derecho privado. En consecuencia, y con base en lo dicho, es opinión de esta Procuraduría que tanto el ICT como el INVU y las municipalidades no deben aprobar o adoptar según el caso, planes reguladores costeros cuya elaboración ha sido gestionada, contratada y financiada por sujetos de derecho privado. Asimismo, que las municipalidades deben elaborar los planes reguladores costeros para lo cual pueden solicitar la colaboración y apoyo técnico del ICT y/o el INVU (el resaltado no es del original). SEXTO: El reglamento de la Ley de Zona Marítimo Terrestre, Decreto Ejecutivo número 7841-P, hace referencia expresa a los planes reguladores costeros como instrumentos de planificación territorial de ámbito local. El artículo 17 señala que los planes reguladores que comprendan la zona marítimo-terrestre deben ajustarse a los lineamientos y recomendaciones contempladas en el plan general de uso de la tierra. Además, el ICT y la oficina de planificación (Ministerio de Planificación y política económica MIDEPLAN) deben elaborar un plan general de uso de la tierra en la zona marítimo terrestre. El artículo 38 supedita el otorgamiento de concesiones a la elaboración y aprobación de un plan regulador donde la zona marítimo terrestre ha sido declarada de interés turístico. Siguiendo la opinión de la Procuraduría General de la República OJ a pesar de la atribución de los artículos 3 y 35 de la Zona Marítimo Terrestre a las municipalidades para administración de la Zona marítimo terrestre se otorga al ICT en el artículo 26 la potestad para ordenar el territorio en esa zona y señala que es competente para elaborar y aprobar planes reguladores dando lineamientos para esa elaboración. Pero el ICT no es competente para adoptar planes reguladores costeros porque corresponde a las Municipalidades. En razón de lo dicho hasta el momento, es claro que la planificación del territorio a nivel local en la zona marítimo-terrestre es una potestad pública establecida por ley y una competencia de las municipalidades. SÉTIMO: De conformidad con lo expuesto acorde con la normativa vigente, la jurisprudencia y una interpretación sistemática y evolutiva, la competencia de elaboración de planes reguladores es una potestad pública indelegable que corresponde a las Municipalidades. Otros entes públicos como el Instituto Costarricense de Turismo y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo coadyuvan en esa labor de las municipalidades de acuerdo con sus competencias que equivalen a un visto bueno en el proceso de elaboración del plan mediante el control y la fiscalización para que el plan sea conforme con la planificación más general como sucede en los planes reguladores costeros (zona marítimo terrestre). Además, el ICT tiene potestad para ordenar el territorio 4

5 en esa zona y es competente para elaborar y aprobar planes reguladores dando lineamientos para esa elaboración. Bajo estos términos, al tener los gobiernos locales la competencia en la materia son las autoridades que en primer término están legitimadas a presentar en la SETENA los proyectos de planes reguladores, con IFAS y Análisis Ambiental u otra metodología que pueda ser aprobada a futuro. Excepcionalmente, el Instituto Costarricense de Turismo o el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Además, la consultoría encargada de realizar los estudios correspondientes (ejemplo: IFAS y Análisis Ambiental). El acto de elaborar el plan, no aspectos técnicos, sino cuanto contiene, concrete y define para un ámbito local específico políticas de ordenamiento territorial, supone el ejercicio de una potestad pública, la de planificar el territorio y la función pública de ordenar el territorio a cuyo servicio está la planificación. Por lo tanto, los planes aprobados en contra de la potestad pública que tienen las autoridades competentes adolecen de vicios de nulidad y además, responsabilidad para el funcionario al autorizar u ordenar la ejecución de esos actos. En este orden de ideas los sujetos privados no están legitimados para presentar o elaborar la evaluación de impacto ambiental de los planes reguladores ante la SETENA, salvo que se trate de una consultoría de la autoridad que elabora un plan regulador. OCTAVO: Por lo anterior, la Comisión Plenaria de SETENA, mediante resolución SETENA, estableció lo siguiente, en el por tanto primero y segundo: PRIMERO: De conformidad con los considerandos de la presente resolución las entidades legitimadas para presentar los planes reguladores con la variable de impacto ambiental incorporada para su evaluación ante esta Secretaría son las Municipalidades. Excepcionalmente, el Instituto Costarricense de Turismo o el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, o en su defecto, una consultoría encargada para este fin por alguna de estas autoridades. Para tal efecto dicha consultoría deberá demostrar la documentación legal que la autoriza para actuar en representación del ente competente. SEGUNDO: La SETENA no tramitará y rechazará las evaluaciones de impacto ambiental de planes reguladores que sean presentados por sujetos de derecho privado, por no estar legitimados para tal fin. En virtud de que el ordenamiento territorial es una potestad pública indelegable. NOVENO: En cuanto a la documentación aportada en fecha 13 de junio del 2008, se le indica al interesado Pochote y Laurel S.A. que, los documentos presentados (copia carta de anuencia de la Municipalidad de Puntarenas para la elaboración del plan con fecha 06 de septiembre del 2004 según Sesión Ordinaria N 210 del 3 de setiembre del 2004) desprenden que dicho Plan Regulador es elaborado y presentado por sujetos de Derecho Privado. Es claro y manifiesto, que no representa la actuación a nombre de dicho municipio; quien es la autoridad competente en ordenamiento territorial de esa localidad, sino más bien, que la anuencia constituye una autorización dada por la municipalidad para que el tercero elabore el plan. Resulta evidente que el plan presentado adolece de vicios de nulidad por haberlo elaborado un sujeto de derecho privado. Esto, a pesar, de existir trabajo realizado por dos entes públicos, como son el Instituto de Vivienda y Urbanismo y el Instituto Costarricense de Turismo, porque como bien dijo la Procuraduría y es la tesis de esta autoridad ambiental; ambas instituciones no deben aprobar o adoptar planes reguladores costeros cuya elaboración ha sido gestionada, contratada y financiada por sujetos de derecho privado. 5

