Puede el comprador dirigirse directamente contra el fabricante (no vendedor) para reclamar por falta de conformidad de la cosa vendida?

Transcripción

1 Puede el comprador dirigirse directamente contra el fabricante (no vendedor) para reclamar por falta de conformidad de la cosa vendida? Estudio a propósito de la SAP Madrid de 10 de enero de 2012 Miguel Fernández Benavides Centro de Estudios de Consumo Universidad de Castilla-La Mancha 1. Problema jurídico e iter procesal La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, núm. 2/2012 de 10 de enero (JUR 2012/41269), resuelve sobre una acción de reparación por falta de conformidad, instada por la compradora de un vehículo turismo, y dirigida directamente contra la sociedad productora (y no contra la vendedora). Habiendo sido interpuesta la demanda ante el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de Madrid, la pretensión de la actora es desestimada, al considerar que el comprador no puede dirigir acción contra el fabricante más que de forma subsidiaria cuando le sea imposible o muy gravoso dirigirla contra el vendedor. Finalmente, la Audiencia Provincial confirma la resolución dictada en instancia, atendiendo a idénticos argumentos que los esgrimidos por el órgano a quo. 2. Normativa considerada, argumentación y fallo de la Audiencia Para resolver el supuesto planteado, la Audiencia acude a los artículos 114 y 124 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (en adelante TRLGDCU). En virtud del primer precepto señalado, cuando el producto entregado al consumidor y usuario no sea conforme con lo pactado en el contrato, el vendedor deberá responder (frente al consumidor) de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto [dentro de esta responsabilidad, se incluye el derecho del consumidor a la reparación del el producto, a su sustitución, a la rebaja del precio o a la resolución del contrato ex art. 118 TRLGDCU]. Por su parte, el artículo 124 establece que cuando al consumidor y usuario le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al vendedor por la falta de conformidad de los productos con el contrato podrá reclamar directamente al productor con el fin de obtener la sustitución o reparación 1

2 del producto (sin perjuicio del derecho de repetición que corresponda a aquel ex art. 124 in fine TRLGDCU). En vista de la normativa expuesta, el órgano ad quem considera que la responsabilidad directa del productor es una responsabilidad subsidiaria con respecto a la que la propia Ley pone a cargo del vendedor. Así, el consumidor únicamente podrá dirigirse contra el fabricante en el caso de que le sea imposible (ej. cierre del establecimiento) o excesivamente gravoso (ej. establecimiento situado en el extranjero o a gran distancia del domicilio del consumidor) efectuar su reclamación contra el vendedor [extremos que deberá probar el adquirente en tanto que presupuestos de su pretensión]. Además, según señala la Audiencia, resulta irrelevante a quién es imputable la falta de conformidad (productor o vendedor), pues en todo caso, el consumidor habrá de dirigir la acción de reparación contra el vendedor, y únicamente de manera subsidiaria contra el productor [sin perjuicio, claro está, de la acción de repetición que pudiera ejercitar el primero frente al segundo, si a éste fuera imputable la falta de conformidad]. En definitiva, dado que la compradora del vehículo dirigió directamente la acción contra el productor, sin haber alegado y acreditado que le resultaba imposible o lo se suponía una carga excesiva dirigirse frente al vendedor, los argumentos expuestos conducen finalmente a un fallo desestimatorio de la pretensión de la parte recurrente en apelación. 3. El principio de conformidad Antes de entrar a analizar el debate jurídico-interpretativo en torno al cual gira la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, hemos de dar cuenta, aunque someramente, de que ha de entenderse por principio de conformidad. En este sentido cabe destacar que, precisamente con motivo de dicho principio, nacen las diversas acciones reconocidas en favor del consumidor en el TRLGDCU, entre las que se encuentra la acción de reparación contra el vendedor y el fabricante. El principio de conformidad, de acuerdo con su configuración legal, obliga al vendedor a entregar al consumidor y usuario productos que sean conformes con el contrato, respondiendo frente a él de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto (art. 114 TRLGDCU). Así, tal y como señala RODRÍGUEZ MARÍN, a menos que haya alguna prueba que demuestre lo contrario, se entiende que el producto es conforme siempre que cumpla todos los requisitos, salvo que por las circunstancias del caso concreto, no fuere posible aplicar algunos de ellos, siendo nula toda renuncia previa a los derechos atribuidos al comprador en sede de conformidad legal sobre los productos adquiridos (a 2

