Resumen de Prensa MUTUAS. Del 1-abr-14 al 30-abr Secretaría Confederal de Cambio Climático y Medio Ambiente

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1 Resumen de Prensa MUTUAS Del 1-abr-14 al 30-abr Secretaría Confederal de Cambio Climático y Medio Ambiente

2 APROBADO EL INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA GESTIÓN Y CONTROL DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR LAS ENTIDADES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL El Pleno del Tribunal de Cuentas, en su sesión de 27 de marzo de 2014, ha aprobado el Informe de fiscalización sobre la gestión y control de la incapacidad temporal por las entidades del sistema de la Seguridad Social. En la fiscalización han sido objeto de revisión y análisis los procedimientos de gestión y control sobre la incapacidad temporal aplicados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, por el Instituto Social de la Marina y por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, así como los procedimientos de intercambio de información, vigentes en el ejercicio 2011, entre las entidades del sistema de la Seguridad Social, los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. La fiscalización del Tribunal se ha referido a las actuaciones realizadas por estas entidades durante el ejercicio 2011, sin perjuicio de que se han empleado los datos de ejercicios anteriores o posteriores que se han considerado oportunos para el cumplimiento de los objetivos fijados en la fiscalización. De acuerdo con las Directrices Técnicas aprobadas por el Pleno del Tribunal de Cuentas, los objetivos de la fiscalización han consistido en: a) Analizar las actuaciones de control y verificación efectuadas por las entidades del sistema de la Seguridad Social sobre las compensaciones que realizan las empresas por pago delegado, correspondientes a la prestación económica de incapacidad temporal. b) Verificar los controles que tienen establecidos el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina para la gestión de la incapacidad temporal. - Secretaría Salud Laboral y Medio Ambiente Página 1 de 2

3 c) Verificar la gestión de los convenios y protocolos de actuaciones formalizados entre el anterior Ministerio de Trabajo e Inmigración y las Comunidades Autónomas para el control de la incapacidad temporal, y analizar la gestión y coordinación entre las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social y del Instituto Social de la Marina con los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas, y del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria respecto al control de la incapacidad temporal. d) Verificar las actuaciones de control realizadas por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social para la gestión de la incapacidad temporal. e) Asimismo, se han abordado las cuestiones relacionadas con las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres. El contenido del Informe podrá ser consultado a partir de los próximos días en la página web del Tribunal de Cuentas ( Fuente: TRIBUNAL DE CUENTAS (MADRID) 04/04/ Secretaría Salud Laboral y Medio Ambiente Página 2 de 2

4 La Seguridad Social pagó "indebidamente" bajas Se pagaron casi 17,36 millones en deducciones a empresas por incapacidades indebidamente documentadas El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Instituto Social de la Marina y las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social pagaron, entre el 1 de octubre de 2010 y el 30 de abril de 2013, un total de procesos de incapacidad temporal sin contar con los partes médicos acreditativos de la baja, lo que "podría suponer la inexistencia de procesos reales de incapacidad temporal que pudieran estar siendo financiados indebidamente por la Seguridad Social". Así lo señala el Tribunal de Cuentas en su 'Informe de fiscalización sobre la gestión y control de la incapacidad temporal por las entidades del sistema de la Seguridad Social', que acaba de remitirse a las Cortes y al que ha tenido acceso Europa Press. Según dicho documento, los servicios públicos de salud de Andalucía, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco y Valencia incumplieron su obligación de remitir a la Seguridad Social los partes médicos de confirmación de las bajas temporales, lo que impidió realizar los controles adecuados al INSS, que tampoco reclamó a los gobiernos regionales que cumplieran con esa obligación. De hecho, el ente que preside Ramón Álvarez de Miranda señala que entre octubre de 2010 y abril de 2013 existieron procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes para los que no había ningún parte médico asociado, lo mismo que sucedía con otros procesos derivados de contingencias profesionales. A esto hay que sumar que la información disponible en el INSS sobre recaídas de bajas anteriores "no fue debidamente contrastada ni validada", lo que también podría haber supuesto un perjuicio para las arcas de la Seguridad Social, ya que cuando se trata de una recaída el importe a pagar es menor porque se descuentan los días del proceso anterior. Por eso, se sugiere al Gobierno que incluya un apartado donde el médico de cabecera pueda señalar la fecha de baja del proceso anterior. - Secretaría Salud Laboral y Medio Ambiente Página 1 de 4

5 Durante el mismo periodo, dice el Tribunal, también existieron más de 2,9 millones de procesos de incapacidad abiertos sin el correspondiente parte de la empresa, lo que "resta eficiencia al control de los procesos" y al pago de las prestaciones correspondientes. Deducciones empresariales De hecho, el Instituto de Seguridad Social no tiene "ningún control" sobre las deducciones que las empresas utilizan por procesos de incapacidad temporal, lo que "puede suponer pagos indebidos" para el organismo, tal y como demuestra el informe. No en balde, se detectaron al menos deducciones derivadas de bajas temporales por contingencias comunes en las que no había parte médico de baja ni transmitido por los servicios médicos ni por la empresa, lo que generó un coste de 15,61 millones de euros. Lo mismo sucedió en 822 casos de contingencias profesionales, que supusieron el abono de euros. Asimismo, se detectaron procesos de incapacidad temporal finalizados por los que las empresas seguían deduciéndose cotizaciones "por tiempo ilimitado y sin que fueran detectadas por la Seguridad Social". En este sentido, sólo en el segundo mes tras finalizar bajas las empresas correspondientes se dedujeron "indebidamente" más de un millón de euros, y "existe el riesgo de que en el tercer mes y siguientes continuaron practicando deducciones indebidas de forma ilimitada", señala el informe. Poco control incluso con datos De hecho, el organismo fiscalizador lamenta que incluso cuando el INSS tiene información suficiente hasta el 64% de las bajas temporales queda sin controlar ni por los servicios centrales ni por las direcciones provinciales de la Seguridad Social, hasta rozar los dos millones de casos, lo que supone un "grave defecto de control interno". Esta situación supuso que en el periodo mencionado entre 2010 y 2013 se financiaran millones de euros de prestaciones sin comprobaciones ni controles. El Tribunal ha constatado posteriormente que al menos en 254 casos las empresas se dedujeron euros cuando los trabajadores supuestamente incapacitados ni siquiera estaban dados de alta a la Seguridad Social, y en otros 217 casos por valor de euros se comprobó que no habían cotizado el mínimo como para acceder a la prestación. - Secretaría Salud Laboral y Medio Ambiente Página 2 de 4