6 DÉCIMO: Con fundamento en lo establecido en los considerandos anteriores, corresponde rechazar y archivar el Plan Regulador Sector Costero Turístico Arío- Manzanillo el expediente administrativo EAE por falta de legitimación activa, en razón de que el mismo fue presentado y es promovido por un sujeto de derecho privado, en este caso la empresa Pochote y Laurel S.A., siendo que no está legitimado para presentar la evaluación ambiental de dicho plan ante esta Secretaría. Como bien, se ha señalado, la elaboración de planes reguladores es potestad de orden público. En este orden de ideas, acorde con el criterio emitido mediante resolución SETENA y la Ley número 8220 Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos publicada en La Gaceta Número 49 alcance 22 del 11 de marzo del 2002 (Artículo 3 ) esta Secretaría no tramitará planes reguladores que adolezcan de vicios de nulidad como es el caso de marras. DÉCIMO PRIMERO: Que según el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ambiente, las Resoluciones de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, serán obligatorias tanto para los particulares como para los entes y organismos públicos. POR TANTO LA COMISIÓN PLENARIA RESUELVE En sesión Ordinaria Nº de esta Secretaría, realizada el 05 de FEBRERO del 2018, en el Artículo No. 17 acuerda: PRIMERO: Archivar los estudios de la Incorporación de la Variable Ambiental en el Plan Regulador de Sector Costero Turístico Arío-Manzanillo, presentado por Pochote y Laurel S.A. correspondiente al expediente administrativo EAE por falta de legitimación activa, de conformidad con lo expuesto EN LOS CONSIDERANDOS DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN y con lo establecido en la resolución SETENA. Además, por solicitud del proponente, en este caso la empresa Pochote y Laurel S.A., SEGUNDO: Con fundamento en los votos de la Sala Constitucional números , y : Ordenar al Municipio incorporar la variable de impacto ambiental según el Procedimiento Técnico para la Introducción de la Variable Ambiental en los Planes Reguladores u otra Planificación de Uso del Suelo, Decreto Ejecutivo Nº MINAE, publicado en La Gaceta N 85, del 4 de mayo del TERCERO: Toda documentación que sea presentada ante la SETENA deberá indicar claramente el número de expediente, el número de resolución y el nombre completo del proyecto, así como un correo electrónico para atender futuras notificaciones o ratificar el que consta en el expediente administrativo. Los documentos originales firmados digitalmente (Firma Digital) estarán a disposición del interesado en la dirección web donde debe ser verificado por el interesado. Un original impreso y firmado se archiva como una pieza del expediente administrativo que se encuentra en custodia de la SETENA. En cuanto a los documentos firmados físicamente, constan en el expediente administrativo para cualquier verificación. En caso de que el interesado requiera una copia impresa certificada de alguno de los documentos notificados, deberá solicitar por escrito una certificación ante la SETENA. 6

7 CUARTO: Contra esta resolución cabe interponer dentro del plazo de tres días a partir del día siguiente a la notificación, los recursos ordinarios de revocatoria ante la SETENA, y el de apelación ante el Ministro de Ambiente y Energía, de conformidad con los artículos 342 y siguientes de la Ley General de Administración Pública y 87 de la Ley Orgánica del Ambiente. Atentamente, LIC. MARCO ARROYO FLORES SECRETARIO GENERAL EN REPRESENTACION DE LA COMISION PLENARIA 7

8 En la oficina de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental se notificó documento Nº SETENA de las 07 horas 00 minutos del 06 de FEBRERO NOTIFÍQUESE: Empresa Pochote y Laurel S.A. Brenda Kleysen Vanderstelt Fax.: Municipalidad de Puntarenas Fax.: Firma: cédula A las horas y minutos del de del Notifica De conformidad con el artículo 34 de la Ley de Notificaciones Judiciales No (publicada en La Gaceta No.20 de 29 de enero del 2009), el documento que se emite por correo electrónico o fax tiene la validez y la eficacia de los documentos físicos originales, debiéndose establecer medios para garantizar la autenticidad, integridad y seguridad. 8