Poder Judicial de la Nación

Transcripción

1 SENTENCIA DEFINITIVA NRO CAUSA NRO /2014 AUTOS: SIMONELLI, GABRIELA SUSANA C/ LIMSER S.R.L. Y OTROS S/ DESPIDO JUZGADO NRO. 14 SALA I En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 5 días del mes de julio de 2.018, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden: La Doctora Gloria M. Pasten de Ishihara dijo: I. La sentencia obrante a fs. 184/194 ha sido recurrida por los codemandados a tenor de los memoriales de agravios que lucen a fs. 195/197 (accionada LIMSER SRL) y fs. 198/199 (codemandados RAMIREZ y PALAZZO). II. Memoro que en los presentes, la Sra. Jueza A Quo decidió receptar en lo principal- el reclamo deducido por la actora. La Sra. Simonelli accionó persiguiendo el cobro de los conceptos salariales, indemnizatorios y multas previstas en las leyes y ; rubros que consideraba adeudados a partir de la ruptura del contrato de trabajo que la unió con Limser SRL. En fecha 19 de noviembre de 2013, la reclamante decidió desvincularse de su empleadora, ubicándose en situación de despido indirecto ante la persistencia en los incumplimientos registrales de su relación laboral, los que previamente había solicitado que sean subsanados. Responsabilizó por los créditos de autos a los codemandados Ramírez y Palazzo socios gerentes de la SRL accionada- con fundamento en lo dispuesto por el art. 54 LSC. La Sra. Magistrada que me precedió examinó las pruebas producidas (en particular: los intercambios telegráficos, el alcance de la presunción que dimana del art. 57 LCT, las declaraciones testimoniales y la prueba informativa) y, a la luz de lo previsto por el art. 386 CPCCN, consideró acreditados los extremos invocados por la parte actora en orden al incorrecto registro de la fecha de ingreso y salario. Consecuentemente, consideró legítimo el reclamo incoado y derivó a condena los conceptos que se incluyeron en la liquidación que se practicó a fs. 191 in fine. La condena alcanzó a la totalidad de los demandados atento los términos en los que se fundó la acción dirigida contra los mismos y según los datos acreditados en la prueba de informes proveniente de la AFIP. Las costas procesales resultaron impuestas a cargo de las demandadas (art. 68 CPCCN).

2 III. La parte demandada LIMSER SRL apela el pronunciamiento dictado en anterior grado. Se queja frente al resultado de la sentencia al haberse admitido las pretensiones de la parte accionante. Critica el salario que la anterior juzgadora consideró a los fines de efectuar los cálculos indemnizatorios y que haya considerado acreditada la existencia de irregularidades de registro. Controvierte la valoración del intercambio epistolar y los razonamientos que formuló la Sra. Jueza de Primera Instancia. Rechaza los términos de la condena, la imposición de las costas procesales y; respecto a los honorarios profesionales, los apela por considerarlos elevados. Los coaccionados Raúl Alberto Ramírez y María Cristina Palazzo, a su turno, también apelan la sentencia dictada. Por los argumentos que exponen, se quejan frente a la condena dictada y los alcances de la responsabilidad que les fue imputada. Finalmente, apelan las regulaciones de los emolumentos de la totalidad de los profesionales intervinientes por entender que resultan excesivos. IV. Examinados los términos del litigio, las constancias de autos, el planteo deducido por los apelantes y lo resuelto en anterior instancia adelanto que, de compartirse la solución que propicio, la decisión adoptada deberá ser confirmada. En primer término y frente los cuestionamientos del decisorio en cuanto juzgó legítima la decisión adoptada por la Sra. Simonelli de ubicarse en situación de despido indirecto, propicio el rechazo de los argumentos vertidos y sugiero se confirme la sentencia que pronuncia la condena. Conforme fue examinado por la Sra. Magistrada que me precedió cuyo examen comparto-, la parte actora logró acreditar mediante el aporte de la prueba colectada (testimonial, pericial contable de fs. 108/110 y prueba informativa proveniente del Banco Santander Rio v. fs. 84/87) la existencia de los incumplimientos de la empresa demandada los cuales, en definitiva, configuraron la injuria suficiente que describe el art. 242 LCT y habilitó a la ruptura de la relación dependiente. No ha sido únicamente la valoración del intercambio telegráfico tal como lo intenta sostener la parte demandada- el elemento que sirvió de convicción a la anterior juzgadora a los fines de habilitar el progreso de la acción en los términos planteados. Más allá que los argumentos que expresa no pueden ser considerados válidos para revertir el resultado, lo cierto es que la decisión de la anterior Magistrada se fundó en la valoración de la prueba testimonial (Sres. Vallejos fs.118/119-, Vega fs.120- y Lopez fs. 122-) aspecto sobre el que no deslizó crítica. En su mérito, el extremo debatido en cuanto al incorrecto registro de la fecha de ingreso, resultó corroborado mediante el análisis integral del aporte probatorio antes individualizado; motivo por el cual la queja tal como ha sido esgrimida, deberá ser rechazada. Idéntica suerte deberá seguir la objeción en orden a la composición del salario y su deficiencia registral. Sin perjuicio de advertir que

