LOS ABOGADOS. Punto III. UNA RELACIÓN DE CONFIANZA CON ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA CARTA DE DERECHOS DE LOS CIUDADANOS ANTE LA JUSTICIA

Transcripción

1 LOS ABOGADOS Punto III. UNA RELACIÓN DE CONFIANZA CON ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA CARTA DE DERECHOS DE LOS CIUDADANOS ANTE LA JUSTICIA Una conducta deontológicamente correcta El ciudadano tiene derecho a la prestación de un servicio profesional de calidad por parte del Abogado en el cumplimiento de la misión de defensa que le encomiende, así como por el Procurador en la representación de sus intereses ante los órganos jurisdiccionales El ciudadano tiene derecho a denunciar ante los Colegios de Abogados o de Procuradores las conductas contrarias a la deontología profesional y a conocer a través de una resolución suficientemente motivada el resultado de la denuncia El ciudadano tiene derecho a conocer, a través del Colegio Profesional correspondiente, si un Abogado o Procurador ha sido objeto de alguna sanción disciplinaria, no cancelada, por alguna actuación profesional. * Los Colegios respectivos establecerán un sistema para que el ciudadano pueda conocer de forma efectiva las sanciones disciplinarias, no canceladas, impuestas a un profesional en todo el territorio nacional El ciudadano tiene derecho a que los profesionales que le representen, asesoren o defiendan guarden riguroso secreto de cuanto les revelen o confíen en el ejercicio de estas funciones. Un cliente informado El ciudadano tiene derecho a conocer anticipadamente el coste aproximado de la intervención del profesional elegido y la forma de pago. * Los Abogados y Procuradores estarán obligados a entregar a su cliente un presupuesto previo que contenga los anteriores extremos. A estos efectos se regulará adecuadamente y fomentará el uso de las hojas de encargo profesional. * El cliente podrá exigir a su Procurador rendición de cuentas detalladas de los asuntos encomendados El ciudadano tiene derecho a obtener del Abogado y Procurador información precisa y detallada sobre el estado del procedimiento y de las resoluciones que se dicten.

2 * El profesional deberá entregar a su cliente copia de todos los escritos que presente y de todas las resoluciones judiciales relevantes que le sean notificadas. * El ciudadano podrá consultar con su Abogado las consecuencias de toda actuación ante un órgano jurisdiccional. * Se potenciarán los Servicios de Orientación Jurídica, dependientes de los Colegios de Abogados, que ampliarán sus funciones para informar al ciudadano sobre sus derechos en la relación de confianza con su Abogado El ciudadano tiene derecho a ser informado por su Abogado y por su Procurador, con carácter previo al ejercicio de cualquier pretensión ante un órgano judicial, sobre las consecuencias de ser condenado al pago de las costas del proceso y sobre su cuantía estimada. * Los respectivos Colegios profesionales elaborarán un estudio de previsiones sobre la cuantía media aproximada de las costas de cada proceso, dependiendo tanto del tipo de procedimiento como de su complejidad, que será actualizada periódicamente. Una justicia gratuita de calidad El ciudadano tiene derecho a ser asesorado y defendido gratuitamente por un Abogado suficientemente cualificado y a ser representado por un Procurador cuando tenga legalmente derecho a la asistencia jurídica gratuita. * Los Colegios respectivos velarán por el correcto desarrollo de su función por parte del profesional designado El ciudadano tiene derecho a exigir una formación de calidad al profesional designado por el turno de oficio en los supuestos de asistencia jurídica gratuita. * Los Colegios de Abogados adoptarán las medidas adecuadas para asegurar el cumplimiento de este derecho. LOS COLEGIOS OFICIALES DE ABOGADOS En todas las Comunidades Autónomas, por medio de convenios entre las Consejerías en las que queda adscrita Justicia y los Ilustres Colegios de Abogados, ofrece el Servicio de Orientación Jurídica (S.O.J.) a cualquier ciudadano que lo precise. Este Servicio tiene por misión el asesoramiento previo al proceso a los peticionarios de asistencia jurídica gratuita, informar sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios para su reconocimiento y el auxilio en la redacción de los impresos normalizados de solicitud. No se trata de un servicio de asesoría jurídica gratuita.

