Poder Judicial de la Nación

Transcripción

1 SENTENCIA DEFINITIVA NRO CAUSA NRO /2011 AUTOS: RAMIREZ BEATRIZ VICTORIA C/ NACH S.R.L. S/ DESPIDO JUZGADO NRO. 52 SALA I En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 22 días del mes de Junio de 2.015, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden: La Doctora Graciela A. González dijo: I.- El señor Juez de primera instancia hizo lugar a la demanda orientada al cobro de indemnizaciones por despido y otros créditos de naturaleza laboral. Para así decidir, luego de valorar las pruebas producidas y los antecedentes del caso, concluyó que el despido dispuesto por la principal no fue ajustado a derecho en virtud de que no se configuró la situación prevista por el art. 244 LCT pues, al momento de la ruptura, la trabajadora se hallaba reteniendo tareas hasta tanto se subsanen distintos incumplimientos registrales. II.- Tal decisión es apelada por la parte demandada a tenor de las manifestaciones vertidas en la memoria de fs. 233/237. Por su parte, a fs. 232 la accionante objeta la regulación de sus honorarios por estimarla reducida y la tasa de interés aplicada en origen al capital de condena. III.- El recurso interpuesto por la accionada no tendrá favorable recepción. Cabe ponderar que la Sra Ramirez se desempeñó como vendedora en el local de ropa explotado por la demandada cuyo nombre de fantasía es Los Locos, situado en el barrio de Caballito, tarea que desempeñó desde fines de 1996 cuando el titular de la explotación era todavía NIYANA SRL. Tiempo después, asumió la titularidad la aquí demandada, quien en marzo de 2011 dispuso el despido de la actora, por considerarla incursa en abandono de trabajo (art. 244 LCT). Ramirez manifestó que se hallaba registrada incorrectamente pues no se reconoció su verdadera fecha de ingreso que dijo fue el , mientras que la accionada la registró el Así las cosas, en octubre de 2010 comenzó su licencia por maternidad por el nacimiento de su cuarto hijo, debiéndose reintegrar a sus tareas a fines de enero de Dijo asimismo que cuando se reincorporó a su lugar de trabajo, se le impidió el acceso por lo que el intimó telegráficamente a la principal a fin de que aclarase su situación laboral y además, en dicha misiva, la intimó a efectuar el correcto registro de la relación laboral manifestando que

2 retendría tareas hasta tanto no se cumpliera con dicha petición. La encartada contestó rechazando la negativa de tareas y manifestando que la propia actora habría solicitado telefónicamente contar con unos días más antes de reintegrarse para poder organizarse con el cuidado del bebe, todo lo cual fue consentido, por lo que la intimaba a reincorporarse a sus tareas habituales bajo apercibimiento de tenerla por incursa en abandono de trabajo. Finalmente la trabajadora contestó tal emplazamiento aduciendo que se encontraba reteniendo tareas hasta tanto se regularizara su situación registral, a lo cual Nach SRL contestó haciendo efectivo el apercibimiento y despidiéndola el en los términos del art. 244 de la LCT. El primero de los planteos no puede prosperar pues el apelante no se hace cargo de los argumentos por los cuales el magistrado determinó que existió irregularidad registral en lo atinente a la fecha de ingreso. Digo esto porque el quejoso insiste en atacar la idoneidad de las declaraciones testimoniales colectadas en la causa, en el entendimiento de que resultaría inverosímil sostener que todos los declarantes pudieran recordar haber visto a la actora trabajando en el local de ropa de la demandada, por noviembre de 1996 atento el tiempo transcurrido. Al respecto señalo que más allá de los argumentos que esgrime el quejoso para restarles fuerza convictiva a dichos testimonios, lo cierto que el apelante soslaya que tal medio probatorio no fue desvirtuado por prueba en contrario y que además el perito contador informó que la empleadora habría registrado a la trabajadora con fecha de ingreso de mayo de 2002, en amplia contradicción con los propios dichos del responde, en el cual la demandada denunció que le habría reconocido a la trabajadora una antigüedad desde mayo de 1997, la cual en definitiva tampoco contempló en sus libros laborales. Tal irregularidad tornó aplicable la presunción prevista por el art. 55 de la LCT, a lo cual se sumó que los testigos Euti fs. 123-, Di Benedetto fs y Porcel -fs dieron cuenta de que la actora se hallaba trabajando en el local de ropa de la demandada con anterioridad a la fecha en que fue registrada. Las circunstancias mencionadas me llevan a tener por cierta la fecha de ingreso denunciada por Ramirez en el inicio, esto es, , máxime teniendo en cuenta la falta de elementos probatorios que me persuadan en sentido contrario (art. 386 CPCCN). Tampoco tiene razón el apelante al objetar la causa que motivó a la trabajadora a retener tareas, pues existiendo el incumplimiento registral mencionado, el mismo habilitó a la trabajadora a hacer uso de dicha facultad resultando indiferente el hecho de que Ramirez hubiera efectuado tal reclamo luego de trabajar varios años en tales condiciones. Al respecto comparto el criterio sustentado en origen acerca de que el trabajador puede abstenerse de efectuar su prestación de servicios en caso de incumplimientos del empleador a sus obligaciones fundamentales, lo que se configura en el caso, toda vez que la trabajadora emplazó a la principal a que efectuara el correcto registro de la relación sin obtener resultado favorable, pues tal premisa fue expresamente rechazada por la encartada. De esta manera, el desconocimiento de la

