TEMA 9: LA SEGUNDA REPÚBLICA ( ) CARACTERÍSTICAS Y SIGNIFICADO

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1 TEMA 9: LA SEGUNDA REPÚBLICA ( ) CARACTERÍSTICAS Y SIGNIFICADO El 14 de abril de 1931 se proclama la IIª República Española, como consecuencia de la victoria de las candidaturas republicanas en las elecciones municipales celebradas dos días antes. Se inicia entonces un nuevo e importantísimo período en la historia de España, caracterizado por la profundidad de las reformas acometidas y por la violencia de la oposición que tales reformas provocaron en las clases privilegiadas. Una violencia que culminó cinco años más tarde con un golpe de Estado que derivaría en guerra civil. La IIª República supuso, principalmente, el último intento de llevar a término la revolución liberal burguesa, que se había frustrado repetidamente en España durante el siglo XIX. Se trataba de transformar radicalmente el régimen político, económico y social, para permitir un desarrollo que introdujese al país entre los estados modernos de Europa. Era necesaria una reforma política capaz de establecer y consolidar un verdadero régimen democrático y que diseñara además un nuevo modelo de Estado que pudiera de dar cauce a las aspiraciones nacionalistas surgidas en Cataluña y País Vasco. Las reformas debían también afectar, profundamente, al modelo de desarrollo económico, con el doble objetivo de recuperar las riquezas nacionales (en manos de inversores extranjeros o de una oligarquía improductiva) y de crear una sólida base industrial que permitiera elevar el nivel de vida de la población. Inevitablemente, las reformas que debían acometerse se encontraron con la resistencia feroz de las clases que hasta entonces habían prosperado al calor de las viejas estructuras. Estos sectores sociales no tardaron en organizarse para combatir al nuevo régimen. La defensa de sus intereses económicos, sociales y políticos encontró un instrumento eficaz en el ejército profesional, particularmente entre los militares africanistas, mientras que la necesaria cobertura político- ideológica se la proporcionaron principalmente la Iglesia Católica y la derecha política tradicional, de raigambre monárquica. DESARROLLO POLÍTICO La proclamación de la IIª República española En 1930 y tras la dimisión de Miguel Primo de Rivera, Alfonso XIII trata de salvar el régimen monárquico encargando a otro militar, el general Dámaso Berenguer, la tarea de formar gobierno.

2 Berenguer, incapaz de resolver la crisis presenta su dimisión en febrero de Bajo su mandato, la oposición democrática y republicana ha alcanzado altas cotas de organización, que se reflejan en la firma del Pacto de San Sebastián de agosto de En febrero de 1931, el almirante Aznar asumía la jefatura del gobierno y su primer acto político para superar la situación era la convocatoria, para el 12 de abril, de elecciones municipales. Las elecciones del 12 de febrero de 1931 dieron a las candidaturas monárquicas unos concejales más que a las republicanas; sin embargo, de los concejales electos, casi habían sido designados por el artículo 29 de la ley electoral, que establecía la designación directa de aquellos candidatos que se presentaran en solitario en sus respectivas circunscripciones, una circunstancia que afectaba de forma abrumadoramente mayoritaria a los candidatos monárquicos. Además, las candidaturas republicanas se impusieron claramente en los grandes núcleos urbanos y las capitales, donde eran necesarios muchos más votos para conseguir un concejal. De manera que todo el mundo, incluidos los monárquicos y el propio rey, entendieron que la victoria en las elecciones había correspondido a los republicanos. Tras conocerse los resultados, el 14 de abril de 1931 fue proclamada la IIª República Española, al tiempo que Alfonso XIII partía en barco hacia el exilio en la Italia de Mussolini. El gobierno provisional (abril a diciembre de 1931) Tras la marcha del rey, el comité revolucionario, constituido tras el pacto de San Sebastián por las fuerzas políticas republicanas y en el que se encontraban representadas la mayor parte de las tendencias políticas, desde la derecha a la izquierda, incluyendo a los nacionalistas vascos y catalanes, asume la dirección política del país como Gobierno provisional, presidido por el republicano de derechas y antiguo ministro de la monarquía Niceto Alcalá Zamora. Su primera medida será convocar elecciones a Cortes Constituyentes. Mientras tanto, se plantean los gravísimos problemas que habrá de resolver el nuevo régimen y que el propio Presidente de la República califica como problemas "históricos". Los más graves son el problema social y el político. El primero arranca de la profunda grieta que separa a una minoría dueña del poder y la riqueza y las grandes masas que viven en condiciones miserables. España es todavía un país eminentemente agrario y gran parte de su población está constituida por campesinos sin tierra, arrendatarios o jornaleros. Por esta razón, el problema social coincide en buena parte con el problema agrario y su solución pasa por una nueva distribución de las tierras cultivables que sea más justa, que permita un nivel de vida digno para la mayoría de la población y que al mismo