3 mayor abundamiento, vid. RODRÍGUEZ MARÍN, C., El principio de conformidad en la venta de bienes de consumo: garantías y servicios posventa, BIB 2010/2472, Aranzadi Civil-Mercantil, 2011). 4. Relaciones jurídicas entre los sujetos intervinientes y normas aplicables Aunque pudiera parecer evidente, no resulta ocioso recordar las diversas relaciones jurídicas que intervienen en la compra de un vehículo por parte de un consumidor (desde la fabricación hasta la venta final). Así, el adquirente del vehículo y la empresa vendedora se encuentran vinculados por un contrato de compraventa, al que resultan de aplicación los artículos 1101 y siguientes del Código Civil, reguladores de la responsabilidad contractual (así como las normas de protección de los consumidores y usuarios, incluido el art. 114 TRLGDCU). Por otra parte, encontramos una relación contractual de naturaleza mercantil entre la entidad productora (quien fabrica los vehículos) y la entidad vendedora (quien los distribuye), sin que nos interese analizar aquí las diversas vicisitudes que pudieran derivarse del contrato de concesión entre ambos sujetos. En cuanto a la relación existente entre el comprador y el fabricante, cabe señalar la inexistencia de obligación contractual alguna. Así, en virtud del principio de relatividad de los contratos, previsto en el artículo 1257 del Código Civil, el comprador únicamente puede ejercitar las acciones civiles de responsabilidad contractual frente al vendedor (y no frente al fabricante). Sin embargo, lo anterior no significa que la entidad productora quede desvinculada y sea ajena a las eventuales contingencias que pueda presentar el vehículo a lo largo de la cadena de distribución. En este sentido, junto con la mencionada responsabilidad contractual frente al concesionario, la Ley hace responsable al fabricante (en atención a su condición) frente al consumidor en determinados supuestos. Y es en esta sede, donde adquiere vital importancia el artículo 124 del TRLGDCU, precepto que ofrece al consumidor la posibilidad de dirigirse directamente contra el productor, con el fin de obtener la sustitución o reparación del producto, con independencia de la inexistencia de vínculo contractual entre ambos, [igualmente, no podemos dejar de mencionar el régimen de responsabilidad del fabricante por productos defectuosos contenido en los arts. 128 y ss. TRLGDCU (y anteriormente, en la derogada Ley 22/1994 de Responsabilidad Civil por los Daños causados por Productos Defectuosos)]. 5. Interpretación del artículo 124 del TRLGDCU 3

