TUTELA/ Derecho de petición/ La respuesta de la Entidad se suministró con fecha posterior al fallo de primera instancia /Confirma decisión del a quo.

Transcripción

1 TUTELA/ Derecho de petición/ La respuesta de la Entidad se suministró con fecha posterior al fallo de primera instancia /Confirma decisión del a quo. De lo antedicho, considera la Sala que la Juez que avocó la primera instancia falló conforme al acervo probatorio existente en el expediente, pues como es sabido, y por regla general, el litigio en materia judicial debe quedar fijado desde la primera intervención de las partes ante el juez de conocimiento; es decir que, las partes, deben plantear sus hechos, pretensiones o excepciones- y allegar las pruebas que consideren, al momento de presentar la demanda o de responderla, según sea el caso. De esta manera, cuando una parte impugna una decisión proferida en primera instancia dentro de una acción de tutela, debe limitar su recurso al contexto de hechos, excepciones y pruebas referidos en la primera instancia, sin que le esté permitido modificar el litigio planteado. Lo anterior, cobra fuerza con lo presupuestado en el artículo 32 del Decreto 2191 de 1991( ). Así las cosas se encuentra que, al momento de proferirse la sentencia de primera instancia, la entidad demandada no había acreditado la satisfacción del derecho de petición del actor a través de la respuesta del escrito elevado por él en la fecha 23 de febrero de Ahora, en relación con el oficio 1377 del 11 de mayo de 2012 (fl. 33) por medio del cual la Procuraduría pretende probar que no vulneró el derecho fundamental de petición del actor, se observa que el mismo tiene fecha posterior al fallo de la primera instancia (10 de mayo de 2012), y por ende, no se da la figura del hecho superado. Razón por la cual, se comparte el fallo de la primera instancia que concedió el amparo, y por ende, se hace necesaria su confirmación. REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAUCA Popayán, veintidós de junio de dos mil doce. -SALA DE DECISIÓN 004- SENTENCIA T Magistrada ponente : Dra. Carmen Amparo Ponce Delgado Clase de Acción : Tutela-Segunda Instancia Referencia : No Demandante : Alexander Moreno Sáenz. Demandado : Procuraduría General de la Nación. Procede esta Sala de Decisión a pronunciarse sobre la impugnación instaurada por la parte demandada en contra de la sentencia de fecha 10 de mayo del 2012, por medio de la cual el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Popayán concedió el amparo del derecho fundamental de petición solicitado por el señor Alexander Moreno Sáenz en contra de la Procuraduría General de la Nación. I. ANTECEDENTES 1. DEMANDA (fl. 1).

2 Actor: Alexander Moreno Sáenz Página 2 de PRETENSIONES: Del escrito de tutela, comprende la Sala que el demandante solicita se le tutele su derecho de petición en relación con el escrito presentado por él ante la Procuraduría General de la Nación el día 23 de febrero de HECHOS: Refiere el accionante que el día veintitrés de febrero del presente año, elevó un escrito de petición ante el Procurador General de la Nación, sin que a la fecha de la interposición de la presente tutela se haya dado respuesta al mismo, razón por la cual denuncia como vulnerado su derecho fundamental de petición. Al escrito de Tutela el demandante adjuntó el derecho de petición con fecha de recibido el día 23 de febrero del 2012, en la que solicita al Procurador General de la Nación que intervenga en la solicitud de traslado de régimen penitenciario previamente realizó ante el INPEC (fl. 5). 2. CONTESTACIÓN 2.1 INTERVENCIÓN DE LA PROCURADORA REGIONAL DEL CAUCA. (fl. 13) La Procuradora Regional del Cauca intervino en representación de la entidad demandada, refiriendo que el derecho de petición fue remitido por la Procuraduría General de la Nación a la regional del Cauca a fin de que ésta última emitiera respuesta. En atención a que el derecho de petición estaba referido al traslado del accionante a otro centro de reclusión, fue remitido al Director Regional de Occidente del INPEC a través de oficio 1045 del 16 de abril de 2012 a fin de que éste último se pronunciara; indicando además que fue entregada una copia del mismo al demandante. Finalmente refiere que es el INPEC quien debe resolver la solicitud de traslado del interno, solicitando así se denieguen las pretensiones de la demanda. 3. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA (fl. 20) El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán, mediante sentencia de fecha 10 de mayo del 2012, concedió el amparo de tutela del derecho de petición del señor Alexander Moreno Sáenz. El referido Despacho sostuvo que a pesar de que la Procuraduría Regional del Cauca manifestó que la solicitud del interno MORENO SAENZ ya había sido resuelta, ello no constaba en el expediente, tutelando así el derecho conculcado. 4. IMPUGNACIÓN (fl. 26) La Procuraduría Regional del Cauca presentó un escrito de impugnación en contra de la sentencia de primera instancia, reiterando que la petición del señor Alexander Moreno Sáenz había sido remitida a la autoridad competente, por cuanto tal entidad no puede resolver peticiones de traslado de reclusos. Del mismo modo indicó que ello había sido realizado a través del oficio 1045 de fecha 16 de abril de 2012, y que tal situación había sido notificada en debida forma al peticionario a través del oficio 1377 de mayo 11 de 2012, dando así respuesta a su petición. Con fundamento en lo antedicho, solicitó se revoque la sentencia de primera instancia.