3 tiempo contribuya a la riqueza del país, poniendo en cultivo miles de hectáreas cuyos propietarios mantenían incultas. Unida a la solución del problema social irá, pues, la cuestión de la reforma agraria. El problema político responde a la necesidad de establecer en España un régimen verdaderamente democrático, superando el modelo caciquil y oligárquico vigente desde hacía décadas. Era necesario además establecer un nuevo marco de relaciones entre el estado central y los diferentes territorios, que abriera paso a las autonomías regionales. Los gobiernos de la República deberán además hacer frente al problema religioso: la separación tajante entre la Iglesia y el Estado, que tenía como elemento más destacado la presencia de la Iglesia en el sistema educativo. Finalmente y entre los problemas acuciantes a resolver, estaba la reforma en profundidad de un ejército mal organizado y equipado, con un número exagerado de jefes y oficiales, una escasísima formación técnica y un material escaso y obsoleto. El Bienio reformista (enero de 1932 a noviembre de 1933) Las elecciones del mes de junio de 1931 dieron la victoria a los mismos partidos que formaban el gobierno provisional, el cual sigue sin apenas cambios, aunque ya como gobierno ordinario. La presidencia de la República seguirá recayendo en Niceto Alcalá Zamora, quien encarga formar gobierno al republicano de izquierdas Manuel Azaña. En estas Cortes, dominadas por los partidos de izquierda, los partidos de derecha, vinculados con el régimen monárquico, consiguen sólo una escasa representación. La primera tarea que afrontaron las Cortes recién elegidas fue la redacción de un nuevo texto constitucional que viniera a reemplazar al hasta entonces vigente, el de La constitución elaborada por estas Cortes fue sobre todo una constitución profundamente democrática e idealista, que definía España como "una república de trabajadores de toda clase", prohibía su retirada de la Sociedad de Naciones sin mediar ley aprobada por las Cortes, renunciaba a la guerra como instrumento de las relaciones internacionales y extendía por primera vez el derecho de voto a las mujeres. Evidentemente se establece que toda la soberanía recae en la nación y por el artículo 3ª se determina que el Estado español no tiene religión oficial. El Poder Legislativo recaía sobre unas Cortes unicamerales, elegidas por sufragio universal, directo y secreto; el Judicial, sobre tribunales independientes y el Ejecutivo, sobre el gobierno, el

4 cual debía responder de su gestión ante las Cortes. El Presidente de la República poseía escasos poderes, era elegido cada seis años por un procedimiento indirecto y no podía ser reelegido inmediatamente ni podía disolver las Cortes en más de dos ocasiones. Los artículos más polémicos fueron los relativos a las nacionalidades y a la religión. Salvaguardando la unidad territorial del Estado, la constitución abría una vía al establecimiento de gobiernos autonómicos. Finalmente, y tras garantizar la plena libertad religiosa, se establecía la separación clara y tajante entre Estado e Iglesia, se prohibía la Compañía de Jesús y se le vetaba a las congregaciones religiosas el ejercicio de actividades docentes y económicas con ánimo de lucro. Estas dos cuestiones, sobre toda la religiosa, provocaron la ruptura de la unanimidad en el gobierno republicano y dieron lugar al abandono del mismo por los derechistas Miguel Maura y Niceto Alcalá Zamora, en octubre de 1931; éste último sin embargo, fue elegido poco después y casi por unanimidad como presidente de la República. La reforma militar fue afrontada por el propio presidente del gobierno, Manuel Azaña, quien desempeñaba al mismo tiempo la Cartera de Guerra. Sus intervenciones más destacadas fueron: - Supresión de los grados de capitán general y de teniente general. - Reducción a la mitad del número de unidades. - Ley de retiro de la oficialidad. Estas medidas sirvieron para alcanzar algunos de los objetivos previstos, por ejemplo, el número de oficiales se redujo de a 8.000, el de generales de división de unos 50 a unos 20 y el de generales de brigada de 100 a 40. Sin embargo, no se consiguió "republicanizar" al ejército, pese a las medidas que se tomaron en tal sentido. Tampoco se logró la necesaria modernización en el aspecto material y técnico, aunque en lo referente a la formación de mandos, se vinculó durante un año la enseñanza militar a la universidad. Por otra parte, la reforma tuvo entre sus consecuencias herir la susceptibilidad de los mandos mejor preparados, los africanistas, que se sintieron cuestionados y atacados por las medidas de Azaña. La cuestión religiosa, contenida en el artículo 26 de la Constitución, fue una de las más controvertidas en este período. La jerarquía católica oscilaba inicialmente entre la animadversión del arzobispo de Toledo, el cardenal Segura y las posturas moderadas y de acatamiento del arzobispo de Tarragona, el cardenal Vidal i Barraquer. Las posturas de los diputados socialistas en este sentido fueron bastante radicales: se pedía la expulsión de España de todas las órdenes religiosas y la nacionalización de los bienes del clero. Finalmente se optó por la alternativa, más