3 existencia de irregularidad registral justificó la decisión de la trabajadora de retener tareas previo emplazar al empleador, por lo que el despido fundado en abandono de trabajo es improcedente, por no configurarse el supuesto previsto en el art. 244 LCT. Tampoco resulta relevante el hecho de que la trabajadora no hubiera llegado a retomar tareas luego de su licencia por maternidad pues la propia demandada manifestó en el responde que habría consentido darle unos días más para que pudiera organizarse con el cuidado de sus hijos, lo que en manera alguna configura un supuesto de abandono de trabajo en los términos pretendidos. Zanjada esta cuestión, y en otro orden de ideas señalo que, resulta procedente el recargo previsto por el art. 2º de la Ley La trabajadora intimó a la principal al pago de las partidas indemnizatorias previstas por los arts. 232, 233 y 245 de la LCT sin obtener resultado favorable, por lo que se vio obligada a instar los canales jurisdiccionales para obtener el reconocimiento de su crédito y por ello, es que propongo confirmar la procedencia de las partidas en cuestión. El punto nro 6 de la presentación bajo examen denominado cuarto agravio debe ser desestimado por carecer de fundamentación suficiente (art. 116 L.O.) Las argumentaciones vertidas por el apelante en relación a la procedencia de las multas de la Ley (arts. 9º y 15) deberán ser desoídas. Analizadas las constancias de la causa, encuentro que la trabajadora cumplió con el recaudo previsto por el art. 11 de dicho cuerpo legal, pues del intercambio telegráfico cuyas piezas postales obran en sobre de fs. 13 y de la informativa obrante a fs. 100 surge que, tanto el emplazamiento al empleador como la comunicación a la Afip, fueron efectuadas estando vigente el vínculo que se extinguió el Nótese que la intimación dirigida a la demandada es del y la comunicación a la Afip data del , lo que torna procedentes ambos recargos. No obstante ello, observo que la partida prevista por el art. 15 de la LNE no ha sido correctamente calculada por lo que corresponde efectuar nuevamente su cuantificación. De esta manera la sanción prevista por el art. 15 de la Ley se reduce a $59.314,56.-. Por último, señalo que el recargo previsto por el art. 80 de la LCT ha sido correctamente calculado conforme lo prevé la norma por lo que la queja en su relación sin expresar fundamento alguno más que la disconformidad en orden a su cuantía por considerarla excesiva, debe ser desestimada (art. 116 LO). V.- La parte actora ha objetado la tasa de interés aplicada en origen conforme lo previsto por el Acta 2357 del (Resolución nº 8 CNAT). Cabe destacar que mediante la Resolución de CNAT 2601/14 de fecha se dispuso la aplicación de intereses de conformidad con la tasa nominal anual para préstamos libre destino del Banco Nación para un plazo de

