CONSIDERANDO. En consecuencia, con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales citadas, se expide el siguiente:

Transcripción

1 ACUERDO GENERAL NONAGÉSIMO SEXTO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES Y CRITERIOS QUE DETERMINAN LAS MEDIDAS DE DISCIPLINA PRESUPUESTAL Y DISCIPLINA DEL GASTO PÚBLICO - PROGRAMA DE AUSTERIDAD DEL PODER JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CONSIDERANDO PRIMERO. Que en términos de lo dispuesto por los artículos 90, párrafos cuarto y quinto de la Constitución particular del Estado; y 86 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, así como la carrera judicial, están a cargo del Consejo de la Judicatura. SEGUNDO. Que los artículos 20 y 94, fracciones II y IV de la Ley Orgánica y 12,13, 19, 21, 32, 45, 61 y 69 la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, reconocen la autonomía presupuestaria otorgada al Poder Judicial por conducto del Consejo de la Judicatura. TERCERO. Que el artículo 4, 31 y Transitorio Segundo de la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí correspondiente al ejercicio fiscal 2014; así como 2, 15 y 30 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de San Luis Potosí establecen que el Poder Judicial tendrá facultades para establecer las medidas inherentes para su correcta aplicación; también para determinar lo conducente a efecto de racionalizar y ejercer un mejor control del gasto público. CUARTO. Que con base en el criterio de eficiencia, es fundamental que las medidas de disciplina presupuestal y de gasto público permitan dirigir recursos para cubrir las necesidades prioritarias, que en base a la planeación, se determinen para cumplir con el mandato constitucional de administración de justicia, así como en apego a la racionalidad en el ejercicio del gasto, entendida como el criterio basado en la razón y la congruencia en el uso disposición de los recursos públicos. QUINTO. Que las medidas objeto de este acuerdo, permitirán al Consejo de la Judicatura optimizar el recurso disponible analizando y definiendo estrategias acciones y recursos asignados a los programas. SEXTO. Que las presentes disposiciones y criterios que determinan las medidas de disciplina presupuestal y de gasto público se presentan por la obligación que tiene el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, de administrar los recursos públicos con eficiencia y transparencia. SÉPTIMO. Que el Consejo de la Judicatura, ante la actual situación económica que enfrenta el Estado y debiendo hacer frente a los retos que representan la implementación del nuevo sistema de justicia penal, la mediación y los juzgados mercantiles orales, aunado a los cada vez más exigentes reclamos de los justiciables, entre otros factores, ha determinado la necesidad de fortalecer las medidas para optimizar y promover el uso racional de los recursos públicos destinados a su operación. En consecuencia, con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales citadas, se expide el siguiente:

2 ACUERDO GENERAL NONAGÉSIMO SEXTO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES Y CRITERIOS QUE DETERMINAN LAS MEDIDAS DE DISCIPLINA PRESUPUESTAL Y DISCIPLINA DEL GASTO PÚBLICO - PROGRAMA DE AUSTERIDAD DEL PODER JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO Capítulo Primero Disposiciones Generales Artículo 1º. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer disposiciones y criterios que determinan las medidas de disciplina presupuestal y de gasto público para el ejercicio fiscal 2014 en el Poder Judicial del Estado. Artículo 2º. El presente acuerdo es de observancia obligatoria para los servidores judiciales y corresponderá su implementación al Consejo de la Judicatura, con apoyo en su secretariado ejecutivo y sus órganos auxiliares. Artículo 3º. Corresponderá a Secretariado Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina, por conducto de la Visitaduría Judicial y de la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas de su competencias, inspeccionar y revisar que los órganos y servidores responsables, den cumplimiento a lo estipulado por este Acuerdo General, debiendo dar cuenta a la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura. Artículo 4º. El Consejo de la Judicatura, con base en la opinión de las Comisiones de Administración y la de Adscripciones, según sea el caso, es el único facultado para interpretar y considerar excepciones para lo dispuesto en este acuerdo. En cuanto a los órganos jurisdiccionales y en lo que atañe a la aplicación del presente acuerdo, el Consejo interpretará y considerará excepciones con base en la opinión del Supremo Tribunal de Justicia, así como de las Comisiones mencionadas en este artículo. Capítulo Segundo De la meta de ahorro Artículo 5º. Sin demérito del cumplimiento de las metas institucionales de cada uno de los órganos judiciales, durante el ejercicio fiscal 2014, las medidas previstas en el presente Acuerdo buscarán generar ahorro en el gasto corriente, para lo cual se cuidará la observancia de las leyes y reglamentos de la materia, se difundirán las disposiciones que son el instrumento administrativo por medio del cual buscan el desarrollo de las políticas de disciplina presupuestal aplicables en las diferentes áreas administrativas y se buscará fomentar en los servidores públicos la disciplina y los criterios de racionalidad en el uso de los recursos públicos. Capítulo Tercero De las medidas de racionalidad, contención y control del gasto Artículo 6º. El Consejo de la Judicatura, con apoyo de su Secretariado Ejecutivo y órganos auxiliares, implementará las siguientes acciones: I. En materia de servicios personales y organización de órganos judiciales:

3 I.1. En caso de trabajadores del Poder Judicial del Estado que en el año presente incapacidades, únicamente se les cubrirá la parte proporcional que corresponda al tiempo efectivamente laborado, tanto en lo relativo al aguinaldo como en las vacaciones, salvo las incapacidades que sean por riesgo de trabajo y por maternidad o complicaciones derivadas de la misma, esto con fundamento en lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo y la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas para el Estado de San Luis Potosí; I.2. No se cubrirán incapacidades de personal de áreas administrativas, a menos que ésta dure más de 3 meses o si su trabajo compromete el cumplimiento del programa operativo anual; I.3. Únicamente se cubrirán incapacidades de personal de áreas jurisdiccionales a partir de 15 días de ausencia, a menos que se comprometa el trabajo desarrollado por el área, en cuyo caso, se podrá cubrir antes; I.4. No se cubrirá más de una incapacidad por área al mismo tiempo, salvo que, no hacerlo, comprometa el buen funcionamiento de ésta; I.5. De las peticiones para cubrir incapacidades, se le dará prioridad a las de carrera judicial, siempre y cuando se cumplan con la normatividad aplicable y los criterios definidos en este acuerdo; I.6. Los titulares de área deberán ajustarse a la estructura orgánica correspondiente, evitando, salvo excepciones debidamente justificadas, solicitar apoyos extraordinarios; I.7. No se cubrirán vacaciones con personal de reserva o apoyos extraordinarios, salvo en los siguientes casos: I Cuando deban cubrirse vacaciones de actuarios adscritos a juzgados, que no pertenezcan a la Central de Actuarios y, I Secretarias taquimecanógrafas o secretarias capturistas de aquellos órganos judiciales en los que únicamente se encuentre adscrita una persona de esa categoría. I.8. No se pagará el estímulo de puntualidad a aquellos trabajadores de categorías sindicalizables, que no registren su entrada y salida, de acuerdo a las consideraciones previstas en el Acuerdo General Sexagésimo Séptimo que establece los lineamientos de control de asistencia e incidencias de los trabajadores del Poder Judicial del Estado; I.9. En materia de limpieza, se priorizará la contratación del servicio a través de empresas, evitando la creación de nuevas relaciones de trabajo, y I. 10. Para traslado de personal a otras ciudades, se promoverá la contratación de servicio de arrendamiento de camionetas y choferes especializados, para evitar la adquisición de vehículos y la generación de nuevas relaciones laborales. II. En materia de suministros y servicios generales: II.1. Se priorizará la implementación de herramientas informáticas en los juzgados de primera instancia y órganos administrativos para controlar sus almacenes, con el fin de reducir las mermas y optimizar las compras y, en los juzgados en que ya se encuentre implementada la herramienta, se vigilará su correcta y oportuna utilizació; II.2. Únicamente se asignará un equipo de telefonía celular al Presidente del Supremo Tribunal y del Consejo de la Judicatura de este Poder Judicial; II.3. Se continuará con el cobro de las llamadas de carácter personal, para que éstas sean reembolsadas por parte de los servidores judiciales; esto, con base en los reportes del tarificador del conmutador de la Ciudad Judicial Presidente Juárez y las correspondientes de la cuenta maestra del proveedor de servicio telefónico; II.4. Con el propósito de controlar el ancho de banda de Internet, se controlará el acceso a contenidos, atendiendo a la función que desempeñen los servidores judiciales;