5 moderada, de disolver la orden jesuita (sin expulsar a sus miembros), la nacionalización de sus bienes y la prohibición a las órdenes religiosas de ejercer la enseñanza, si bien esta medida resultó con frecuencia salvada por medio de la enseñanza privada. La cuestión social tenía su problema fundamental, como ya hemos señalado, en la reforma agraria. La necesidad de alcanzar un consenso en un tema tan proclive a los enfrentamientos, dio lugar a la aprobación en septiembre de 1932 de una ley excesivamente compleja, que establecía hasta trece categorías diferentes de tierras expropiables y dejaba el carácter colectivo o individual de los asentamientos campesinos a la elección de estos. Las expropiaciones se llevarían a cabo previa indemnización proporcional, excepto en las tierras de la grandeza nobiliaria, que serían nacionalizadas sin indemnización. La complejidad de la ley y el rechazo radical de los propietarios dieron lugar a que la reforma agraria republicana quedase más en proyecto que en realidad. Si, inicialmente, se había proyectado asentar entre y campesinos anualmente, en la realidad sólo se expropiaron tierras suficientes para poco más de 4.300; ello provocó la decepción del campesinado y su inclinación progresiva hacia posturas revolucionarias. Otra parte del problema social fue abordada desde el Ministerio de Trabajo, que desempeñaba el dirigente obrero y socialista Francisco Largo Caballero. Bajo su dirección, se adoptaron numerosas reformas, dirigidas a mejorar el nivel de vida de la clase obrera: seguros sociales, disminución de la jornada laboral en el campo, etc. Pero sus dos medidas fundamentales fueron la Ley de Jurados Mixtos, que establecía comisiones paritarias entre obreros y patronos para resolver los problemas laborales y la Ley de Términos Municipales, que obligaba a los patronos a contratar en primer lugar a obreros de su localidad. El problema nacional se había agudizado como consecuencia de la política represiva que la dictadura primorriverista llevó a cabo contra los nacionalismos periféricos. En el caso de Cataluña el problema se hacía incluso más grave, dado que los partidos de derecha y de izquierda compartían el proyecto nacionalista. Además, la extensión del idioma favorecía el calado de estas ideas entre grandes sectores de la población. Inmediatamente después de proclamarse la República, se restableció en Cataluña el gobierno de la Generalitat, dominado por el partido político predominante, Esquerra Republicana de Catalunya, bajo la dirección de Francesc Maciá y Lluis Companys. Este gobierno catalán provisional, elaboró una propuesta de estatuto, el Estatuto de Nuria, de fuertes tendencias

6 federalistas, que fue recortado por las Cortes republicanas al aprobarse en septiembre de Sometido a referéndum obtuvo una aprobación clamorosa, con unos votos a favor y en contra. En el País Vasco, las tendencias conservadoras y católicas del PNV le restaron el apoyo que las izquierdas habían dado a la autonomía catalana. No obstante y bajo la dirección de José Antonio Aguirre, el nacionalismo vasco fue evolucionando hacia posiciones cada vez más moderadas. Una primera propuesta de estatuto, el Estatuto de Estella, que incluía las tres provincias tradicionales más Navarra (única provincia donde habían triunfado las derechas en las elecciones de 1931) establecía que el País Vasco podría definir libremente con Roma las relaciones Iglesia- Estado dentro de su territorio. Sin embargo, tal propuesta fue rechazada por las Cortes republicanas. En 1932 se hizo una segunda propuesta, que fue boicoteada por los tradicionalistas, cada vez más lejos de los nacionalistas, separando Navarra del resto del territorio. Poco después, las regiones de Valencia y Galicia solicitaron sus propios estatutos de autonomía, cuya tramitación se hizo muy lentamente, como consecuencia, tanto de los problemas más acuciantes que surgían en el resto del país, como por el descuerdo entre sus propios promotores. Entre el resto de las numerosas reformas afrontadas por el gobierno Azaña destacan las llevadas a cabo en el terreno educativo. Se abordó un programa de alfabetización masiva y de acceso a la cultura de la mayoría de la población. La construcción de escuelas (más de en el bienio) y la puesta en marcha de las Misiones Pedagógicas fueron los pilares más característicos de esta reforma. Ya desde el comienzo de su mandato, el gobierno de Azaña tuvo que hacer frente a una dura oposición. Por su izquierda, las expectativas generadas por la República entre las clases humildes, expectativas no siempre cumplidas, especialmente en lo tocante a la reforma agraria, habían echado a estas en brazos de las alternativas revolucionarias, particularmente anarquistas. En algunas ocasiones, incluso, el gobierno se había visto obligado a reprimir con dureza y hasta con brutalidad, como en Casas Viejas, algunas sublevaciones populares, lo cual le enajenó aún más el apoyo de las masas. Por la derecha, se produjo una reorganización de la oposición conservadora, algo desorientada desde Ahora los monárquicos van agrupándose en torno a Antonio Goicoechea, en el partido Renovación Española, pero la mayoría de la oposición católica será aglutinada por la Confederación Española de Derechas Autónomas, la CEDA, fundada por José María Gil Robles en 1933.