3 Si usted es el conductor del vehículo y considera que no es responsable del hecho y la culpa debe recaer sobre el otro conductor tiene un plazo de 6 meses para establecer la denuncia penal. En caso de que su denuncia sea archivada por considerarse que los hechos no son constitutivos de delito o falta, dispone de 1 año, contado desde que concluye la vía penal, para establecer una reclamación vía civil Para estas gestiones es recomendable la contratación de un abogado que le aconseje acerca de cómo establecer las demandas, que cantidad reclamar, la viabilidad de su reclamación y la conveniencia o no de establecer la denuncia penal. Si usted inicia las acciones legales su aseguradora correrá con los gastos si al contratar sus servicios suscribió en la póliza la cobertura de defensa jurídica. Si usted es víctima del accidente tiene derecho a ser indemnizado independientemente de los daños sufridos (físicos, materiales o personales) y cuenta con 2 vías para establecer la reclamación: La vía extrajudicial que se realiza sin acudir a juicio, negociando con la aseguradora el monto de la indemnización. La vía judicial que se toma en el caso de que el accidente constituya un delito o que la compañía no ofrezca una indemnización adecuada. En el primer caso hay que establecer una denuncia para que se tramite el procedimiento penal; si se establece que hubo delito, en el propio procedimiento penal se establece el monto de la indemnización en función de los daños ocasionados. En el caso que la compañía no ofrezca una indemnización adecuada se debe interponer una demanda en reclamación de la cantidad que considere apropiada ante los juzgados civiles. En todos los casos el monto de la compensación dependerá de los daños sufridos ya sean personales y/o materiales y del alcance de los mismos, pero además hay que destacar que el importe de la indemnización no se calcula sólo por la valoración de los daños sino también por los intereses que estas cantidades devenguen desde la fecha del accidente. Si la aseguradora se retrasa más de 3 meses, la cantidad adeudada generará además un interés especial.. La mayor parte de las pólizas de seguros tienen incluida la cobertura de Defensa Jurídica. Esta cobertura, normalmente, le permite elegir libremente un abogado para la defensa de sus derechos e intereses. La cuantía de dicha cobertura variará en función de cada compañía y de cada póliza (6.000, 3.000, 600, etc.). Sin embargo, para hablar con propiedad sobre este tema, hay que tener en cuenta distintas situaciones:

4 Si es conductor culpable del accidente, la compañía aseguradora asumirá su defensa y tendrá que aceptar el abogado que le asignen, salvo que quien le esté reclamando sea también asegurado de su misma compañía o bien, que exista algún posible conflicto de intereses con su compañía de seguros. Si es pasajero de un vehículo con conductor culpable, no podrá recurrir a la cobertura de Defensa Jurídica del automóvil siniestrado para reclamar contra el conductor. Tendrá que buscar abogado y sus honorarios serán un porcentaje de la indemnización que se reclame. Si es conductor no culpable del accidente o pasajero de vehículo con conductor no culpable, es decir, si usted es la víctima, normalmente podrá elegir libremente abogado para reclamar sus derechos frente al causante del accidente, con cargo a la cobertura de Defensa Jurídica del vehículo (es decir, la aseguradora pagará los gastos de su abogado). No tiene obligación de aceptar el abogado que le proponga su compañía de seguros. En caso de que haya sufrido un accidente como peatón, pasajero o ciclista, es posible que tenga una Póliza de Hogar, Accidentes o decesos que incluya la cobertura de defensa jurídica, que suele amparar este tipo de reclamaciones y también le permite la libre elección de abogado. Incluso algunas pólizas de automóvil cubren la Defensa Jurídica del tomador de la póliza cuando éste haya sido víctima de un accidente como peatón o ciclista. En cuanto a la elección de abogado independiente o del propuesto por la compañía aseguradora, le destacamos las posibles ventajas e inconvenientes de optar por una u otra opción: SI ELIGE EL ABOGADO DESIGNADO POR LA COMPAÑÍA POSIBLES VENTAJAS Los abogados que trabajan para las compañías de seguros, normalmente, son profesionales que gozan de gran experiencia, ya que manejan diariamente un elevado número de reclamaciones. Debido a su experiencia, profesionalidad y especialización, improvisan la defensa de su caso de forma rápida y eficaz, en el poco tiempo de que disponen para estudiar cada asunto. La compañía aseguradora asumirá íntegramente los costes de la defensa jurídica, sin que tenga que detraer parte del dinero de la indemnización para abonar sus honorarios. POSIBLES INCONVENIENTES Los letrados que trabajan para las compañías de seguros, sin perjuicio de su profesionalidad, no tienen los mismos estímulos que un abogado independiente, ya que sus honorarios se basan en una especie de tarifa plana que la compañía aseguradora les impone. Debido al elevado número de asuntos que manejan diariamente, no podrán dar a su caso un seguimiento tan personalizado como un abogado independiente.

