PROGRAMA PARA LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS 2015 VIVIENDA

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1 PROGRAMA PARA LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS 2015 VIVIENDA

2 2 PROGRAMA PARA LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS 2015 VIVIENDA

3 VIVIENDA Para EUPV la vivienda es un derecho social y económico, por lo que las políticas de vivienda, especialmente aquellas que son responsabilidad de la Generalitat Valenciana, deberán garantizar este derecho. En los últimos años, con los desahucios, hemos podido comprobar el deficiente, perverso y a veces fraudulento diseño e implementación de todos y cada uno de los instrumentos de política de vivienda en el País Valencià, instrumentos diseñados tanto por el PP (en el Gobierno Central y en la Generalitat Valenciana) y por el PSOE. Para EUPV la vivienda tiene que cumplir su función social, que hasta la misma Constitución le reconoce, pero que nefastas políticas públicas y grupos de poder económicos han conculcado. Atendiendo al artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos donde se establece que «toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y especialmente la alimentación, el vestido, la vivienda...»; al artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), donde se «reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, hasta alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Parte tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento»; al artículo 47 de la Constitución Española, que establece que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada», obligando a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación; y al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, donde también se dispone que la Generalitat garantizará el derecho de acceso a una vivienda digna de los ciudadanos valencianos. Por ley se regularán las ayudas para promover este derecho, especialmente en favor de los jóvenes, personas sin medios, mujeres maltratadas, personas afectadas por discapacidad y aquellas otras en las que estén justificadas las ayudas. ; EUPV propone mediante la Ley de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda todo un conjunto de iniciativas políticas que garanticen este derecho en el País Valenciano, y será un objetivo irrenunciable des de la vertiente de la necesaria y suficiente dotación presupuestaria a lo largo de la legislatura. El objetivo global de la propuesta política de EUPV es la de garantizar plenamente el derecho a la vivienda, propuesta que debe incluir todos los recursos y esfuerzos públicos necesarios para que en el País Valenciano se paralice la agresión que están sufriendo las personas desahuciadas o con riesgo de desahucio, declarando de interés social la cobertura de necesidad de vivienda de las personas en especiales circunstancias de emergencia social en procedimientos de desahucio. En este sentido, la ley propuesta impedirá desahucios por motivos económicos en el ámbito privado en favor de las entidades de crédito, expropiando el uso de la vivienda en cuestión en favor de la Administración, y garantizando la permanencia en la vivienda del hogar afectado con criterios de alquiler social. Es por eso que el conjunto de instrumentos donde la Generalitat Valenciana tiene competencias -los Planes de Vivienda y Suelo; beneficios fiscales; política urbanística; la gestión de los parques públicos de vivienda social (con participación de los ayuntamientos, destinados a alquiler social) - serán modificados legalmente con este objetivo. Por otra parte, des de EUPV en el ámbito del País Valencià propondrá la revisión tanto de la legislación en materia del mercado de alquiler como la intervención en el mercado financiero e hipotecario, que después de las últimas modificaciones legislativas en el ámbito del Estado no están al servicio de la satisfacción del derecho a la vivienda, sino más bien lo contrario. Por otra parte, EUPV establecerá una auditoría de la situación en la que se encuentran las ayudas concedidas años atrás por parte de la Generalitat Valenciana, y que han resultado impagadas. Esta auditoría es necesaria para aportar transparencia a este grave problema de incumplimientos en materia de ayudas 3 PROGRAMA PARA LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS 2015 VIVIENDA