7 El crecimiento de la oposición de derecha e izquierda forzó al presidente de la República a disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones, que tendrían lugar en noviembre de El Bienio conservador (diciembre de 1933 a febrero de 1936) La división de las izquierdas, la unión de las derechas y la incorporación al sufragio de las mujeres, sector de la población tradicionalmente conservador, son algunos de los factores que explican la victoria en las urnas de la alternativa conservadora. La CEDA, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta, se había convertido en el partido con mayor número de escaños, seguida de cerca por el centrista Partido Radical de Alejandro Lerroux. Para evitar una mayor polarización política y una posible reacción de las izquierdas, el presidente Alcalá Zamora decidió encargar a Lerroux la formación de gobierno. Éste gobernaría contando con el apoyo en las Cortes de la CEDA. El bienio conservador se caracterizó sobre todo por tres rasgos. La inestabilidad gubernamental: el grupo de Martínez Barrios, dentro del partido radical, consideraba en exceso conservadora y hasta antirrepublicana la línea política seguida por Lerroux, en tanto que su principal apoyo parlamentario, la CEDA de Gil Robles, consideraba esta línea excesivamente moderada. Una acción política dirigida más a desmontar las reformas del período anterior que a buscar nuevas vías de desarrollo político. Una extrema polarización social y política, que irá en aumento y que explotará finalmente en octubre de Efectivamente, el gobierno de Lerroux propició un acercamiento a Roma; boicoteó la reforma agraria, devolviendo incluso tierras expropiadas a la nobleza; indultó a los participantes en el intento de golpe de Estado llevado a cabo por el general Sanjurjo en 1932 y se enfrentó con frecuencia al gobierno de la Generalitat. Todo ello propició una reacción social de rechazo, con un recrudecimiento de las huelgas y la conflictividad. Los partidos de izquierda se radicalizaron y ante la posibilidad del acceso de la propia CEDA al gobierno, amenazaron con desencadenar una revolución social. A comienzos de octubre de 1934, se produjo efectivamente la entrada de la CEDA en el gobierno, ocupando los ministerios de Justicia, Trabajo y Agricultura. Esta acción fue considerada por la izquierda como una traición a la República, que era entregada a sus enemigos, proclives

8 además a las tendencias fascistas que avanzaban en Europa. Fue el detonante de los acontecimientos de octubre. La sublevación catalana A lo largo de 1934, se había planteado una Ley de Contratos de Cultivo en Cataluña que beneficiaba claramente a los arrendatarios agrícolas en perjuicio de los propietarios. Dicha ley fue rechazada por el Gobierno central y nuevamente aprobada, con otro nombre, por la Generalitat. El 6 de octubre de 1934, el president Lluis Companys, de ERC, proclamaba el Estado Catalán, dentro de la República Federal Española y ofrecía Barcelona como sede provisional de un nuevo Gobierno republicano alternativo al de Madrid. La sublevación fue aplastada en pocas horas por el ejército y la mayoría de los dirigentes catalanistas y de izquierdas fueron detenidos, entre ellos el propio Manuel Azaña, que se encontraba casualmente en Barcelona. La revolución asturiana La entrada de la CEDA en el gobierno fue contestada con el inmediato llamamiento a la insurrección armada por parte de las organizaciones obreras: PSOE, un minúsculo PCE, UGT y CNT. La insurrección fracasó en casi toda España, debido a la división entre anarquistas y marxistas, pero en Asturias la acción fue conjunta y, tras apoderarse de la cuenca minera, los trabajadores, organizados en la Alianza Obrera, tomaron ciudades como Mieres, Gijón, e incluso llegaron a penetrar en Oviedo, creando una incipiente administración revolucionaria. El Gobierno recurrió al ejército de África, dirigido por el general Franco desde Madrid y por el general López Ochoa sobre el terreno, para reprimir la revolución. Los combates se prolongaron varios días hasta que las organizaciones obreras fueron derrotadas. La represión fue durísima y el balance final ascendió a unos muertos y detenidos. Estos acontecimientos marcarían la política española en los meses siguientes. El año 1935 vio como aumentaba la división entre el gobierno de Lerroux y la CEDA, lo que dio como consecuencia una inestabilidad política creciente. Además, la presencia de ministros de la CEDA en el gabinete se reforzó y su influencia llegó al máximo con la puesta en marcha de una verdadera contrarreforma agraria, medida que extremó al límite la crisis social. A partir de septiembre, una serie de escándalos por corrupción, acabaron con la presidencia de Lerroux, que fue sustituido por Chapaprieta, el cual también se vio salpicado por nuevos

