Pendiente del Respuesta por la Directora de la Agencia Tributaria Canaria.

Transcripción

1 Resolución a la Directora de la Agencia Tributaria Canaria sobre la falta de respuesta a la solicitud de devolución de ingresos indebidos del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y a que se iniciara un procedimiento de revocación, por circunstancias sobrevenidas y la Recomendación de tomar en consideración la solicitud de la interesada, por haberla instada antes de trascurrir el plazo de prescripción. EQ.-0677/2015. Resolución a la Directora de la Agencia Tributaria Canaria sobre la falta de respuesta a la solicitud de devolución de ingresos indebidos del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y a que se iniciara un procedimiento de revocación, por circunstancias sobrevenidas, y la Recomendación de que se tome en consideración la solicitud de la interesada de inicio del procedimiento de revocación, al quedar acreditada circunstancias sobrevenidas que afectaban a una situación jurídica particular que ponían de manifiesto la improcedencia del acto de liquidación dictado, y haberlo solicitado antes de trascurrir el plazo de prescripción. Pendiente del Respuesta por la Directora de la Agencia Tributaria Canaria. Excma. Sra.: Nuevamente nos dirigimos a V.S. en relación al expediente de queja que se tramita en esta institución con la referencia más arriba indicada (EQ 0677/2015). A la vista de los informes y documentos recibidos para la investigación de la misma, relativa a la falta de respuesta a la solicitud de devolución de ingresos indebidos del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y a que se iniciara un procedimiento de revocación, por circunstancias sobrevenidas, hemos de traer los siguientes, ANTECEDENTES I.- El día 14 de mayo de 2015 (R.E. Nº 2580, la interesada interpuso queja contra la actuación de la Administración Tributaria Canaria, manifestando 1

2 que, en relación a las liquidaciones provisionales dictadas por dicha Administración el 3 de junio de 2010 con números SIR, ( ), ( ) y ( ), por el concepto de Impuesto de Sucesiones y Donaciones, e ingresadas en fechas 23 de julio de Que el día 10 de julio de 2014 solicitó la devolución de ingresos indebidos, y la impugnación de las liquidaciones alegando y aportando resolución de 18 de abril de 2013 de la Dirección General del Catastro. Tras requerimiento de esa Administración, el 16 de octubre 2014, presentó alegaciones, aclarando que también solicitaba que se iniciara de oficio un procedimiento de revocación del artículo de la LGT. Se basaba la solicitud de revocación, en circunstancias sobrevenidas que afectaban a una situación jurídica particular, que habían puesto de manifiesto la improcedencia del acto dictado, a saber, la Resolución de la Dirección General del Catastro de 18 de abril de 2013, estimando el recurso de reposición, al apreciar la existencia de un error en el valor catastral y la categoría constructiva asignada al inmueble, disminuyendo considerablemente su valor, objeto de la liquidación tributaria con fecha de efectos de 26 de febrero de 2010, anterior a la liquidación provisional, como ya se ha indicado, de fecha de efectos del 3 de junio de Se contestó por la Administración Tributaria al interesado que la revocación y la rectificación de errores materiales no se podía promover e instar transcurrido el plazo de prescripción. II.- Admitida la queja a trámite, se solicitó el preceptivo informe el día 25 de mayo de 2015, que tras varias reiteraciones y un recordatorio del deber legal de colaborar, fue remitido en fecha 17 de noviembre de 2015,(R. E. número /11/2015), donde entre otras cuestiones, se dijo: Con fecha 04/10/2014, se notifica por esta Administración escrito a los efectos de aclarar el tipo de procedimiento de que se trata, detallándose en el propio escrito los argumentos jurídicos por las que se da pie a las pretensiones de los reclamantes De la misma forma y en el mismo escrito, se advierte del archivo de las actuaciones si no presenta en el plazo que se indica las alegaciones oportunas Dicho escrito se notifica en la dirección que indica la interesada, recibiendo dicha notificación su cónyuge. ( Se adjunta contestación a su solicitud de devolución de ingresos indebidos, así como el acuse de recibo) III.- A la vista de lo anterior, y de las alegaciones de la interesada, nos dirigimos nuevamente a esa Administración, al objeto de que aclarara el informe anterior, dado que la reclamante presentó escrito de alegaciones el día 16 de octubre de 2014, dentro del plazo de diez días otorgado, el cual 2