6 Con respecto a los casos que sí se han controlado, el Tribunal de Cuentas señala que en 2012 disminuyeron los expedientes un 31,4%, al quedar excluidos de la fiscalización del INSS los contratos laborales a tiempo parcial. Además, sólo el 36% de los casos se enviaron a Tesorería de la Seguridad Social para cruzar los datos, si bien hasta de esos procesos no pudieron ser validados, por lo que las deducciones correspondientes también quedaron sin control. "Además, los resultados de los controles automatizados del INSS fueron insuficientes dado que en las direcciones provinciales del mismo se practicaron notificaciones de reclamación de deudas por deducciones indebidas de incapacidad temporal a las empresas superiores en un 102,5% a las comunicadas inicialmente por los servicios centrales", advierte el Tribunal, que critica no obstante que en algunas de esas provincias sólo se reclamaba cuando la cantidad era a favor de la Administración y no cuando era un saldo favorable a la empresa. En el caso de las Mutuas, el Tribunal detectó que entre 2010 y 2012 se pagó a 538 trabajadores tanto la prestación por desempleo como la de incapacidad temporal con la modalidad de pago directo a cargo de Asepeyo por un importe de euros. Los retrasos en la tramitación de las disconformidades presentadas por los trabajadores también suponen un coste para la Seguridad Social, que debe seguir abonando la prestación mientras se resuelve el caso, lo que sólo en la Dirección Provincial de Madrid supuso un perjuicio económico de más de euros entre 2011 y Por todo ello, el tribunal recomienda al Ministerio de Empleo que cree una base de datos de partes médicos debidamente consolidada y conjunta con la información de que disponen las entidades de la Seguridad Social para que puedan compartir la información, evitar errores y deficiencias en la transmisión de datos y lograr un control más eficiente de las bajas temporales. Asimismo, la Tesorería de la Seguridad Social debería establecer controles informáticos adecuados sobre las deducciones, y compartir información con el INSS para poder controlar mejor las deducciones indebidas. Pagos excesivos a las comunidades autónomas El Tribunal critica también que el Instituto Nacional de la Seguridad Social financió "indebidamente" casi 2,5 millones de euros a diferentes comunidades autónomas en el año 2011 en virtud de convenios de colaboración para el control de la incapacidad - Secretaría Salud Laboral y Medio Ambiente Página 3 de 4

7 temporal, una cantidad que a su entender debería reclamar junto con los correspondientes intereses de demora. En concreto, se pagaron euros de más a Andalucía, euros a Aragón, euros a Extremadura, euros a Galicia, euros a Murcia, euros a La Rioja, euros a Castilla y León, euros a Castilla-La Mancha, euros a Baleares y euros a la Comunidad Valenciana, por incumplimientos en diversos compromisos. Asimismo, se han detectado otras irregularidades en la gestión de los convenios de colaboración y deficiencias en la ejecución de los mismos. No obstante, tanto Navarra como País Vasco, donde no se firmaron convenios generales de control de la incapacidad temporal, tuvieron una incidencia de este fenómeno y un coste por afiliado "muy superior a la media nacional", lo que lleva al Tribunal a pensar que "la formalización de dichos convenios, a pesar de sus irregularidades, fueron beneficiosos en términos generales". Fuente: LA NUEVA ESPAÑA (ASTURIAS) 07/04/ Secretaría Salud Laboral y Medio Ambiente Página 4 de 4

8 SIN LOS PARTES MÉDICOS La Seguridad Social pagó "indebidamente" incapacidades temporales El Servicio Cántabro de Salud incumplió su obligación de remitir a la SS los partes médicos de confirmación de las bajas temporales El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Instituto Social de la Marina y las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social pagaron, entre el 1 de octubre de 2010 y el 30 de abril de 2013, un total de procesos de incapacidad temporal sin contar con los partes médicos acreditativos de la baja, lo que "podría suponer la inexistencia de procesos reales de incapacidad temporal que pudieran estar siendo financiados indebidamente por la Seguridad Social". Así lo señala el Tribunal de Cuentas en su 'Informe de fiscalización sobre la gestión y control de la incapacidad temporal por las entidades del sistema de la Seguridad Social', que acaba de remitirse a las Cortes y al que ha tenido acceso Europa Press. Según dicho documento, los servicios públicos de salud de Andalucía, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco y Valencia incumplieron su obligación de remitir a la Seguridad Social los partes médicos de confirmación de las bajas temporales, lo que impidió realizar los controles adecuados al INSS, que tampoco reclamó a los gobiernos regionales que cumplieran con esa obligación. PAGOS EXCESIVOS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS El Tribunal critica que el Instituto Nacional de la Seguridad Social financió "indebidamente" casi 2,5 millones de euros a diferentes comunidades autónomas en el año 2011 en virtud de convenios de colaboración para el control de la incapacidad temporal, una cantidad que a su entender debería reclamar junto con los correspondientes intereses de demora. El TC señala que los pagos efectuados a las comunidades autónomas -todas salvo País Vasco y Navarra- por los objetivos correspondientes al indicador sobre prevalencia y el indicador sobre días de incapacidad temporal/afiliado no fueron debidamente justificados por el INSS, "por falta de información estadística", y a pesar de ello financió - Secretaría Salud Laboral y Medio Ambiente Página 1 de 4

