RECLAMACION EN LA UNION EUROPEA DE DEUDAS IMPAGADAS

Transcripción

1 RECLAMACION EN LA UNION EUROPEA DE DEUDAS IMPAGADAS Uno de los grandes problemas que plantea la celebración de contratos transfronterizos es la morosidad en el cumplimiento de las obligaciones de pago, o incluso el incumplimiento de las mismas. Fruto de los principios que inspiran el mercado común que es la Unión Europea, existen mecanismos para la reclamación de dichas deudas de forma sencilla y rápida, que explicaremos con detalle. procedimientos: La legislación europea permite actualmente reclamar deudas en Europa a través de dos 1.- Proceso monitorio europeo, regulado en el Reglamento CE 1.896/ Proceso europeo de escasa cuantía, regulado en el Reglamento (CE) núm. 861/2007. Ambo se han modificado por el Reglamento UE 2015/2421 del Parlamento Europeo y el Consejo de 16 de Diciembre de 2015, con la finalidad de permitir el uso de sistemas telemáticos para la transmisión de documentos y celebración de vista. Esta modificación es de aplicación desde Julio de Y ejecutar resoluciones judiciales o transacciones judiciales o documentos públicos para poder cobrar un crédito a través del Título Judicial Europeo regulado en el Reglamento 805/2004 del Parlamento y el Consejo de Europa. En primer lugar, hay que dejar sentado que mediante estos procedimientos SOLO SE PUEDEN RECLAMAR DEUDAS CIVILES O MERCANTILES, que sean líquidas, vencidas y exigibles. Realmente, están pensados estos procesos para la defensa de los créditos comerciales, documentados en facturas o reconocimientos de deuda. La liquidez de una deuda implica que se pueda fijar la cuantía del crédito de forma simple, multiplicando unidades por precio, por ejemplo, y sumando intereses; la deuda vencida implica que haya pasado el plazo de pago, y la exigible requerirá que no existe pacto alguno entre las partes por el cual acuerden no reclamar durante un plazo la deuda. En segundo lugar, tenemos que determinar a quién corresponde la competencia para conocer estos procedimientos transfronterizos, para lo cual tenemos que remitirnos al Convenio Bruselas I (REGLAMENTO (UE) 1215/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 12 de diciembre de 2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil que establece que :

2 " en materia contractual, corresponde la competencia al órgano jurisdiccional del lugar en el que se haya cumplido o deba cumplirse la obligación que sirva de base a la demanda". Dicho lugar será: 1.- Cuando se trate de una compraventa de mercaderías, el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hayan sido o deban ser entregadas las mercaderías, 2.- Cuando se trate de una prestación de servicios, el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hayan sido o deban ser prestados los servicios; Es imprescindible designar con total claridad el domicilio del deudor en el momento de presentar las demandas. El concepto de domicilio lo ofrece el REGLAMENTO 1215/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 12 de diciembre de 2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, y se entenderá que una sociedad u otra persona jurídica está domiciliada en el lugar en que se encuentra: a) su sede estatutaria; b) su administración central, o c) su centro de actividad principal. En tercer lugar, tenemos que averiguar a qué órgano jurisdiccional remitimos el formulario de demanda, y para ello nos remitimos al ATLAS EUROPEO JUDICIAL, donde encontraremos la información necesaria: En último lugar, todos los procedimientos se basan en la utilización de formularios que se pueden encontrar en la web que hemos señalado en todos los idiomas de la Unión Europea, y guías de actuación para tramitarlo desde España a otro Estado Miembro de la Unión Europea. PROCESO MONITORIO EUROPEO Sirve para reclamar deudas pecuniarias (consistentes en la obligación de pagar dinero) de cualquier cuantía, de carácter civil y mercantil.