4 públicas a la vivienda, tanto en adquisición, alquiler y rehabilitación, y de gestión del conjunto de la política pública de vivienda en el País Valenciano, así como el papel que ha tenido la Administración Central en todo este proceso. Por eso, EUPV apuesta por salvaguardar los derechos de aquellos beneficiarios que no han recibido las ayudas ya concedidas, o aquellos que se vieron perjudicados por el cambio arbitrario en el criterio de concesión de las mismas. En este sentido EUPV considera necesario establecer un calendario de pago de las ayudas concedidas, que atienda a criterios objetivos, como la fecha de resolución administrativa. Es relevante entender que en este calendario deberán ser consideradas el conjunto de resoluciones emitidas por parte de la Generalitat Valenciana en materia de ayudas a la adquisición, alquiler o rehabilitación. La propuesta política en materia de vivienda se concreta en el desarrollo de los instrumentos que son responsabilidad de la Generalitat Valenciana, en el fomento de la renovación, rehabilitación, reforma urbana y eficiencia energética, tanto de edificios como de barrios, con criterios de sostenibilidad ambiental y aprovechamiento del tejido urbano consolidado. Es por eso que los Planes de Vivienda serán fundamentalmente, junto con el alquiler social, los ejes definitorios de este instrumento de política de vivienda. Así, la erradicación del empobrecimiento energético tiene que ser además un objetivo a conseguir en el marco de la garantía del derecho a la vivienda. Por lo que respecta al alquiler social, EUPV desarrollará y ampliará el parque público de vivienda, gravemente deteriorado por los recortes del Consell, así como por la residualización consecuencia de la falta de voluntad política del Gobierno valenciano. El parque público titularidad de la Generalitat tiene que ser objeto de una política de inversiones en mejoras en rehabilitación, renovación y eficiencia energética, y proponemos un plan de inversiones coherente con el estado del parque y las necesidades de aquellas personas residentes, incrementando el número de viviendas en régimen de alquiler e impidiendo el fenómeno de vivienda en alquiler social que en la actualidad está en desuso. La Ley de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda en esta materia impedirá cualquier desahucio por motivos económicos, posibilitando alternativas a las personas afectadas por la crisis, garantizará el derecho de la vivienda, impidiendo los desahucios por motivos económicos, evitando en todo caso la gestión privada con criterios de lucro del parque público de vivienda de la Generalitat, donde los ayuntamientos participarán de su gestión y diseño. Un aspecto relevante a la hora de gestionar el parque público de vivienda por parte de la Generalitat Valenciana es que tendrán que considerarse los gastos ordinarios (suministramientos básicos) como un gasto a computar en el total de ingresos que un hogar destina a vivienda social, es decir, a la hora de computar el porcentaje de renta familiar que representa el pago de un alquiler social al importe del alquiler se añadirá el coste estimado medio del hogar en suministramientos básicos. La misma ley regulará las actuaciones para hacer frente al fenómeno de las viviendas vacías propiedad de las entidades financieras, ofreciendo por parte de la Generalitat Valenciana medidas de fomento público de alquiler social, viviendas que conformarán también objeto de gestión con criterios propios del parque público de vivienda. También esta ley estimulará la intermediación en el ámbito del alquiler privado con criterios de alquiler social, estableciendo lindares (para obtener ayudas públicas) de renta mensual nunca superiores a un 25% de la renta del hogar, garantizando a la vez seguros ante posibles impagos o desperfectos en la vivienda. A la vez, la Generalitat Valenciana exigirá la derogación de los aspectos más perjudiciales para los inquilinos de la última reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, ampliando el período de prórroga en el contrato en favor de los inquilinos hasta cinco años. La Ley de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda establecerá instrumentos concretos para hacer frente al fenómeno de la infravivienda y de las viviendas vacías. En este último se estudiarán, conjuntamente con los municipios, mecanismos de activación para incrementar el uso de este parque de vivienda, en especial en aquellos municipios o barrios que son fundamentalmente destinados a viviendas habitual y permanente. Estas dos medidas tienen que desarrollarse para garantizar una adecuada oferta de vivienda coherente con las necesidades sociales. Junto con las dotaciones presupuestarias dirigidas al parque público de vivienda, el alquiler social será uno de los ejes clave en materia de gasto público directo en la acción política de EUPV, con la creación de un servicio de arbitraje público, que permita resolver las controversias entre inquilinos y propietarios de 4 PROGRAMA PARA LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS 2015 VIVIENDA

5 manera amistosa. La Administración Pública (creación por parte de la misma Generalitat Valenciana y con la colaboración estrecha de los Ayuntamientos) deberá velar por encontrar soluciones a posibles incumplimientos de las partes, evitando la judicialización. La adscripción del contrato en este servicio, junto con el depósito de la fianza en el Registro al efecto permitirá al propietario (tendrá que ser gestionado por la misma persona física), así como la determinación de la renta mensual de alquiler en función de los límites establecidos por la misma Generalitat Valenciana, permitirá disfrutar de una deducción fiscal de un 5% de los ingresos derivados de este alquiler, con un máximo de 200 euros. El servicio de arbitraje público también tendrá, junto con la red de Oficinas de Defensa del Consumidor, que prestar la información y asesoramiento jurídico a aquellas personas afectadas por el abuso de entidades de crédito en la contratación de hipotecas en la pasada época del boom inmobiliario e hipotecario. Por lo que respecta a la política de beneficios fiscales, EUPV propone la eliminación de la obligación que el propietario tenga que constituir el depósito de la fianza, a favor de la Generalitat, para que los inquilinos puedan disfrutar de las deducciones fiscales en materia de acceso a la vivienda en alquiler en el IRPF, manteniendo la obligación que tienen los propietarios de constituir tal depósito, que sirva para fortalecer los recursos para hacer política de vivienda en alquiler social, así como ser un instrumento de control y lucha contra el fraude. También se propone la modificación de la deducción actual dirigida a los inquilinos en los siguientes términos: - El 20% de las cantidades satisfechas, con el límite de 500, cuando la suma de la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro esté entre los y los euros en tributación individual, y entre y en tributación conjunta; - El 30%, si la persona arrendataria tiene hasta 35 años, es una persona con discapacidad con mayor grado de minusvalía, o cuando la suma de la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro sea inferior a los euros en tributación individual, e inferior a euros en tributación conjunta, con el límite de 765 ; - El 30%, si la persona arrendataria es joven y con discapacidad (con los mismos requisitos del párrafo anterior), con el límite de 765. EUPV se compromete en el objetivo de desarrollar una nueva política pública de vivienda en el País Valenciano la creación de un Observatorio Permanente de la Vivienda, con la participación de las entidades sociales y cívicas que aglutinan al movimiento vecinal y en defensa del derecho a la vivienda, sindicatos, agentes sociales, etc. Junto con la misma Generalitat Valenciana y la Federación de Municipios Valencianos. Este observatorio tendrá que buscar el consenso en las políticas a desarrollar, la evaluación de las mismas y el estudio de buenas prácticas en materia de política pública de vivienda, así como estudiar fórmulas jurídicas y económicas que den respuesta a la población afectada por la estafa inmobiliaria e hipotecaria, respuestas que deberán materializarse en iniciativas legislativas en el ámbito autonómico, e instar si es el caso a cambios normativos en el marco legislativo estatal. En cuanto a estos cambios, apostamos por el desarrollo de una ley de segunda oportunidad, que ofrezca soluciones reales, justas y equitativas a los deudores hipotecarios de buena fe y a los avalistas de los mismos, la dación en pago con carácter retroactivo, legislación hipotecaria y alquiler. 5 PROGRAMA PARA LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS 2015 VIVIENDA