4 El citado artículo 124, en torno a cuya interpretación gira la cuestión analizada en el presente trabajo, tiene su origen en el artículo 10 de la derogada Ley 23/2003, de Garantías en Venta de Bienes de Consumo [aunque la definición de productor, contenida antes en dicho artículo, se encuentra ahora prevista en el art. 5 TRLGDCU]. Así, según la interpretación efectuada de los dos primeros apartados del artículo 10 de la Ley 23/2003 (vid. ídem. art. 124 TRLGDCU), la doctrina ha venido manteniendo dos posturas radicalmente opuestas acerca del significado que debe atribuirse al precepto. De acuerdo con la primera interpretación posible, el productor sería responsable únicamente cuando concurriesen, de manera cumulativa, los presupuestos previstos en los apartados primero y segundo del artículo 124 del TRLGDCU. Es decir, el fabricante ha de responder cuando se den las siguientes circunstancias: a) que al consumidor y usuario le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al vendedor ; b) que la falta de conformidad se refiera al origen, identidad o idoneidad de los productos, de acuerdo con su naturaleza y finalidad. Sin embargo, los autores partidarios de esta interpretación, establecen una diferenciación entre la imputación de responsabilidad del productor (que tendría lugar con la concurrencia de los dos requisitos señalados) y el reconocimiento del derecho del consumidor a dirigirse directamente contra aquel. Así las cosas, el consumidor podría dirigirse contra el fabricante siempre que le resultase imposible o excesivamente gravoso dirigirse contra el vendedor, independientemente de a cual de los dos sujetos (productor o vendedor), le fuera imputable la responsabilidad última. De acuerdo con esta interpretación, se produce una disociación entre la legitimación pasiva y la responsabilidad por la falta de conformidad, lo cual concuerda plenamente con la previsión, por parte del Legislador, de una acción de regreso a favor del vendedor. En conexión con esta primera interpretación propuesta por parte de la doctrina, encontramos una línea jurisprudencial defensora del carácter subsidiario de la responsabilidad del productor frente al consumidor. En este sentido, la SAP Vizcaya núm. 331/2007 de 18 de junio (JUR 2007/358168), consideró que no procedía la estimación de la demanda del consumidor frente a la empresa fabricante de automóviles, al entender que el artículo 10 de la Ley 23/2003, regulador de la acción contra el productor, la contempla sólo en el supuesto de que al consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al vendedor. Defendiendo idéntica tesis, la SAP Ourense núm. 340/2008 de 22 de septiembre (JUR 2009/81438), estimó que la entidad productora (también de automóviles) 4

5 debía ser absuelta de las acciones ejercitadas frente a ella por carecer de legitimación pasiva. Recuerda el órgano ad quem que basándose la pretensión del consumidor en el incumplimiento del contrato de compraventa, habrá de dirigirse precisamente contra el vendedor, único legitimado para soportarla en virtud del principio de relatividad de los contratos proclamado en el artículo 1256 del CC. Así pues, la excepción al citado principio recogida en el artículo 10 de la Ley 23/2003, quedaría supeditada a que resulte imposible o suponga una carga excesiva para el consumidor, dirigirse contra el vendedor. Según una segunda interpretación, puede entenderse que los presupuestos enunciados en los dos primeros apartados del artículo 124 del TRLGDCU, representan dos supuestos diversos (no cumulativos) en que el consumidor podrá ejercitar directamente la acción de reparación contra el productor. Así, cuando el defecto del bien sea imputable al productor (vid. supra), el consumidor podría elegir entre reclamar el saneamiento al vendedor [y que éste posteriormente, en vía de regreso, se resarza con el productor de lo pagado], o bien ejercitar directamente la acción contra el productor que, en este caso, carecería de acción de regreso contra el vendedor (por resultarle imputable la responsabilidad). Al contrario, si el defecto del bien es imputable al vendedor, el consumidor podrá igualmente optar, teniendo la posibilidad de dirigirse contra el fabricante (si le resulta imposible o le supone una carga excesiva dirigirse frente al vendedor), que, ahora si, dispondría de acción de regreso contra el vendedor del producto. Siguiendo los razonamientos expuestos, encontramos una segunda línea jurisprudencial a favor de la responsabilidad solidaria de ambos sujetos (vendedor y productor) frente al consumidor. En este sentido, la SAP Murcia núm. 153/2006 de 30 de mayo (JUR 2006/187552) consideró que, de acuerdo con la Ley 23/2003, tanto el vendedor como el productor son responsables directos frente al consumidor, de tal forma que todos los intervinientes en el proceso de producción distribución y venta del vehículo serían responsables solidarios frente al consumidor (en consonancia con la LGDCU de 1984). Así, considera el órgano de apelación que la Ley de Garantías establece una mayor protección de los derechos del consumidor, mediante el establecimiento de un sistema de responsabilidad objetiva (no basado en la culpa o negligencia), tanto del vendedor como del fabricante. Por lo tanto, a pesar de que la empresa productora sea una tercero ajeno a la relación contractual entre comprador y vendedor, su condición de fabricante del bien suministrado al vendedor (quedando integrado en la cadena de producción y distribución del bien), supondría 5