9 íntegramente a las comunidades autónomas por el cumplimiento total de ambos objetivos, por lo que entiende que el INSS debe aportar los datos ciertos, calcular la correcta financiación que correspondería a cada región y, en su caso, exigir los reintegros oportunos. En el caso de Cantabria, el informe señala que se produjeron, sin la debida justificación, dos pagos indebidos a favor de la Fundación Marqués de Valdecilla en lugar de a la Comunidad Autónoma, "legítima acreedora" de la ejecución del convenio de colaboración, por un importe total de euros, por lo que el INSS "debe exigir a la citada fundación la devolución de estas cantidades y proceder al pago del importe a la Comunidad Autónoma". Cuentas señala que se pagaron euros de más a Andalucía, euros a Aragón, euros a Extremadura, euros a Galicia, euros a Murcia, euros a La Rioja, euros a Castilla y León, euros a Castilla-La Mancha, euros a Baleares y euros a la Comunidad Valenciana, por incumplimientos en diversos compromisos. Asimismo, se han detectado otras irregularidades en la gestión de los convenios de colaboración y deficiencias en la ejecución de los mismos. No obstante, tanto Navarra como País Vasco, donde no se firmaron convenios generales de control de la incapacidad temporal, tuvieron una incidencia de este fenómeno y un coste por afiliado "muy superior a la media nacional", lo que lleva al Tribunal a pensar que "la formalización de dichos convenios, a pesar de sus irregularidades, fueron beneficiosos en términos generales". NO SE SABE SI SON RECAÍDAS De hecho, el ente que preside Ramón Álvarez de Miranda señala que entre octubre de 2010 y abril de 2013 existieron procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes para los que no había ningún parte médico asociado, lo mismo que sucedía con otros procesos derivados de contingencias profesionales. A esto hay que sumar que la información disponible en el INSS sobre recaídas de bajas anteriores "no fue debidamente contrastada ni validada", lo que también podría haber supuesto un perjuicio para las arcas de la Seguridad Social, ya que cuando se trata de una recaída el importe a pagar es menor porque se descuentan los días del proceso anterior. Por eso, se sugiere al Gobierno que incluya un apartado donde el médico de cabecera pueda señalar la fecha de baja del proceso anterior. - Secretaría Salud Laboral y Medio Ambiente Página 2 de 4

10 Durante el mismo periodo, dice el Tribunal, también existieron más de 2,9 millones de procesos de incapacidad abiertos sin el correspondiente parte de la empresa, lo que "resta eficiencia al control de los procesos" y al pago de las prestaciones correspondientes. DEDUCCIONES EMPRESARIALES De hecho, el Instituto de Seguridad Social no tiene "ningún control" sobre las deducciones que las empresas utilizan por procesos de incapacidad temporal, lo que "puede suponer pagos indebidos" para el organismo, tal y como demuestra el informe. No en balde, se detectaron al menos deducciones derivadas de bajas temporales por contingencias comunes en las que no había parte médico de baja ni transmitido por los servicios médicos ni por la empresa, lo que generó un coste de 15,61 millones de euros. Lo mismo sucedió en 822 casos de contingencias profesionales, que supusieron el abono de euros. Asimismo, se detectaron procesos de incapacidad temporal finalizados por los que las empresas seguían deduciéndose cotizaciones "por tiempo ilimitado y sin que fueran detectadas por la Seguridad Social". En este sentido, sólo en el segundo mes tras finalizar bajas las empresas correspondientes se dedujeron "indebidamente" más de un millón de euros, y "existe el riesgo de que en el tercer mes y siguientes continuaron practicando deducciones indebidas de forma ilimitada", señala el informe. POCO CONTROL INCLUSO CON DATOS De hecho, el organismo fiscalizador lamenta que incluso cuando el INSS tiene información suficiente hasta el 64% de las bajas temporales queda sin controlar ni por los servicios centrales ni por las direcciones provinciales de la Seguridad Social, hasta rozar los dos millones de casos, lo que supone un "grave defecto de control interno". Esta situación supuso que en el periodo mencionado entre 2010 y 2013 se financiaran millones de euros de prestaciones sin comprobaciones ni controles. El Tribunal ha constatado posteriormente que al menos en 254 casos las empresas se dedujeron euros cuando los trabajadores supuestamente incapacitados ni siquiera estaban dados de alta a la Seguridad Social, y en otros 217 casos por valor de euros se comprobó que no habían cotizado el mínimo como para acceder a la prestación. - Secretaría Salud Laboral y Medio Ambiente Página 3 de 4

11 Con respecto a los casos que sí se han controlado, el Tribunal de Cuentas señala que en 2012 disminuyeron los expedientes un 31,4%, al quedar excluidos de la fiscalización del INSS los contratos laborales a tiempo parcial. Además, sólo el 36% de los casos se enviaron a Tesorería de la Seguridad Social para cruzar los datos, si bien hasta de esos procesos no pudieron ser validados, por lo que las deducciones correspondientes también quedaron sin control. En el caso de las Mutuas, el Tribunal detectó que entre 2010 y 2012 se pagó a 538 trabajadores tanto la prestación por desempleo como la de incapacidad temporal con la modalidad de pago directo a cargo de Asepeyo por un importe de euros. Fuente: EUROPA PRESS (CANTABRIA) 08/04/ Secretaría Salud Laboral y Medio Ambiente Página 4 de 4

