TRÁFICO DE INDOCUMENTADOS. ARTÍCULO 138 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Transcripción

1 RESEÑA DEL AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 868/2006 PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN TRÁFICO DE INDOCUMENTADOS. ARTÍCULO 138 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN

2 RESEÑA DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 39/2007-SS SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, SIN AGOTAR PREVIAMENTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Cronista: Licenciado Saúl García Corona. A través de las sentencias que resuelven las contradicciones de tesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación unifica, interpreta y fija los criterios que deben prevalecer frente a los razonamientos jurídicos discrepantes, expresados en los asuntos que se solventan dentro de los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial de la Federación y, mediante los cuales, basan y fundamentan sus resoluciones, como una interpretación obligatoria que determina el sentido de la ley. 1 Resulta indiscutible que por medio de estas resoluciones se contribuye al otorgamiento de mayor seguridad jurídica para los gobernados, en cumplimiento con el propósito que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos encarga al más Alto Tribunal del país. De esta manera, mediante la sentencia emitida en la contradicción de tesis 39/2007-SS, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la discrepancia de criterios sustentada entre las consideraciones expresadas por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y las establecidas por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 1 Véase tesis: JURISPRUDENCIA, NO ES LEY SINO INTERPRETACIÓN DE LA, Sexta Época, Semanario Judicial de la Federación, Tomo Segunda Parte, LII, página 53, IUS ; INTERPRETACIÓN Y JURISPRUDENCIA, Sexta Época, Semanario Judicial de la Federación, tomo Segunda Parte, XLIX, Página, 58, IUS y; JURISPRUDENCIA, NATURALEZA, Sexta Época, Semanario Judicial de la Federación, tomo Segunda Parte, XLIV, página 86, IUS

3 Cabe señalar que el pronunciamiento alcanzado al resolver este asunto se relacionó con el tema de la suspensión en el juicio de garantías, la que puede entenderse como la medida cautelar por virtud de la cual, el órgano jurisdiccional que conoce del juicio de garantías, en forma potestativa y unilateral, ordena a las autoridades señaladas como responsables que mantengan paralizada o detenida su actuación durante todo el tiempo que dure la sustanciación del juicio de amparo, hasta en tanto se resuelva en definitiva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de sus actos. Con la suspensión se impide que el juicio de amparo quede sin materia como consecuencia de la ejecución del acto reclamado y se evita que el quejoso sufra molestias en su esfera jurídica mientras se resuelve en definitiva el juicio de garantías. De igual forma, la suspensión en el juicio de amparo debe entenderse como la paralización del acto reclamado, de manera que si éste no se ha producido, no nazca y, si ya se inició, no prosiga, con la finalidad de que se detenga temporalmente; que se paralicen sus consecuencias o resultados; y que se evite su realización. El objeto de la suspensión es conservar la materia del juicio de amparo y, por ello, no compromete el criterio judicial en lo que respecta a la sentencia del fondo del juicio constitucional. En primer término, la ley de la materia establece la forma, la procedencia y los efectos mediante los cuales se debe decretar la suspensión del acto; sin embargo, existen diversos criterios jurisprudenciales y doctrinales que resulta pertinente tomar en consideración, ya que han sentado importantes criterios de interpretación sobre esta figura jurídica. La suspensión en el amparo procede de dos formas: de oficio o a petición de parte agraviada. En el primer caso, procede la suspensión - 2 -

4 cuando los actos importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o en contra de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. En cuanto a la procedencia de la suspensión a petición de parte, la Ley de Amparo determina dos momentos distintos en que el Juez la decreta, el primero de ellos es la suspensión provisional y el segundo se refiere a la suspensión definitiva. La suspensión provisional es aquella que se resuelve con la sola presentación de la demanda de amparo, pues la afectación inminente de daños y perjuicios de difícil reparación permite esa apreciación, cuya procedencia apriorística nace de una urgencia y, de otorgarse, tiene por efecto que las cosas se mantengan en el estado que guardan hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. La suspensión definitiva es aquella que se resuelve en la audiencia incidental y, de concederse, surte los mismos efectos que en la provisional, hasta que se notifique a la autoridad responsable la sentencia definitiva que resuelva el amparo en lo principal; su objeto es conservar la materia del juicio y de ninguna manera compromete el criterio judicial en lo que respecta a la sentencia de fondo que pone fin a la primera instancia del juicio constitucional. Es importante destacar que la finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia o resolución definitiva, por tal motivo, el fundamento de la pretensión que constituye el objeto de esta medida, no puede depender de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un conocimiento periférico o superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso; en consecuencia, resulta suficiente la comprobación de la apariencia o verosimilitud del derecho invocado por - 3 -