3 Se incluirá como cuantía de la reclamación: la deuda, más los intereses, más las penalizaciones pactadas, más las costas (tasas judiciales, u honorarios precontenciosos y contenciosos de representantes del demandante). En relación a los intereses, no se cuantificarán porque desconocemos la fecha de pago definitivo para poder liquidarlos, pero se ha de indiciar el tipo de interés aplicable, y el día de comienzo del plazo de cómputo. En operaciones comerciales, se aplicará el INTERES DE DEMORA EN OPERACIONES COMERCIALES, que rige en toda la Unión Europea, y actualmente está fijado en un 8%. La Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de Febrero de 211 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, fija un interés mínimo de 8%. Han de aportar pruebas de la deuda: contrato, pedidos, albaranes de entrega, portes, factura, reclamación de la deuda, factura de honorarios de sus abogados, o peritos,... El formulario se puede enviar por fax, correo certificado con acuse de recibo internacional, mensajería, , con tal de que exista una constancia de recepción. Una vez la autoridad jurisdiccional competente recibe el formulario de demanda, comprueba los requisitos de admisibilidad, que se centran en comprobar que el demandado está domicilio en el Estado Miembro que ha recibido la demanda, y que existen los datos correctos para identificar la deuda, y poder dar traslado al demandado. Si el formulario fuera erróneo, se enviará al demandante una petición de rectificación, que si no es respondida, procederá el sobreseimiento del procedimiento, sin perjuicio de poder volver a plantearlo cuando se quiera. Si es correcto el formulario, se emite REQUERIMIENTO EUROPEO DE PAGO, y se le da traslado al demandado, con garantías de que pueda recibir el formulario, y se le explica la forma de actuar, acompañando un formulario de oposición. El deudor tiene 30 días para oponerse. Si el deudor se opone, el procedimiento para reclamar nuestra deuda se acaba aquí, y puede continuar si lo decidimos en dicho país a través de un procedimiento ordinario de reclamación de deuda. En este caso, se sabemos que existe alguna duda sobre que la deuda sea controvertida, no es adecuado acudir al monitorio, y deberíamos acudir directamente a procedimientos judiciales del Estado del deudor. Si no se opone, se declara ejecutivo el requerimiento de pago europeo y se puede proceder a ejecutar el mismo en los órganos jurisdiccionales que puedan actuar contras los bienes del deudor, y solicitar los embargos pertinentes. En esta fase podemos hacer uso del Título Ejecutivo Europeo, y se ejecuta en el país según la normativa del país, para lo cual deberán asistirse legalmente de abogado.

4 PROCESO EUROPEO DE ESCASA CUANTÍA Al igual que el procedimiento monitorio, sólo es aplicable a materias civiles y mercantiles Existe un límite financiero fijado en euros ( o cantidad que en la moneda del país donde se interponga la demanda, corresponda a dicha cantidad) para poder hacer uso de este procedimiento, aunque para su cálculo no se tendrán en cuenta intereses, costas o gastos, que se pueden reclamar a parte. Y dicha cuantía ha de ser de un máximo euros en el momento de presentarse la demanda. Se admiten créditos pecuniarios y no pecuniarios (entrega de bienes, responsabilidad civil por un accidente, solicitar que se ejecute un contrato como puede ser que se ponga a disposición una mercancía, se realice una obra,...). Se podrá descargar el formulario correspondiente de la web e-justice en el idioma del Estado Miembro en que se interponga la demanda mediante dicho formulario, que se dirigirá al órgano judicial competente, para lo cual consultaremos este vínculo: es.do. Se acompañarán los documentos en que basemos nuestra petición, que por supuesto habrán de traducirse al idioma del país donde interpongamos la demanda. El formulario se remitirá por correo certificado con acuse de recibo, fax, certificado, o cualquier medio que deje constancia del envío y sea aceptado en el país. Una vez el órgano jurisdiccional recibe la demanda, tiene el plazo de 14 días para remitir la demanda al demandado y le acompañará un formulario de contestación. El demandado tendrá un plazo de 30 días para contestar a la demanda, puede aceptar que debe la deuda, y pagar o solicitar fraccionamiento, o puede oponerse por motivos formales y de fondo, e incluso puede reconvenirse (contrademandar); pero si la cantidad que nos reclama sumada a la que reclamamos supera los euros, el proceso se cierra. Si contesta, en 14 días se remite al demandante su contestación, teniendo en cuenta que cualquiera de las partes puede solicitar la celebración de vista.

5 El órgano jurisdiccional tiene un plazo de 30 días para solicitar información complementaria a las partes, convocar a las partes a la celebración de vista si entiende que es necesaria, o si no, dictar sentencia. Dictada sentencia, se expedirá el certificado de la misma, y ésta es ejecutiva en cualquier Estado Miembro para poder lograr su cumplimiento. Puede el demandado solicitar la revisión de la sentencia, si alega que no fue bien notificado de la demanda, y se le impidió defenderse o no hubiera podido oponerse por razones de fuerza mayor. Lo puede hacer en el plazo de 30 días desde que tuvo conocimiento efectivo del contenido de la sentencia, y se estima el recurso de revisión, se declarará nula la sentencia pero produce efectos interruptivos de la prescripción. Sendos procedimientos explicados son eficaces parcialmente, puesto que en caso de que la deuda sea controvertida, tendremos que interponer la correspondiente demanda judicial, para el recobro de lo que se nos debe, y dependerá del tipo de contrato que tengamos con el operador en otro país de la UE. Dichos reglamentos incorporan formularios, en todos los idiomas de la UE, para facilitar la reclamación de dichas deudas, no requiriendo representación de abogado. Se podrán presentar en España si el contrato hubiera de ser cumplido en España, y esto puede ser muchas veces, puesto que la obligación de pago de la mercancía de un cliente español, será en España; sin embargo, la práctica nos ha demostrado que suele ser poco ágil este procedimiento en España ante la falta de familiaridad de los Tribunales españoles con dichos formularios, y sus traducciones, y gestión, puesto que se remiten por correo certificado con acuse de recibo internacional a los organismos judiciales del país donde resida el deudor y en dicho idioma. Por eso mismo, es necesario estudiar cada caso, y valorar si es más rápido y eficaz interponer el procedimiento monitorio europeo en el país del deudor, puesto que se pueda tramitar todo desde España. TITULO EJECUTIVO EUROPEO Si el deudor no se opusiere al monitorio en 30 días, se aquieta a la solicitud de pago de la deuda, y el requerimiento de pago europeo se declara ejecutivo mediante el formulario correspondiente que se incorpora al Reglamento. A partir de ahí, se puede instar la ejecución de dicha resolución sin necesitad de exequatur (procedimiento de reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras), de modo que se impide entrar sobre el fondo del asunto, y se solicita exclusivamente que se cumpla la obligación de pago, embargando los bienes del deudor.