4 II.5. Se priorizará la implementación de herramientas computacionales que permitan disminuir la utilización de papel, equipos de impresión y de fotocopiado; II.6. Se implementarán medidas para reducir el consumo de agua potable en los servicios sanitarios de la Ciudad Judicial Presidente Juárez ; II.7. Se implementará un programa de ahorra de energía eléctrica en la Ciudad Judicial Presidente Juárez mediante el establecimiento horarios de apagado de las luminarias a través de temporizadores y, II.8 Se priorizará la promoción de la enajenación de bienes muebles que se consideren como improductivos u obsoletos, ociosos, innecesarios o de desecho. III. Contención del gasto e inversión y organización de los órganos judiciales: III.1. Los gastos de representación de los servidores judiciales y sus comisiones oficiales se reducirán a lo estrictamente necesario; III.2. Se deberá comprobar el gasto de su fondo revolvente con documentos que cumplan con los requisitos fiscales, salvo en situaciones excepcionales; III.3. Se promoverá la inversión en activo fijo, útil para la reducción de gastos de operación, en especifico, aquellos que disminuyan el mantenimiento, servicios personales, arrendamientos, entre otros; Capítulo Cuarto De la disciplina presupuestal Artículo 9º La Secretaría Ejecutiva de Administración revisará, al menos dos veces durante el ejercicio fiscal, las economías presupuestales observadas, a la Comisión de Presupuesto y Administración. Artículo 10. Los ahorros que se generen con motivo de la implementación de este acuerdo se destinarán preferentemente a gasto de inversión tendiente al fortalecimiento de las funciones de impartición de justicia, para lo cual, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en uso de sus facultades Constitucionales, podrá disponer de dichos recursos y, con apego a lo previsto en el capítulo V de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado, asignarlos a las partidas presupuestales que considere pertinentes, cuando con ello no se afecte el presupuesto global aprobado, excepto en el caso de ampliaciones presupuestales y bajo las condiciones previstas en el ordenamiento legal en cita. Artículo 11. Los titulares de los órganos son responsables de llevar a cabo, dentro de sus respectivas competencias, las acciones que se requieran para la debida observancia de las disposiciones de este Acuerdo. TRANSITORIOS PRIMERO. El presente acuerdo general entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones administrativas que se opongan al presente acuerdo y que hayan sido dictadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente. Así lo acordó, por unanimidad, en sesión ordinaria celebrada el 11 once de febrero del año 2014 dos mil catorce, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del

5 Estado, integrado por los CC. Magistrado Presidente Lic. Álvaro Eguía Romero, Lic. Guillermo Balderas Reyes, Lic. Juan Carlos Barrón Lechuga y Lic. José Refugio Jiménez Medina, actuando el primero en su calidad de Presidente, ante la Directora del Instituto de Estudios Judiciales, licenciada María Manuela Gacía Cázarez, quien actúa en ausencia del Secretario Ejecutivo de Pleno y Carrera Judicial en términos de lo dispuesto por el artículo 72 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Lic. Álvaro Eguía Romero Presidente Lic. Guillermo Balderas Reyes Lic. Juan Carlos Barrón Lechuga Lic. José Refugio Jiménez Medina Lic. María Manuela Gacía Cázarez Directora del Instituto de Estudios Judiciales en ausencia del Secretario Ejecutivo de Pleno y Carrera Judicial