3 fue reiterado el 11 de marzo de 2015, sin que hasta el día de la fecha se le hubiere dado respuesta a ninguno de ellos. Tras varias reiteraciones y un Recordatorio del Deber Legal de Colaborar, esa Administración Tributaria Canaria, remitió en fecha 26 de abril de 2016 (R. E. número /04/2015), contestación donde entre otras cuestiones, se dijo: Posteriormente, con fecha 11 de marzo de 2015, como bien menciona en su escrito, la interesada vuelve a presentar nuevo escrito reiterando la petición inicial Con fecha 30 de junio de 2015 se resuelve este segundo escrito, notificándose con fecha 7 de julio de 2015, nuevamente entregada a la propia interesada ( se adjunta tanto resolución como acuse de recibo) A título informativo( ) a juicio de esta Administración, en principio, los motivos expresados en su promoción de revocación no se corresponden con ninguno de los motivos tasados para la misma en el referido artículo 219 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por cuando, siendo la fecha del devengo la correspondiente al 15 de abril de 2007, y habiéndose cuantificado el valor de los bienes teniendo en cuenta la aplicación de coeficientes reductores que toman como referencia la valoración catastral del año 2009, no pueden ser tenidas en cuenta para alterar la decisión adoptada, las Resoluciones de la Gerencia Regional del Catastro de 18 de abril de 2013 que aporta con su solicitud como prueba de contrario, que señalan con rotundidad que la alteración producida tendrá en el Catastro Inmobiliario desde el 26 de febrero de 2010 IV.- La interesada presentó alegaciones a dicho informe, en particular, que como contribuyente, no tenía la obligación jurídica de soportar que no se hubiera realizado la pertinente inspección ocular a los inmuebles antes de su valoración, y que dicha inspección habría puesto de manifiesto la situación ruinosa de los inmuebles mucho antes del fallecimiento de la causante en abril de Que el informe del Perito de la Administración es del 14 de diciembre de 2009, y los efectos de la Resolución del Catastro es de dos meses después ( 26 de febrero de 2010), y es imposible que en ese corto espacio de tiempo, un inmueble adquiera la condición de ruinoso, produciéndose una disminución de los valores catastrales en más de un treinta (30%) por ciento. También alegó y aportó las liquidaciones provisionales, de 3 de junio de 2010, es decir, de fecha posterior a los efectos de la Resolución del Catastro, que retrotrae sus efectos, como ya se ha indicado, al 26 de febrero de A los anteriores antecedentes debemos hacer las siguientes, CONSIDERACIONES 3

4 PRIMERA.- Dispone el artículo 219 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que: 1. La Administración tributaria podrá revocar sus actos en beneficio de los interesados cuando se estime que infringen manifiestamente la ley, cuando circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado, o cuando en la tramitación del procedimiento se haya producido indefensión a los interesados. La revocación no podrá constituir, en ningún caso, dispensa o exención no permitida por las normas tributarias, ni ser contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. 2. La revocación sólo será posible mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción. 3. El procedimiento de revocación se iniciará siempre de oficio, y será competente para declararla el órgano que se determine reglamentariamente, que deberá ser distinto del órgano que dictó el acto. En el expediente se dará audiencia a los interesados y deberá incluirse un informe del órgano con funciones de asesoramiento jurídico sobre la procedencia de la revocación del acto Si bien, el procedimiento de revocación es un procedimiento especial de revisión, que se iniciará siempre de oficio, y es una potestad de la Administración iniciarlo o no, en el presente caso, el interesado solicitó que iniciara alegando circunstancias sobrevenidas que afectaban a una situación jurídica particular que ponían de manifiesto la improcedencia del acto de liquidación dictado, por cuanto, la Resolución del Catastro es una circunstancia sobrevenida que retrotrae la valoración de los inmuebles a la fecha del acto de liquidación, disminuyendo considerablemente su valor. Por otro lado, el artículo 66 de la referida Ley, establece que, Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos: c) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías. d) El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías Y el artículo 68 de la referida Ley, dispone que: 1. El plazo de prescripción del derecho a que se refiere el párrafo a) del art. 66 de esta Ley se interrumpe: b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado tributario en el curso de dichas reclamaciones o recursos, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal o por la presentación de 4