3 Actor: Alexander Moreno Sáenz Página 3 de 6 La señora Procuradora Regional del Cauca aportó, anexo al escrito de la impugnación los siguientes documentos: o Oficio 1045 del 16 de abril de 2012 por medio del cual la Secretaria se remite la solicitud de traslado elevada por el actor el día 28 de febrero de 2012 al Director Regional de Occidente con constancia de recibido por el actor del 26 de abril de (fl. 32) o Oficio 1377 del 11 de mayo de 2012 por medio del cual se le da respuesta a la petición del 23 de febrero de 2012 con constancia de recibido el día 15 de mayo de (fl. 33) 1. LA COMPETENCIA II CONSIDERACIONES DE LA SALA El Tribunal es competente para conocer de la presente acción de tutela en SEGUNDA INSTANCIA, según lo establecido en el Decreto No de 1991 y en el Decreto No de GENERALIDADES DE LA ACCIÓN DE TUTELA. Según lo establece el Art. 86 de la Constitución Política de Colombia, toda persona podrá incoar la acción de tutela para reclamar ante los jueces de la República la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando quiera que sean violados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala la ley, y procede solo cuando el afectado no dispone de otro medio judicial de defensa, salvo que la utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. De lo dicho se tiene que esta acción tiene particularidades esenciales como son: Esta instituida para la protección de derechos fundamentales. Subsidiariedad, por cuanto solo resulta procedente cuando el perjudicado no dispone de otro medio de defensa judicial. salvo que busque evitar un perjuicio irremediable. Inmediatez, porque se trata de un instrumento jurídico de protección inmediata, procedente cuando se hace preciso disponer la guarda efectiva, concreta y actual del derecho fundamental objeto de vulneración o amenaza. 3. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA FRENTE AL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN De conformidad con el artículo 86 de la Carta Política, la acción de tutela es un derecho público subjetivo del que goza toda persona para obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando resultan vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier entidad pública o incluso de los particulares, en ciertos supuestos de hecho. Sin embargo, cabe anotar que esta acción es de carácter residual y subsidiario, es decir, sólo procede en aquellos eventos en los que no exista un instrumento constitucional o legal diferente que le permita al actor solicitar ante los Jueces Ordinarios, la protección de sus derechos, salvo que se pretenda evitar un perjuicio irremediable, el cual debe aparecer acreditado en el proceso. Según el artículo 23 de la Constitución, todas las personas tienen derecho a presentar solicitudes respetuosas a las autoridades, por motivos de interés general o particular y obtener una respuesta pronta y de fondo a su solicitud. Por ser un derecho de carácter fundamental, es susceptible de protección por vía de tutela (artículo 86 Superior).

4 Actor: Alexander Moreno Sáenz Página 4 de 6 Sobre la importancia de este derecho y su ejercicio la Corte Constitucional se ha pronunciado en varias oportunidades. Así, por ejemplo, en la Sentencia T 170 de 2000, la Corporación hizo referencia a los componentes conceptuales básicos de este derecho y al respecto precisó: Abundante ha sido la jurisprudencia de la Corte Constitucional en relación con la naturaleza, alcance e importancia de este derecho fundamental, cuyo núcleo esencial puede concretarse en dos aspectos: i) en una pronta respuesta por parte de la autoridad ante la cual ha sido elevada la solicitud y, ii) en una respuesta de fondo a la petición planteada, sin importar que la misma sea favorable o desfavorable a los intereses del peticionario. Ha de entenderse, entonces, que existe vulneración del núcleo esencial de este derecho, cuando la entidad correspondiente no emite una respuesta en un lapso que, en los términos de la Constitución, se ajuste a la noción de pronta resolución o, cuando la supuesta respuesta se limita a evadir la petición planteada, al no dar una solución de fondo al asunto sometido a su consideración. De igual forma la Corte ha señalado que el ejercicio del derecho de petición garantiza a su vez la efectividad de otros derechos fundamentales. Por tal razón la Jurisprudencia Constitucional ha desarrollado ciertas reglas que deben tener en cuenta los Jueces de tutela para efectos de procurar la protección inmediata y efectiva del derecho de petición. Dichos presupuestos han sido sintetizados de la siguiente manera: (i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión; (ii) el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión; (iii) la petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible; (v) la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares; (vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho fundamental de petición pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición; (viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa; (ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de responder; y (x) ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado. 1 En conclusión, el derecho de petición es vulnerado cuando las autoridades competentes, no resuelven de fondo, clara y oportunamente lo pedido y además, cuando no se comunica la respectiva decisión al peticionario; sin que lo anterior indique que las pretensiones de los ciudadanos deban ser resueltas siempre en el sentido pretendido por el peticionario, más aún cuando existen restricciones de carácter legal. 5. EL PROBLEMA JURÍDICO. En el caso objeto de análisis, el problema jurídico radica en determinar si hay lugar o no, a revocar la sentencia de la primera instancia, en cuanto la misma concedió el amparo del derecho 1 Corte Constitucional. Sentencia T-734 de 2004.