12 En el año 2011 La Seguridad Social pagó "indebidamente" euros en incapacidades temporales sin tener los partes médicos El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Instituto Social de la Marina y las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social pagaron en el año 2011 un total de euros "indebidamente" en La Rioja. Así lo señala el Tribunal de Cuentas en su 'Informe de fiscalización sobre la gestión y control de la incapacidad temporal por las entidades del sistema de la Seguridad Social', que acaba de remitirse a las Cortes y al que ha tenido acceso Europa Press. En éste el Tribunal señala que los pagos efectuados a las comunidades autónomas - todas salvo País Vasco y Navarra- por los objetivos correspondientes al indicador sobre prevalencia y el indicador sobre días de incapacidad temporal/afiliado no fueron debidamente justificados por el INSS, "por falta de información estadística", y a pesar de ello financió íntegramente a las comunidades autónomas por el cumplimiento total de ambos objetivos, por lo que entiende que el INSS debe aportar los datos ciertos, calcular la correcta financiación que correspondería a cada región y, en su caso, exigir los reintegros oportunos. Según dicho documento, los servicios públicos de salud de Andalucía, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco y Valencia incumplieron su obligación de remitir a la Seguridad Social los partes médicos de confirmación de las bajas temporales, lo que impidió realizar los controles adecuados al INSS, que tampoco reclamó a los gobiernos regionales que cumplieran con esa obligación. PAGOS EXCESIVOS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS El Tribunal critica que el Instituto Nacional de la Seguridad Social financió "indebidamente" casi 2,5 millones de euros a diferentes comunidades autónomas en el año 2011 en virtud de convenios de colaboración para el control de la incapacidad temporal, una cantidad que a su entender debería reclamar junto con los correspondientes intereses de demora. - Secretaría Salud Laboral y Medio Ambiente Página 1 de 3

13 Concretamente, Cuentas señala que se pagaron euros de más a Andalucía, euros a Aragón, euros a Extremadura, euros a Galicia, euros a Murcia, euros a La Rioja, euros a Castilla y León, euros a Castilla-La Mancha, euros a Baleares y euros a la Comunidad Valenciana, por incumplimientos en diversos compromisos. Asimismo, se han detectado otras irregularidades en la gestión de los convenios de colaboración y deficiencias en la ejecución de los mismos. No obstante, tanto Navarra como País Vasco, donde no se firmaron convenios generales de control de la incapacidad temporal, tuvieron una incidencia de este fenómeno y un coste por afiliado "muy superior a la media nacional", lo que lleva al Tribunal a pensar que "la formalización de dichos convenios, a pesar de sus irregularidades, fueron beneficiosos en términos generales". NO SE SABE SI SON RECAÍDAS De hecho, el ente que preside Ramón Álvarez de Miranda señala que entre octubre de 2010 y abril de 2013 existieron procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes para los que no había ningún parte médico asociado, lo mismo que sucedía con otros procesos derivados de contingencias profesionales. A esto hay que sumar que la información disponible en el INSS sobre recaídas de bajas anteriores "no fue debidamente contrastada ni validada", lo que también podría haber supuesto un perjuicio para las arcas de la Seguridad Social, ya que cuando se trata de una recaída el importe a pagar es menor porque se descuentan los días del proceso anterior. Por eso, se sugiere al Gobierno que incluya un apartado donde el médico de cabecera pueda señalar la fecha de baja del proceso anterior. Durante el mismo periodo, dice el Tribunal, también existieron más de 2,9 millones de procesos de incapacidad abiertos sin el correspondiente parte de la empresa, lo que "resta eficiencia al control de los procesos" y al pago de las prestaciones correspondientes. DEDUCCIONES EMPRESARIALES De hecho, el Instituto de Seguridad Social no tiene "ningún control" sobre las deducciones que las empresas utilizan por procesos de incapacidad temporal, lo que "puede suponer pagos indebidos" para el organismo, tal y como demuestra el informe. - Secretaría Salud Laboral y Medio Ambiente Página 2 de 3

14 No en balde, se detectaron al menos deducciones derivadas de bajas temporales por contingencias comunes en las que no había parte médico de baja ni transmitido por los servicios médicos ni por la empresa, lo que generó un coste de 15,61 millones de euros. Lo mismo sucedió en 822 casos de contingencias profesionales, que supusieron el abono de euros. Asimismo, se detectaron procesos de incapacidad temporal finalizados por los que las empresas seguían deduciéndose cotizaciones "por tiempo ilimitado y sin que fueran detectadas por la Seguridad Social". En este sentido, sólo en el segundo mes tras finalizar bajas las empresas correspondientes se dedujeron "indebidamente" más de un millón de euros, y "existe el riesgo de que en el tercer mes y siguientes continuaron practicando deducciones indebidas de forma ilimitada", señala el informe. POCO CONTROL INCLUSO CON DATOS De hecho, el organismo fiscalizador lamenta que incluso cuando el INSS tiene información suficiente hasta el 64% de las bajas temporales queda sin controlar ni por los servicios centrales ni por las direcciones provinciales de la Seguridad Social, hasta rozar los dos millones de casos, lo que supone un "grave defecto de control interno". Esta situación supuso que en el periodo mencionado entre 2010 y 2013 se financiaran millones de euros de prestaciones sin comprobaciones ni controles. El Tribunal ha constatado posteriormente que al menos en 254 casos las empresas se dedujeron euros cuando los trabajadores supuestamente incapacitados ni siquiera estaban dados de alta a la Seguridad Social, y en otros 217 casos por valor de euros se comprobó que no habían cotizado el mínimo como para acceder a la prestación. Con respecto a los casos que sí se han controlado, el Tribunal de Cuentas señala que en 2012 disminuyeron los expedientes un 31,4%, al quedar excluidos de la fiscalización del INSS los contratos laborales a tiempo parcial. Además, sólo el 36% de los casos se enviaron a Tesorería de la Seguridad Social para cruzar los datos, si bien hasta de esos procesos no pudieron ser validados, por lo que las deducciones correspondientes también quedaron sin control. En el caso de las Mutuas, el Tribunal detectó que entre 2010 y 2012 se pagó a 538 trabajadores tanto la prestación por desempleo como la de incapacidad temporal con la modalidad de pago directo a cargo de Asepeyo por un importe de euros. Fuente: EUROPA PRESS (LA RIOJA) 08/04/ Secretaría Salud Laboral y Medio Ambiente Página 3 de 3