6 la legitimación pasiva del mismo para ser destinatario de la reclamación interpuesta por el consumidor. Por lo que respecta a la doctrina del Tribunal Supremo, son dos las resoluciones que debemos destacar (ambas en la línea de la responsabilidad solidaria). En este sentido, aplicando el artículo 27 de la LGDCU de 1984, la STS de 20 de octubre de 1990 (RJ 1990/8028) establecía que, dada la protección especial que al Legislador han merecido los derechos de los consumidores y usuarios ( ), se ha establecido una responsabilidad solidaria de carácter legal en favor del consumidor, enumerándose como deudores obligados a todas aquellas personas que hubieren concurrido al daño (fabricante, importador, vendedor o suministrador). Así, el régimen de responsabilidad solidaria previsto en la LGDCU de 1984, permitía dirigir la demanda contra cualquiera de los obligados, sin necesidad de demandarlos a todos, debiendo cualquiera de los mismos (fabricante o vendedor), efectuar gratuitamente las reparaciones necesarias en el vehículo En el mismo sentido, la STS núm. 753/2003 de 14 de julio (RJ 2003/5837) definía la responsabilidad establecida en la LGDCU como la obligación solidaria de reparar el daño, impuesta a los varios intervinientes en el proceso productivo, desde el fabricante al vendedor, y justificada precisamente esta pluralidad de responsables en favor de una mejor protección del consumidor. 6. Conclusiones: Es la interpretación ofrecida por la AP Madrid la más adecuada? Como hemos tenido oportunidad de exponer, doctrina y jurisprudencia se han mostrado vacilantes a la hora de interpretar el artículo 10 de la Ley 23/2003 (vid. ídem. art. 124 TRLGDCU), y ello no es de extrañar, habida cuenta de la confusión a que induce la redacción de la norma. No ocurría así con el anterior régimen previsto en la LGDCU de 1984, en base al cual, la jurisprudencia venía admitiendo que el consumidor reclamase indistintamente al vendedor y al productor (responsabilidad solidaria). Sin embargo, habiendo introducido el Legislador incertidumbre en esta materia, es obligado pronunciarse acerca de cuál podría erigirse como interpretación más acertada de la norma vigente. En favor de una interpretación extensiva de la norma (tendente a responsabilizar solidariamente al vendedor y al fabricante del producto frente al consumidor), hemos de destacar los argumentos empleados en la SAP A Coruña núm. 248/2007 de 21 de mayo. Empero, no debemos olvidar que esta resolución fue dictada a 6