5 Actor: Alexander Moreno Sáenz Página 5 de 6 fundamental de petición que el señor Alexander Moreno Sáenz impetró ante la Procuraduría General de la Nación. 5. EL CASO CONCRETO El Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Popayán mediante sentencia del diez de mayo de dos mil doce, concedió el amparo del derecho fundamental de petición del interno ALEXANDER MORENO SÁENZ y le ordenó a la Procuraduría Regional del Cauca que diera respuesta de fondo a la petición elevada por el demandante el día 23 de febrero de 2012, bajo la consideración de que, si bien la entidad demandada había indicado que ya había una respuesta frente a la misma, ésta no fue aportada por la parte demandada. Frente a la decisión del a quo, la Procuraduría Regional del Cauca interpuso el recurso de impugnación argumentando que a la petición del demandante se le había brindado respuesta oportuna, y que además no era de su competencia el resolver peticiones de traslado de internos. Para sustentar su dicho, la señora Procuradora aportó con la impugnación el oficio 1045 del 16 de abril de 2012 por medio del cual se remitía la petición del actor a la Dirección de la Regional Occidente del INPEC, (fl. 32) y del oficio 1377 del 11 de mayo de 2012 en el que se le informaba al actor sobre el trámite dado a su petición (fl. 33). Observa la Sala que el demandante radicó un derecho de petición ante el Procurador General de la Nación, solicitando la intervención ante el INPEC para que le sea concedido el traslado de establecimiento carcelario (fl. 5). Tal petición fue entregada ante las autoridades del INPEC el día 23 de febrero de 2012, según consta en el mismo escrito. La Procuraduría Regional del Cauca durante el traslado que le concedió el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Popayán para la contestación simplemente se limitó a manifestar que ya había dado respuesta a la petición elevada por el demandante, sin aportar las pruebas que sustentaban su dicho (fl. 13); hecho que sólo hizo hasta después de que el referido despacho profiriera la sentencia de primera instancia concediendo el amparo del derecho de petición del actor, pues, sólo fue con el recurso de impugnación con el que se incorporó al expediente la respuesta emitida por su entidad al demandante. De lo antedicho, considera la Sala que la Juez que avocó la primera instancia falló conforme al acervo probatorio existente en el expediente, pues como es sabido, y por regla general, el litigio en materia judicial debe quedar fijado desde la primera intervención de las partes ante el juez de conocimiento; es decir que, las partes, deben plantear sus hechos, pretensiones o excepciones- y allegar las pruebas que consideren, al momento de presentar la demanda o de responderla, según sea el caso. De esta manera, cuando una parte impugna una decisión proferida en primera instancia dentro de una acción de tutela, debe limitar su recurso al contexto de hechos, excepciones y pruebas referidos en la primera instancia, sin que le esté permitido modificar el litigio planteado. Lo anterior, cobra fuerza con lo presupuestado en el artículo 32 del Decreto 2191 de 1991, que regula lo concerniente a la impugnación en la acción de tutela así: ARTICULO 32. TRAMITE DE LA IMPUGNACION. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. ( ) (subrayas de la Sala)

6 Actor: Alexander Moreno Sáenz Página 6 de 6 Así las cosas se encuentra que, al momento de proferirse la sentencia de primera instancia, la entidad demandada no había acreditado la satisfacción del derecho de petición del actor a través de la respuesta del escrito elevado por él en la fecha 23 de febrero de Ahora, en relación con el oficio 1377 del 11 de mayo de 2012 (fl. 33) por medio del cual la Procuraduría pretende probar que no vulneró el derecho fundamental de petición del actor, se observa que el mismo tiene fecha posterior al fallo de la primera instancia (10 de mayo de 2012) 2, y por ende, no se da la figura del hecho superado. Razón por la cual, se comparte el fallo de la primera instancia que concedió el amparo, y por ende, se hace necesaria su confirmación. III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAUCA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha diez de mayo del dos mil doce, por medio del cual el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Popayán tuteló el derecho fundamental de petición del señor ALEXANDER MORENO SÁENZ, en contra de la PROCURADURÍA REGIONAL DEL CAUCA, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: REMITIR a la H. Corte Constitucional para eventual revisión. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Se hace constar que el proyecto de esta providencia fue considerado y aprobado por la Sala en sesión de la fecha según consta en Acta de la fecha. Los Magistrados, CARMEN AMPARO PONCE DELGADO CARLOS H. JARAMILLO DELGADO Encargado del Despacho del que era titular el Dr. Horacio Coral Caicedo CARLOS H. JARAMILLO DELGADO 2 Folio 20.