4 49 a 60 meses, circunstancia que conduce, atento la fecha del pronunciamiento de grado a aplicarla al capital de condena. En suma, por lo hasta aquí dicho, propongo confirmar la sentencia apelada en lo principal y fijar el capital de condena en $ ,4.- a la que accederán intereses desde que cada suma es debida conforme lo dispuesto en la resolución 2601/14 de la CNAT. Por último, los argumentos vertidos brindan adecuado sustento al pronunciamiento, razón por la cual omito el análisis de las demás cuestiones planteadas en tanto resultan inconducentes para la solución del litigio, pues he considerado aquello que estimé pertinente para la correcta solución del litigio. Tengo en cuenta que es jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no resulta necesario seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, bastando hacerse cargo de las que resulten conducentes para la decisión del litigio (Fallos 272:225; 274:113; 276:132; 280:320) y, sobre tal base, no las encuentro eficaces para rebatir la valoración realizada precedentemente. VI.- Más allá de la modificación parcial que se propicia, reduciendo el monto de condena, corresponde mantener la imposición de las costas a cargo de la demandada, en su carácter de objetivamente vencida en el reclamo fundado por la Señora Ramirez, en su contra (art.68 CPCC). VII.- No obstante, los porcentajes de los honorarios de la representación letrada de las partes intervinientes que fueron regulados en origen, de conformidad con el mérito y calidad de los trabajos realizados en Primera Instancia, valor económico del juicio, rubros que resultaron procedentes, resultado final del pleito y facultades conferidas al Tribunal, resultan exiguos, por lo que se propicia su modificación. De esta manera, propongo regular los honorarios de la representación letrada de la actora, de la demandada y del perito contador por su actuación en primera instancia, en el 17%, 14% y 8%, respectivamente, sobre el nuevo monto de condena (art.38 LO y art. 14 de la ley ). VIII.- Estimo que las costas de Alzada deben imponerse a cargo de la demandada, en su carácter de vencida en lo principal (art.68 CPCC), a cuyo efecto propongo regular los honorarios de los Señores letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% y 25%, a calcular sobre lo que a cada uno de ellos le corresponda percibir por su actuación en la anterior etapa (art.38 LO y art.14 de la ley ). IX.- Por lo expuesto, de compartirse mi propuesta, correspondería: 1) Confirmar la decisión recurrida en cuanto pronuncia condena y reducir el capital nominal a la suma de $ ,4.-, con más los intereses desde que cada suma es debida conforme lo dispuesto en la resolución 2601/14 de la

5 CNAT; 2) Confirmar la imposición de costas a cargo de la demandada y elevar las regulaciones de honorarios de la representación letrada de la actora, demandada y perito contador al 17%, 14% y 8%, respectivamente sobre el nuevo monto por el que progresa el reclamo; 3) Fijar las costas de Alzada a cargo de la demandada; 4) Regular los honorarios de los Señores letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% y 25%, a calcular sobre lo que a cada uno de ellos le corresponda percibir por su actuación en la anterior etapa. La Doctora Gloria M. Pasten de Ishihara dijo: Que adhiere al voto que antecede, por compartir los fundamentos. A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: 1) Confirmar la decisión recurrida en cuanto pronuncia condena y reducir el capital nominal a la suma de $ ,4.-, con más los intereses desde que cada suma es debida conforme lo dispuesto en la resolución 2601/14 de la CNAT; 2) Confirmar la imposición de costas a cargo de la demandada y elevar las regulaciones de honorarios de la representación letrada de la actora, demandada y perito contador al 17%, 14% y 8%, respectivamente sobre el nuevo monto por el que progresa el reclamo; 3) Fijar las costas de Alzada a cargo de la demandada; 4) Regular los honorarios de los Señores letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% y 25%, a calcular sobre lo que a cada uno de ellos le corresponda percibir por su actuación en la anterior etapa. Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese (art.4º, Acordada CSJN Nº 15/13) y devuélvase. Ishihara Graciela A. González Jueza de Cámara Gloria M. Pasten de Jueza de Cámara mig. Ante mi: Verónica Moreno Calabrese Secretaria En de de, se dispone el libramiento de

6 Verónica Moreno Calabrese Secretaria En de de, se notifica al Sr. Fiscal General la resolución que antecede y firma. Verónica Moreno Calabrese Secretaria