15 Son las estimaciones del Tribunal de Cuentas en su informe sobre esta gestión La Seguridad Social camina con muletas: pagó incapacidades sin tener los partes médicos Los casos se habrían dado entre el 1 de octubre de 2010 y el 30 de abril de 2013 El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Instituto Social de la Marina y las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social pagaron, entre el 1 de octubre de 2010 y el 30 de abril de 2013, un total de procesos de incapacidad temporal sin contar con los partes médicos acreditativos de la baja, lo que "podría suponer la inexistencia de procesos reales de incapacidad temporal que pudieran estar siendo financiados indebidamente por la Seguridad Social". INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS Así lo señala el Tribunal de Cuentas en su 'Informe de fiscalización sobre la gestión y control de la incapacidad temporal por las entidades del sistema de la Seguridad Social', que acaba de remitirse a las Cortes. Según dicho documento, los servicios públicos de salud de Andalucía, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco y Valencia incumplieron su obligación de remitir a la Seguridad Social los partes médicos de confirmación de las bajas temporales, lo que impidió realizar los controles adecuados al INSS, que tampoco reclamó a los gobiernos regionales que cumplieran con esa obligación. De hecho, el ente que preside Ramón Álvarez de Miranda señala que entre octubre de 2010 y abril de 2013 existieron procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes para los que no había ningún parte médico asociado, lo mismo que sucedía con otros procesos derivados de contingencias profesionales. - Secretaría Salud Laboral y Medio Ambiente Página 1 de 4

16 LA INFORMACIÓN NO FUE CONTRASTADA A esto hay que sumar que la información disponible en el INSS sobre recaídas de bajas anteriores "no fue debidamente contrastada ni validada", lo que también podría haber supuesto un perjuicio para las arcas de la Seguridad Social, ya que cuando se trata de una recaída el importe a pagar es menor porque se descuentan los días del proceso anterior. Por eso, se sugiere al Gobierno que incluya un apartado donde el médico de cabecera pueda señalar la fecha de baja del proceso anterior. Durante el mismo periodo, dice el Tribunal, también existieron más de 2,9 millones de procesos de incapacidad abiertos sin el correspondiente parte de la empresa, lo que "resta eficiencia al control de los procesos" y al pago de las prestaciones correspondientes. NINGÚN CONTROL De hecho, el Instituto de Seguridad Social no tiene "ningún control" sobre las deducciones que las empresas utilizan por procesos de incapacidad temporal, lo que "puede suponer pagos indebidos" para el organismo, tal y como demuestra el informe. No en balde, se detectaron al menos deducciones derivadas de bajas temporales por contingencias comunes en las que no había parte médico de baja ni transmitido por los servicios médicos ni por la empresa, lo que generó un coste de 15,61 millones de euros. Lo mismo sucedió en 822 casos de contingencias profesionales, que supusieron el abono de euros. Asimismo, se detectaron procesos de incapacidad temporal finalizados por los que las empresas seguían deduciéndose cotizaciones "por tiempo ilimitado y sin que fueran detectadas por la Seguridad Social". En este sentido, sólo en el segundo mes tras finalizar bajas las empresas correspondientes se dedujeron "indebidamente" más de un millón de euros, y "existe el riesgo de que en el tercer mes y siguientes continuaron practicando deducciones indebidas de forma ilimitada", señala el informe. De hecho, el organismo fiscalizador lamenta que incluso cuando el INSS tiene información suficiente hasta el 64% de las bajas temporales queda sin controlar ni por los servicios centrales ni por las direcciones provinciales de la Seguridad Social, hasta rozar los dos millones de casos, lo que supone un "grave defecto de control interno". - Secretaría Salud Laboral y Medio Ambiente Página 2 de 4

17 Esta situación supuso que en el periodo mencionado entre 2010 y 2013 se financiaran millones de euros de prestaciones sin comprobaciones ni controles. El Tribunal ha constatado posteriormente que al menos en 254 casos las empresas se dedujeron euros cuando los trabajadores supuestamente incapacitados ni siquiera estaban dados de alta a la Seguridad Social, y en otros 217 casos por valor de euros se comprobó que no habían cotizado el mínimo como para acceder a la prestación. LOS CASOS CONTROLADOS Con respecto a los casos que sí se han controlado, el Tribunal de Cuentas señala que en 2012 disminuyeron los expedientes un 31,4%, al quedar excluidos de la fiscalización del INSS los contratos laborales a tiempo parcial. Además, sólo el 36% de los casos se enviaron a Tesorería de la Seguridad Social para cruzar los datos, si bien hasta de esos procesos no pudieron ser validados, por lo que las deducciones correspondientes también quedaron sin control. "Además, los resultados de los controles automatizados del INSS fueron insuficientes dado que en las direcciones provinciales del mismo se practicaron notificaciones de reclamación de deudas por deducciones indebidas de incapacidad temporal a las empresas superiores en un 102,5% a las comunicadas inicialmente por los servicios centrales", advierte el Tribunal, que critica no obstante que en algunas de esas provincias sólo se reclamaba cuando la cantidad era a favor de la Administración y no cuando era un saldo favorable a la empresa. En el caso de las Mutuas, el Tribunal detectó que entre 2010 y 2012 se pagó a 538 trabajadores tanto la prestación por desempleo como la de incapacidad temporal con la modalidad de pago directo a cargo de Asepeyo por un importe de euros. Los retrasos en la tramitación de las disconformidades presentadas por los trabajadores también suponen un coste para la Seguridad Social, que debe seguir abonando la prestación mientras se resuelve el caso, lo que sólo en la Dirección Provincial de Madrid supuso un perjuicio económico de más de euros entre 2011 y Por todo ello, el tribunal recomienda al Ministerio de Empleo que cree una base de datos de partes médicos debidamente consolidada y conjunta con la información de que disponen las entidades de la Seguridad Social para que puedan compartir la información, evitar errores y deficiencias en la transmisión de datos y lograr un control más eficiente de las bajas temporales. - Secretaría Salud Laboral y Medio Ambiente Página 3 de 4