5 denuncia ante el Ministerio Fiscal, así como por la recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se ordene la paralización del procedimiento administrativo en curso. c) Por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario conducente a la liquidación o autoliquidación de la deuda tributaria La interesada, realizó el 23 de julio de 2010, dentro del período voluntario, el ingreso de la liquidación provisional del Impuesto de Sucesiones y Donaciones dictada por esa Administración Tributaria el 3 de junio de Conocida la Resolución del Catastro, solicitó la devolución del ingreso indebido el 10 de julio de 2014, y la impugnación de las liquidaciones alegando y aportando, resolución de 18 de abril de 2013 de la Dirección General del Catastro, que estimaba su recurso de reposición, al apreciar la existencia de un error en el valor catastral y la categoría constructiva asignada al inmueble, disminuyendo considerablemente su valor. A la vista del escrito presentado por la interesada, esa Administración le requirió el 4 de octubre del mismo año, al objeto de que señalara, en el plazo de diez días, el procedimiento correspondiente en el que se fundamentaba la referida devolución de ingresos indebidos. La ahora reclamante, dentro del plazo concedido, al margen de la devolución de ingresos indebidos, y la impugnación de las liquidaciones, solicitó el inicio del procedimiento de revocación, alegando circunstancias sobrevenidas que afectaban a una situación jurídica particular que ponían de manifiesto la improcedencia del acto de liquidación dictado, aportado nuevamente la Resolución del Catastro de 18 de abril de 2013, que retrotraía la disminución de valor de los bienes al 26 de febrero de 2010, varios meses antes de la referida liquidación provisional, por lo que no puede argumentarse por la Administración haber transcurrido el plazo de prescripción. Es por todo ello, y en uso de las facultades que me confiere el art de la Ley reguladora 7/2001, que expresa: El Diputado del Común, con ocasión de sus actividades, podrá formular a las autoridades y al personal al servicio de las administraciones públicas canarias o de los órganos y entidades reseñados en el artículo 17 de esta Ley, sugerencias, advertencias, recomendaciones, y recordatorios de sus deberes legales para la adopción de nuevas medidas. Este comisionado del Parlamento de Canarias RESUELVE formularle a V.S. la siguiente, 5

6 RECOMENDACIÓN - Se tome en consideración la solicitud del interesado de inicio del procedimiento de revocación, al quedar acreditada circunstancias sobrevenidas que afectaban a una situación jurídica particular que ponían de manifiesto la improcedencia del acto de liquidación dictado, y haberlo solicitado antes de trascurrir el plazo de prescripción. De conformidad con el art de la referida Ley 7/2001, que señala: En todos los casos, dichas autoridades y el referido personal vendrán obligados a responder por escrito en término no superior al de un mes. Aceptada la resolución, se comunicará al Diputado del Común las medidas adoptadas en cumplimiento de la misma. En caso contrario, deberá motivarse el rechazo de la sugerencia, advertencia, recomendación o recordatorio de deberes legales. Esta institución le insta a V.S. para que informe en el plazo indicado sobre la presente resolución. Por último, pongo en su conocimiento, que esta Resolución será publicada en la página web de esta Institución, cuando se tenga constancia de su recepción por esa Administración. Atentamente, le saluda Jerónimo Saavedra Acevedo DIPUTADO DEL COMÚN. 6