5 el actor, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en el proceso principal se declarará la certeza del derecho. 2 Así pues, la materia de la contradicción de tesis en este asunto consistió en determinar si es procedente el juicio de garantías contra un acto administrativo regido por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sin haber agotado previamente el juicio de nulidad por virtud del contenido del artículo 28 de dicho ordenamiento; o, si es necesario acatar el principio de definitividad al considerar que la norma citada no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para la suspensión de los actos reclamados. Al respecto, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 345/2006, señaló que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para suspender la ejecución del acto reclamado, y que por ende, para intentar la vía constitucional se actualizaba uno de los supuestos de excepción al principio de definitividad. 3 De manera opuesta, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito estimó que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establecía la suspensión de la ejecución del acto administrativo sin exigir mayores requisitos a los señalados en la Ley de Amparo, por lo que la quejosa debía acatar el principio de definitividad, promoviendo previamente juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 4 2 Véase tesis P./J. 15/96, SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, Abril de 1996, p. 16, IUS Al resolver el asunto el Tribunal Colegiado emitió la siguiente tesis: Tesis I.12o.A.52 A, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (VIGENTE A PARTIR DEL UNO DE ENERO DE DOS MIL SEIS), EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS IMPUGNADOS, QUE LA LEY DE AMPARO, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Febrero de 2007, p. 1680, IUS Al resolver el asunto el Tribunal Colegiado no emitió tesis alguna

6 Así y derivado de la posible discrepancia de criterios antes señalada, el primero de los Tribunales Colegiados aludido denunció ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la posible contradicción de tesis, por lo que previo cumplimiento de los trámites respectivos, se ordenó formar y registrar el expediente con el número 39/2007-SS y turnar los autos a la atención de la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, a efecto de que formulara el proyecto de resolución correspondiente. De esta forma, en sesión de fecha 21 de marzo de 2007, la señora Ministra ponente sometió su proyecto de sentencia a la consideración de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, mediante el cual propuso se resolviera la problemática planteada bajo la conclusión de que los requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad eran mayores que los establecidos para suspender el acto reclamado en el juicio de amparo, por lo que se actualizaba una excepción al principio de definitividad que rige al juicio de garantías y, en consecuencia, resultaba factible acudir directamente al juicio de amparo sin agotar previamente el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Esta postura derivó del análisis efectuado, en primer lugar, a lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV, constitucional y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, en los cuales se contempla la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva, por tal motivo, previamente a promover el juicio de amparo, los quejosos debían agotar esos medios ordinarios de impugnación. Asimismo, se señaló que este principio de definitividad que rige al juicio de garantías en materia administrativa, encontraba su justificación - 5 -

7 en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debía, previamente a su promoción, acudir a las instancias que pudieran producir la insubsistencia del acto de autoridad que le afecta, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente y, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como con la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. 5 Del mismo modo, la señora Ministra ponente mencionó que la norma constitucional, así como la ley de la materia, también aludían a que no era necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal, cuando la ley que los estableciera exigiera mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto que los que la Ley de Amparo requiere como condición para decretar la suspensión del mismo. En ese contexto, en el proyecto presentado a consideración de los señores Ministros que integran la Segunda Sala del más Alto Tribunal del país, se desarrolló un examen comparativo del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, frente a los artículos 124, 124 bis, 125, 130, 135 y 139 de la Ley de Amparo, a partir de lo cual se pudo concluir que los requisitos establecidos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad eran mayores que los previstos para suspender el acto reclamado en el juicio de garantías. La conclusión anterior derivó de que en la Ley de Amparo no se exigen para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, condiciones como las de acreditar con documentales que la autoridad ejecutora negó la suspensión, rechazó la garantía ofrecida o reinició la ejecución; tampoco se establece que en el mismo momento de la solicitud de suspensión, se exhiba garantía para reparar daños y perjuicios únicamente con billete de depósito o póliza de fianza a favor de la contraparte o de terceros; asimismo, no obliga a exponer en la solicitud las razones por las que se considera que debe otorgarse la 5 Véase tesis 2a. LVI/2000, DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Julio de 2000, p. 156, IUS

8 medida y los perjuicios que se causarían en caso de que se ejecute el acto, ni se establece la necesidad de advertir claramente la ilegalidad manifiesta del acto administrativo impugnado. Por ende, la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos consideró incuestionable que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establecía mayores requisitos que la Ley de Amparo para otorgar la suspensión de los actos impugnados en el juicio de nulidad. En consecuencia y frente a los razonamientos presentados en el proyecto antes descrito, los señores Ministros de la Segunda Sala determinaron que en la especie se actualizaba una excepción al principio de definitividad en el juicio de garantías, en términos de lo dispuesto en el artículo 73, fracción XV, parte final del párrafo primero de la ley de la materia, siendo factible por tanto, que se pueda intentar la vía constitucional sin agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 6 Así, el presente asunto se resolvió por unanimidad de cinco votos de la señora Ministra ponente Margarita Beatriz Luna Ramos, y de los señores Ministros Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José Fernando Franco González Salas. 6 Véase tesis 2a./J. 56/2007, RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO CORRESPONDIENTE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL PREVER EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Mayo de 2007, p. 1103, IUS