18 Asimismo, la Tesorería de la Seguridad Social debería establecer controles informáticos adecuados sobre las deducciones, y compartir información con el INSS para poder controlar mejor las deducciones indebidas. Pagos excesivos a las Comunidades El Tribunal critica también que el Instituto Nacional de la Seguridad Social financió "indebidamente" casi 2,5 millones de euros a diferentes comunidades autónomas en el año 2011 en virtud de convenios de colaboración para el control de la incapacidad temporal, una cantidad que a su entender debería reclamar junto con los correspondientes intereses de demora. POR COMUNIDADES En concreto, se pagaron euros de más a Andalucía, euros a Aragón, euros a Extremadura, euros a Galicia, euros a Murcia, euros a La Rioja, euros a Castilla y León, euros a Castilla-La Mancha, euros a Baleares y euros a la Comunidad Valenciana, por incumplimientos en diversos compromisos. Asimismo, se han detectado otras irregularidades en la gestión de los convenios de colaboración y deficiencias en la ejecución de los mismos. No obstante, tanto Navarra como País Vasco, donde no se firmaron convenios generales de control de la incapacidad temporal, tuvieron una incidencia de este fenómeno y un coste por afiliado "muy superior a la media nacional", lo que lleva al Tribunal a pensar que "la formalización de dichos convenios, a pesar de sus irregularidades, fueron beneficiosos en términos generales". Fuente: EL PERIODISTA DIGITAL (MADRID) 08/04/ Secretaría Salud Laboral y Medio Ambiente Página 4 de 4

19 Castilla-La Mancha, en procesos de pagos indebidos y fraude a la Seguridad Social El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Instituto Social de la Marina y las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social pagaron, entre el 1 de octubre de 2010 y el 30 de abril de 2013, un total de procesos de incapacidad temporal sin contar con los partes médicos acreditativos de la baja, lo que "podría suponer la inexistencia de procesos reales de incapacidad temporal que pudieran estar siendo financiados indebidamente por la Seguridad Social". Así lo señala el Tribunal de Cuentas en su "Informe de fiscalización sobre la gestión y control de la incapacidad temporal por las entidades del sistema de la Seguridad Social", que acaba de remitirse a las Cortes y al que ha tenido acceso Europa Press. Según dicho documento, los servicios públicos de salud de Andalucía, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco y Valencia incumplieron su obligación de remitir a la Seguridad Social los partes médicos de confirmación de las bajas temporales, lo que impidió realizar los controles adecuados al INSS, que tampoco reclamó a los gobiernos regionales que cumplieran con esa obligación. Procesos de incapacidad laboral De hecho, el ente que preside Ramón Álvarez de Miranda señala que entre octubre de 2010 y abril de 2013 existieron procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes para los que no había ningún parte médico asociado, lo mismo que sucedía con otros procesos derivados de contingencias profesionales. A esto hay que sumar que la información disponible en el INSS sobre recaídas de bajas anteriores "no fue debidamente contrastada ni validada", lo que también podría haber supuesto un perjuicio para las arcas de la Seguridad Social, ya que cuando se trata de una recaída el importe a pagar es menor porque se descuentan los días del proceso anterior. Por eso, se sugiere al Gobierno que incluya un apartado donde el médico de cabecera pueda señalar la fecha de baja del proceso anterior. Durante el mismo periodo, dice el Tribunal, también existieron más de 2,9 millones de procesos de incapacidad abiertos sin el correspondiente parte de la empresa, lo que - Secretaría Salud Laboral y Medio Ambiente Página 1 de 4

20 "resta eficiencia al control de los procesos" y al pago de las prestaciones correspondientes. Ningún control De hecho, el Instituto de Seguridad Social no tiene "ningún control" sobre las deducciones que las empresas utilizan por procesos de incapacidad temporal, lo que "puede suponer pagos indebidos" para el organismo, tal y como demuestra el informe. No en balde, se detectaron al menos deducciones derivadas de bajas temporales por contingencias comunes en las que no había parte médico de baja ni transmitido por los servicios médicos ni por la empresa, lo que generó un coste de 15,61 millones de euros. Lo mismo sucedió en 822 casos de contingencias profesionales, que supusieron el abono de euros. Asimismo, se detectaron procesos de incapacidad temporal finalizados por los que las empresas seguían deduciéndose cotizaciones "por tiempo ilimitado y sin que fueran detectadas por la Seguridad Social". En este sentido, sólo en el segundo mes tras finalizar bajas las empresas correspondientes se dedujeron "indebidamente" más de un millón de euros, y "existe el riesgo de que en el tercer mes y siguientes continuaron practicando deducciones indebidas de forma ilimitada", señala el informe. De hecho, el organismo fiscalizador lamenta que incluso cuando el INSS tiene información suficiente hasta el 64% de las bajas temporales queda sin controlar ni por los servicios centrales ni por las direcciones provinciales de la Seguridad Social, hasta rozar los dos millones de casos, lo que supone un "grave defecto de control interno". Cientos de millones Esta situación supuso que en el periodo mencionado entre 2010 y 2013 se financiaran millones de euros de prestaciones sin comprobaciones ni controles. El Tribunal ha constatado posteriormente que al menos en 254 casos las empresas se dedujeron euros cuando los trabajadores supuestamente incapacitados ni siquiera estaban dados de alta a la Seguridad Social, y en otros 217 casos por valor de euros se comprobó que no habían cotizado el mínimo como para acceder a la prestación. Con respecto a los casos que sí se han controlado, el Tribunal de Cuentas señala que en 2012 disminuyeron los expedientes un 31,4%, al quedar excluidos de la fiscalización - Secretaría Salud Laboral y Medio Ambiente Página 2 de 4