5 El cliente del abogado de la Compañía de seguros es la propia Compañía de Seguros, no la víctima del accidente. SI ELIGE UN ABOGADO INDEPENDIENTE POSIBLES VENTAJAS Los honorarios del abogado independiente van en función de la cantidad reclamada, con lo cual dedicará más tiempo y recursos a su caso, a fin de obtener la máxima indemnización posible. El cliente del abogado independiente es la víctima del accidente, no la compañía de seguros. Para el abogado independiente es fundamental la calidad de su servicio y la plena satisfacción de su cliente, ya que de esta forma el cliente volverá a recurrir a los servicios del despacho y recomendará sus servicios a otras personas. POSIBLES INCONVENIENTES El abogado independiente establecerá sus honorarios en función de la cuantía de la indemnización (normalmente entre un 10% y un 15%). Si no tiene un seguro con la cobertura de defensa jurídica o si la cuantía que tiene contratada en la defensa jurídica es insuficiente, cobrará el resto de sus honorarios con cargo a la indemnización que reciba. Normalmente esto sólo ocurrirá cuando la cuantía de la indemnización sea muy elevada y la cuantía que tiene contratada en la Defensa Jurídica sea muy baja ELEGIR UN DESPACHO ESPECIALIZADO EN ACCIDENTES DE TRÁFICO Y DERECHO DEL SEGURO. Las cuestiones jurídicas que se plantean como consecuencia de un accidente de tráfico requieren que el letrado que dirija el asunto tenga experiencia en todas las materias relacionadas con la reclamación del accidente. Tendrá que manejar la legislación penal (Ley de Enjuiciamiento Criminal, Código Penal, ); la legislación civil y mercantil en materia de seguros (la Ley de Contratos de Seguro, Ley de Ordenación de Seguros Privados, La Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a motor, Código Civil, Ley de Enjuiciamiento Civil, ); la legislación laboral y de la Seguridad Social (si el accidente es in itínere); legislación y procedimiento administrativo (en los casos que haya responsabilidad patrimonial de la Administración por deficiencias en el estado o mantenimiento de las carreteras, las retiradas de carné, alcoholemias, ); las Leyes de Consumidores y Usuarios, etc. Además, el abogado que defienda sus intereses se enfrentará a los abogados de las Compañías de Seguros, que están altamente especializados y gozan de amplia experiencia en materia de accidentes de tráfico. Por ello le recomendamos que escoja un despacho o abogado especializado en accidentes de tráfico.

6 Cuando encomiende su reclamación, asegúrese de que lo está haciendo con un abogado colegiado (llame al Colegio de abogados de su zona y confírmelo). Si no está satisfecho con la actuación de su abogado, puede reclamar. Los abogados están sometidos al régimen disciplinario de sus respectivos Colegios Profesionales y pueden ser sancionados por conductas contrarias al código deontológico de la abogacía.