7 propósito de la interpretación del antiguo artículo 10 de la Ley 23/2003 (y bajo la vigencia de la derogada LGDCU de 1984). Así las cosas, los razones aducidas por la Audiencia son las siguientes: a) en primer lugar, que tratándose la Ley 23/2003 de la transposición de una Directiva de mínimos, nada obsta a que el Legislador otorgue a los consumidores niveles adicionales de protección, como ocurre al reconocerles una acción directa frente al productor; b) en segundo lugar, señala el órgano de apelación que el artículo 10 ha de interpretarse sistemáticamente con el contenido de la LGDCU de 1984 [concretamente, con lo previsto en sus arts. 11 y 27: en el apartado 1º de este último se establece que el fabricante, el importador, el vendedor o el suministrador de productos, responden frente al consumidor del origen, identidad e idoneidad de los mismos ( )]; c) en tercer lugar, que el vendedor interviene únicamente en la fase de comercialización y no en la de fabricación, por lo que resulta razonable que no le sea imputable, cuando menos exclusivamente, la falta de conformidad del producto o bien, en los supuestos mencionados en el segundo apartado del artículo 10 de la ley 23/2003; d) en cuarto lugar, que de acuerdo con el tenor literal de la norma, la responsabilidad directa del productor frente al adquirente en los casos en que la falta de conformidad se refiera al origen, a la identidad o a la idoneidad de los bienes, se establece con carácter general. De esta forma, carecería de razón de ser la restricción de los supuestos de responsabilidad del fabricante a los supuestos en que el consumidor no pueda dirigirse contra el vendedor, o esta posibilidad del resulte excesivamente gravosa; e) finalmente, destaca la Audiencia que la interpretación propuesta es la más acorde con el principio pro consumatore [con fundamento en el art CE, en relación con el art. 51.1], y, correlativamente, la más que más se adecua al espíritu y finalidad de la norma [art. 3.1 CC]. En efecto, consideramos que la interpretación sistemática expuesta encuentra interesantes argumentos a su favor. Además, ni que decir tiene que se trata la postura que indudablemente busca proteger con una mayor intensidad el interés del consumidor. Sin embargo, a pesar de que pudiéramos convenir (lege ferenda) parcialmente con los razonamientos expuestos, lo cierto es que una buena parte de los mismos se desmorona como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva regulación en esta materia (TRLGDCU), así como de la más reciente posición jurisprudencial en lo que se refiere a la interpretación del artículo 124 (vid. supra). En efecto, tal y como ha señalado MARÍN LÓPEZ, la regulación prevista en el artículo 124 del TRLGDCU supone un retroceso respecto del nivel de protección del consumidor dispensado ( ) por la jurisprudencia. Así, de acuerdo con el régimen previsto en la norma, el consumidor únicamente podrá interponer acción 7

8 directa contra el fabricante cuando le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al vendedor. En este sentido, cabe apuntar que el precepto controvertido, que se halla directamente inspirado en el Libro Verde sobre garantías y los servios postventa, consagra una responsabilidad subsidiaria, separándose así de la doctrina jurisprudencial que, con apoyo en el artículo 27.1.a) de la LGDCU de 1984, admite que el consumidor reclame indistintamente al vendedor y al productor (MARÍN LÓPEZ, M. J., Artículo 124, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Coord.), Comentario al TRLGDCU, Aranzadi, 2009, pp ). Sin lugar a dudas, siguiendo con los razonamientos del autor señalado, entendemos que hubiera sido preferible que el Legislador hubiera declarado la responsabilidad solidaria del vendedor y fabricante para aquellos casos en que la falta de conformidad fuera imputable a éste último. De esta forma, se habría logrado mantener un nivel más elevado de protección del consumidor, sin extender por ello la responsabilidad del fabricante, injustificadamente, más allá de aquellos supuestos en que este es el responsable último de la falta de conformidad del producto. En definitiva, a pesar de podamos estar en desacuerdo con la norma vigente (no solo en cuanto a su falta de claridad, sino también en lo que se refiere a la consecuencias jurídicas previstas por la misma), entendemos que la interpretación más adecuada y acorde con la letra y finalidad de la norma, no es otra que la propuesta por la última doctrina mencionada, y recogida por la SAP Madrid núm. 2/2012 de 10 de enero (JUR 2012/41269). Por lo tanto, consideramos el consumidor podrá reclamar contra el productor únicamente cuando concurran simultanéemele los requisitos exigidos en los apartados primero y segundo del artículo 124 del TRLGDCU: a) que le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente al vendedor; b) que la falta de conformidad sea imputable al productor [es decir, que la misma se refiera al origen, identidad o idoneidad del producto]. Así pues, la acción directa contra el fabricante es de carácter subsidiario, de tal forma que el adquirente habrá de acreditar que concurren los presupuestos del artículo 124, no bastando únicamente con que la falta de conformidad sea imputable al fabricante. En caso contrario, de no concurrir los requisitos exigidos por la norma, el consumidor habrá de dirigir la acción de reparación contra el vendedor, sin perjuicio de que este pueda, ulteriormente, ejercitar una acción de repetición contra el fabricante (si efectivamente este fuera responsable último). 8