Jurisdicción:Contencioso-Administrativa. Recurso contencioso-administrativo núm. 4111/1998. Ponente: Ilmo. Sr. D. Carlos Lesmes Serrano

Transcripción

1 Jurisdicción:Contencioso-Administrativa Recurso contencioso-administrativo núm. 4111/1998. Ponente: Ilmo. Sr. D. Carlos Lesmes Serrano SEGURIDAD SOCIAL: Recaudación: vía ejecutiva: cuotas de Seguridad Social del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos derivadas de la actividad profesional de cónyuge referidas a un periodo anterior a la sentencia de separación: la mera separación de hecho (no así la judicial) no supone extinción de la sociedad de gananciales: procedente traba de embargo sobre el salario del cónyuge separado: alcance. T.S.J.CASTILLA-LEON CON/AD VALLADOLID SENTENCIA: 01680/2005 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección : 001 VALLADOLID C/ ANGUSTIAS S/N Número de Identificación Único: Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO /1998 Sobre SEGURIDAD SOCIAL De D/ña. Jose Antonio Representante: CARLOS ALBERTO HUAPAYA MUÑOZ Contra D/ña. T.G.S.S. SENTENCIA Nº 1680 En Valladolid, a veintiocho de julio de dos mil cinco. Visto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, constituida al amparo de lo establecido en la Disposición Transitoria única. 2 de la Ley Orgánica 6/1.998, de 13 de julio, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por el ILMO. SR. MAGISTRADO DON CARLOS LESMES SERRANO el presente recurso en el que se impugna: Resolución de 23 de octubre de 1998, de la Dirección Provincial de León de la Tesorería General de la Seguridad Social dictada en el expediente y por la que se desestima el recurso ordinario presentado y se mantiene la diligencia de embargo dictada por la URE 24/02, pero modificando la misma, dejándola establecida en la cuantía que corresponda hasta mayo/94.

2 Son partes en dicho recurso: Como recurrente: Don Jose Antonio, representado por el Procurador don Ángel Luís Sánchez Garrido y defendida por el Letrado don Carlos Huapaya Muñoz. Como demandada: La Tesorería General de la Seguridad Social, representada por el Procurador don José Luís Moreno Gil y defendida por la Letrado doña Monserrat Castañeda San Cirilo. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Interpuesto y admitido a trámite el presente recurso publicado edicto en el Boletín Oficial de la provincia de León y recibido el expediente administrativo, la parte recurrente dedujo demanda en la que, con base en los hechos y fundamentos de derecho en ella expresados, solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que estimando en todas sus partes el recurso, se acuerde anular la resolución impugnada y se decrete dejar sin efecto el embargo de los bienes de don Jose Antonio por la URE 24/02. SEGUNDO.- En el escrito de contestación, con base en los hechos y fundamentos de derecho expresados en el mismo, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que se desestime el recurso, con expresa imposición de costas a la parte actora. TERCERO.- Recibido el procedimiento a prueba, se practicaron las que se estimaron pertinentes y no estimándose necesaria la celebración de vista pública, se sustituyó ésta por el tramite de conclusiones. CUARTO.- Presentado por las partes el escrito correspondiente, se declararon conclusos los presentes autos. QUINTO.- Por providencia dictada al efecto se puso en conocimiento de las partes que, en cumplimiento de lo acordado por la Presidencia de esta Sala, al amparo de lo señalado en la Disposición transitoria única. 2 de la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para la resolución de este proceso la Sala se constituiría por un solo Magistrado, con indicación del que habría de resolverlo. Se declararon de nuevo los autos conclusos y vistos para sentencia. SEXTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado los trámites marcados por la Ley aunque no los plazos en ella fijados dado el volumen de trabajo y la pendencia que existe en la Sala. El orden de despacho y decisión de este proceso resulta de dar cumplimiento al acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 10 de septiembre de FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Se impugna en este recurso la Resolución de 23 de octubre de 1998, de la Dirección Provincial de León de la Tesorería General de la Seguridad Social dictada en el expediente , por la que se desestima el recurso ordinario presentado y se mantiene la diligencia de embargo dictada por la URE 24/02, pero modificando la misma, dejándola establecida en la cuantía que corresponda hasta mayo/94. SEGUNDO.- Para centrar la cuestión litigiosa es preciso hacer un resumen de sus antecedentes: Don Jose Antonio contrajo matrimonio en 1985 con doña Ariadna, separándose de hecho a finales de 1992 y judicialmente en junio de 1994.