9 escándalos. La CEDA declaró entonces que ya no apoyaría con sus votos a ningún presidente que no saliese de sus propias filas. Alcalá Zamora nombró sin embargo a otro centrista, Portela Valladares, pero sólo para, a continuación y ante la falta de apoyo parlamentario al Gobierno, disolver las cortes y convocar nuevas elecciones para febrero de El Frente Popular (febrero a julio de 1936) A las elecciones del 16 de febrero de 1936 concurren dos bloques claramente definidos: las izquierdas por un lado, agrupadas en el Frente Popular y por otro, las derechas, menos cohesionadas, pero con un claro referente en la CEDA. El Frente Popular se había constituido en enero del mismo año, apenas un mes antes de las elecciones. Lo forman la Izquierda Republicana de Manuel Azaña; la Unión Republicana de Diego Martínez Barrio; el PSOE de Largo Caballero, junto con su sindicato, la UGT; las Juventudes Socialistas, dirigidas por Santiago Carrillo y en proceso de unificación con las comunistas; el PCE que lidera José Díaz y el Partido Sindicalista, de tendencia anarquista. No forma parte del Frente Popular la CNT- FAI, que mantiene su tradicional rechazo a la acción política, pero que sin embargo llamará, a sus seguidores a votar al Frente dado que uno de los primeros puntos del programa electoral es la liberación de los presos de la revolución de 1934 entre los que se encuentran numerosos anarquistas. En la derecha, la principal formación política es la Confederación Española de Derechas Autónomas, de José María Gil Robles, seguida de la opción monárquica de extrema derecha Renovación Española, que lidera José Calvo Sotelo. Más allá y sin apenas respaldo popular (excepto los carlistas en Navarra) se sitúan la Comunión Tradicionalista de Fal Conde y FE JONS, partido fascista español fundado y dirigido por José Antonio Primo de Rivera. Las elecciones dieron el triunfo al Frente Popular, que rápidamente se dispuso a llevar a cabo el programa establecido en enero y que básicamente consistía en la recuperación de las reformas afrontadas en el bienio Azaña y paralizadas en el bienio conservador. No obstante, los acontecimientos desbordaron la acción del gobierno y en numerosas ocasiones, las masas trataron de llevar a la práctica, de manera inmediata, las medidas prometidas, sin esperar a su legalización. Así ocurrió con la liberación de los presos de 1934 y la ocupación de fincas por parte de jornaleros extremeños y andaluces.

10 En la calle, mientras tanto, iba en aumento la crispación y la polarización política, produciéndose, cada vez con mayor frecuencia, enfrentamientos, a menudo armados, entre elementos izquierdistas y derechistas. La culminación de estas luchas tuvo lugar a mediados de julio de 1936, en los días previos a la sublevación militar, cuando el asesinato por falangistas del teniente José del Castillo (instructor de las milicias socialistas) fue respondido por un grupo de guardias civiles y de asalto con el asesinato del líder ultraderechista José Calvo Sotelo. Algunos han querido ver en este asesinato el detonante de la sublevación militar; sin embargo, lo cierto es que la conspiración estaba en marcha desde mucho antes. De hecho, la victoria de las izquierdas en febrero había puesto en marcha una serie de maniobras de políticos y militares decididos a cortar por la fuerza el proyecto reformista. En contacto con los gobiernos de Italia y de Alemania, que prometieron su apoyo ante una eventual sublevación militar, se fue fraguando la conspiración que estalló finalmente el 18 de julio de 1936 y cuyo fracaso dio inicio a la guerra civil.