21 del INSS los contratos laborales a tiempo parcial. Además, sólo el 36% de los casos se enviaron a Tesorería de la Seguridad Social para cruzar los datos. "Además, los resultados de los controles automatizados del INSS fueron insuficientes dado que en las direcciones provinciales del mismo se practicaron notificaciones de reclamación de deudas por deducciones indebidas de incapacidad temporal a las empresas superiores en un 102,5% a las comunicadas inicialmente por los servicios centrales", advierte el Tribunal, que critica no obstante que en algunas de esas provincias sólo se reclamaba cuando la cantidad era a favor de la Administración y no cuando era un saldo favorable a la empresa. En el caso de las Mutuas, el Tribunal detectó que entre 2010 y 2012 se pagó a 538 trabajadores tanto la prestación por desempleo como la de incapacidad temporal con la modalidad de pago directo a cargo de Asepeyo por un importe de euros. Los retrasos en la tramitación de las disconformidades presentadas por los trabajadores también suponen un coste para la Seguridad Social, que debe seguir abonando la prestación mientras se resuelve el caso, lo que sólo en la Dirección Provincial de Madrid supuso un perjuicio económico de más de euros entre 2011 y Base de datos Por todo ello, el Tribunal recomienda al Ministerio de Empleo que cree una base de datos de partes médicos debidamente consolidada y conjunta con la información de que disponen las entidades de la Seguridad Social para que puedan compartir la información, evitar errores y deficiencias en la transmisión de datos y lograr un control más eficiente de las bajas temporales. Asimismo, la Tesorería de la Seguridad Social debería establecer controles informáticos adecuados sobre las deducciones, y compartir información con el INSS para poder controlar mejor las deducciones indebidas. El Tribunal critica también que el Instituto Nacional de la Seguridad Social financió "indebidamente" casi 2,5 millones de euros a diferentes comunidades autónomas en el año 2011 en virtud de convenios de colaboración para el control de la incapacidad temporal, una cantidad que a su entender debería reclamar junto con los correspondientes intereses de demora. - Secretaría Salud Laboral y Medio Ambiente Página 3 de 4

22 Castilla-La Mancha En concreto, se pagaron euros de más a Andalucía, euros a Aragón, euros a Extremadura, euros a Galicia, euros a Murcia, euros a La Rioja, euros a Castilla y León, euros a Castilla-La Mancha, euros a Baleares y euros a la Comunidad Valenciana, por incumplimientos en diversos compromisos. Asimismo, se han detectado otras irregularidades en la gestión de los convenios de colaboración y deficiencias en la ejecución de los mismos. No obstante, tanto Navarra como País Vasco, donde no se firmaron convenios generales de control de la incapacidad temporal, tuvieron una incidencia de este fenómeno y un coste por afiliado "muy superior a la media nacional", lo que lleva al Tribunal a pensar que "la formalización de dichos convenios, a pesar de sus irregularidades, fueron beneficiosos en términos generales". Fuente: EL DIGITAL DE CASTILLA LA MANCHA () 08/04/ Secretaría Salud Laboral y Medio Ambiente Página 4 de 4

23 Empleo retrocede y renuncia al alta de las mutuas por silencio positivo El anteproyecto de ley que aprobará el Consejo de Ministros este mes reforma la gestión de las bajas por enfermedad común Los médicos del sistema nacional de salud se opusieron desde el primer momento y, con ellos, el Ministerio de Sanidad y las consejerías correspondientes de las Comunidades Autónomas: el cambio en la gestión de las bajas y altas de la incapacidad temporal por enfermedad común no podía incluir el silencio positivo para dar por aprobadas las propuestas de alta de los médicos de las mutuas. El anteproyecto de ley de mutuas que será probablemente aprobado por el Consejo de Ministros este mes para remitirlo al Parlamento no llevará finalmente la introducción de ese silencio positivo. En la actualidad, cuando un trabajador está de baja, el médico de la mutua de su empresa hace el seguimiento de la baja y puede presentar una "propuesta motivada" de alta si considera que está en condiciones de trabajar, pero es el facultativo del sistema autonómico de salud el que debe aceptar o rechazar esa propuesta en un plazo de diez días; si no contesta, la propuesta de alta de la mutua no se lleva adelante. El Ministerio de Empleo incluyó en el borrador del anteproyecto de ley de mutuas el silencio positivo, de manera que si el médico no justificaba la prolongación de la baja por enfermedad para rechazar la propuesta de la mutua en un plazo de cinco días, esta alta se aplicaría de forma automática, aunque siempre con la posibilidad de recurrirla ante la inspección del Instituto Nacional de Seguridad Social. La polémica acompañó a este punto, que había sido solicitado desde la patronal, y el Ministerio ha acabado retirándolo. No obstante, se introducirá una fórmula alternativa que modificará "el peso de los actores en las bajas laborales", según fuentes solventes. En todo caso, el anteproyecto de ley establece el uso de los recursos sanitarios de las mutuas que están infrautilizados para que sean aprovechados también por los servicios públicos de salud. Las prestaciones por incapacidad temporal (IT) representaron un gasto de más de millones de euros el año pasado, y el Gobierno prevé ahorrar alrededor de 500 millones al año con las nuevas medidas. Precisamente el Tribunal de Cuentas ha remitido esta semana un informe al Parlamento donde denuncia entre el 1 de octubre de 2010 y el 30 de abril de 2013, la Seguridad Social abonó procesos de incapacidad temporal sin contar con los partes médicos acreditativos de la baja, lo que - Secretaría Salud Laboral y Medio Ambiente Página 1 de 3