3 los fundamentos que expone la parte quejosa no cumplen con las previsiones del art. 116 LO, en tanto que no constituyen una crítica razonada de la decisión adoptada y se traducen en meras objeciones y disconformidad con la decisión adoptada; en atención a las consideraciones que he de formular, corresponde confirmar el pronunciamiento en el punto. La pericia contable (v. fs. 108/110, en particular fs. 108vta in fine) da cuenta de la existencia de atrasos en las registraciones, en el libro de sueldos y la detección de anomalías que llevaron a que la experta afirme: los libros contables y ( ) el libro de sueldos y jornales no son llevados en legal forma. La remisión que la parte apelante pretende a lo argumentado en el responde -en tanto desliza la existencia de responsabilidad de la accionante en las transferencias bancarias en la cuenta de la actora (v. informe de fs. 84/87); sumas que comparadas con las que aparecían en sus recibos de haberes develaron la existencia de marginalidad en el pago de los salarios-, resulta un argumento inatendible. El hecho objetivo que la actora percibía un salario mayor al que figuraba en sus recibos resulta exclusivamente imputable a las falencias contables anteriormente apuntadas; aspecto de la vida comercial de la SRL demandada en el cual la accionante no tenía ningún tipo de injerencia (ello así, en tanto se advierte que en ningún tramo de la demanda o del responde, se argumentó que eran parte de las labores asignadas); por ello, el examen de las pruebas a la luz de lo dispuesto por el art. 386 CPCCN, y cuyo razonamiento comparto- condujeron a la anterior Magistrada a considerar acreditada la irregularidad respecto del pago de los haberes de la actora y, por lo tanto, resulta debidamente fundada (art. 56 LCT) la base remuneratoria determinada en la sentencia, la cual propongo, se confirme. Lo hasta aquí examinado, torna abstracto el agravio dirigido a cuestionar los conceptos que fueron derivados a condena (cfr. liquidación de fs. 191 in fine). Sobre la crítica de las personas físicas demandadas (Raul Alberto Ramírez y María Cristina Palazzo) en cuanto a los alcances de la sentencia al responsabilizarlos por el crédito de autos, adelanto que también sugiero se confirme la decisión adoptada al respecto. No pueden como pretenden- deslindar la responsabilidad que ha sido adecuadamente analizada en el fallo, en los términos de lo normado por los arts. 59 y 274 de la Ley de Sociedades Comerciales (actualmente arts. 159 y 160 CCCN ley y, conforme la denominación del título sustituida por punto 2.1 del Anexo II de la ley , ahora Ley General de Sociedades Nº ). Coincido con las valoraciones que realizó la Sra. Jueza de primera instancia y agrego que, la circunstancia que esgrimen y sobre la cual pretenden ampararse al indicar que son sólo socios ( ) pero no Gerentes ni ejercen ningún tipo de cargo de administración (v. fs. 198 vta pto. III), no resultan

4 idóneas a los fines de repeler la responsabilidad que les corresponde conforme la investidura que portan respecto de LIMSER SRL. Advierto que más allá de las argumentaciones que se efectúan en la queja, lo cierto es que -a esta altura-, no se controvierten los razonamientos de la Sra. Jueza de anterior grado respecto a la existencia de deficiencia registral, y específicamente en el memorial presentado por los codemandados, no se efectúa crítica sobre el valor probatorio de los elementos que la anterior juzgadora tuvo en cuenta a los fines de considerar, como se ha visto, el apartamiento de los codemandados en su calidad de integrantes de la SRL de las pautas que disponen los arts. 59 y 274 de la Ley de Sociedades Comerciales (actualmente arts. 159 y 160 CCCN ley ). Por lo expuesto, propongo se confirme la decisión adoptada en anterior instancia. V. En cuanto a las demás alegaciones de los memoriales recursivos, tengo en cuenta que es jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no resulta necesario seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, bastando hacerse cargo de las que resulten conducentes para la decisión del litigio (ver Fallos 272:225; 274:113; 276:132; 280:230, entre muchos otros) y, con tal base, no las encuentro eficaces para rebatir la valoración precedentemente realizada. VI. Sobre las regulaciones de los honorarios que se cuestionan, teniendo en cuenta el mérito, calidad, eficacia y extensión de los trabajos cumplidos, el resultado del pleito y lo normado por el art. 38 de la LO, disposiciones arancelarias de aplicación y vigentes a la época de las tareas ponderadas a los fines regulatorios (arts.1, 6, 7, 8, 9, 19 y 37 de la ley y art.3 inc. b y g del Dto /57; cfr. arg. CSJN, in re Francisco Costa e Hijos Agropecuaria c/ Provincia de Buenos Aires s/daños y perjuicios, sentencia del 12/9/1996, F.479 XXI), considero que los porcentajes fijados lucen adecuados, motivo por el cual propicio sean confirmados. VII. Con relación a las costas de Alzada, sugiero se impongan a cargo de las demandadas (art 68 CPCCN). Además, propicio regular los honorarios de la representación letrada del actor y de las demandadas en el 25%, respectivamente, de lo que en definitiva les corresponda percibir por su labor en la instancia anterior (art 38 LO y normas arancelarias de aplicación). VIII. En definitiva, de aceptarse mi voto, correspondería: 1) Confirmar el fallo de primera instancia, en todo lo que ha sido materia de apelación y expresión de agravios; 2) Costas y honorarios de alzada conforme se determina en el considerando VII. La Doctora Graciela A. Gonzalez dijo: Que adhiere al voto que antecede, por análogos fundamentos. A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: 1) Confirmar el fallo de primera instancia, en todo lo que ha sido materia de apelación y expresión de agravios; 2) Costas y honorarios de alzada conforme

5 se determina en el considerando VII; 3) Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en las Acordadas Nro. 11/14 de fecha 29/04/14 y Nro. 3/15 de fecha 19/2/2015 de la CSJN, deberán adjuntar copias digitalizadas de las presentaciones que efectúen, bajo apercibimiento de tenerlas por no presentadas. Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese (art.4º, Acordada CSJN Nº 15/13) y devuélvase.