3 La Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social 24/02 de León, instruyó expediente de apremio contra doña Ariadna por descubierto en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, dictando diligencia de embargo del salario de don Jose Antonio en la cuantía de pts, que corresponde hasta el periodo mayo94. Sobre estos antecedentes entiende el actor que, habiéndose producido la separación de hecho con su ex esposa señora Ariadna a finales de 1992 y siendo asumida en exclusiva por ésta todas las actividades relacionadas a su actividad empresarial, en concreto la cotización por el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, no corresponde a don Jose Antonio hacer frente a dichas cantidades y por lo tanto debe declararse como no ajustada a derecho la resolución recurrida. Invoca al respecto el artículo 1393 del Código Civil que determina que concluye la sociedad de gananciales al llevar separado de hecho más de un año por mutuo acuerdo o abandono de hogar. Al llevar separados de hecho el recurrente y su ex esposa desde finales de 1992 y haber asumido ésta la dirección exclusiva del bar que fue negocio familiar, no tiene obligación don Jose Antonio de abonar deudas originadas por la falta de cotización al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos por parte de la señora Ariadna. TERCERO.- La Administración ha sustentado su decisión en el artículo 1362 del Código Civil que establece que serán de cargo de la sociedad de gananciales los gastos que se originen por la explotación regular de los negocios, siendo las deudas por las cuales se dictó diligencia de embargo de salario de don Jose Antonio las deudas generadas constante matrimonio y vigente el régimen económico-matrimonial de sociedad de gananciales. CUARTO.- Para resolver las cuestiones que plantea la impugnación de la parte actora resultan imprescindibles unas previas consideraciones, aunque sean breves, sobre la naturaleza jurídica que la sociedad de gananciales tiene en nuestro Derecho. Y hay que subrayar que esa calificación de este régimen económico matrimonial, como se podrá comprobar, dista bastante de ser un simple problema teórico. Pues bien, es un lugar común en la doctrina atribuir a la sociedad de gananciales los caracteres propios de lo que se conoce como comunidad germánica o en mano común. Y esto se hace sobre la base de marcar sus diferencias respecto de la llamada comunidad romana, y de resaltar en dicha sociedad unos rasgos específicos, consistentes básicamente en lo siguiente: a) La inexistencia en los cónyuges de un derecho sobre la mitad indivisa sobre cada uno de los bienes de la sociedad, y la imposibilidad para cada uno de ellos de poder disponer libremente de tal parte indivisa (arts y ss del Código Civil -CC-). b) La ostentación únicamente de una cuota ideal sobre el conjunto o globalidad patrimonial que supone la sociedad de gananciales, equivalente al derecho expectante a participar en el remanente o haber resultante que quede tras la liquidación que ha de practicarse una vez disuelta la sociedad (arts y ss del CC.).

4 c) La consideración como bien ganancial de los obtenidos por el trabajo y la industria de cada uno de los cónyuges (art CC.), y, paralelamente, la declaración de ser a cargo de la sociedad de gananciales la explotación regular de los negocios o el desempeño de la profesión, arte u oficio de cada cónyuge (art CC.) d) La conservación por cada cónyuge de su libertad individual para ejercer la industria o el comercio, o para actuar profesionalmente, y para contraer deudas personales a consecuencia del ejercicio ordinario de tales conductas (art del Cod. Civil). Desde la premisa que supone todo lo anterior la impugnación que plantea la parte actora no puede ser compartida. En primer lugar, porque la separación judicial del matrimonio es una causa de extinción de la sociedad de gananciales que permite su posterior liquidación, para llegar, si hubiere remanente, a la adjudicación o reparto por mitad de ese haber residual. Y esto supone que, hasta que no haya tenido lugar esa liquidación y posible adjudicación o división del remanente, los bienes siguen teniendo la consideración ganancial. En segundo lugar, porque el embargo aquí controvertido tiene su origen no en deudas individuales sino gananciales. Y esto por lo siguiente: a) Al consistir en cuotas de Seguridad Social del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos derivadas de la actividad profesional de la esposa, han de reputarse deudas derivadas del ejercicio ordinario de dicha profesión. b) Se refieren a un periodo anterior a la sentencia de separación y sobre el que no hay prueba inequívoca de que pese a subsistir el vinculo matrimonial hubiera ya separación. c) La mera separación de hecho por sí sola no aparece mencionada entre las causas de extinción de la sociedad de gananciales del art CC. Por tanto, no hay base para la aplicación que se pretende del art del Código Civil. Y debe asimismo añadirse que este precepto lo que permite no es limitar el embargo a la supuesta mitad indivisa del bien del cónyuge deudor, sino a la parte que a este le pudiera corresponder en el remanente resultante de la liquidación, lo cual supone realizar simultáneamente esa liquidación. En tercer lugar, porque basta con notificar el embargo de los bienes gananciales al cónyuge del deudor para que quede satisfecho su derecho de defensa, como aquí ha sucedido. Es lo único que exige el art del Código Civil respecto de los embargos, y además cuando lo sean por deudas privativas, y, tras esa notificación, ese cónyuge distinto al deudor puede oponer cuantos motivos de impugnación al embargo puedan convenirle: la existencia o no de la deuda ganancial o individual que pretende ejecutarse (que aquí no se ha combatido eficazmente), y el carácter ganancial o no de los bienes sobre los que se pretende ejecutar la deuda individual. Finalmente, debe añadirse que lo anterior solo comporta pronunciarse sobre la corrección formal del embargo aquí controvertido, y no excluye que en vía civil el demandante pueda accionar contra su cónyuge si entendiera que comprometió indebidamente a la sociedad de gananciales. Procede, pues, la desestimación del recurso contencioso administrativo.

5 QUINTO.- No se aprecia la concurrencia de ninguna de las circunstancias reguladas por el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción para llevar acabo la condena en costas que prevé el artículo 68.2º de la misma, razón por la que no se hace especial imposición de las mismas Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación. FALLO Que debo DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Don Jose Antonio, representado por el Procurador don Ángel Luís Sánchez Garrido, contra Resolución de 23 de octubre de 1998, de la Dirección Provincial de León de la Tesorería General de la Seguridad Social dictada en el expediente y por la que se desestima el recurso ordinario presentado y se mantiene la diligencia de embargo dictada por la URE 24/02, pero modificando la misma, dejándola establecida en la cuantía que corresponda hasta mayo/94, sin hacer especial condena en las costas de este proceso. Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente que en ella se expresa en el mismo día de su fecha, estando celebrando sesión pública la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de lo que doy fe. FIN DEL DOCUMENTO