24 "podría suponer la inexistencia de procesos reales de incapacidad temporal que pudieran estar siendo financiados indebidamente por la Seguridad Social". El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, aseguró este martes antes de comparecer en la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo que han presentado alegaciones al informe del Tribunal de Cuentas y que, en todo caso, es una cifra que apenas representa el 2% del total de bajas laborales que gestiona la Seguridad Social y que suman más de 13 millones en el periodo analizado. Burgos expuso ante los diputados de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo el amplio frente de reformas que se van a introducir en la gestión del sistema de Seguridad Social. Junto con el anteproyecto de ley de mutuas también se aprobará probablemente antes de finales de abril el real decreto de incapacidad temporal, que afecta fundamentalmente a procedimientos de gestión. Asimismo, está ultimándose el reglamento sobre la cotización de las retribuciones en especie, que incluirá "retoques" pero no "cambios sustanciales", en palabras del secretario de Estado. En mayo concluye el plazo para regularizar el pago de cuotas por estas retribuciones en especie (vales de comida, entrega de acciones, planes de pensiones, gastos de guardería, seguros médicos y otros), a los que vienen obligadas las empresas desde finales del año pasado. Otra de las reformas que se preparan es la liquidación directa e individualizada de cuotas que la Seguridad Social hará a cada empresa por sus trabajadores. A su vez, los trabajadores mayores de 50 años recibirán este año una carta donde la Seguridad Social les calculará la pensión que podrían recibir en el momento de su jubilación si se mantienen las condiciones de cotización. El último proyecto es un nuevo modelo de atención al ciudadano de forma directa y personalizada que denominan 'Tu Seguridad Social' y que tendrá su primer desarrollo en junio. Por otra parte, la recaudación de la Seguridad Social aumentó en abril un 2,85% y alcanzó los millones de euros. "Es el cuarto mes en que esta tasa presenta valores positivos y de intensidad creciente", señaló el secretario de Estado de Seguridad Social. Esos datos no incluyen los ingresos por cotizaciones de los convenios con Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales o Servicio Público de Empleo. Si se incluyen, los ingresos en abril superan los millones de euros, con un incremento del 2,35%. Llama la atención que la afiliación a la seguridad Social no ha subido más del 1% mientras que la recaudación está creciendo al 2,8%. No obstante, habrá que esperar a ver el efecto de la tarifa plana de 100 euros al mes para los nuevos - Secretaría Salud Laboral y Medio Ambiente Página 2 de 3

25 contratos indefinidos que supongan incremento de plantilla, ya que los expertos advierten de la pérdida de ingresos que puede suponer para la Seguridad Social. Frente a ello, el secretario de Estado recalcó que lo importante para el futuro del sistema es aumentar el empleo. Asimismo, el responsable de la Seguridad Social destacó la reducción de los aplazamientos de pago porque "constituyen un signo avanzado de mejoría" de la situación económica, ya que han bajado en número y en importe (un 14,8% y un 35,6% hasta marzo respectivamente) sin que se hayan modificado los criterios. Además, la tasa de morosidad en el sistema se ha reducido al 2,85%, la más baja desde el inicio de la crisis económica, después de haber llegado hasta el 3,8% en enero de Burgos resaltó que se han "recuperado" afiliados desde el punto más bajo de afiliación, pero negó "cualquier complacencia" porque el trecho hasta recuperar los 3,3 millones de ocupados perdidos durante la crisis "es muy amplio". Aprovechó su comparecencia para explicar que la nómina mensual de pensiones ha crecido un 40% desde 2007 al pasar de millones de euros al mes hasta los millones. Este año, el déficit previsto para el sistema de la Seguridad Social es el 1,1% del PIB, el mismo con el que cerró el año pasado - por debajo del 1,4% previsto-. El secretario de Estado consideró "razonable" que este año se vuelva a recurrir al Fondo de Reserva para abonar la paga extra de los pensionistas. El año pasado, la hucha de las pensiones se redujo más de un 14%. Fuente: DIARIO DE NAVARRA (NAVARRA) 09/04/ Secretaría Salud Laboral y Medio Ambiente Página 3 de 3

26 EL ANTEPROYECTO DESFAVORECE AL SECTOR Las clínicas privadas rechazan la Ley de Mutuas Critican que puedan utilizar como prolongación de la Seguridad Social La Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP) ha puesto de manifiesto su desacuerdo con el anteproyecto de reforma de la Ley de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales que baraja el Gobierno. La patronal critica que en él se plantee la utilización de este tipo de entidad como una prolongación de la sanidad pública y que puedan contratar asistencia con las aseguradoras. A través de un comunicado, la organización que preside Cristina Contel rechaza la posibilidad de que la Seguridad Social pueda encomendar a las mutuas pruebas o tratamientos sin que se lleven a concurso. Asimismo, asegura que aunque sí se utilizara este mecanismo las clínicas estarían en desventaja. No se haría en condiciones de igualdad por la exención tributaria absoluta de la que disfrutan, y seguirán disfrutando, las mutuas. A pesar de alabar su eficacia en la gestión de prestaciones, la FNCP considera que las mutuas no deben convertirse en ningún caso en una prolongación de la sanidad pública. Esta no es una queja nueva en el sector, que ya se ha pronunciado ante la Comisión Nacional de Mercados y Competencia o la Secretaría de Estado de Seguridad Social. Estos medios, en teoría, están destinados única y exclusivamente a cubrir necesidades de quienes abonan las cuotas, que son los empresarios adheridos a cada mutua. Entrada al mercado de la mano de las aseguradoras La colaboración de las mutuas con el ámbito público no es el único aspecto que genera preocupación en las clínicas privadas. Y es que el anteproyecto prevé que las mutuas puedan contratar servicios de asistencia con las entidades aseguradoras, algo que desde la federación se rechaza de plano. Como estos centros están amortizados vía cuota y dadas sus ventajas legales, la libre competencia entre los centros sanitarios privados resultaría muy perjudicada y que ninguna clínica podría igualar sus condiciones, detalla el comunicado añadiendo que esta normativa añadiría 400 nuevos centros al mercado de la provisión sanitaria privada. Fuente: REDACCIÓN MÉDICA (MADRID) 11/04/ Secretaría Salud Laboral y Medio Ambiente Página 1 de 1