6 El demandante deberá proporcionar al órgano jurisdiccional o autoridad competente una copia del requerimiento declarado ejecutivo por el órgano jurisdiccional de origen, que cumpla las condiciones necesarias para determinar su autenticidad, y una declaración de ejecutividad, que igualmente se tramitará a través de formularios. Rige igualmente el plazo de 30 días para oponerse a la reclamación de deudas de escasa cuantía, y si así ocurriera, o se reconviniera, se citará a las partes a una vista oral, que finalizará con una sentencia. Esta sentencia puede ser recurrida en apelación, en España expresamente, y ello a pesar de que no son recurribles en apelación las sentencias dictadas en procedimientos verbales ( de cuantía inferior a euros). La sentencia será ejecutiva en otro Estado Miembro, conforme establece el art 20 del Reglamento, conforme a las normas del Estado de ejecución y mediante el uso de del formulario estándar D, y sin que se requiera una declaración de ejecutividad. El art 21 del Reglamento establece que si se desea reclamar la ejecución forzosa de la sentencia fuera del Estado en que se haya dictado deberá presentarse copia de la sentencia que cumpla las condiciones necesarias para establecer su autenticidad y la copia del certificado a que se refiere el art 20 del Reglamento en su apartado 2 Formulario D y cuando proceda la traducción del certificado a la lengua oficial del Estado miembro de ejecución. Independientemente de estas situaciones, se puede valorar hacer uso de los procedimientos españoles, si la empresa deudora tuviera cualquier tipo de representación en España, y conseguir una resolución en España, que posteriormente podamos ejecutar en el país donde sepamos que existen bienes para cobrarnos. Podemos hacer uso del Monitorio Notarial instaurado en la Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria, e implica una tramitación extraordinariamente rápida y sencilla. El acreedor ha de acudir a cualquier Notario del domicilio del deudor, para reclamar a éste una deuda dineraria, líquida, vencida y exigible. Dicha deuda ha de constar en algún documento que sea fiable, y no puede afectar a la relación entre un empresario o profesional y un consumidor o usuario, ni derivarse de cuotas impagadas de propiedad horizontal, ni ser deudas relativas a menores, incapaces o Administraciones Públicas. Si sabemos que existirá oposición (incumplimiento de las condiciones del contrato: plazos de entrega, mercancía defectuosa, o inadecuada al pedido,...), se irá a la Jurisdicción ordinaria con un procedimiento contencioso. Existen rescollos en nuestra Ley que nos permiten demandar a empresas extranjeras en España, y beneficiarnos de nuestros foros, aunque la complejidad devendrá de la verdadera ejecución de una sentencia española si no pagan voluntariamente.

7 En estos procedimientos ordinarios, podemos solicitar la adopción de medidas cautelares, como por ejemplo el embargo preventivo de un crédito, la retención de una mercancía, el embargo preventivo de cuentas o bienes,... Para recuperar efectivamente la deuda con una resolución judicial a nuestro favor, será necesario solicitar la ejecución en país distinto, y sí es recomendable que se haga asistido por Letrado, dada la complejidad de obtener información sobre bienes a embargar. Se interpondrá una demanda de reconocimiento y ejecución ante los Tribunales del país del deudor, para lo cual existe el Reglamento Consejo 44/2001 y UE 1215/2012 que rige en material civil y mercantil. Mención aparte merecen los títulos valores, puesto que si se ha pagado con cheque, o letra de cambio, llevan aparejado una protección jurídica mayor. Por último, es recomendable investigar la solvencia de nuestro deudor, y para ello existen plataformas en internet, como e-informa, que ya nos ofrecen informes patrimoniales de empresas en casi toda la UE; sin olvidar, el propio rastreo que podemos hacer a través de internet. En Salamanca, a 20 de Septiembre de Doña Arantxa Cagigal Casquero, Abogada. Socia fundadora y Presidente de Aranzazu Abogados, S.L.P..